Diversidad y diálogo democrático: el problema en la Amazonía peruana

El 9 de agosto los nativos de la Amazonía iniciaron su protesta en rechazo de los decretos legislativos 1015 y 1070, promulgados por el Gobierno, porque consideraban que estos facilitaban la venta de sus tierras a las empresas privadas, toda vez que en ellos se estipulaba que los grupos étnicos decidirían con la mitad más uno de los votos el destino final de sus tierras.

Como muestra de su rechazo y medida de fuerza, los indígenas bloquearon las carreteras, tomaron instalaciones petroleras y gasíferas, amenazando al Gobierno con cortar el suministro energético del país, en caso sus reclamos y demandas no fueran atendidos. Ante dicho panorama, el Gobierno declaró el Estado de Emergencia por 30 días en cuatro puntos de la selva como respuesta a la problemática social que parecía no tener solución inmediata hasta ese momento

Sin embargo, y atendiendo el clamor de diversos sectores de la sociedad civil que mostraban su disconformidad con la manera como el Gobierno había procedido en este tema, materializada en la dación de los mencionados decretos, el Congreso de la República aceptó debatir la derogatoria de los decretos cuestionados. Fue así como el 22 de agosto el partido de Gobierno sufrió su primer revés considerable en las votaciones parlamentarias a lo largo de estos últimos años, luego de que el Pleno del Congreso aprobara la derogatoria del Decreto Legislativo 1015- mal llamado Ley de la Selva_ y de su modificatoria, el Decreto Legislativo 1073. Asimismo, el Congreso restituyó los artículos 10º y 11º de la Ley 26505- promulgada en julio de 1995-, referidos a la regularización del derecho de propiedad en las comunidades campesinas de la costa y al requisito de que cualquier acto sobre las tierras comunales de la sierra y de la selva requerirían el voto aprobatorio de no menos de los dos tercios de la comunidad.

El argumento más importante esbozado por la oposición y por casi toda la comunidad jurídica académica del país (salvo los funcionarios y asesores del Gobierno y el Ministerio de Justicia) es que los decretos legislativos 1015 y 1073 incumplen con los dispuesto por el Convenio 169 de la OIT, en el cual se estipula la obligación que tiene el Estado de consultar con los pueblos indígenas cualquier toma de decisión que afecten sus derechos o situación jurídica presente, y por tanto, al no haberse cumplido con dicho requisito estos decretos devienen en inconstitucionales por la forma, al haberse configurado un vicio en el procedimiento a partir del cual se incorporaron a nuestro ordenamiento jurídico, además de no haber quedado claro el hecho de si decretos de esta naturaleza que regulan este tipo de materias podían ser promulgados atendiendo a las especificaciones que el Congreso había señalado en la Ley Autoritativa mediante la cual delegaba al Gobierno la labor de promulgar la normatividad necesaria para la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Pero más allá de la polémica jurídica que trajo consigo este tema, es importante creo yo hacer un análisis y ensayar respuestas en torno al porqué se generan este tipo de problemas sociales y culturales en nuestro país, a la manera cómo el gobierno enfrenta los conflictos sociales y a la visión que los peruanos tenemos en torno al concepto de desarrollo, no sin antes dejar en claro que por debajo del Estado y del orden jurídico existe una realidad política y social que lo condiciona en todo momento, con lo cual el orden legal no es más que cristalización normativa de una serie de procesos de vida colectiva y que por tanto, es necesario hacer un diagnóstico de lo que a nivel del discurso social y político ocurre, para comprender luego el porqué de la dación y contenido de tal o cual norma legal, como ocurre en este caso.

Así, como primer apunte, podemos señalar que de acuerdo a lo que todos los peruanos hemos apreciados en los medios de comunicación durante los últimos días, todos fuimos testigos de una discusión en la cual los actores de la misma- pobladores nativos e indígenas y el Gobierno- presentan intereses contrapuestos y parecen no encontrar puntos de coincidencia que les permitan construir soluciones consensuadas. En ese sentido, resulta necesario preguntarnos ¿Por qué parece casi imposible establecer el diálogo efectivo entre las partes en conflicto? ¿Por qué parece que las partes no pueden ponerse de acuerdo ni siquiera en torno al contenido de determinados conceptos, lo cual convierte a toda conversación entre las mismas en un diálogo de sordos? En las líneas siguientes trataré de ensayar algunas respuestas valiéndome de opiniones recogidas de diarios y medios de comunicación señaladas por profesionales expertos en la materia amazónica e indígena.

Creo que un error fundacional del Estado y de nosotros como sociedad es considerar a las comunidades indígenas y al nativo como a cualquier grupo social e individuo que necesita del apoyo del Gobierno para mejorar sus condiciones de vida, desconociendo las enormes diferencias sociales y culturales que las diferencian e individualizan del conjunto de grupos vulnerables presentes en nuestro país. En tal sentido, debemos de partir señalando que los nativos de nuestra Amazonía tienen una manera distinta de relacionarse con la tierra y la propiedad, que nosotros y los funcionarios del Gobierno no podemos entender.

Los nativos y pobladores de la Amazonía constituyen grupos de personas con una cultura diferente a la nuestra, con una manera de vivir y de ver el mundo diametralmente opuesta a la occidental en muchos sentidos. Sin embargo, y aun cuando la mayoría de personas de nuestra sociedad reivindicamos el derecho a la igualdad para todos los peruanos, todavía nos cuesta asumir y entender que existen ciertos matices que nos diferencian y con ello nos cuesta respetar y tolerar las diversas visiones que sobre la vida y la manera de relacionarse con la naturaleza tienen otros peruanos, es decir, nos cuesta admitir o vivir en la diversidad.

Así por ejemplo, la sociedad y en especial el Gobierno en este caso, no ha tomado en cuenta que en el caso de los nativos, su identidad, la manera como ellos se reconocen como personas, y se auto representan está íntimamente vinculado con la tierra, con el espacio territorial que ellos habitan y ocupan hace siglos. A partir de ello, no resulta exagerado decir que ellos no pueden concebir su identidad sin referencia a este territorio ancestral, ello corresponde pues a una cosmovisión distinta a la nuestra, ellos incluyen en su identidad dicho vínculo a diferencia de nosotros que tenemos identidades desenraizadas. Dicha diferencia grafica pues la yuxtaposición existente entre la visión individualista y comunitarista de relacionarse al interior de una sociedad, y es justamente esa mentalidad comunitarista la que hace que ellos vean a la tierra no solamente con un patrimonio o un bien de naturaleza económica, sino como un bien simbólico, que forma parte de su yo interno, de su alma y espíritu individual y colectivo. Entonces, cualquier alteración que se haga o ellos crean que se haga de su territorio no solamente implica una alteración de su derecho de propiedad sino del conjunto de derechos que giran en torno a su identidad. Con lo cual resulta más que entendible que los pobladores de esa región de nuestro país no compartan el concepto que nosotros o el gobierno tiene en torno a diversos temas como desarrollo, crecimiento, propiedad, y ello porque tal y como hemos explicado anteriormente, la manera que las comunidades tienen de concebir el mundo y la naturaleza es distinta a la visión individualista y desenraizada que comparte el resto de la sociedad.

Pero a pesar de ello, de este tipo de reflexiones que sobre el caso particular han hecho diferentes sectores de la sociedad, expertos en la materia y académicos de primer nivel, es penoso leer o escuchar declaraciones de los representantes del Gobierno, en las cuales se tilda de ignorantes, obstruccionistas o promotores de la pobreza a todo aquel que se opone a la iniciativa del Gobierno de modificar las reglas de juego en la toma de decisión sobre el destino final de las tierras comunales, todo ello con la finalidad de favorecer la inversión en esos territorios, bajo ese esquema mental, pareciera que el único concepto de desarrollo que tiene validez en nuestro país y la única fórmula de progresar es la que proclama nuestro presidente en cada evento en el cual comparte abrazos y sonrisas con los representantes del sector empresarial o con sus amigos de la CONFIEP, ello es aún mas triste en un país en el cual la pluralidad cultural, racial, étnica es la regla y no la excepción, y es triste porque actitudes de este tipo no hacen sino confirmar las ideas de algunos que hemos visto o comenzado a ver como las sombras de la intolerancia y el autoritarismo asoman en los pasillos de Palacio de Gobierno, con un Ejecutivo que juega a ser ciego sordo y mudo cuando le conviene y con un Presidente de la República que no escucha otra voz sino la que proviene, como diría Freud, de su ello, de su yo y de su súper yo.

Ante ello, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué actitud y qué medidas debería de adoptar el Gobierno?. En primer lugar creo que el Gobierno debería de recordar o tener presente que una de las principales funciones de todo Estado es la dirección de la sociedad, la cual asegure la unidad del tejido social, y que para ello debe de formular políticas claras que contribuyan al desarrollo y a la obtención del bien de toda la comunidad política. En tal sentido, se hace necesaria la presencia de actores políticos que tengan la capacidad de ofrecer a los ciudadanos y en este caso a los nativos de la Amazonía motivos y razones eficaces para asumir como suyas la intenciones del Gobierno de flexibilizar la manera de tomar acuerdos sobre el destino y utilidad de las tierras comunales, y ello porque en una democracia el poder no reside en quien dispone de armas o de la fuerza para imponer ideas o planteamientos sino en el estadista que es capaz de orientar a la opinión pública y procura crear un ambiente favorable para la adopción pacífica y consensual de sus políticas de Gobierno.

Queda claro entonces, que en un sociedad democrática la política de la imposición y del poder del más fuerte no tienen cabida, más cuando la sociedad a la cual se le pretende imponer esta nueva forma de hacer y entender la política es tan compleja como la nuestra, es cierto que la ley del menor esfuerzo, del lema o por la razón o por la fuerza, es bastante cautivante para algunos espíritus escasos de valores y principios democráticos, sin embargo, nuestro país, lleno de diferencias de toda índole, requieren por parte del Gobierno un esfuerzo por buscar el diálogo y la concertación con diversos sectores, requieren de gestos que hagan de este un Gobierno promotor del pluralismo y la tolerancia, quizá los resultados que se obtengan no sean inmediatos pero seguramente gozarán de una legitimidad social y política mucho mayor, ya que a diferencia de lo que piensa el Presidente o el Primer Ministro en este caso puntual, existimos algunas personas en este país que no encontramos ninguna contradicción entre el desarrollo y el respeto por la gran diversidad cultural que enriquece nuestra nación, en todo caso dicha relación lo único que hace es colocarnos mayores desafíos y exige por parte del Gobierno una dosis de mayor creatividad y conocimiento en la implementación de sus políticas públicas, la misma que estuvo ausente al momento de promulgar los decretos materia de discusión, ya que no creo que los indígenas se opongan al desarrollo, sino mas bien exigen que ese desarrollo tenga en cuenta sus leyes de vida y sus derechos comunales y nativos.

Rafael Rodríguez Campos