jueves, 20 de octubre de 2011

¿Comprende Ollanta Humala, la relación existente entre las instituciones castrenses y el sistema democrático?





Las instituciones castrenses, en el marco de los sistemas democráticos, cumplen un rol de vital importancia para la consolidación de la institucionalidad del Estado y para el resguardo de los intereses nacionales. A las Fuerzas Armadas, les corresponde garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. La Policía Nacional, por su parte, tiene el deber mantener y restablecer el orden interno. Ambas instituciones carecen de una vocación deliberante y deben estar subordinadas al poder constitucional. Reconocen al Presidente de la República como su jefe supremo y despliegan sus acciones en absoluta consonancia con el mandato constitucional y legal.


Esta es una reflexión que los ciudadanos debemos tener muy en claro. En una democracia, en un sistema constitucional en el cual la labor de los poderes públicos y privados se encuadra dentro de los parámetros establecidos por la Constitución, los miembros de estas instituciones se convierten en fieles guardianes del orden y el sistema democrático. Siendo ello así, es necesario que quienes asuman la dirección de dichas entidades, gocen de los méritos profesionales, académicos y morales suficientes para la asunción de tamaña responsabilidad, ya que como hemos señalado, a ellos les corresponde velar por la seguridad externa e interna de la nación.


Pero, si a las instituciones castrenses les corresponde guardar un profundo respeto por los principios y valores constitucionales y democráticos, al poder civil, y en especial al gobierno de turno, le corresponde guardar respeto por la institucionalidad de estas entidades. En ese sentido, el gobierno, y el Presidente de la República, deberán de ser muy cuidadosos al momento de promover el nombramiento de los mandos militares y policiales, instalando en este proceso, una lógica basada en la meritocracia y el profesionalismo. No basta, como señalan algunos, el criterio de la antigüedad para nombrar a un militar o policía como miembro de la alta dirección de sus respectivas instituciones.


Es muy peligroso para la salud democrática de un país la politización de las instituciones castrenses o la militarización de la política, reflejada muchas veces en los procesos de cambio o reforma al interior de las fuerzas armadas o policiales. El nombramiento indiscriminado de un grupo de policías o militares con el único criterio de favorecer a los allegados al régimen es una práctica que debiéramos desterrar de nuestro país. El gobierno de turno no puede utilizar el poder que la ciudadanía le ha conferido para atentar contra la estructura misma de estas instituciones. Nombrar a una persona por el sólo hecho de tratarse de un amigo, allegado, o en el peor de los casos, un títere de los designios de quien detenta el poder de turno, no sólo distorsiona la relación entre el poder civil y las instituciones castrenses, sino también genera incomodidad, descontento y mella la moral de los efectivos militares y policiales que ven cómo la una persona carente de los méritos suficientes se coloca al frente de su institución.


Los últimos cambios sufridos en la Policía Nacional del Perú y los ascensos llevados a cabo en las Fuerzas Armadas han vuelto a colocar sobre la discusión este viejo debate en torno a la relación existente entre el gobierno y los institutos armados. Los fantasmas del copamiento y militarización de la sociedad aún están presentes en el imaginario colectivo nacional. Algunos peruanos aún tenemos presente los nefastos hechos ocurridos durante la última dictadura de Fujimori y Montesinos. La utilización de las fuerzas militares y policiales por la dictadura como soporte del régimen, la compra de conciencias al interior de estas instituciones, la adhesión, el respaldo cómplice de los altos mandos y la sujeción total de los mismos a los dictados de la mafia de lo noventa, fueron males que los peruanos no debiéramos estar dispuestos a volver a padecer.


La experiencia histórica nos demuestra lo peligroso que ha resultado para el país el hecho de mal utilizar el poder gubernamental al consolidar alrededor suyo a una cúpula castrense capaz de blindar todos y cada uno de los actos de gobierno, sin importar si estos son acordes o no al orden constitucional, tal y como ocurrió durante los diez años del fujimorato. Recordemos que en esa época, una de las técnicas que el dictador utilizó para conseguir la adhesión y apoyo a su proyecto mafioso, fue la de implementar una política de ascensos y pases al retiro indiscriminada sin mayor criterio que los delirios de poder del jefe de Estado, es decir, asciendo a quienes obedecerán sin chistar mis órdenes, paso al retiro a quienes tienen una posición más institucional que muchas veces se opone a los intereses del régimen.


Con la caída de la cleptocracia fujimorista, se abrió un nuevo capítulo en la historia militar y policial. Tal y como lo recuerda el analista político Carlos Basombrió, en el año 2001 se iniciaron una serie de reformas destinadas a corregir esta perniciosa situación. Decimos perniciosa, ya que si se revisan las cifras de aquel entonces, uno puede observar cómo el reparto de ascensos distorsionó toda la lógica militar y policial, llegando a tenerse en la policía más jefes (generales y coroneles) que alféreces. Todo un delirio. Pero este afán reformista, impulsado por el gobierno de Alejandro Toledo, perdió fuerza con la llegada del gobierno aprista, y se retornó de ese modo, a la irracionalidad del pasado (52 generales y más de 600 coroneles).


El actual gobierno ha recibido estas cifras. Esa ha sido la situación que el presidente Ollanta Humala heredó de manos de Alan García. Los 5 años de gobierno últimos fueron un quinquenio perdido en este proceso de reforma y modernización de estas entidades. Siendo tan crítica la situación, desde luego se avala la decisión del gobierno de pasar al retiro a 30 generales de la Policía Nacional del Perú en la búsqueda de una estructura mucho más piramidal al interior de la misma (en 2004, la Dirección Policial estimó que para el comando institucional requería únicamente de 28 generales y 207 coroneles). Sin embargo, si bien es cierto el objetivo se justifica y respalda, la pregunta que uno debe hacerse y las autoridades responder es cuál ha sido el criterio para la purga de esos 30 generales y no otros. O si lo más conveniente no hubiese sido un pase al retiro gradual, como ocurre en el caso de la Marina de Guerra, que no genere un cisma institucional y político y no instale La duda sobre la transparencia de la decisión.


Otro dato a tener en cuenta sobre este tema, ha sido lo ocurrido con los últimos ascensos a general dispuestos por el Ministerio de Defensa. Pocas veces en la historia, o nunca según algunos dicen, se ha observado que un número bastante considerable de miembros de una promoción llega al grado de general en el ejército. Esto acaba de ocurrir hace unos días con el nombramiento de 10 nuevos generales pertenecientes a la promoción 1984 Héroes de Marcavalle, coincidentemente miembros de la promoción del Presidente de la República. Con lo cual, más de la mitad de generales ascendidos, 19 ha sido leal número total, todos ellos compañeros de promoción del presidente Humala, pasarán a formar parte de la cúpula militar. Más allá de las suspicacias que esta decisión genere, no podemos sino preguntarnos si estos ascensos fueron merituados en función a criterios técnicos, evaluando el grado de profesionalismo, antigüedad, y el respeto ganado por estos oficiales al interior de su institución, o si, como tantas veces en la historia, el presidente de turno convirtió al ejército en una agencia de buenos empleos para sus amigos o sus compañeros de carpeta.


Nos parece saludable que en nuestro país el gobierno haya asumido con aplomo la decisión de reformar y promover cambios profundos en las instituciones castrenses. Preocupa sí que esa misma voluntad no sea la misma cuando se trata de las Fuerzas Armadas, en el especial del ejército. Es saludable que la Policía Nacional del Perú inicie un periodo de reingeniería que la fortalezca. Esperemos que los cambios no queden allí, esperemos que esta voluntad se concretice en la adopción de medidas que pasen por elevar el sueldo de los efectivos militares y policiales, reformar su sistema previsional, mejorar la atención de salud que la familia militar y policial recibe por parte del Estado, promover la meritocracia en los procesos de ascensos, cambios y condecoraciones y la capacitación constante de los efectivos, acompañadas todas ellas, de una frontal contra la corrupción enquistada al interior de la institución.


Ningún peruano puede oponerse a este tipo de iniciativas, todos queremos que nuestras instituciones castrenses se consoliden, todos deseamos que el personal militar y policial reciba un trato digno, que cuente con ingresos que le permitan salir adelante y velar por sus familias, todos deseamos que el policía y militar recuperen el prestigio y moral de antaño. En ese sentido, toda reforma que apunte a este objetivo debe ser respaldada, en el camino, lastimosamente y eso ocurre en todo proceso de esta naturaleza, algunos efectivos tendrán que se separados de la institución, son los costos de toda reforma y el precio que debemos asumir. Lo que los peruanos no queremos es que el gobierno politice y distorsiona la estructura y organización de estas instituciones. Lo que no queremos es que el señor Humala se rodee de una corte de uniformados que asuman la labor de guardia personal o guardaespaldas, en lugar deponerse al servicio de la nación como auténticos guardianes del orden y la legalidad. Lo que no queremos es que la película de los noventa se vuelva a repetir en nuestro país, pero esta vez de un modo mucho más sofisticado. Lo que no queremos es que Ollanta Humala se comporte como un miembro más de la promoción Héroes de Marcavalle y no como nuestro jefe de Estado. No queremos eso, pues de ser así, no tendremos a Hugo Chávez en palacio, sino al fantasma de Alberto Fujimori vestido de verde olivo.

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