EL (CAUTIVO) PROCURADOR ANTITERRORISTA

La semana pasada, Julio Galindo, titular de la Procuraduría Antiterrorista, se encargó de demostrarle a todos los peruanos que esta importante entidad se encuentra totalmente a la deriva, ya que su principal funcionario, carece de la capacidad profesional necesaria para diseñar una estrategia legal eficaz para luchar contra el terrorismo en el terreno jurídico. En otras palabras, lo ocurrido con el procurador se resume en una sola palabra: incompetencia profesional.

Como ya todos saben, el mediático procurador, salió a informar que presentaría una denuncia por el delito de “apología al terrorismo” en contra de la obra de teatro “La Cautiva” (creador, directora, productor, incluso actores). Pero además señaló, que, pese a no haber visto la puesta en escena, contaba con pruebas de que en la obra se realizaban “alabanzas a la guerra popular”. Es decir, sabía todo pero de “oídas”, o para ser más preciso, “se creyó el cuento que le contaron”.

Para quienes no fueron a ver esta obra (yo sí lo hice), debo decirles que ha sido uno de los mejores estrenos del año pasado, y que la misma, además de contar con las notables actuaciones de Nidia Bermejo, Alaín Salinas, Carlos Victoria, Emilram Cossio y otros, narra -de manera conmovedora- los años de la violencia política en Ayacucho. Al final de la presentación, lo recuerdo nítidamente, los aplausos del público que colmaba la sala se prolongaron por más de diez minutos, y el comentario general era unánime: notable la obra que acabamos de ver.

En resumen, la puesta cuenta la historia de María Josefa, adolescente ayacuchana asesinada a manos de personal del ejército, cuyo cuerpo sin vida será ultrajado por el capitán y su tropa; para evitar dicha infamia, Mauro, joven ayudante del encargado de la morgue, intentará salvarla, aunque para ello tenga que acabar con la vida de este capitán. Como afirman los críticos, esta es una obra plagada de simbolismos y metáforas, que nos acercan a la manera cómo una niña de 14 años ve la lucha entre senderistas y militares en pleno conflicto armado interno.

Es más, en la obra se pone en evidencia la manera cómo la población civil, al encontrarse entre dos fuegos, resultó siendo la gran víctima de la violación sistemática de los derechos humanos, por parte de Sendero Luminoso y las fuerzas del orden, respectivamente, quienes en todo momento, buscan legitimar sus acciones apelando a razones totalmente reñidas con el respeto por la vida y la dignidad de las personas, algo que, sin lugar a dudas, constituye una deuda histórica  que el Estado y la sociedad peruana deben saldar con aquellos que fueron víctimas del terror.

Sin embargo, para Julio Galindo, la obra merece ser investigada por el delito de apología al terrorismo debido a su contenido, ya que a su juicio, está lleno de mensajes subliminales a favor de los grupos violentistas. ¿Cómo llego Julio Galindo a esta conclusión (me refiero a los mensajes subliminales) si él ha confesado que no ha visto la obra? Ese es un misterio que quedará sin resolver, pues luego del papelón mediático, el procurador ha decidido entrar en una cura de silencio para evitar -seguramente- un mayor desprestigio.

Ahora sabemos, gracias a los medios, que todo este asunto comenzó con la denuncia, presentada por un coronel en retiro, recibida por la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE), en la que se señalaba que la obra hacía una implícita apología al terrorismo y denigraba a las Fuerzas Armadas. Para ello, el denunciante afirmaba que en la obra habían expresiones como ¡Viva la lucha armada!, ¡Viva el Partido Comunista!, ¡Viva el presidente Gonzalo!, que acreditaban la tendencia pro terrorista de la misma.

Pero si la conducta del procurador es preocupante, ya que un funcionario no puede salir a los medios a denunciar por un delito tan grave, sin contar previamente con elementos probatorios suficientes que acrediten la presunta responsabilidad penal de los implicados, lo ha sido más la posición (inicial, ya que luego cambio de parecer) del Ministro del Interior, Daniel Urresti, quién respaldó la labor de la DIRCOTE, al señalar que esta unidad es muy profesional y en aras de velar porque no vuelva a aparecer Sendero Luminoso, tiene derecho a hacer todas las investigaciones que quiera.

Esta última expresión es sumamente peligrosa, porque incluso la DIRCOTE tiene la obligación de actuar de acuerdo a ley y proceder de manera razonable. Es decir, la DIRCOTE no puede iniciar investigaciones en contra de determinadas personas por la sola denuncia de un ciudadano cuyo juicio “absolutamente subjetivo” le dice que en una obra, pintura, novela, película o escultura se hace apología al terrorismo y/o se denigra a las Fuerzas Armadas, porque si leemos con atención las declaraciones de Daniel Urresti, pareciera que la DIRCOTE, en aras de la lucha contra el terrorismo, puede “hacer lo que se le da la gana”, sin la observancia de ningún criterio objetivo que respalde su proceder.

En todo caso, ha sido el propio jefe de la DIRCOTE, coronel PNP Óscar Arriola, quien se ha encargado de enmendarle la plana tanto al procurador antiterrorista, como al propio Ministro del Interior,  dejándolos totalmente mal parados a ambos, haciendo evidente la falta de rigor profesional del primero, y la falta de cuidado del segundo, al señalar que su dirección nunca abrió una investigación por apología al terrorismo a la obra de teatro “La Cautiva”, y que su accionar sólo se limitó a la elaboración de una nota informativa.

Entonces, si eso es así, cabría hacernos la siguiente pregunta ¿Basta una nota informativa de la DIRCOTE para que el procurador antiterrorista salga a los medios a denunciar por delito de apología al terrorismo a una obra de teatro? No, rotundamente no. El procurador cometió un grave error, en su afán de protagonismo, inconveniente por la naturaleza del cargo que ejerce, olvidó que la obra se estrenó en el Teatro La Plaza (¿acaso alguien cree que una obra pro terrorista se exhibiría en este lugar?) y que el guión de la obra, escrito por Luis Alberto León, obtuvo el premio especial del jurado Sala de Parto 2013 del Teatro La Plaza, programa cuyo objetivo es estimular el surgimiento de nuevas obras y autores peruanos (¿acaso también se pretende denunciar a los miembros del jurado por promover la apología al terrorismo?).

Pero el disparate cometido por el procurador ha sido tan monumental que ha motivado una serie de pronunciamientos, por parte de diversos sectores, respaldando a la obra de teatro “La Cautiva”. El propio Ministerio de Cultura emitió una nota aclarando que en la obra “La Cautiva”, como en todas, la inspiración viene de hechos reales e imaginarios, y que lo que busca es la reflexión entre artistas y espectadores, con el fin de estimular la formación de una ciudadanía más participativa y democrática. Al mismo tiempo, también el Ministro de Defensa, Pablo Cateriano afirmó que respaldaba la posición del Ministerio de Cultura en este asunto, pues la obra “La Cautiva” es una pieza de teatro como cualquier otra.

Al respecto, yo no haré otra cosa que suscribir en su totalidad la lúcida e inteligente opinión del autor de la obra, Luis Alberto León, quien además de lamentar que el procurador, pero sobre todo el denunciante no haya visto la obra como cualquier espectador, es decir, desprovisto de los prejuicios que nublan el criterio de las personas, sesgando su análisis y parcializando su juicio, señaló que una obra de teatro no es una representación total de la época, pues sólo es un fragmento de ficción, y que en todo caso, cualquier persona con cierta lucidez llegaría a la conclusión de que no se trata de una apología al terrorismo. La obra, afirmó su creador, puede ser catalogada de mala dramaturgia, pero jamás de pro terrorista.

En esa misma línea, la Primera Ministra, Ana Jara, como otros miembros del Poder Ejecutivo, han señalado que no será este Gobierno el que empiece a censurar y parametrar el contenido de las expresiones artísticas. Estas declaraciones son, sin lugar a dudas, muy saludables, y nos dan a los ciudadanos cierta tranquilidad, pues lo más peligroso para la cultura de la libertad es tener que enfrentarse a un Gobierno que usa el aparato público con el afán de controlar la expresión artística e intelectual de sus ciudadanos.

No obstante ello, creo que a todas luces ha quedado claro que la Procuraduría Antiterrorista no puede seguir siendo conducida por Julio Galindo, funcionario que en lugar de estar desatando cacerías de bruja en contra de obras de teatro como “La Cautiva”, debería corregir los errores cometidos durante su gestión, los mismos que han sido denunciados el año pasado (se lo acusa de falta de profesionalismo) y que han ocasionado la victoria judicial de varios terroristas (absoluciones, beneficios, entre otros).

En ese sentido, quiero reiterar mi posición, expuesta en mi columna anterior, sobre el terrorismo. El Estado, a través de todas sus instituciones, y la propia sociedad civil, tienen el derecho y deber, de luchar frontalmente contra este flagelo. En esa línea, la Procuraduría Antiterrorista es la entidad llamada a iniciar esta lucha en el campo jurídico, denunciando oportunamente a todos aquellos que puedan estar cometiendo delitos vinculados al terrorismo. Pero eso no quiere decir que su labor, como la de la PNP, o la de las Fuerzas Armadas, se deba llevar a cabo de manera arbitraria, sin el más mínimo respeto por la legalidad, o por los derechos de los ciudadanos.

Así, el Ministro del Interior, no puede salir a los medios a decir que esta supuesta amenaza de denuncia por el delito de apología al terrorismo en contra de la obra “La Cautiva”, al final la terminó favoreciendo, pues había recibido la publicidad que no tuvo durante toda su temporada, y que todos habían resultado beneficiados. Estas declaraciones son inaceptables, pues el dinero de todos los peruanos no puede servir para financiar, gracias a la torpeza de algunos funcionarios, como el procurador antiterrorista, Julio Galindo, la publicidad de obras teatrales, novelas, películas, esculturas o expresiones artísticas, a las que se las acusa irresponsablemente por el delito de apología al terrorismo.

Finalmente, debo señalar, como también lo han hecho de manera unánime todos los medios, que por decoro y vergüenza propia, el procurador, Julio Galindo, no puede estar un minuto más a cargo de la Procuraduría Antiterrorista. Esta importante entidad no puede ser dirigida por una profesional que no tiene la capacidad suficiente como para saber diferenciar entre una obra teatral y una acción de apología al terrorismo.

En todo caso, su cese -en caso no renuncie- es la única manera que tiene este Gobierno para demostrarle al país que en el Perú no se tolerará ningún tipo de amenaza o persecución en contra de artistas e intelectuales que se atreven a decir aquello que a las Fuerzas Armadas les parece ofensivo. Bajo ese criterio, el primer procesado debería ser el director de cine Francisco Lombardi, en cuya película la “Boca del Lobo”, se hace referencia explícita a la matanza cometida por los militares en Ayacucho, en plena lucha contra el terrorismo. El cese del procurador es lo único que en este caso corresponde, de no ser así, quedará en evidencia que en el Perú, quienes hacen el esfuerzo por reconstruir la memoria histórica, corren el riesgo de ser perseguidos, contradictoriamente, por quienes están llamados a defender los derechos de los ciudadanos.