Amnesia presidencial: Ollanta Humala y sus promesas de campaña

No puedo decir que estoy frustrado, pues la frustración solo se da cuando previamente uno deposita sus ilusiones y esperanzas, con optimismo y confianza, en una persona o proyecto. Yo no voté por Ollanta Humala en la primera vuelta electoral, pero sí lo hice en la segunda pues mi conciencia y mis principios democráticos así me lo exigían. Esto lo digo, pues a pesar de los sucesos de las últimas semanas, sigo creyendo que la otra opción hubiese sido la vuelta a un pasado vergonzante que todos queremos dejar atrás.

No es este el caso de ese 30% de peruanos que respaldaron la candidatura de Ollanta Humala y a su programa “La gran transformación”, apoyo que le permitió pasar a la segunda vuelta y alzarse con la victoria a pesar de la infame campaña de difamación y demolición mediática que los medios que hoy lo respaldan desataron en su contra y en contra de toda opción que se atreviese a criticar el modelo político y económico establecido desde los años noventa.

Ahora, Ollanta Humala ve el resultado de una campaña electoral construida en función de argumentos de cambio y transformación, muchos de ellos absolutamente populistas y autoritarios, que le pasan la factura y que de uno u otro modo deben ser resueltos. El otrora representante de las reivindicaciones sociales y duro crítico de la política económica de los gobiernos de Fujimori, Toledo y García, al parecer, se alista a engrosar esa larga lista de políticos peruanos y latinoamericanos que llegando a Palacio de Gobierno de la mano de un discurso de centro-izquierda, una vez instalados en el poder, inician un giro sin retorno hacia la centro-derecha conservadora.

¿Cómo enfrentar la desilusión que ese 30% de la población siente al ver a un Ollanta Humala que casi por hechizo se ha convertido en fiel defensor del sistema y asume sin menor apuro el papel de apologista del continuismo político y económico? ¿Dónde quedaron las propuestas de cambio con las cuales recorrió todo el país con el objetivo de ganarse la confianza de la población más olvidada de nuestro país? Esas son respuestas que el Gobierno debe buscar, esas son tareas que al parecer el Gobierno no quiere enfrentar, esas son obligaciones que no sé si este Gobierno pueda cumplir, al menos no si continúa por la senda que ha decidido caminar. Si las cosas siguen así, Ollanta Humala se convertirá en el hacedor de su propio fracaso.

Ollanta Humala señala el día de hoy que el proyecto de “La gran transformación” se dará sin sobresaltos, que no cederá ante las protestas de los radicales que pretenden agudizar las contradicciones de nuestra sociedad y paralizar el país, que no cederá al chantaje de los buscan imponerle al Gobierno una agenda política que él mismo prometió que cumpliría y que hoy en día parece haber olvidado. Ollanta Humala tiene muy claro lo que no hará, el problema es que nuestro presidente no tiene ni la menor idea de lo que debe hacer a futuro para responder los argumentos que él mismo, hace apenas unos meses, defendía. Es decir, Ollanta Humala no tiene la capacidad para reconocer que mintió, o en el mejor de los casos que estaba equivocado, que promesas y propuestas reformistas que ofreció eran solo eso, promesas, recursos de plazuela que todo caudillo utiliza para llegar al corazón del pueblo y sentarse en el Sillón de Pizarro.

Yo no creo que “La gran transformación” se dé sin sobresaltos, me gustaría creerlo, pero no puedo. Al menos no mientras el Ministerio de Economía siga en manos de Luis Castilla, una persona que trabajó codo a codo al lado de la administración aprista, defendiendo su política económica y su manera de entender el concepto de desarrollo. ¿Cómo es posible que Ollanta Humala sí confíe en este señor, cuando hace algunos meses el propio presidente afirmaba que una vez en Palacio de Gobierno la política económica y conservadora de García sería desterradas del Estado dando paso a una nueva etapa?

A Ollanta Humala no solo se le han olvidado las ideas de cambio que en materia económica planteaba y las críticas que sobre este tema hizo durante los cinco años de gobierno de García. Recordemos que durante ese lustro, nuestro actual presidente era uno de los principales críticos de la manera como el gobierno de aquel entonces enfrentaba los conflictos sociales, criminalizando la protesta y apelando a la fuerza para develar lo que en su opinión eran las justas demandas de inclusión social y cambio que los sectores menos favorecidos del país le hacían al Gobierno y al Estado.

En las últimas semanas, sobre todo a partir de los sucesos en Cajamarca (Proyecto Conga) y Cuzco-Espinar (Minera Estrata), hemos podido apreciar cómo el Gobierno, al igual que su antecesor, carece de una política de solución de conflictos sociales eficaz, capaz de anticiparse al estallido de asonadas y levantamientos que ponen en jaque a diversas localidades y regiones de nuestro país. Es mucho más sencillo prevenir los conflictos, dar un paso adelante en la identificación de los focos de conflicto que reaccionar cuando la turba ya tomó las calles, cuando la gente ya se encuentra movilizada y cuando las carreteras han sido tomadas por los azuzadores de siempre.

Sobre este punto, comparto la visión de aquellos que creen que el Estado está facultado para imponer la ley y hacer cumplir el Estado de Derecho. Estoy de acuerdo en que quien comete delitos sea merecedor de una sanción ejemplar. Sin embargo, no creo que la respuesta que el Gobierno asuma en este terreno se deba reducir únicamente a la declaratoria de estados de emergencia y a la salida de tropas a la calle, a quienes se les encarga la labor de enfrentar a las protestas intentado solucionar, a punta de plomo y gas lacrimógeno, problemas eminentemente políticos y sociales.

No deja de sorprenderme la candidez de un sector de la prensa y del propio Gobierno cuando afirman que las protestas en Cajamarca y Espinar no son protestas medio-ambientales sino, muy por el contrario, políticas e ideológicas. Me sorprende, pues pareciera que estos señores creen haber hecho un gran descubrimiento. Claro que los problemas en Cajamarca y Espinar son políticos, y lo son porque los radicales que encabezan y organizan la protesta, dándole un tinte político e ideológico, lo hacen capitalizando el descontento que la población siente contra actividades extractivas que en su opinión no lEs favorecen y que destruyen su medio ambiente, a pesar de que desde la capital se diga lo contrario.

Siendo ese el escenario, la respuesta del Gobierno debería ser también política, pero para ello se requieren voceros y operadores políticos que puedan enfrentar ideológicamente a los opositores a la inversión privada, a los enemigos de la paz, a los adversarios del desarrollo sostenible. Los radicales le ganan la partida al Gobierno pues están donde el Estado no llega, porque escuchan y miran a quienes el Estado ha invisibilizado. Mientras el Estado peruano tenga una densidad tan pequeña y no logre cubrir todo el territorio nacional, los radicales siempre encontrarán un espacio para desinformar y ganar adeptos entre una población que durante largos años espera lograr un desarrollo que hasta el día de hoy le resulta esquivo.

Finalmente, para nadie es un misterio que la labor del Gobierno en estos días debe centrarse en la preservación del orden público, la paz, la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos de Cajamarca y Espinar. Para ello necesita desplegar un plan de inteligencia que brinde de información relevante a las autoridades políticas para una adecuada toma de decisiones. Porque, señores, los operativos de inteligencia sirven para ello, para obtener información que racionalice la toma de decisiones. Sin embargo, vemos cómo Ollanta Humala parece jalarse la cuerda él mismo nombrando a dos personas incompetentes como José Urquizo y Wilver Calle, en las carteras de Defensa y del Interior, respectivamente. A veces pienso que Ollanta Humala tiene en su más profunda naturaleza un espíritu suicida que lo lleva a cometer esta cadena de torpezas y desaciertos que pueden desatar en nuestro suelo grandes tempestades.