¿Qué está haciendo Alan García en el sur del país?

El gobierno ya está de salida. A pesar de ejercer funciones hasta el 28 de julio de este año, el presidente Alan García ha abandonado el rol de jefe de Estado que constitucionalmente le corresponde. Preocupado por elevar sus índices de popularidad, ocupa su tiempo en la inauguración de obras monumentales que puedan quedar grabadas en la memoria de los peruanos, en especial de los electores, de cara a la elección del año 2016. El presidente busca la popularidad y el aplauso a través del cemento. Inaugurar calles, pistas, plazas, monumentos, estadios, es la fórmula mágica que cree haber encontrado García para conquistar el corazón de los peruanos y su lugar en la historia. A Alan poco o nada le importa el Cristo del Pacífico, mucho menos la remodelación del Estadio Nacional o la reconstrucción del Hospital del Niño, a nuestro presidente de ego colosal y figura elefantiásica solo le importa fortalecer su figura frente a los adversarios del futuro próximo.

Mientras el Cristo de García recibía la bendición del amiguísimo de los presidentes, Cardenal Juan Luis Cipriani, mientras en el partido oficialista se esfuerzan por promocionar las grandes obras de concreto que este gobierno le deja como legado al Perú, la macroregión Sur se enciende como un polvorín, se convierte en un campo de batalla, en tierra de nadie en la cual el Estado no existe, las autoridades son de papel, la policía trata infructuosamente de controlar el orden público, la propiedad pública y privada es violentada por una masa enardecida que siente que durante todos estos últimos años el sillón de Pizarro fue ocupado por un señor que gobierna dándole la espalda al país y que defiende los intereses solo de un muy pequeño grupo. Por la razón o por la fuerza parece ser el lema de García cuando se trata de restaurar el orden o imponer una política. El gobierno, su clase política, pero en especial García y el Apra, otrora el partido del pueblo, parecen haberse convertido en los afanosos gestores de intereses de algunos pocos, y si para ello hay que tildar de “hortelano” a todo el Perú, eso se hace, sin el menor pudor y con el mayor voluntarismo, al fin y al cabo la plata llega sola y uno no puede darse el lujo de perder a los amigos poderosos, menos en el Perú, en donde al parecer todo se compra, se alquila o se vende.

Más de una decena de muertos y varios heridos es el saldo que la protesta social generada en Puno, Huancavelica y Huancayo dejó en esta última semana. Las razones de cada conflicto son diversas, varios son los motivos por los cuales la población decide salir a las calles para mostrar su indignación frente a lo que consideran un abuso, un atropello. Olvidados durante gran parte de nuestra historia por los gobiernos de turno, violentados en sus derechos, despojados de su condición de ciudadanos, recurren a la violencia para hacer sentir su voz, para hacerse escuchar, con el aval claro está, de los agitadores de siempre, que mas allá de sentir como suya la indignación de la población se esmeran por desestabilizar a quien este al frente de la conducción del Estado pues viven de eso, porque capitalizan el caos, lo convierten en bandera de lucha y adquieren un protagonismo social que en las urnas no se traduce jamás, pues el ciudadano promedio no cree en proyectos violentistas, pero tampoco en gobiernos de posición genuflexa frente a determinados intereses, grupos o personas.

En Huancayo, la Universidad Nacional del Centro era tomada por los estudiantes, este hecho ocurrió el 15 de mayo de este año, en demanda de mayor presupuesto para el comedor y la renuncia del rector de dicha casa de estudios al cual se lo acusa de malos manejos, de irregularidades en el ejercicio de sus funciones, de corrupción, entre otros muchos cuestionamientos. A eso se sumó la toma de la carretera durante la huelga, hecho que como todos sabemos ocasiona un enorme perjuicio económico y comercial para esta provincia. El gobierno sabía de la presencia de este conflicto, conocía las razones del descontento, sin embargo fue incapaz de tomar las acciones preventivas y correctivas necesarias para evitar que la sangre llegase al rió y el enfrentamiento en las calles. El resultado ya es conocido, una policía desbordada por los centenares de alumnos en pie de lucha, heridos, daños a la propiedad, y la profundización de las contradicciones entre el Estado y su sociedad. Al final de todo ello, y tras casi un mes de confrontación, la Asamblea Nacional de Rectores decidió intervenir dicha universidad, debido al desgobierno que allí se vive, nombró una comisión que se encargará de dirigir la institución por 180 días hasta que la calma vuelva a instalarse y se solucionen los problemas que detonaron el problema.

Y como para demostrar que la incapacidad no solo está en el ejecutivo sino también en otros poderes del Estado, nuestro Parlamento promulga una norma mediante la cual eleva el número de universidades a 104 con la creación de la Universidad de Tayacaja la cual no contaba con un estudio técnico que la avale, con presupuesto propio que haga posible el financiamiento de sus actividades y sobre todo, con el respaldo social de la población estudiantil. El Congreso decidió destinar parte del presupuesto de la Universidad Nacional de Huancavelica para hacer viable esta torpe idea. Este hecho fue el que generó la encendida protesta y manifestación de más de 5000 mil estudiantes que sienten que se estaba atentando contra los intereses de su universidad. Al final de la protesta el saldo fue de tres muertos y decenas de heridos, la población además de exigir la derogatoria de esta medida solicitaba la renuncia inmediata del presidente de la región Maciste Díaz Abad a quien se lo acusa de haber impulsado la creación de la universidad de Tayacaja y haber movido influencias en el Congreso para evitar que la ley se discuta de manera adecuada. Al parecer las denuncias parecen tener cierto grado de verosimilitud teniendo en cuenta que el proyecto de ley de creación de la mencionada universidad no fue discutido en la Comisión de Educación del Parlamento, se lo dispensó de dicho trámite y pasó de frente al pleno. Para coronar la tristemente célebre respuesta del gobierno, el Ejecutivo promulgó el Decreto de Urgencia 030-20011, que le asigna un presupuesto propio a la Universidad de Tayacaja, es decir, el gobierno no es capaz de fortalecer a las universidades públicas existentes, no es capaz de elevar su presupuesto, no es capaz de mejorar el funcionamiento de los comedores universitarios, la inversión en ciencia y tecnología, infraestructura, pero está presto a solventar medidas tan disparatadas como esta con el dinero de todos los peruanos. Y luego de esta actuación, el gobierno pretende que la población lo aplauda y guarde quietud y silencio frente a la arbitrariedad e indiferencia.

Superados, aunque quizá la palabra utilizada peca de optimista, el último sábado los diarios daban cuenta de la tragedia vivida en Juliaca. Mientras en Lima las autoridades confirmaban la cancelación del proyecto Santa Ana y se elaboraban los dispositivos legales que paralizaban las concesiones mineras en Puno, obligando al Estado a que en un futuro todo proyecto de extracción sea consultado a la población tal y como lo dispone el Convenio 169 de la OIT, miles de pobladores tomaban el aeropuerto de Juliaca entre el fuego desatado por las fuerzas del orden en resguardo de dichas instalaciones. Luego de las primeras horas de enfrentamiento se conocía de 6 muertos, algunos desaparecidos y una gran cantidad de heridos. Esta vez la protesta exigía que el Estado ponga en marcha un plan de recuperación del río Ramis, cuyas aguas están siendo afectadas por la contaminación provocada por la minería informal, la misma que pone en peligro el ecosistema del lago Titicaca pues el Ramis es uno de sus principales afluentes. Asimismo, de acuerdo a la propia información dada a conocer por el general Herbert Rosas Bejarano, se supo que la comisaría de Azángaro también fue atacada sufriendo la quemadura de sus instalaciones, y además señaló que un efectivo policial está en condición de desaparecido desde la mañana del viernes cuando se produjo la toma del aeropuerto.

Lo indignante de todo esto es saber que el gobierno tenía o debía tener conocimiento de todos estos conflictos sociales en actividad o latentes, tal y como lo demuestran los informes de la Defensoría del Pueblo. Al parecer, al gobierno hace ya algunas semanas dejó de interesarle la solución de los verdaderos problemas del país. El presidente Alan García en una clara muestra de egoísmo y deslealtad hacia el nuevo gobierno y hacia todos los peruanos pretende legarle a Ollanta Humala un país en el cual el conflicto social y la protesta en el sur son capaces de llegar a niveles insospechados desatando la furia de una población enardecida que se lanza contra todo aquello que represente a la autoridad estatal. No me cabe la menor duda sobre la presencia de personas infiltradas, violentistas que se camuflan entre la multitud civil para hacer fechorías y cometer delitos con la impunidad que te da la turba llamando protesta y reivindicación social a aquello que es vandalismo y crimen puro. Sin embargo, el Estado debe tener la suficiente capacidad para dar respuesta a esta problemática, identificar a estos subversivos, a estos delincuentes que pretenden ganar a río revuelto. El Estado debe tener la inteligencia y sensatez de anticipar las acciones de estos criminales, ya que de no ser así las localidades, calles y plazas, caerán presas del pánico, la violencia y el miedo. El presidente debe saber, o recordar que su principal misión es asegurar el orden, la tranquilidad, la paz y el progreso. Alan García debe entender que ese Cristo que acaba de inaugurar no le devolverá la vida a los peruanos que mueren en este tipo de confrontaciones sociales, por más que él y Cipriani le recen con todas sus fuerzas.