Libertad de expresión y democracia: a propósito de la condena por difamación emitida en contra del periodista José Alejandro Godoy

La libertad de expresión es uno de los derechos, sino el derecho, más importante en las democracias occidentales contemporáneas. Su reconocimiento, promoción y defensa durante los últimos años han motivado numerosas batallas en el campo jurídico y político a nivel mundial. En nuestro país, como en Latinoamérica, la relación entre el ejercicio de este derecho y otros como el honor, la buena reputación, la vida privada o la intimidad han generado y siguen generando una encendida polémica. Numerosos han sido los intentos, algunos de buena fe y otros no tanto, los que se han hecho con la finalidad de corregir los supuestos excesos en los cuales los ciudadanos, y en especial los medios de comunicación masiva incurren al momento de hacer ejercicio de este atributo.


Ahora bien, más allá de los excesos en los que se pueda incurrir en el ejercicio de este derecho y la afectación que con dicho proceder se pueda hacer a derechos de otros ciudadanos como los antes mencionados, la problemática en torno al ejercicio de este derecho se acrecienta cuando desde el gobierno se pretende restringir dicha libertad con el único ánimo de acallar las voces que de una manera crítica y confrontacional se oponen a la visión oficial que desde las más altas esferas del poder pretende ser impuesta a los ciudadanos en torno a temas como el quehacer político, la lucha contra la corrupción, el manejo de los fondos públicos, entre otros.


Esta situación es preocupante, sobre todo en un país como el Perú y un continente como el latinoamericano en los cuales la debilidad de las instituciones democráticas, la fragilidad del sistema político, la escasa cultura democrática de gobernantes y gobernados han generado, casi de manera cíclica diría yo, el surgimiento de gobiernos totalitarios o democracias plebiscitarias que no tienen mayores escrúpulos al momento de violentar las libertades informativas y otros derechos y libertades civiles.


Ante dicho panorama, ante la necesidad que tiene el ciudadano de estar informado en torno a los temas de interés público vinculados al manejo del Estado, al comportamiento de los funcionarios y servidores públicos, al obrar cotidiano de las autoridades locales, regionales y provinciales, entre otras materias, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información cobra una relevancia fundamental de cara a la consolidación del sistema democrático, poniendo al descubierto las posibles irregularidades, atropellos o arbitrariedades que desde el poder se cometan en perjuicio del derecho de los ciudadanos.


Queda claro entonces que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, ya sea por parte de los ciudadanos como de los medios de comunicación masiva, cumple una labor decisiva al interior de la sociedad contemporánea. Todo ello ya que el ejercicio pleno de este derecho, las denuncias, críticas y cuestionamientos que desde la sociedad civil se hagan al poder o al gobierno contribuyen de manera decisiva con el fortalecimiento del sistema democrático.


Decimos todo ello ya que en los últimos tiempos tanto en nuestro país como Venezuela, Argentina o Cuba, entre otros países de la región, se vienen suscitando una serie de hechos que ponen en serio peligro el ejercicio de este derecho por parte de los ciudadanos de a pie, y de medios de comunicación como diarios, revistas o canales de televisión. Basta con recordar lo ocurrido en 2008 en Venezuela con el cierre de Radio Caracas Televisión, medio de comunicación crítico al gobierno del presidente Hugo Chávez, al cual luego de una serie de argucias legales el gobierno de ese país logró sacarlo del aire, como muestra evidente del precio que deben de pagar aquellos periodistas y medios que se atreven a criticar y denunciar las irregularidades del gobierno chavista.


Situación similar se presenta en Argentina en donde el gobierno de los Kirchner mantiene una relación de confrontación permanente con los diarios opositores a su régimen como “Clarín”, “La Nación” y “La Razón”. Prueba de ello fue lo ocurrido en setiembre de 2009, fecha en la cual doscientos inspectores tributarios rodearon el diario “Clarín” sin razón alguna que justifique dicho operativo. Tanto Clarín como otros medios argentinos y extranjeros informarían que la inusual operación fue ordenada por el gobierno, en represalia a una denuncia hecha por el diario en torno al llamativo incremento patrimonial de la pareja presidencial durante los últimos años. Por si fuera poco, hace algunas semanas, y como una prueba más que corrobora la preocupación existente por la libertad de expresión en Argentina, el gobierno acusó a estos diarios de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la época de la dictadura entre los años 1976 y 1983. Una acusación que dada las heridas aún abiertas que este proceso dejó en este país es casi una sentencia condenatoria.


Pero la persecución no se da únicamente sobre los grandes medios de comunicación, el poder político también suele enfilar toda su artillería frente a ciudadanos de a pie o periodistas que ejercen dicha labor de manera personal, los cuales mediante el uso de los medios que la tecnología actual ofrece se atreven a criticar a los gobiernos de sus respectivos países, mediante denuncias de actos ilegales y de corrupción cometidos por operadores del gobierno desde adentro del aparato estatal. Ese es el caso de la periodista cubana Yoani Sánchez, conocida a nivel mundial por su labor de crítica y de denuncia que hace en torno a los atropellos cometidos por el gobierno de los Castro en la isla desde su blog personal “Generación Y”, vía internet.


A estos hechos, sin lugar a dudas preocupantes, y muy a pesar nuestro, debemos agregar lo ocurrido hace algunos días en nuestro país con el abogado y periodista José Alejandro Godoy, editor del blog “Desde el Tercer Piso”, quien mediante un fallo sin precedentes en la historia del periodismo nacional, fue condenado por el 33º Juzgado Penal de Lima para Reos Libres, a tres años de prisión suspendida y al pago de 300 mil soles por haber supuestamente difamado al congresista Jorge Mufarech. El pecado de Godoy fue recordar en su blog las numerosas denuncias que se habían formulado en contra del mencionado congresista durante los últimos años, así como también la campaña de difamación y persecución desatada por este contra el periodista y ex ministro Fernando Rospigliosi.


La jueza Flor de María La Rosa, sin mayor argumento que el uso de frases hechas, oraciones difusas, precisiones circulares construye una sentencia impresentable hasta para el más lego estudiante de Derecho. Basta con tener una capacidad de compresión lectora medianamente desarrollada para darnos cuenta que la sentencia en mención no supera el estándar mínimo de racionalidad humana. La sentencia está tan mal fundamentada que me cuesta muchísimos trabajo creer que algún magistrado de nuestro Poder Judicial, por muy despistado que este fuera y por muy escasa formación académica que este haya recibido, sea capaz de elaborar un fallo tan descabellado (quisiera utilizar otro adjetivo pero por respeto a los lectores me limito a la palabra descabellado).


Pero como es de suponer, tanto yo como otros amigos y periodistas tratando de encontrar razones para tan delirante e hilarante proceder por parte de la magistrada decidimos indagar por la hoja de vida de la misma, ¿Quién es esta señora que se empeña en llevarse el premio a la autora de la mayor aberración jurídica en el Perú durante el 2010? Así, gracias a una información filtrada primero vía Twitter, y luego corroborada en el portal Infogob del Jurado Nacional de Elecciones, se pudo saber que la magistrada es militante activa del Partido Aprista Peruano, del partido de gobierno, hecho que torna mucho más polémica la decisión y acrecienta los cuestionamientos en torno al proceder de esta jueza. Digo ello, porque de acuerdo a la normativa legal vigente, los jueces de la república no pueden ser militantes activos de ningún partido político, dicha situación se encuentra descrita como una falta grave en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ello es así ya que pone en peligro la observancia del principio de imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. En todo caso, prefiero pecar de ingenuo, creer que la mediocridad del fallo obedece al escaso conocimiento y paupérrima formación recibida por la jueza, que a una suerte de consigna venida desde el poder, a partir de la cual la condena a José Alejandro Godoy es consecuencia de la labor crítica y de constante denuncia que este periodista ha venido haciendo en torno al proceder de funcionarios, políticos y servidores públicos afines a este gobierno. De confirmarse esta segunda hipótesis, y esperemos que eso no sea así, este fallo nos retrotraería a tiempos pasados en los cuales desde el gobierno, desde palacio de gobierno, o desde el Servicio de Inteligencia Nacional se digitaba la labor de los jueces con el único ánimo de acabar con los opositores al régimen.


Finalmente, no quiero terminar sin antes aprovechar la oportunidad para reconocer la labor y solidarizarme con la persona de José Alejandro Godoy, colega y amigo personal, quien como ya he apuntado líneas arriba, ha sido condenado por el delito de difamación, mediante un fallo que siendo abiertamente inconstitucional, no solo vulnera el derecho a la libertad de expresión de Godoy sino también pone en entredicho y marca un pésimo precedente para el ejercicio de la libertad de prensa en el país. Esperemos que en poco tiempo, el tribunal encargado de revisar tamaña aberración jurídica rectifique y apueste de manera decidida por la defensa de la libertad y no ceda a presiones de ningún tipo.