martes, 6 de mayo de 2014

LAS UNIONES CIVILES PARA PERSONAS DEL MISMO SEXO

En la actualidad, más de 60 países han reconocido oficialmente la unión (matrimonio y/o unión civil) para personas del mismo sexo. Varios de estos países se encuentran en nuestra región (Argentina, Uruguay, Brasil, México, Ecuador y Colombia) y en ninguno de ellos se han desatado los males que el sector “conservador ultra católico” había vaticinado cuando se debatía sobre la formalización de éstas instituciones para las parejas gais y/o lesbianas: aumento del incesto, poligamia, perversión moral, desintegración familiar y otros. 
En el Perú, el debate sobre la unión civil recién se ha abierto a partir del proyecto de ley presentado por el congresista Carlos Bruce, quien a pesar de todas las críticas recibidas (agravios homofóbicos también), ha tenido el coraje de sostener y defender su iniciativa en todos los medios y espacios en los que ha estado presente. Lo sorprendente en este caso es la virulencia con la que sus detractores lo han atacado. Muchos de ellos se han ocupado más de la identidad sexual del autor del proyecto que del contenido del mismo. Como se sabe, la ignorancia es siempre atrevida, y ante la falta de argumentos, el insulto es un recurso que los pequeños bárbaros siempre tendrán a la mano.
La unión civil llegará a nuestro país (el matrimonio gay también) más temprano que tarde, de eso estoy seguro, no sé si este proyecto llegue a convertirse en una ley, pero lo importante es que por primera vez en el Perú, se empieza a reflexionar seriamente sobre este tema, tanto a nivel académico como político. Prueba de ello es que hace algunas semanas atrás, los líderes políticos más importantes de nuestro país como Alan García, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, e inclusive Lourdes Flores, han declarado a favor de esta iniciativa, algo impensado hace algunos años.

Por lo pronto, el 31% de los peruanos apoya este proyecto (encuesta de Apoyo) y al paso que vamos, creo que este porcentaje aumentará en pocos años, basta recordar, por ejemplo, que en el año 1996, solo el 27% de los estadounidenses apoyaba el matrimonio gay. Hoy ese porcentaje es de 54%. Como bien lo apunta Levitsky: “la opinión pública cambia rápidamente en estos temas, algo que también pone en evidencia la creciente marginalidad política de la iglesia Católica”.
El respaldo a esta figura civil crece debido a que en el Perú, como en los demás países de occidente, la igualdad de derechos entre personas heterosexuales y homosexuales ya es vista como parte del canon constitucional y democrático que toda sociedad moderna hace suyo. Por tanto, así como a nivel legislativo, empiezan a parecer leyes destinadas a proteger los derechos de las mujeres, personas con discapacidad, grupos étnicos, y otros sectores históricamente excluidos e invisibilizados, no es extraño que en un país marcadamente católico y conservador como el nuestro, recién se empiece a discutir este tema en la segunda década del siglo XXI. Pero ese es ya un avance importante, y es motivo suficiente para felicitar al autor de este proyecto.
Lo que debe entenderse es que el proyecto no pretende únicamente tutelar los derechos patrimoniales de las parejas homosexuales, sostener ello es una mentira, y una caricaturización de la labor de Carlos Bruce. Como se desprende del texto de la iniciativa, más allá de la seguridad que este proyecto busca dar para el patrimonio de estas parejas, resulta importante el reconocimiento de determinados derechos que harían que el Estado peruano (y esa es una obligación internacional vigente) formalice e institucionalice la protección de los derechos de este importante sector de la población (más del 10%, según cálculos conservadores).

Para quien escribe, reconocer que los compañeros civiles (esa es la denominación) tendrán los mismos derechos que un pariente de primer grado, es una propuesta igualitaria que democratiza las relaciones entre las personas adultas. Me refiero específicamente a lo siguiente: visitas a hospitales, vistas íntimas en centros penitenciarios, seguridad social, atención médica, prestación alimentaria, entre otros.
Entonces, lo que debe quedar claro es que el debate en este tema pasa por analizar si la Constitución y/o la Ley establecen algún impedimento para la aprobación de este proyecto. Nosotros creemos que no existen razones jurídicas legítimas para no aprobar este proyecto, salvo se considere que la cita de versículos bíblicos u opiniones arzobispales bastan para negarle a una minoría el reconocimiento de sus derechos fundamentales. De hecho estamos seguros que el proyecto es perfectamente válido desde el punto de vista constitucional.
Como ya lo señalamos, la oposición a la unión civil no puede tener como sustento la fe o la religión de la población, aun cuando esta se la mayoritaria. Y no lo puede tener porque en un Estado Democrático y Republicano como el nuestro (laico y no confesional) la legislación no es un apéndice de la biblia. De hecho, en toda democracia la aprobación de las leyes debe ser el resultado de un debate racional (jurídico y político) llevado a cabo en el Parlamento, y no la imposición del pensamiento religioso de aquellos que invocan el nombre de Dios con el afán de seguir discriminando.

En todo caso, debemos tener presente que en el Perú, históricamente, a los políticos les ha costado muchísimo enfrentarse a la jerarquía eclesial. Sin embargo, para nadie es novedad que la Iglesia ha ido perdiendo paulatinamente su poder fáctico, lo cual es una ventaja y debe ser aprovechado por quienes apostamos por la construcción de una sociedad más libre e igualitaria, en la que todas las personas tengan el derecho a amar y a recibir de parte de su Estado la mayor protección y garantía para sus derechos, sin importar la identidad sexual de la mismas. Sostener lo contrario, en pleno siglo XXI, no es otra cosa que barbarie homofóbica pura.

Finalmente, creo que la mayor apertura y el futuro reconocimiento de este tipo de instituciones como la unión civil, dependerá mucho del poder de presión de los sectores conservadores (la Iglesia Católica encabeza la lista) y de la capacidad de respuesta de la clase política al momento de debatir la propuesta. Solo el tiempo nos dirá si los parlamentarios peruanos en el año 2014 adoptaron una posición auténticamente democrática y republicana, que reconoce valores de libertad e igualdad, al aprobar la unión civil, o si se sometieron (por temor o conveniencia) a lo que el vocero de Dios en la tierra proclama todos los domingos desde su púlpito en la catedral de Lima.

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