martes, 23 de noviembre de 2010

Barómetro de las Américas de 2010


Hace algún tiempo venimos escuchando una y otra vez que nuestro país es un ejemplo de crecimiento y bonanza económica en nuestra región y en el mundo. Como es sabido, nuestro país, fue uno de los pocos países, contados con los dedos de las manos diría yo, que durante los momentos más difíciles de la crisis económica mundial del año pasado obtuvo cifras en azul y mantuvo índices de crecimiento económico aceptables.

Año a año, aprovechando la organización y el evento de la CADE, nuestros empresarios y líderes políticos se esfuerzan en convencer a la ciudadanía de que al Perú no lo para nadie, que basta con mantener el ritmo de crecimiento de los últimos 15 años para que en pocos años dejemos de ser un país subdesarrollado e ingresemos a las grandes ligas a nivel mundial. Dicho de otro modo, algún sector de nuestra clase política, de los grupos de poder económico, financiero y mediático, asumen la tesis bajo la cual el crecimiento económico es condición suficiente para dar solución a todos los problemas de la patria.


Toda esta prédica ha sido durante mucho tiempo entendida como una verdad incontestable contra la cual nadie en su sano juicio puede levantar algún velo de duda, crítica o simplemente atreverse a cuestionar la infalibilidad de la tesis. Para el presidente Alan García, en sus tristemente famosos artículos titulados “El perro del hortelano” (parte1, 2 y 3) el Perú está transitando por la senda correcta, el Perú es una especie de crucero imparable. Para García, dos gobiernos siguientes, que aseguren disciplina en lo económico y fiscal, son condición suficiente para alcanzar niveles de desarrollo solo vistos en países del primer mundo.


Pero como la palabra de García siempre tiene que ser tomada con reservas, no sólo por la experiencia que le hizo vivir al país durante su primer gobierno, sino también por su afán populista de lanzar propuestas electorales que jamás cumplirá, o su conocida manera de descalificar a todo aquel que se atreva a presentar una lectura de la realidad diferente a la suya o a la de sus corifeos, maquillando cifras, fabricando encuestas o simplemente apelando al típico truco de lanzar medias verdades o afirmaciones de difícil comprobación por la mayor parte de los ciudadanos creo, necesario en esta oportunidad hacer algunos apuntes en torno a los resultados obtenidos por nuestro país en el último Barómetro de las Américas 2010, este trabajo es una suerte de informe en el cual se evalúan diversos temas vinculados al fortalecimiento del sistema democrático, el respeto por la legalidad, el apoyo que desde la sociedad civil recibe el sistema político, la lucha contra la corrupción o el avance de la delincuencia en la región. A continuación algunos datos y reflexiones que demuestran algo que muy pocos nos hemos atrevido a afirmar en nuestro país, bajo el riesgo de ser llamados antisistema, pesimista u hortelanos para usar palabras palaciegas: Crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo.


Para nadie es un misterio que el Perú durante los últimos años se ha convertido, gracias a los asesinatos, atracos, violaciones, robos, que a diario, e inclusive, a plena luz del día se registran, en uno de los países con la mayor tasa de inseguridad y criminalidad de la región. El presente informe viene a constatar esta hipótesis, y no sólo ello, de acuerdo a las cifras del estudio, el Perú ocupa el primer lugar en la percepción de inseguridad ciudadana entre 25 países del continente. Siendo ello así la pregunta salta a la vista ¿Qué ha hecho el gobierno actual durante los casi 5 años de gestión para frenar el aumento de la delincuencia? Además de nombrar a ministros del interior uno más inepto que el anterior. Además de tener que salir al frente con cada escándalo de corrupción registrado en las compras públicas. ¿Qué hizo el gobierno del presidente García en este rubro? Nada. Absolutamente nada.


Con relación al primer estudio, y claro está, como consecuencia lógica del mismo, nuestro país vuelve a destacar entre los países que registran los índices más altos de victimización por la delincuencia (es decir de personas que han confesado haber sido víctimas de actos delincuenciales). Según ese informe, basta con leer la escalofriante cifra bajo la cual se señala que el 21.7% declaró haber sido víctima de la criminalidad en su propia casa, el clima de inseguridad es alarmante. Qué curioso no, mientras la ex ministra Mercedes Cabanillas recibía una condecoración de manos del mismísimo Director General de la Policía, a razón de no sabemos qué, porque luego de los luctuosos sucesos de Bagua en los cuales ella resultó ser la principal responsable política siendo la titular del sector lo último que merecía era una condecoración, un buen número de peruanos caía en manos de la delincuencia, de criminales que lejos de encontrar en las políticas de gobierno un verdadero freno a su accionar delictivo, se dan el lujo de ingresar a los hogares de los ciudadanos arrebatándoles sus propiedades, e incluso, la vida misma.



También se señala en el informe que los altos índices de inseguridad y las altas tasas de criminalidad son el terreno fértil para el desarrollo de una prédica autoritaria que está dispuesta a canjear orden y tranquilidad a cambio del respeto por los valores de la democracia y de las reglas del Estado de Derecho. El informe señala que en el Perú la sociedad presenta poco compromiso con los valores democráticos, hecho a partir del cual, los continuos golpes militares vividos en nuestro país no han recibido el rechazo que esos mismos actos recibirían en países con instituciones democráticas más consolidadas. Basta con recordar que hace 18 años, luego del golpe del 5 de abril de 1992 perpetrado por el dictador Alberto Fujimori, una encuesta publicada en días posteriores a dicho suceso, señaló que más del 70% de los peruanos apoyaba dicha medida de fuerza. Así, en este rubro, nuestro país ocupa el cuarto lugar entre 25 estados de la región, superado solo por Belice, México y Guatemala.


Teniendo en cuenta el dato anterior, no parece raro que nuestro país ocupe el último lugar en cuanto al apoyo que la ciudadanía le brinda a la democracia como sistema político institucionalizado. En los términos del informe, es la sensación de peligro, de inseguridad la que aparece como justificación para la ruptura del orden constitucional. Es por ello que resulta una consecuencia lógica que se desprende de lo dicho anteriormente el hecho que más de la mitad de la población esté dispuesta a justificar un golpe de estado en los términos antes descritos. Siendo ello así, una vez más cabe hacernos una pregunta ¿Dónde quedaron las reformas que el partido de gobierno prometió hacer en cuanto al sistema político? ¿Dónde quedaron las iniciativas que se pretendían impulsar conjuntamente con la sociedad civil organizada con el fin de fortalecer las instituciones democráticas? ¿Qué ha hecho el gobierno en este terreno? Nada. Absolutamente nada.


En esa misma línea, los índices de desasosiego e incertidumbre ocasionados por la ola delincuencial que azota las principales ciudades de nuestro país, hacen que los peruanos estén dispuestos a pasar por alto la violación de derechos humanos si ello trae consigo un descenso en la criminalidad. Dicho de otro modo, los peruanos creen que la lucha contra la criminalidad puede justificar la comisión de delitos y crímenes cometidos por los propios agentes de Estado. Este dato, creo yo resulta ser particularmente preocupante si se tiene en cuenta las numerosas violaciones de los derechos humanos perpetrados contra población civil durante los años de la violencia política vivida en nuestro país durante la década de los ochenta y parte de los noventa, tal y como ha sido señalado en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.



Como dato final, pero no por ello menos importante, el informe señala que en cuanto a la percepción que se tiene en torno a la corrupción generalizada entre los funcionarios públicos, nuestro país ocupa el tercer lugar, solo siendo superado por Trinidad y Tobago y Jamaica. En cifras del informe, un tercio de la población en el Perú afirma haber sido víctima de al menos un acto de corrupción y dos de cada diez afirman haber sido víctimas tres o más veces. A pesar de ello, de esta percepción generalizada, aun seguimos siendo laxos al momento de criticar y fiscalizar a los funcionarios que gestionan recursos públicos, sino cómo explicar casos como el de los Petroaudios, Comunicore, la sobrevaloración de pertrechos militares y otros entuertos. ¿Qué ha hecho este gobierno en cuanto a la lucha contra la corrupción? Además de condecorar con la Orden de Sol al alcalde de Lima, Luis Castañeda, sin haber querido investigar en lo más mínimo las severas denuncias de corrupción hechas en su contra. Nada, absolutamente nada.


Finalmente, a manera de conclusión, es preciso señalar que son los problemas vinculados a la inseguridad, la criminalidad, la violencia y la corrupción, los que ocasionan un resquebrajamiento de las instituciones y un empobrecimiento de la cultura democrática en nuestro país. Ello es sumamente preocupante, ya que en aquellos lugares en los cuales la ilegalidad, la arbitrariedad en el uso de la fuerza pública, la flexibilidad moral al momento de enjuiciar y criticar los actos de corrupción se vuelven conductas aceptadas socialmente, las posibilidades de alcanzar auténticos niveles de desarrollo son una utopía.


Este informe nos debe servir para abrir los ojos, este informe viene a echar por tierra toda la sarta de mentiras que a lo largo de los años se nos ha venido queriendo presentar como dogmas de fe o verdades apodícticas. En el Perú estamos muy lejos de ser un país en desarrollo, un país en el cual se respetan las reglas de juego del orden jurídico, un país en el cual no se conculcan de manera arbitraria las libertades, un país en el cual la tolerancia y el pluralismo son los pilares del sistema democrático institucionalizado. Este informe nos devuelve a la realidad, este informe, que seguro no recibirá la difusión necesaria, pone en evidencia que no basta con las cifras en azul para alcanzar el desarrollo, que la disciplina fiscal y los éxitos económicos resultan insuficientes sino van acompañados de una reforma del sistema político inteligente que fortaleza a las instituciones democráticas y de una cultura política en la cual la honestidad y la decencia sean condición exigible a todo hombre que aspira a conducir los destinos de la patria.


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