El
proceso de democratización iniciado en nuestro país a principios de la década
pasada trajo consigo importantes cambios sociales y políticos. La democracia
recién recuperada hizo posible el ejercicio pleno de libertades que durante diez
años habían sido sistemáticamente vulneradas. Es así que sobre la base de
derechos como la libertad de expresión, reunión y asociación, se fueron
organizando y diseminando por todo el Perú lo que conocemos con el nombre de
“movimientos sociales”. Qué duda cabe entonces, que durante los últimos años la
protesta social ha ido adquiriendo mayor importancia tanto en fuerza como en
número.
Como
bien lo señalara el BID en su momento, existe un sector de la sociedad que mantiene
una percepción equivocada en torno a este fenómeno. Tradicionalmente se pensó
que los movimientos sociales y la protesta eran resultado de procesos de
atomización social, alienación o frustración. Esta percepción en la actualidad
se encuentra en franco retroceso, pues en muchos casos, sino en la mayoría,
estos movimientos están conformados por personas racionales y socialmente
activas que estando bien integradas en su comunidad buscan defender sus
intereses por canales diferentes a los que las institucionales oficiales
reconocen (Parlamento, partidos políticos y otras).
Seguramente
se escucharán algunas voces que rebatirán lo señalado por el BID sosteniendo que
eso no es cierto, que es pura teoría y que lo que en realidad sucede es que la
calle ha caído en manos de grupos radicales que imbuidos de la prédica
comunista buscan réditos políticos avivando las contradicciones existentes.
Cierto es que en toda protesta se registra la presencia de oportunistas de que
tomando carreteras o quemando llantas buscan un protagonismo que de otra manera
no conseguirían. Pero reducir la explicación del fenómeno a la presencia de
estos azuzadores no es una respuesta del todo convincente. Si la calle se mueve
es porque la población siente un descontento históricamente insatisfecho, capitalizado
por los extremistas.
¿Por
qué se da este fenómeno?
En
primer lugar, porque la democracia (joven en nuestro caso) no ha sido capaz de
dar atención a las necesidades sociales de la población, transparentar el
manejo de la cosa pública, luchar frontalmente contra la corrupción y evitar la
captura del Estado por los intereses particulares de los grupos de poder
fáctico.
En
segundo lugar, porque si bien el modelo económico adoptado genera importantes
ingresos económicos al país, la administración de los mismos por parte del
Estado, no ha sido capaz de dar acceso a servicios básicos adecuados
(educación, salud, justicia, agua y saneamiento) a la población menos
favorecida (rural y urbano marginal, principalmente). En otras palabras, la democracia
no ha cumplido con las expectativas que en su momento generó entre los más
necesitados.
En
tercer lugar, porque luego de 191 años de república, nuestro país no ha sido
capaz de construir un proyecto nacional compartido. Los peruanos no hemos tenido
el valor y la capacidad suficientes para proponer al país (sobre todo a los más
pobres) una visión de futuro colectivo en donde todos los ciudadanos se sientan
iguales en derechos y obligaciones. Mientras subsista en nuestra patria el
sentimiento de muchos peruanos que ven a diario cómo la ley no se aplica igual
para todos, la justicia solo llega para quienes tienen influencias o los
beneficios del crecimiento se concentran en una minoría, será muy difícil
abrazar la idea de un Perú realmente inclusivo.
Los
retos de la democracia son muchos. La tarea por alcanzar el desarrollo y el
bienestar de “todos” es más compleja de lo que muchos pensamos. Ahora muchos
recuerdan con nostalgia los años de autoritarismo, dicen que prefieren el orden
a la libertad, afirman que nadie protestaba en aquel tiempo y que todo era
calma y tranquilidad. Esa percepción es absolutamente equivocada, el
autoritarismo usó la violencia para acallar las voces disidentes y arremetió
contra los que se atrevían a disentir con el poder. No caigamos en ese juego,
reconozcamos las ventajas de ser libres, y al mismo tiempo, asumamos la
obligación de construir un país más solidario y justo.
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