El Informe Final de la Comisión de la Verdad: una polémica de nunca acabar

El caso Movadef ha vuelto a poner en el centro del debate político las bondades y supuestas inexactitudes del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Defensores y detractores de este trabajo se han embarcado, una vez más, en una polémica, creo yo más política que científica, en torno a la verosimilitud de los datos expuestos en este informe y al sesgo ideológico que llevaban consigo quienes fueron parte de este grupo de trabajo en calidad de comisionados.

La derecha y los sectores más conservadores del país no han perdido oportunidad para culpar a este informe de haber contribuido con el resurgimiento de movimientos pro-terroristas, debido a la indulgencia con la que estos criminales fueron tratados en la redacción del mismo. Para la derecha, las fuerzas armadas, y otros sectores que preferirían olvidar lo pasado sin hacer un análisis crítico e histórico de lo ocurrido durante los años de violencia política desatada por la barbarie terrorista, el informe tiene un marcado sesgo ideológico que ha distorsionado la verdad histórica de lo ocurrido en el Perú de los ochentas y noventas. El informe coloca en una posición de desventaja a las fuerzas del orden, militares y policías, pues las responsabiliza de una serie de delitos contra los derechos humanos, sin tener en cuenta el momento y las circunstancias en las cuales la acción del Estado se llevó a cabo, afirman altos mandos castrenses con el respaldo de este sector político.

Del otro lado, la izquierda, esa izquierda peruana que durante los primeros años de violencia terrorista no supo deslindar tajantemente con los grupos subversivos, condenando su accionar criminal y el uso de la fuerza y el terror como medio para alcanzar el poder, se esfuerza en elevar a la categoría de verdad indiscutible y obra humana perfecta todas y cada una de las reflexiones expuestas en el informe. Que la izquierda tenga esta posición asumida es perfectamente válido, lo que no resulta justificable, es que desde este sector se tilde de reaccionario o cómplice de la barbarie a cuanto peruano se atreve a discrepar de la opinión vertida por los comisionados en este informe.

La izquierda no ha reparado en algo que es elemental, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha sido y es susceptible de diversas críticas, la mayoría de ellas injustas y carentes de justificación lógica, debido a la poca difusión que este ha tenido entre los peruanos. No debe extrañarnos entonces, que la ciudadanía, sobre todos los jóvenes, que no han tenido oportunidad de acercarse al contenido del mismo, se deje seducir por la interpretación interesada y de parte que los sectores contrapuestos han hecho del mismo. En ese sentido, creo que la izquierda, antes de arremeter contra aquellos que tienen una voz contraria a la suya, debería concentrarse en difundir a escala nacional los más importantes datos, testimonios, e información recogida durante el trabajo de la comisión, con la única finalidad de poner en manos de las gran mayoría de peruanos este documento, que en lo personal, tiene un valor histórico inapreciable.

En buena cuenta, creo que lo peor que nos podría pasar como sociedad, más allá de la posición política e ideológica que cada uno presente, es echar por tierra todo lo avanzado en este tema, borrar de nuestra memoria el horror de lo vivido, sepultar en el olvido a los miles de muertos que la violencia terrorista generó, así como aquellos que fueron víctimas del accionar de los agentes del Estado, los mismos que en muchos lugares de nuestro país incurrieron en prácticas sistemáticas de violación de los derechos humanos. Los peruanos debemos ser capaces de reconocer y señalar a Sendero Luminoso como el principal responsable de los más de 69 mil peruanos muertos durante esta época de oprobio, debemos ser capaces de distinguir y reconocer a los efectivos militares y policías valerosos que pusieron el pecho en defensa de la sociedad y del orden democrático, de aquellos que portando un fusil y vestidos de uniforme incurrieron en actos tan deleznables como los cometidos por los grupos subversivos.

Decir que en nuestro país durante los años violencia política no se cometió ningún crimen contra los derechos humanos, decir que la lucha antiterrorista no supuso, en muchas localidades de nuestra nación, sobre todo en las más alejadas y desprotegidas, la comisión de delitos como la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la tortura, la violación, no sólo es una mentira, sino una muestra de indolencia con quienes fueron víctimas de estos vejámenes. El futuro se construye mirando hacia adelante, pero la vida se entiende mirando hacia atrás, pues sólo recordando el horror de lo vivido y los errores cometidos, es que podremos dejar atrás ese pasado que hasta el día de hoy parece perseguirnos. Sólo reconstruyendo nuestro pasado podremos construir un mejor mañana, lejos del odio y la violencia que desangró a nuestro país durante más de una década. Sirva entonces este espacio para difundir algunos datos expuestos en este informe que en lo personal me parece deberían ser de difusión nacional, sobre todo entre los más jóvenes, entre nuestros estudiantes.

La CVR fue instituida en un momento en el cual en el Perú se hacían enormes esfuerzos por recobrar la democracia. El Gobierno de Transición del ex Presidente Valentín Paniagua, decidió convocar a un conjunto de hombres y mujeres encargándoles la titánica tarea de investigar y hacer pública la verdad de lo ocurrido durante los años de violencia política iniciados por Sendero Luminoso en la década del ochenta. Podemos decir entonces, que el esfuerzo por instaurar una CVR se dio dentro de un marco de medidas adoptadas por el nuevo gobierno con la finalidad de devolverle al pueblo peruano la democracia años antes perdida. Es importante, en todo caso dejar en claro, que esa democracia no se perdió por arte de magia, que dicha pérdida no fue producto del azar, o fruto de los designios inmodificables de la historia, esa fue una democracia a la cual abandonamos y dejamos languidecer poco a poco, minuto a minuto todos y cada uno de los peruanos, ya que cuando una democracia no se ejerce de manera cotidiana, con vehemencia y convicción, ésta pierde lealtad entre los ciudadanos y cae frente al más mínimo soplido autoritario.

La CVR señaló en su Informe Final que la cifra más probable de víctimas fatales en esas dos décadas de horror supera los 69 mil a manos de las organizaciones subversivas o por obra de los agentes del Estado. Sin lugar a dudas, tan estremecedora cifra nos habla de un escenario en el cual es imposible hablar ya de errores o excesos cometidos por los actores del conflicto, nos habla también de un conflicto que no pudo ser desconocido por autoridad política o ciudadano alguno, nos revela y cuestiona lo más profundo del corazón del Perú, en palabras de su presidente, Salomón Lerner Febres, este informe expone, pues, un doble escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura masivos, y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humana y no lo hicieron.

Pero la importancia del Informe Final de la CVR va más allá del dato exacto en torno al número de víctimas caídas durante el conflicto, el Informe Final da cuenta de una sociedad profundamente escindida, partida por la mitad, una sociedad que discrimina, invisibiliza y olvida a los más pobres y desposeídos. Así, el comportamiento de los actores del conflicto demuestra una falta de identificación humana con el prójimo que resulta escalofriante, una falta de identificación con los otros peruanos a los cuales no se les considera como iguales, a los cuales se los estigmatiza por su origen racial, étnico o por su lengua materna, actitud que explica, en cierto modo, la cifra de víctimas, y la manera brutal como miles de peruanos fueron asesinados, torturados y desaparecidos. Esta es, creo yo, la conclusión más importante a la cual arribó la CVR en su Informe Final, esta es la conclusión que el informe justifica con una serie de datos que detallaremos brevemente.

De cada cuatro víctimas de la violencia, tres fueron campesinos o campesinas cuya lengua materna era el quechua. Se trata pues de un sector de la población históricamente olvidado por el Estado peruano, un sector al cual los servicios básicos de educación, salud, justicia, año tras año y gobierno tras gobierno, le han sido negados, se trata de un sector de nuestra población que no es únicamente víctima del olvido de la autoridad estatal o de la clase dirigente sino víctima de la indiferencia y la desidia del resto de la población urbana que sí goza de aquellos beneficios que al sector campesino aún le son esquivos. Sin lugar a dudas, el informe nos habla de un sector del Perú que clama ser incluido y exige ser parte de un país que parecen sólo conocer aquellas personas que viven en las capitales de departamentos o en ciudades donde la presencia del Estado es mayor.

Por otro lado, fueron las zonas, rurales y campesinas, donde se concentró el mayor número de víctimas, no sólo a escala nacional, sino dentro de los mismos departamentos. Así por ejemplo, Ayacucho es el departamento que concentra la mayor cantidad de muertos y desaparecidos reportados a la CVR (más del 40%). Lo mismo ocurre con los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín, en estos departamentos la CVR ha registrado cerca del 85 % de las víctimas que le fueron reportadas. Podemos afirmar entonces, que a la luz de los resultados obtenidos por la CVR, existe una relación directa entre exclusión social e intensidad de la violencia. No es coincidencia que cuatro de los departamentos más afectados por el conflicto (Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Huánuco) sean considerados en la lista de los cinco departamentos más pobres del Perú.

La CVR llega también a la conclusión de que la violencia no afectó a hombres y mujeres por igual ni estuvo distribuida uniformemente entre todos los grupos. Fueron los hombres entre 20 y 49 años los que engrosaron la lista de víctimas fatales (más del 55%), mientras que las mujeres suman poco menos del 20%, respectivamente.

La CVR también revela que en el caso de las mujeres y niños ellos aparecen como las víctimas fatales con mayor frecuencia en situaciones de violencia indiscriminada, como son las masacres o arrasamientos. Así, conforme aumentaba el tamaño del grupo de asesinados en un mismo operativo o incursión, también aumenta ligeramente la proporción de mujeres y niños menores de 15 años.

Estos son sólo algunos de los datos más saltantes que el informe arroja y que al parecer el grueso de la sociedad peruana parece haber olvidado. Han transcurrido cerca de 9 años desde la entrega del Informe Final de la CVR, y el Estado, los partidos políticos, la clase política parecen no haber hecho una revisión exhaustiva del mismo, una evaluación que les permita entender la complejidad y magnitud del conflicto, revisión que posibilite una real y cabal adopción de una política de reparaciones individuales y colectivas que en alguna medida ayuden a cerrar las heridas aún abiertas en los corazones de miles de peruanos víctimas directas o indirectas de esta barbarie fratricida.

Queda claro que la búsqueda y conocimiento de la verdad abre el camino hacia la reconciliación nacional, pero ella no será posible sino va acompañada de una clara y decidida voluntad política del Estado y de la sociedad por corregir aquello que, so pretexto de una transformación social a gran escala, fue utilizado por los movimientos subversivos para desatar su insana conducta. Son muchas las reformas e iniciativas que el Estado debe emprender para convertir al Perú en un país mucho más inclusivo, democrático y justo, muchas de esas reformas están contempladas en las recomendaciones hechas por la CVR, la pregunta es: ¿Cuántas de ellas han sido tomadas en cuenta por los gobiernos de turno?

Hoy en día, esta pregunta: ¿Cuántas recomendaciones han sido implementadas por los gobiernos? Cobra mayor vigencia. Ello es así, pues en los últimos comicios generales, fue el actual Presidente de la República, Ollanta Humala, el único candidato que respaldó, junto a su agrupación política, la totalidad de las conclusiones y recomendaciones planteadas en el Informe Final de la CVR. Yo me comprometo, señaló el entonces candidato, a implementar una política de reparaciones que materialice las recomendaciones del informe. Por eso, nos ha sorprendido a todos los que tenemos memoria, las declaraciones vertidas hace algunos días por el actual Primer Ministro, Óscar Valdez, cuando al referirse a los testimonios vertidos por las víctimas en las audiencias públicas organizadas por la CVR, señaló que en ellas había una dosis exagerada de “teatralización”.

Cuánta indignación ha generado esta alocución entre las víctimas del horror, y entre los que no lo somos, de cuánta desidia e indolencia puede ser capaz el ser humano, cuánta hipocresía revela esta frase, cuánta falta de memoria y conocimiento histórico revela en la persona del Primer Ministro esta intervención pública. Seguramente, y eso no debe sorprender, esta frase recibirá el apoyo y respaldo de quienes creen que las víctimas, los asesinados, torturados y desaparecidos no son sino el costo humano que toda lucha contra el terror genera. Seguramente, y ahora con el apoyo del Primer Ministro, saldrán a los medios los verdaderos cómplices de la impunidad a decir con el mayor desparpajo que en el Perú no se vulneraron los derechos humanos, que lo que ocurrió en el país fueron simples excesos de algunos militares, y que lo mejor para el país es enterrar el pasado junto a los más de 60 mil muertos, para evitar que las heridas abiertas por la violencia terrorista de Sendero Luminoso y avivadas por la respuesta criminal de algunos agentes del Estado sigan supurando.

Tenemos una vez más la oportunidad de volver tras nuestros pasos para poner en discusión los temas abordados en este documento histórico, tenemos la posibilidad de reencontrarnos con nuestra memoria colectiva, de recordar a aquellos que estuvieron y que hoy ya no están, pero sobre todo, tenemos, seguimos teniendo la oportunidad de volver a mirar como sociedad el rostro de un Perú aún adolescente, que lucha por alcanzar el desarrollo y el progreso y que olvida, muchas veces, en ese duro camino, al sin número de ciudadanos que aún reclaman justicia.

Tener presente aquello que como sociedad nos tocó vivir durante dos décadas, incorporarlo en nuestra memoria histórica para evitar que se vuelvan a repetir los hechos que enlutaron a la familia peruana, es una obligación moral y ética que todos deberíamos asumir. Porque creer en la defensa de los valores democráticos, en la justicia, en los derechos humanos, no nos convierte en izquierdistas, rojos o caviares. Dejemos de lado toda esa retahíla de estupideces con las que los medios de comunicación desinforman día a día. Creer en los derechos humanos no es sino reconocer la importancia de estas libertades fundamentales que forman parte de nuestra propia naturaleza. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones hechas en el Informe Final, lo que no podemos hacer es mentir y tergiversar lo dicho, difamar y ofender a los comisionados, descalificar a quien no piensa como uno. El compromiso nacional debe ser con la verdad, pues sin verdad no habrá jamás justicia, y sin justicia es imposible caminar hacia la reconciliación.