ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

Gastón Soto Vallenas, titular del Consejo Nacional de la Magistratura, explica en esta entrevista los objetivos trazados para su institución en los próximos años y la necesidad de contar con mayores recursos para este propósito. Asimismo, se pronuncia sobre las decisiones del Tribunal Constitucional que anulan resoluciones emitidas por el CNM.

RAFAEL RODRÍGUEZ CAMPOS

1. ¿Cuál era la situación en la cual usted encontró a la institución a partir de su designación como miembro de esta?

Se debe destacar el hecho de que la mayoría de los miembros (cinco) del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) han asumido el cargo hace unos pocos meses, salvo el caso de otro consejero y el mío propio, quienes tenemos cerca de dos años en el CNM. En consecuencia, somos un pleno nuevo, renovado y por lo tanto, como punto de partida yo precisaría que hay un ánimo, por lo menos integrado, de recuperar la imagen, la credibilidad del CNM frente a la ciudadanía.

2. ¿Cuáles son las tareas más importantes que el CNM está afrontando?

Nosotros encontramos un gran embalse en cuanto a procesos de ratificación. Teníamos más de 800 procesos de ratificación pendientes. Ciertamente era una situación anómala que los consejeros hemos logrado ir superando. Los avances han sido notables, al punto de que hoy en día podemos decir que estamos “casi al día”. 

Otra tarea importante es la vinculada a los procesos de selección y nombramiento de magistrados. Como es de conocimiento público uno de los grandes problemas de nuestro sistema de justicia es el alto índice de provisionalidad, situación que nosotros nos hemos empeñado en solucionar. Le alcanzo algunas cifras: el 36% de los magistrados del Ministerio Público es, en estos momentos, provisional, como más del 33% lo es en el Poder Judicial. 

Eso podría llevar a pensar a algunas personas que el CNM no está cumpliendo con su labor, lo que pasa es que los resultados de los concursos para selección de jueces y fiscales no son los mejores.

3. ¿Podría darnos mayores detalles sobre lo que está ocurriendo en los concursos para cubrir las plazas de jueces y fiscales?

Con todo gusto. Mire, el problema mayor que debe resolver el CNM es el de la provisionalidad de jueces y fiscales. En ese sentido, el CNM ha organizado más de nueve concursos durante los últimos dos años. Sin embargo, existen factores que van más allá de lo que la institución puede hacer. Así por ejemplo, le alcanzo otro dato, en el último concurso, solo el 21% de los postulantes logró superar con éxito la primera etapa. Al tratarse de etapas cancelatorias, en donde para acceder a la siguiente es necesario ir aprobando la anterior, tenemos que el número de postulantes que llegan a la entrevista personal (última etapa) es cada vez menor.

4. ¿Y cuáles son las políticas institucionales trazadas por el CNM para los próximos años?

Debemos reducir totalmente el embalse que teníamos en materia de ratificaciones y continuar nuestra labor en cuanto a los concursos de selección de jueces y fiscales. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograr ese objetivo. A pesar de que los resultados en los mismos no sean los que uno quisiera, hemos de decir también que en cuanto a la selección y nombramiento se ha incrementado las plazas que se han cubierto en 470%. 

Estamos logrando disminuir paulatinamente el índice de provisionalidad que tanto daño le hace al sistema. Esta es una tarea bastante ardua; el problema de la provisionalidad de jueces y fiscales se inició durante la década de los noventa, y se ha incrementado con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal y Laboral, los cuales exigen tanto para el Ministerio Público, como para el Poder Judicial, un número cada vez mayor de magistrados. En tal medida, seguiremos trabajando como hasta ahora, organizando más procesos de selección para cubrir las necesidades del servicio que el volumen y la carga procesal demandan. 

Finalmente, quiero aprovechar esta oportunidad para destacar la labor de Gonzalo García Núñez quien ha desarrollado una tarea notable, especialmente en el ámbito administrativo, renovando temas operativos del CNM con el ánimo de hacer mucho más eficiente nuestra labor.

5. Esta tarea exige contar con mayores recursos. ¿Qué nos puede decir con respecto al presupuesto que su institución maneja?

Nuestro presupuesto sigue siendo bastante reducido, tanto así que justamente el día de ayer hemos tenido una reunión con el Presidente del Consejo de Ministros para tratar justamente la asignación de un presupuesto adicional con la finalidad de contar con más personal que pueda atender, por ejemplo, la revisión de documentos. 

Esta es una prioridad debido a la cantidad de postulantes que han habido, en los diferentes concursos, la que está alrededor de los diez mil, cifra que como entenderá no es sencilla de manejar. Pero además de la carencia de personal suficiente, tenemos otras necesidades no cubiertas, empezando porque tampoco tenemos un local apropiado. Tenemos un edificio donde los trabajadores están tugurizados. Hemos tenido que alquilar el edificio contiguo, un par de pisos, para darles las condiciones suficientes a los magistrados que vienen a revisar sus expedientes, aquí ya no hay espacio. Tenemos dos pisos más en un edificio en Pardo, pero estamos dispersos. Este es un problema que me preocupa y que creo debería solucionarse de inmediato.

6. ¿Debería el CNM estar compuesto únicamente por profesionales del Derecho?

Sobre este punto debo hacer una confesión en voz alta. Antes pensaba que únicamente abogados deberían ser integrantes del CNM porque son los que más y mejor pueden evaluar a una persona que se va a encargar de la administración de justicia, pero cuando se trata, por ejemplo, del trabajo de selección o el trabajo de evaluación de la conducta de los magistrados en los procesos de ratificación, indudablemente que los conocimientos multidisciplinarios de profesionales de diversas áreas del mundo intelectual, constituyen un aporte fundamental. 

Ahora, y luego de casi dos años en el CNM, me doy cuenta que es bueno que personas como las que tenemos en estos momentos, que provienen de diversos sectores de la academia, formen parte del CNM, no solo por ser seres humanos honestos y probos, sino por su amplia experiencia, de muchos de ellos, en el Sector Público.

7. ¿Qué opinión tiene respecto de la línea jurisprudencial que asumió el Tribunal Constitucional en los casos Hinostroza y Castañeda, en los cuales se dispuso que el CNM vuelva a votar sobre la postulación de estos señores al cargo de fiscales supremos?

Lamentablemente son muchos los años en los que el Tribunal Constitucional viene, de una forma u otra, interviniendo en el ámbito de competencias del CNM. Esto ha traído como consecuencia que muchos magistrados tengan que ser repuestos por mandato o resolución del Tribunal o quede sin efecto una resolución del Consejo por disposición de este Colegiado en materia de selección y nombramiento, con lo cual, al final el CNM se ve sometido a los criterios que maneja el Tribunal que no son en nuestra opinión, necesariamente los legales, los constitucionales o los correctos.

8. ¿Usted cree que a veces el Tribunal Constitucional se excede en el ejercicio de sus competencias?

Yo creo que sí. Cuando yo tuve el alto honor de presidir el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), nos enfrentamos al Tribunal Constitucional en defensa de sus propios fueros, y con ello se logró hacer respetar sus competencias. 

Nosotros no aceptábamos la resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional que dejaban sin efecto nuestras resoluciones, pues considerábamos que el propio Tribunal, que debe ser el garante de la constitucionalidad, terminó por violentarla con este tipo de pronunciamientos, por eso nuestro rechazo y nuestra crítica a este tipo de fallos que constituían una invasión inaceptable de los fueros del jurado.

9. ¿Y qué hacer cuando las resoluciones del CNM o del JNE lesionan el debido proceso o la tutela jurisdiccional efectiva?

Muy sencillo. Tanto el JNE como el propio CNM tienen prevista la posibilidad de que a través de la vía del recurso extraordinario, que es el de la reconsideración, se anulen sus propias resoluciones cuando hay, ciertamente, una violación al debido proceso, todo ello en el marco de sus competencias y al interior de la propia institución. Así, en mi opinión las resoluciones del CNM no deberían ser sometidas a control ante el Tribunal Constitucional. Pues, como ya señalé, existe el recurso extraordinario que permite la revisión de las mismas por el propio CNM en resguardo de los derechos de los administrados.

10. A propósito de su paso (ocho años) por el JNE. ¿Qué opinión tiene Ud. sobre la resolución del JNE mediante la cual se rechaza la inscripción del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef)?

Yo creo que el JNE actuó bien cuando emitió la resolución que declaraba improcedente la inscripción de esta agrupación política. Creo que fue un acierto que la evaluación de este caso regresara a la Oficina de Registro de Agrupaciones Políticas a efecto de que esta se pronunciara sobre asuntos que no habían sido tomados en consideración en la resolución que había dictado, eso iba a permitir que la resolución integrara en su contenido todos aquellos aspectos que tenían que ver con los fundamentos o razones que sustentan el rechazo a esta agrupación. El JNE buscó no dejar ningún cabo suelto, y en esa medida creo que el objetivo se consiguió.

11. Al Movadef se le negó su inscripción por razones ideológicas. Es decir, se señaló que se trataba de una agrupación antidemocrática que reivindica la figura de una persona sentenciada por terrorismo. ¿Ud. comparte esa opinión?

Si bien la constitución prevé la pluralidad de ideologías, en este caso es una ideología contraria a los valores de la democracia. El Movadef no podía pasar. En principio los partidos deben someter su inscripción al cumplimiento de los requisitos formales previstos en la ley, pero al mismo tiempo, estas agrupaciones la pueden perder si en el tiempo observan una conducta contraria al Estado Democrático de Derecho.

12. Si es que la Ley de Partidos Políticos hubiese estado vigente en el año 1992, el fujimorismo habría perdido su inscripción por el autogolpe de Estado del 5 de abril…

Ese es un tema de análisis político muy interesante que va más allá de lo que dice la norma. No nos olvidemos que la semana después del 5 de abril de 1192, se consultaba a la población si estaba de acuerdo o no con el autogolpe de Estado y más del 75% de la población señaló que sí. Quizá este respaldo le dio legitimidad social y política a una medida en principio contraria a los valores democráticos.

13. Finalmente, ¿Qué opinión tiene respecto de la eliminación del voto preferencial en el Proyecto de Código Electoral y Código Procesal Electoral?

Yo creo que es un mal necesario. Digo ello porque hasta que no sea posible garantizar la democracia interna en los partidos, el voto preferencial genera una competencia interna, que en mi opinión, no es mala per se. Distinto  sería el panorama, y la reflexión, si como queremos todos, los partidos políticos se organizasen de manera democrática y la elección de los candidatos se diese también en esos términos. Cuando ello ocurra el voto preferencial debiera eliminarse, porque como señalan los especialistas puede terminar convirtiéndose en un arma que genere la inestabilidad de los partidos, poniendo en riesgo la estabilidad del propio sistema democrático.

Esta entrevista fue publicada en el Nº 50 de LA LEY, periódico mensual del grupo editorial GACETA JURÍDICA (MARZO DE 2012)