SÍ SOMOS UN PAÍS DE VIOLADORES

Y no lo dicen las feministas que están contaminadas por la ideología de género, según palabras de Juan Luis Cipriani, alias “escaparate”, sino las cifras que arrojan los estudios realizados durante los últimos años, como por ejemplo el que llevó a cabo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en 2015: 1327 violaciones a nivel nacional.

Veamos primero las cifras: en Lima se registraron 355 casos, siendo La Libertad (91) Junín (86) y Arequipa (81), respectivamente, los departamentos en los cuales se presenta el mayor número de violaciones.

Asimismo, el estudio revela que los casos por edad de la víctima son: 946 (de 0 a 17 años) 362 (de 19 a 59) y 19 (de 60 a + años). Eso quiere decir que en el 71,2% de los casos la víctima de una violación es una menor de edad, una cifra que debería alarmarnos a todos, incluso también a Juan Luis “escaparate” Cipriani, para quien este 71,2% de casos corresponde a sucesos en los cuales las mujeres (niñas) se han expuesto a sí mismas incurriendo en actitudes provocativas.

Sí, así como lo leen, para “escaparate”, las mujeres (niñas) son las culpables de las violaciones que sufren. Para “escaparate”, los violadores no son otra cosa que pobres hombres que fueron provocados por estas pecadoras. ¡Ay curita, cómo se nota que no tienes hijas!

El problema con una frase tan infeliz como la proferida por “escaparate” no es su contenido en sí mismo. En mi opinión, el problema mayor presenta dos dimensiones: 1) La cobardía de quienes no rechazan categóricamente tamaña estupidez verbal (le tienen miedo a “escaparate”), y 2) El esquema mental misógino y patriarcal presente en muchos sectores de nuestra sociedad, sobre todo en la Iglesia Católica, que lleva a muchos hombres a justificar actos de violencia, incluso sexual, contra la mujer.

En ese sentido, los hombres, en lugar de fingir fastidio o sorpresa cuando alguien se atreve a decirnos públicamente, como la parlamentaria Indira Huilca, que nuestro país es “un país de violadores”, deberíamos redoblar esfuerzos, junto a las mujeres, para identificar las causas del problema y buscar soluciones al mismo. En otras palabras, si queremos que las cifras cambien, pues 7 de cada 10 violaciones son cometidas por varones (según diversos estudios), los hombres deberíamos ser los primeros en sancionar política y socialmente a quienes como “escaparate” buscan justificar la violencia contra la mujer.

Por eso me preocupa la reacción de cierto sector del conservadurismo limeño contra la parlamentaria Indira Huilca. Este sector, caracterizado, justamente, por su escasa o nula preocupación por reconocer y garantizar los derechos y libertades sexuales de la mujer (son los que se oponen a legalizar y/o regular los abortos terapéuticos, eugenésicos o por violación, por ejemplo) se ha indignado por la frase “somos un país de violadores” de la parlamentaria, y ha salido a los medios a exigirle que se rectifique. Claro, previamente le han dicho –de la manera más infame- que ella no es nadie, que fue elegida usando el nombre de su padre muerto, y como no podía faltar, que es una pro terrorista como todos los del Frente Amplio. Linda manera de respetar a esta mujer, no creen.

En mi opinión, esta falsa indignación tiene más de aprovechamiento político (atacar a Huilca tergiversando el sentido de sus palabras) que de una preocupación racional por la imagen de los hombres peruanos. Digo esto porque habría que ser bastante “imbécil” como para pensar que la parlamentaria está afirmando que el 100% de hombres en el Perú somos violadores. Obvio que el objetivo de Huilca no ha sido ese, sino más bien, llamar la atención, “usando un lenguaje simbólico”, sobre la magnitud de un problema social que ataca particularmente a las mujeres. Y vaya que lo ha logrado.

Como es evidente, a nuestra encorsetada sociedad limeña, a nuestra pacata capital acostumbrada a lavar los trapos sucios en casa y a meter nuestra basura social debajo de la alfombra, le molesta, le fastidia, por último, le jode, que una mujer como Huilca (la chola, la pro terrorista, la comunista, como suele llamarla la derecha más rancia) se atreva a romper el pacto infame de hablar en voz baja y haciendo uso de las cifras señale con firmeza que “el Perú es un país de violadores”.

En lo personal, a mí no me preocupa la frase de Huilca, yo habría llegado a la misma conclusión al leer las estadísticas. Lo que sí me preocupa es que un país como el Perú que aspira a alcanzar niveles de desarrollo de primer mundo ocupe el tercer lugar en el ranking de países con los mayores índices de violaciones a nivel global. Eso sí me preocupa. Y mi preocupa más, que “escaparate”, representante de la Iglesia Católica en el Perú, se haga de la vista gorda, niegue la cifras, esconda la evidencia científica, y prefiera verter todo su veneno en contra, justamente, de las personas que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Para “escaparate” el enfoque de género que muchos creemos necesario adoptar al momento de legislar y diseñar políticas públicas, no es otra cosa que una falsa conciencia o manera errada de interpretar la realidad, como lo expone Rocío Silva Santisteban. La ignorancia de “escaparate” en esta materia es atrevida, porque como bien lo apunta la poeta, el género no es una ideología, tampoco una pose, sino simplemente la construcción cultural de la diferencia sexual que asigna roles diferenciados a hombres y mujeres, pero que en una sociedad machista y patriarcal, ha generado desequilibrios estructurales siempre en perjuicio de las mujeres.

Finalmente, y aunque la propuesta le joda a “escaparate”, considero fundamental que en el Perú demos inicio a una gran cruzada liberadora que empiece problematizando la manera cómo nos hemos relacionado históricamente entre hombres y mujeres. Para luego, construir una ética pública compartida que sea capaz de pronunciarse contundentemente contra el machismo, sexismo, homofobia y tantas otras formas de opresión. Por eso, “ni una menos”.

LA RESPONSABILIDAD HISTÓRICA DE LA MAYORÍA PARLAMENTARIA FUJIMORISTA

El 26JUL2016 la congresista fujimorista Luz Salgado Rubianes fue elegida presidenta del Parlamento para el periodo 2016-2017 con el respaldo de 87 votos. Eso quiere decir que el fujimorismo logró sumar a 14 parlamentarios de otras fuerzas políticas a su bancada de 73 congresistas. En otras palabras, el fujimorismo, cuenta hoy con los votos necesarios para alcanzar la denominada “mayoría calificada”, y por ende, con el control absoluto del Poder Legislativo.

Al respecto, es importante señalar que estos 87 votos obtenidos le permiten al fujimorismo, por ejemplo, elegir al Defensor del Pueblo (artículo 161°), elegir a los miembros del Tribunal Constitucional (artículo 201°), o modificar la Constitución, sin necesidad de un referéndum ciudadano (artículo 206°). En suma, el fujimorismo tiene los votos necesarios para tomar decisiones e impulsar reformas constitucionales de gran impacto jurídico y político.

Para mayor comprensión, cabe señalar que el fujimorismo puede, si se lo propone, aprobar la reforma constitucional referida a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos (artículo 41°), o, como lo propuso una de sus congresistas durante la campaña electoral, lograr que la Procuraduría Anticorrupción sea un organismo constitucionalmente autónomo (como la Contraloría General de la República o el Ministerio Público), para que su titular no sea nombrado por el Gobierno de turno y tenga mayor estabilidad en el cargo. Eso permitiría que el Procurador Anticorrupción sea un auténtico defensor de los intereses del Estado y no del Gobierno que lo nombra.

Asimismo, el fujimorismo podría convertirse en el abanderado de la reforma política en nuestro país, ya que de ellos depende, por ejemplo, fomentar el debate y la reforma constitucional sobre temas centrales para la institucionalidad democrática como el voto facultativo (artículo 31°), la estructura del Parlamento (artículo 90°), la inmunidad parlamentaria (artículo 93°), el Reglamento del Congreso (artículo 94°), la irrenunciabilidad del mandato legislativo (artículo 95°), la infracción constitucional (artículo 99°), el antejuicio político (artículo 100°), las atribuciones y conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (artículos 154° y 155°),  la redefinición de la estructura, organización y funciones de los organismos del sistema electoral (artículos 176° a 187°), o también, la reforma de leyes fundamentales como la Ley de Partidos Políticos y la Ley Orgánica de Elecciones, así como también la reforma de los diferentes Códigos.

Del mismo modo, el fujimorismo tiene la fuerza para activar, cuando lo crea oportuno, mecanismos de control político como la interpelación (artículo 131°), censura, el rechazo de la cuestión de confianza planteada por el Consejo de Ministros (artículo 132°) o decidir si acepta o rechaza el pedido de delegación de facultades presentado por el Poder Ejecutivo (artículo 104°).

Al mismo tiempo, si el fujimorismo quiere, tomando en consideración el alto índice de conflictividad social presente en las regiones del país, relacionado, en mayor medida, con la explotación de actividades extractivas (minería, por ejemplo) y la protección del medio ambiente, puede reformar el marco normativo vigente referido al proceso de descentralización, y al mismo tiempo, ajustar la legislación con el objetivo de redefinir la relación existente entre el Estado, las empresas extractivas y las comunidades.

En el campo de los derechos fundamentales, el fujimorismo puede hacer uso de sus 87 votos para reconocer expresamente en el texto constitucional los derechos y libertades fundamentales que durante los últimos años el Tribunal Constitucional ha reconocido a través de su jurisprudencia: el derecho al agua, el derecho a la verdad, el derecho a la objeción de conciencia o el derecho al plazo razonable en la administración de justicia, como una muestra evidente de su compromiso con la defensa y garantía de los derechos humanos en el Perú.

En esa misma línea, del fujimorismo depende que durante estos 5 años el Perú siga el camino transitado por la mayoría de países de la región y de las democracias avanzadas en el mundo, impulsando reformas legislativas destinadas a garantizar el derecho a la libertad e igualdad de todas y todos los peruanos. Nos estamos refiriendo básicamente a reformas legales sobre la tipificación del delito de feminicidio, la despenalización del aborto por violación, el reconocimiento del derecho a morir dignamente (eutanasia), la aprobación de la unión civil para la comunidad LGTB, la ampliación de la licencia de paternidad, entre otras.

Como podemos apreciar, la fuerza política que tiene el fujimorismo es enorme. Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, tiene en sus manos la gran oportunidad de dejar atrás el pasado oscuro de su agrupación, la misma que durante la década de los noventa destruyó la institucionalidad democrática en el país y minó los cimientos del Estado de Derecho en el Perú, para convertirse en la gran conductora de las reformas constitucionales y legales que el país necesita.

El fujimorismo tiene, repito, la posibilidad real de demostrarle al país, pero sobre todo, a ese gran sector antifujimorista que volvió a inclinar la balanza en la segunda vuelta de las últimas elecciones generales votando por PPK para presidente, que este “nuevo fujimorismo”, si cabe el término, no es el fujimorismo de los noventa.

Keiko Fujimori debe demostrarle al Perú que durante estos 5 años sus parlamentarios no actuarán como aquellos que impidieron que Vladimiro Montesinos sea investigado, que aprobaron  Leyes de Amnistía para favorecer a los asesinos del Grupo Colina, que aprobaron la Ley de Interpretación auténtica para favorecer la reelección de su padre, que destituyeron a los magistrados del Tribunal Constitucional, que negaban el chuponeo telefónico o la compra de medios de comunicación y congresistas tránsfugas, o que pedían a gritos que el Perú se retire de la competencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos.  

¿Podrán Keiko Fujimori y sus congresistas convertirse en la fuerza política que logre sacar adelante las reformas que el país necesita para fortalecer la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en el Perú? ¿Podrán los fujimoristas comprometerse con la defensa de la democracia y los derechos en nuestro país? Yo, particularmente, tengo muchísimas dudas. Yo, pago por ver.

EL FUJIMORISMO DEBE APRENDER A PERDER

Los países que han optado por un sistema de segunda vuelta presidencial suelen presentar un electorado altamente polarizado hacia el último tramo de la campaña electoral. Eso resulta lógico ya que cuando la Presidencia de la República se disputa entre los dos candidatos más votados, la consecuencia inmediata es que el país se divida en dos grandes frentes. Sin embargo, lo que no resulta admisible es que las caras representativas del partido político que perdió el ballotage salgan a los medios a decir que el proceso electoral fue un fraude y que les robaron la elección.

Hago este apunte, ya que luego de conocer los resultados oficiales de la ONPE, los mismos que daban como ganador a PPK, algunas voces del fujimorismo (Martha Chávez, y trolls en Facebook) han afirmado que a Keiko Fujimori le robaron la elección pues se cometieron muchas irregularidades en su contra. El problema con este tipo de denuncias es que al carecer de pruebas objetivas que las respalden (como ocurre en este caso) terminan perjudicando la imagen del país. En otras palabras, los fujimoristas que difunden estas denuncias sin sustento terminan desprestigiando a nuestra democracia, ya que generan dudas sobre la transparencia de nuestro proceso electoral.

Al respecto, es importante dar a conocer lo señalado por la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) en el informe elaborado por la Misión de Observación Técnica para la Segunda Vuelta Presidencial en el Perú, la misma que ha estado compuesta por magistrados y funcionarios electorales de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, pues ello nos permitirá demostrar que las afirmaciones de los fujimoristas sobre el supuesto fraude del que habría sido víctima su candidata son absolutamente falsas.

Primero, la Misión señala que la jornada electoral del 10 de abril (la primera vuelta) presentó una serie de complicaciones derivadas de la implementación de reformas electorales aprobadas por el Congreso de la República en enero de 2016, cuando el proceso electoral ya se había sido convocado e iniciado.

Segundo, la Misión reconoce que a consecuencia de esto, se hicieron serias críticas al trabajo de los organismos electorales por parte de diferentes sectores. Sin embargo, la Misión resalta el rol que ha cumplido el JNE como garante de la democracia, mostrando siempre imparcialidad y trasparencia en su labor.

Tercero, la Misión afirma que la segunda vuelta presentó un electorado muy polarizado, sin una importante discusión programática y propositiva por parte de los candidatos. Por el contrario, la Misión señala que fue una campaña muy dura entre ambos candidatos, plagada de descalificaciones que provocó un alto nivel de desconfianza del electorado hacia los partidos políticos.

Cuarto, la Misión destaca que el proceso electoral se desarrolló en paz con un alto nivel de civismo de parte de la ciudadanía peruana. Para la Misión, las elecciones se desarrollaron en un ambiente más tranquilo que la primera vuelta y, con una demostración de la confianza que tiene la población en los organismos electorales.

Quinto, la Misión constata que la etapa final del proceso electoral transcurrió en un ambiente ordenado, sin incidentes que pusieran en riesgo el desarrollo normal de las elecciones. Prueba de ello es que no se recibieron denuncias, reclamos o manifestaciones graves, que afectaran el correcto desarrollo de la jornada electoral.

Sexto, la Misión felicita a los tres organismos electorales peruanos por el trabajo que han llevado adelante con empeño y con las garantías democráticas necesarias para el ejercicio ciudadano del sufragio.

Séptimo, la Misión resalta el importante trabajo del JNE en abrir espacios de debate y diálogo entre los dos candidatos, así como el esfuerzo de la ONPE de tomar en consideración las recomendaciones formuladas por la Misión luego de la primera vuelta presidencial. Es más, la Misión destaca que los organismos electorales peruanos lograron poner en práctica gran parte de las recomendaciones referidas a la señalización de los centros de votación y la disminución de las filas a lo largo del proceso electoral.

Octavo, la Misión subraya la labor desempeñada por la ONPE en la organización e implementación de las novedades en el proceso electoral tales como: las decisiones para facilitar el ejercicio del voto de las personas con discapacidad física, el acercamiento de las mesas de votación a los electores y el ejercicio del voto electrónico, entre otras.

Noveno, la Misión reconoce la confianza de la ciudadanía en el JNE, en la ONPE y en el RENIEC, destacando su solidez y su cercanía con la sociedad civil organizada y con los partidos políticos.

Décimo, la Misión considera que de cara al futuro, la reforma electoral debería contemplar una norma que estipule claramente que cuando el proceso electoral ya ha sido convocado e iniciado, el Congreso de la República no puede aprobar reformas electorales, al menos no aplicables al proceso en curso, con el fin de dar seguridad jurídica a los actores políticos, a la ciudadanía y al propio proceso electoral.

Por lo antes expuesto, tomando en consideración la opinión imparcial y especializada que la Misión (conformada por magistrados y funcionarios electorales de diferentes países) ha vertido sobre la segunda vuelta presidencial en el Perú, resulta claro que las denuncias de los fujimoristas sobre el supuesto fraude del que habría sido víctima su candidata no son otra cosa que el recurso irresponsable que utilizan los que perdieron una elección que creían ganada antes de tiempo para justificar su derrota.

En esa línea, en lugar de echar sombras sobre la limpieza del proceso electoral o instalar dudas sobre la imparcialidad de los organismos electorales, el fujimorismo debería hacer un mea culpa y preguntarse por qué su movimiento, a pesar de los años transcurridos, sigue generando tanta antipatía en el electorado nacional. Por qué, una vez más, terminan perdiendo una elección en la que tenían la mesa servida para alzarse con la victoria. Hablar de fraude, como lo han hecho, sin aportar ninguna prueba, es pura piconería, es no saber perder en democracia.  

LA CONSTITUCION DE HAYA DE LA TORRE

Por estos días me encuentro seleccionando el material de lecturas que formarán parte de la cátedra de Ciencia Política que este ciclo dictaré en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Debo confesar que esta es una de las tareas más estimulantes que tengo como profesor. Elegir los textos que mis alumnos deberán leer y estudiar durante el semestre es una tremenda responsabilidad. Casualmente estaba pensando cómo estructurar el contenido y alcances de la clase que le dedicaré a la “Constitución” cuando recordé que un día como hoy (12 de julio) hace 38 años se promulgó la Constitución de 1979, conocida también como la Constitución de Haya de la Torre.

 Al respecto, cabría recordar que el 04OCT1977 la dictadura militar encabezada por Francisco Morales Bermúdez, promulgó el Decreto Ley N° 21949, mediante el cual convocaba a elecciones para conformar una Asamblea Constituyente, compuesta por 100 miembros, cuyo objetivo era elaborar una nueva Constitución que sirviese para institucionalizar las transformaciones estructurales llevadas a cabo por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (así lo estipulaba el Decreto referido).

La contienda electoral se llevó a cabo el 18JUL1978, en ella participaron todas las fuerzas políticas: El Partido Aprista Peruano, el Partido Popular Cristiano, el Partido Demócrata Cristiano y diversos movimientos de izquierda como la Unidad Democrática Popular, el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, el Partido Comunista Peruano, el Partido Socialista Revolucionario y el Frente Obrero Campesino Estudiantil Popular. El único que no participó en este proceso fue el partido de Fernando Belaunde Terry, Acción Popular, que curiosamente se convertiría en el primer presidente en gobernar el Perú bajo la Constitución de 1979.

La jornada electoral arrojó dos importantes resultados. Primero, la victoria contundente del Partido Aprista Peruano que obtuvo 1.241.174 votos (de un universo de un poco más de 4 millones), lo que le permitió contar con 37 curules y asumir la presidencia de la Asamblea Constituyente de la mano de su líder histórico Víctor Raúl Haya de la Torre, al haber alcanzado la máxima votación preferencial (más de un millón de votos). Segundo, la alta votación obtenida por los grupos de izquierda quienes de manera colectiva recibieron el respaldo de más de 1 millón de electores, es decir, sumaron más votos que la derecha representada por el Partido Popular Cristiano (835.294 votos).

Pero si los resultados electorales generaron inquietud en los cuarteles, ya que tanto el Partido Aprista Peruano como la izquierda se habían convertido en blanco de persecución y ataque por parte de la dictadura militar (primero con Velasco Alvarado, y luego con Morales Bermúdez), mayor fue la sorpresa cuando Víctor Raúl Haya de la Torre, en el discurso inaugural de instalación de la Asamblea Constituyente (28JUL1978), lanzó una crítica furibunda al Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas señalado lo siguiente:

“El pueblo, al votar el 18 de junio, hizo una auténtica revolución: recuperar el ejercicio de una soberanía que le fuera negada hace diez años. Por ello, solamente si la Asamblea es autónoma, soberana y libre podrá cumplir el claro mandato renovador con el que la ha investido el pueblo. La Asamblea Constituyente no admite condicionamientos, limitaciones ni parámetros; ningún mandato extraño a su seno puede recortar sus potestades; no reconoce poderes por encima de ella misma».

Con esa reflexión, que mereció el aplauso y arrancó las lágrimas de los hombres y mujeres del Perú cuya voz había sido silenciada por una larga década, el líder histórico del Partido Aprista Peruano escribía una de las páginas más importantes de la política nacional. Haya, el “viejo maestro del aprismo”, iniciaba el camino de la transición democrática, la misma que culminaría con la promulgación de una Constitución vanguardista y moderna para su época, que no sólo sentaría las bases para la construcción de una sociedad democrática y plural sino que también se convertiría en modelo para la región y los países del tercer mundo.

Hoy, luego de transcurridas casi cuatro décadas desde aquel 12JUL1978, es justo reconocer el conjunto de reformas e instituciones que la Constitución de 1979 acogió en su seno para sentar los cimientos del Estado Constitucional y Democrático en el Perú. La Constitución de Haya de la Torre creó por primera vez instituciones como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Además, tuvo una marcada tendencia descentralista destacando la importancia de los gobiernos regionales y locales, así como también una apuesta por el reconocimiento y garantía a nivel nacional e internacional de los derechos fundamentales del hombre. Asimismo, diseñó un Parlamento bicameral, reconoció a los partidos políticos, prohibió la reelección presidencial inmediata, restringió la aplicación de la pena de muerte y, finalmente, reconoció el derecho de sufragio de los analfabetos, entre muchas otras medidas democratizadoras. 

Ahora bien, algunas voces críticas señalan que el capítulo económico fue una de las grandes fallas de esta Constitución, puesto que limitó la iniciativa privada, favoreció el intervencionismo estatal y planificación centralizada. En lo personal, no creo que la Constitución de 1979 sea la responsable del descalabro económico de los años ochenta. Sin embargo, es cierto que las constituciones deben ser reformadas con la finalidad de ponerlas a tono con los nuevos tiempos. No obstante ello, resulta ilógico que uno de los argumentos para justificar el golpe de estado de 1992, perpetrado por Alberto Fujimori, haya sido justamente culpar a la Constitución de 1979 del desastre ocasionado por los gobiernos populistas que lo antecedieron.

Finalmente, y volviendo a la historia de la Constitución de Haya de la Torre, vale recordar que el “viejo maestro del aprismo”, ya muy enfermo, en su lecho de muerte, la firmó para que entrara en vigencia el 28JUL1980. Lo que pasó después es historia conocida: el fujimorismo aprobó una nueva Constitución en 1993 para legitimar la ruptura constitucional, adoptando reglas destinadas a favorecer al gobierno y a su permanencia en el poder.

PPK: ¿ELEGIRÁ TECNÓCRATAS, POLÍTICOS O TECNOPOLÍTICOS?

Esa era la pregunta que muchos nos hacíamos luego de la victoria de PPK en la segunda vuelta, y que poco a poco viene siendo respondida por el propio presidente electo y su equipo de asesores. Por ejemplo, a la fecha, son 24 tecnócratas con experiencia gubernamental (trabajaron para Humala) los que conforman las comisiones de transferencia. ¿A qué se debe ello? La respuesta es muy sencilla: PPK considera que es necesario darle continuidad a las políticas de Estado implementadas por el Gobierno saliente. ¿Es eso extraño? No, claro que no. En todas las democracias medianamente institucionalizadas, el Presidente electo opta por mantener en sus equipos de transferencia y Gobierno a tecnócratas experimentados que con su profesionalismo le brindan soporte al Gobierno entrante.

Por eso resulta incomprensible la actitud del fujimorismo que critica a PPK por haber incorporado a su equipo a estos profesionales. El congresista Becerril, por ejemplo, afirma que el nombramiento de estas personas lo único que busca es la impunidad de Humala y Nadine. En esa misma línea, Martha Chávez (que según sus propias palabras siempre estuvo cerca de Keiko durante la campaña) afirma que esta es la muestra más clara de la “metida de mano” del Gobierno saliente a favor de PPK. Es más, la voceada próxima presidenta del Congreso, Luz Salgado, va más allá cuando afirma “maliciosamente” que algunos ministros que trabajaron con Toledo o Humala también serán parte del Gabinete de PPK, como si eso fuera un error o un pecado.

Como bien lo apunta Augusto Álvarez, las expresiones de los fujimoristas revelan básicamente dos cosas: 1) Una profunda ignorancia en torno al manejo del Estado; y 2) Un profundo desprecio por estos profesionales. Sobre lo primero, para los fujimoristas quien trabaja en el sector público lo hace para el Gobierno y no para el Estado. Como pueden apreciar, es una lógica típicamente patrimonialista (para ellos, el Estado es un botín). En otras palabras, el fujimorismo cree que PPK hará con la tecnocracia lo mismo que hizo Alberto Fujimori durante la década de los noventa: comprarla y someterla. Sobre lo segundo, el fujimorismo desconoce el valor y aporte que nuestra tecnocracia calificada (reducida, por cierto) le ha brindado al Estado durante los últimos años. Es decir, el fujimorismo cree que encontrar a tecnócratas de primer nivel es tan sencillo como entregar tapers de víveres durante una campaña presidencial.

Sin lugar a dudas, esta actitud de los fujimoristas es muy preocupante. Al parecer, los congresistas de Keiko no saben que uno de los grandes problemas del país es que nuestro Estado cuenta con profesionales calificados dispuestos a asumir el reto de integrarse al sector público. Por eso, en lugar de arremeter y criticar a los profesionales que están colaborando con el presidente electo en la transición gubernamental, deberían pensar en la manera cómo desde el Congreso con sus 73 votos pueden diseñar un marco normativo que genere incentivos para que el Estado pueda captar a un número mayor de estos profesionales. Basta ya de demagogia, quien trabajó durante el Gobierno de Toledo o Humala y demostró un buen desempeño profesional debe ser valorado, y no sólo ello, debe ser captado y convencido de no migrar al sector privado en donde los salarios son ciertamente más jugosos.

Ahora bien, una cosa son las comisiones de transferencia y otra muy diferente es la conformación del gabinete ministerial. Al respecto, comparto la opinión de Sinesio López sobre el perfil, composición y orientación ideológica del primer gabinete de PPK. Es decir, creo que el primer gabinete de PPK será un equipo tecnopolítico de centro derecha, como lo han venido siendo la mayoría de los gabinetes de 1990 hasta nuestros días. Desde el Gobierno de Alberto Fujimori, los gabinetes ministeriales no son puramente técnicos o políticos, sino una mixtura de ambos. Pero además, y contra lo que algunos puedan creer -tomando en cuenta que yo no soy de derecha- creo que los gabinetes de PPK tendrán mayor nivel que los anteriores. ¿Y por qué creo eso? La razón es muy sencilla: PPK es un estadista con mayor nivel profesional y académico que sus antecesores: Fujimori, Toledo, García, y por supuesto, Humala. Por eso, confío en su criterio a la hora de elegir a sus colaboradores.

¿Pero a quiénes denominamos tecnopolíticos? Son profesionales altamente calificados que provienen de diversos campos: Economía, Derecho, Administración, Ingeniería, entre otros, con experiencia en el Estado y habilidades para la gestión pública. Por lo general, son profesionales no partidarizados que cuentan con una sólida formación académica y política, la misma que les permite desenvolverse de manera óptima en el Estado y operar como una suerte de bisagra entre el sector público y privado. Los tecnopolíticos se han convertido en un pilar fundamental en la marcha de los gobiernos democráticos a nivel mundial ya que brindan asesoría y consejo en el proceso de toma decisiones. Podríamos decir que los tecnopolíticos aportan racionalidad en la decisión, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.

No obstante lo antes señalado, debemos recordar que lo más importante para la estabilidad política de un país “presidencialista” como el nuestro es la permanencia de los ministros en sus respectivas carteras. No se pueden llevar a cabo reformas si los ministros cambian cada 7 meses (como en el caso del actual Gobierno). Por eso, es importante que los ministros, pero en especial, el Presidente del Consejo de Ministros, tenga la “muñeca política” suficiente como para dialogar con las diversas fuerzas políticas, no sólo con las representadas en el Parlamento, sino también con aquellas  que provienen de la sociedad: sindicatos, gremios, grupos de poder, etcétera.

Por lo expuesto, considero fundamental que los ministros que elija PPK sean personas dialogantes y capaces de construir consensos con los diversos actores políticos y sociales. De lo contrario, las palabras “censura e interpelación” estarán siempre en la boca de los 73 parlamentarios fujimoristas.

KEIKO FUJIMORI, LA “ESTADISTA” DE TWITTER

El día llegó para PPK. Hoy, martes 28 de junio de 2016, en el Teatro Municipal de Lima, PPK recibió las credenciales que lo reconocen oficialmente como presidente electo de nuestro país para el periodo 2016 - 2021. También las recibieron sus vicepresidentes Martín Vizcarra y Mercedes Araoz, respectivamente.

Si bien es cierto PPK ya había recibido el reconocimiento de diversos líderes nacionales e internacionales (incluso Barack Obama, presidente de USA, lo saludó), la expectativa y el morbo giraban en torno a si Keiko Fujimori, la perdedora en la segunda vuelta presidencial, se animaría a visitarlo y cumpliría con el ritual republicano de saludar a quien la derrotó en las urnas.

Lastimosamente, Fujimori no hizo eso, demostrando, una vez más, que los Fujimori no entienden el significado de la palabra “República” y menos las reglas de aquello que los mortales llamamos “Elecciones Democráticas”. ¿Qué hizo Fujimori? A ella, no se le ocurrió mejor idea que saludar al presidente electo usando los 140 caracteres de su cuenta en twitter.

En otras palabras, para Fujimori la majestad de la presidencia de la República no merece otra cosa que un saludo por el ciberespacio. ¿Acaso Fujimori no sabe que en política los símbolos y las tradiciones republicanas también son importantes? ¿Quién está asesorando a Fujimori? ¿Con este tipo de piconerías Fujimori aspira a ser presidenta de todos los peruanos?

Por la estabilidad y gobernabilidad de nuestro país, espero que Fujimori rectifique su conducta. No nos olvidemos que ella, con toda su inmadurez y prepotencia es, nos guste o no, la lideresa de la fuerza política más importante del país, y su voz será fundamental en el desempeño de sus 73 congresistas. Pero no seamos injustos con ella, Fujimori tiene derecho a equivocarse, pero ante todo tiene el deber como política de reconocer sus errores y enmendarlos en el más breve plazo, porque en política, cada segundo cuenta.

En esa línea, estoy seguro que para Fujimori no ha debido ser nada fácil aceptar la derrota, sobre todo cuando apenas a una semana de la segunda vuelta todas las encuestadoras la daban como la virtual ganadora de las elecciones presidenciales. Una vez más, en la puerta del horno se les quemó el pan a los fujimoristas. Se les quemó en las brasas de la pedantería y autosuficiencia.

Según los analistas, lo peor que le puede ocurrir a un candidato presidencial en plena campaña es justamente eso: creerse presidente de la República sin antes haber recibido las credenciales que lo reconocen como tal. A Fujimori le ganó la soberbia, eso la debe estar carcomiendo por dentro. Ese fue un error suyo, exclusivamente suyo. Ella lo sabe, por eso la tremenda frustración que experimenta.

Pero lo tragicómico vino después. Fujimori, como para demostrarnos que en el Perú hasta nuestros candidatos presidenciales son sui generis, decidió asumir el papel de víctima y al puro estilo de las sufridas adolescentes de las telenovelas mexicanas le exigió a PPK que le extendiera unas disculpas públicas por los calificativos recibidos en ese fuego cruzado de epítetos que caracteriza a toda segunda vuelta.

Uso el término sui generis ya que en ninguna democracia los candidatos presidenciales le exigen a sus contrincantes que pidan disculpas por los dimes y diretes emitidos en el fragor de la campaña política. Se imaginan el ridículo que habrían hecho Bachelet, Fernández o Rousseff, si al final de la elección presidencial les hubiesen exigido a sus rivales pedir disculpas como condición previa para el diálogo. Fujimori debe entender que el papel que ella debe asumir es el de una estadista, una demócrata que respeta el voto popular y felicita a quien la derrotó en las ánforas. Fujimori no puede comportarse como si fuera la “Chilindrina” cuando el “Chavo del Ocho” le quitaba su paleta de caramelo.

Estoy seguro que Fujimori, pero sobre todo sus asesores, sabrán hacer un adecuado control de daños. Ella es una mujer joven, y su liderazgo en el fujimorismo es indiscutible. Ella sabe que es la única carta de triunfo de su partido en el 2021. O alguien cree que el inefable (uso este adjetivo por respeto a los lectores) Kenyi Fujimori es presidenciable. No, claro que no. Ella es la candidata natural del fujimorismo en las próximas elecciones generales. El problema es que en 2021 ella se enfrentará a rivales que también están creciendo y madurando, y que por el momento, al menos en las semanas posteriores a la segunda vuelta, han demostrado un mayor olfato y madurez política como Verónika Mendoza y Julio Guzmán.

El camino hacia el 2021 es largo. Yo diría que larguísimo. Sin embargo, quienes quieran vencer en las elecciones presidenciales deben ir gestando su triunfo desde ahora mismo. Fujimori tiene un enorme poder político y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Ella no debe olvidar que su futuro y el de su partido dependen de dos factores: el desempeño que ella como lideresa de un partido político nacional debe exhibir  y la performance que los 73 parlamentarios fujimoristas tengan durante los próximos 5 años.

En ese sentido, lo peor que puede hacer Fujimori y sus 73 congresistas es mostrar soberbia y autocomplacencia. Es cierto que el electorado los respaldó mayoritariamente en las elecciones congresales. Pero es cierto también que más de la mitad de los peruanos (aunque sea por 40 mil votos) no los quieren ver en el Gobierno. Esa es una verdad incontestable para Fujimori.

Para revertir esa percepción negativa que los peruanos tienen del fujimorismo lo único que les queda es hacer lo siguiente: convertirse en el bloque de oposición democrática (fiscalizadora y constructiva) más sólido que la historia del parlamento haya visto. ¿Podrá convertirse el fujimorismo en un partido de derecha auténticamente democrático? Yo tengo serias dudas y sé que muchos peruanos también. Será tarea de Fujimori y compañía demostrarnos que estábamos equivocados. 

¿DÓNDE ESTÁN NUESTROS DESAPARECIDOS?

El miércoles 22 de junio se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 30470, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el Periodo de Violencia 1980 – 2000. La Ley tiene por finalidad priorizar el enfoque humanitario durante la búsqueda de las personas desaparecidas en este periodo, articulando y disponiendo las medidas relativas a la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restitución de los restos humanos.

Al respecto, es preciso recordar que la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su Informe Final, reportó aproximadamente 69 mil personas víctimas fatales durante los años del conflicto armado interno. Además, señaló que durante los años 1988 a 1993, la desaparición forzada fue uno de los mecanismos empleados de manera sistemática por los agentes del Estado en la lucha contrasubversiva. Asimismo, advirtió que el 60% de las desapariciones forzadas cometidas estuvieron a cargo de las Fuerzas Armadas, información que puede ser contrastada con lo señalado por la Defensoría del Pueblo que en su Informe sobre Desapariciones Forzadas publicado en el año 2002 le atribuye el 80% de la responsabilidad a las Fuerzas Armadas.

Sobre el particular, resulta necesario recordar que en el año 2004, nuestro Tribunal Constitucional, a propósito de una demanda de hábeas corpus presentada a favor de Genaro Villegas Namuche, persona cuya situación fue calificada por el Tribunal como una desaparición forzada, reconoció el denominado “derecho a la verdad” como un nuevo derecho fundamental, y lo hizo a partir de la interpretación sistemática de tres principios constitucionales: dignidad del hombre, Estado Democrático de Derecho y forma republicana de gobierno.

Hacemos referencia a este nuevo derecho a la verdad ya que la aprobación de esta Ley, justamente se encuentra vinculada a la concretización del mismo por parte del Estado. Como veremos a continuación, el derecho a la verdad tiene dos dimensiones que se implican y complementan mutuamente, las mismas que permiten  valorar la importancia que tiene para nuestro país la entrada en vigencia de esta Ley.

En su dimensión individual, este derecho supone el conocimiento de las circunstancias en que se cometieron las violaciones a los derechos humanos, y su titularidad recae en las víctimas, sus familiares y allegados. En otras palabras, para el Tribunal todas las personas que han sido víctimas de un crimen contra sus derechos humanos, tienen derecho a conocer: 1) quién fue el autor de este acto, 2) en qué fecha y lugar se perpetró, 3) cómo se produjo, 4) por qué se le ejecutó; y 5) en dónde se hallan sus restos.

En su dimensión colectiva, el derecho a la verdad consiste en el derecho de la sociedad (todos los peruanos) a conocer los hechos o acontecimientos provocados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal.

Entonces, queda claro que la promulgación de esta Ley forma parte del conjunto de acciones concretas que el Estado debe adoptar para alcanzar el cabal conocimiento de los actos de violencia ocurridos en el Perú. En esa misma línea, también podríamos afirmar que la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha sido una de las más importantes decisiones que el Estado peruano adoptó relacionadas con el derecho que todos los peruanos tenemos a contar con un informe oficial acerca de lo ocurrido en nuestro país en el periodo 1980 – 2000, producto de la acción criminal de los grupos terroristas y de la respuesta del Estado.

En esa línea, esta Ley también se convierte en una forma cómo el Estado peruano cumple cabalmente con su obligación internacional de respeto y garantía de los derechos humanos, la misma que ha sido expresamente consagrada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Más aún, tomando en consideración que nuestro Tribunal ha señalado que dicha obligación implica prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención, así como procurar el establecimiento del derecho violado y reparar los daños producidos como consecuencia de su afectación.

Por lo antes expuesto, resulta fundamental resaltar la importancia que esta Ley tiene para nuestro país, no sólo por convertirse en una herramienta de lucha contra la impunidad en materia de violaciones contra los derechos humanos, sino también por poner en evidencia el compromiso que el Estado peruano asumió –luego de la caída de la dictadura de Alberto Fujimori- en el cumplimiento de su obligación internacional de respeto y garantía de los derechos humanos.

Finalmente, pensando en esos 16 mil desaparecidos reportados por el Equipo Forense Especializado del Ministerio Público, creemos oportuno subrayar que esta Ley contempla expresamente el acompañamiento psicosocial y el apoyo material y logístico a sus familiares. Por un lado, el acompañamiento psicosocial supone el conjunto de acciones a nivel individual, familiar, comunitario y/o social orientadas a prevenir, atender y afrontar el impacto psicosocial de la desaparición. Por el otro, se entiende que los diversos sectores del Estado desplegarán acciones para que los familiares participen en los procesos de búsqueda, recuperación, análisis, identificación, restitución y entierro digno de los restos de las personas desaparecidas. 

Sin lugar a dudas, esta Ley es una forma concreta de reivindicar la memoria de nuestros desaparecidos y aliviar el dolor de sus familiares, quienes luego de varios años de inacción estatal e impunidad en materia de derechos humanos, ven una luz al final del túnel.