Recordando las mentiras detrás del golpe de 5 abril de 1992

Hace algunos meses decidí revisar en el archivo de la universidad Católica los diarios de la última semana de marzo de 1992, la semana anterior al golpe de estado pensado, gestado, promovido y defendido por Alberto Fujimori luego que el 5 de abril de ese año, el ex dictador apareciera en la pantalla de 16 pulgadas del televisor marca SONY que teníamos en casa, el único por cierto, pronunciando con su castellano mascado, aquella frase tristemente célebre que comenzaba con “disolver” el Parlamento, el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, y toda aquella institución que encontrase a su paso.

Debo confesar ante ustedes que quedé estupefacto luego de leer y releer todas y cada una de las páginas de la sección política de tres de los más importantes periódicos de esa época: La República, Expreso y El Comercio. En todas ellas el Gobierno en la cabeza de Fujimori, lanzaba feroces denuestos contra todas las instituciones de nuestro sistema democrático, el Poder Judicial era corrupto, lento y caduco, el parlamento y los grupos que lo conformaban no habían hecho otra cosa que convertir a la democracia peruana en una partidocracia vieja e inoperante que no remediaba los problemas del país, los partidos y otros movimientos sociales eran un obstáculo para el desarrollo y la modernización del país, dadas esas circunstancias, la única salida en el imaginario del ex dictador era la ruptura del orden constitucional de nuestro país, la asunción y concentración de todos los poderes en su persona, la misma que le permitiría avanzar con la construcción de un nuevo Perú moderno, fuerte, eficiente y ajeno a todo acto de corrupción, virtudes que para aquellos defensores de esta medida no eran posibles de ser alcanzadas mediante los mecanismos e instituciones que nuestra democracia consagraba en nuestra Constitución.

Es así como después de hacer algunas anotaciones, puedo señalar que muchos de los mitos que se han tejido en torno a la insuficiencia de la democracia como forma de gobierno, fueron vil y torpemente expuestos y defendidos por aquellos áulicos del dictador que en su vida habían tenido entre sus manos libro alguno de teoría política y por ello apelaban a la entendible inconformidad e irracionalidad de un pueblo que atravesaba la peor crisis económica de su historia para justificar de manera plebiscitaria, con su más de 85 por ciento de aprobación, la opción autoritaria, frente a la propuesta de los sectores democráticos, los mismos que trataban de salvar a instituciones democráticas que no cumplían ni siquiera los 15 años de vigencia desde la entrada en vigencia de la Constitución Democrática de 1979, ya las cuales el ex dictador tildaba de poco consolidadas.

Pues bien, luego de hacer esta suerte de recuento de los principales elementos del discurso golpista de ese entonces, trataré de explicar todos y cada uno de ellos en su real dimensión, desnudando sus inconsistencias, demostrando así que las formas e instituciones democráticas son siempre infinitamente mejores, comparativamente hablando, a las utilizadas por los dictadorzuelos de turno, que han pisado estas tierras, todo ello con la única intención de contribuir con el despertar de un sentimiento democrático y espíritu constitucional, los mismos que han permanecido dormidos en las mentes y corazones de nuestros ciudadanos, a fin de que nunca más se nos engañe con tamaños disparates.

Antes de ingresar al análisis de todos y cada uno de estos mitos, que saben más a mitos populares, populares entre comillas ya que muchos de estos fueron enarbolados por el sector y clase dirigente de nuestro país en aquellos aciagos años, debo decir que estos forman parte de una suerte de mitología de cuño autoritario muy arraigada en nuestro país, la cual se dedica a cuestionar el auténtico significado de la democracia constitucional como sistema político. El primer mito proviene de las insatisfechas aspiraciones económicas y del postergado deseo de nuestra gente de acceder a una vida más digna y justa. Este mito se recrea con la siguiente frase, cuya autoría le es atribuida al General Odría: “La democracia no se come”. El segundo mito del cual se valieron los golpistas para justificarse frente a la ciudadanía se vincula con cierto sector de corte militar autoritario propio de nuestra tradición latinoamericano, el cual consiste en suponer que la democracia en un régimen incapaz de defenderse de sus enemigos violentistas, elemento que fue explotado con vigor por Fujimori dada la coyuntura de ese entonces, con un país que libraba una lucha sin cuartel frente al movimiento terrorista Sendero Luminoso, este mito se resume con otra frase “La democracia es débil”. Y hay un tercer mito, vinculada a la moralidad de la gestión de pública, que la asocia con actos de rapiña, desfalco y robo. Este último mito, tiene también su propia exclamación: “La democracia es corrupta”. Pues bien, empecemos a examinar cada una de estas frases con las cuales tendrá que enfrentarse cualquier persona que trate de defender de manera principista e integral al orden democrático constitucional.

“La democracia no se come”

Esta es, sin lugar a duda, una de las pocas afirmaciones acuñadas en el Perú sobre la democracia que resulta ser efectivamente cierta. Efectivamente: la democracia no se come. Como tampoco se come el autoritarismo. La democracia al igual que cualquier forma de gobierno o sistema de gobierno no constituye un alimento que se pueda ingerir, tampoco es una suerte de garantía de abundancia y pujanza económica o de aumento de la productividad o el consumo. Esta engañosa aseveración esconde tras bambalinas una peligrosa confusión producto del desconocimiento y la falta de manejo conceptual en torno a los términos en juego en esta relación. En ese sentido es necesario distinguir con claridad entre el sistema de gobierno (democracia en su acepción política) y el programa de gobierno. Esta distinción resulta ser fundamental, ya que la mejora económica de una sociedad no depende necesaria y exclusivamente de la forma de gobierno instaurada en una sociedad sin más bien y sobre todo de un buen programa de gobierno y de las políticas económicas que el mismo gobierne elabore y proponga al país. Hay sin embrago, una enorme y evidente ventaja en una sociedad democrática frente al proyecto autoritario, ya que si la mejora económica depende de un buen manejo económica y de funcionarios que se manejen con responsabilidad y solvencia, evidentemente nada resulta mejor para asegurar las bondades de este programa de gobierno que la participación de la ciudadanía en la deliberación de los asuntos públicos a través de los canales y procedimientos que la democracia representativa y el marco constitucional le proporcionan a la ciudadanía ya sea a través del parlamento o de los partidos políticos. Y ello es así, ya que esta deliberación de los asuntos públicos exige por parte de todos los participantes en el discurso y en la dialéctica política la necesaria sustentación de las condiciones (supuestos), instrumentos (medidas económicas) límites (financieros) y posibilidades (metas económicas) del programa. Es justamente este método de diálogo amplio, plural y abierto a los distintos sectores de la ciudadanía el que favorece, la asunción de políticas que gocen de la adhesión del conjunto de la sociedad, asegurando la estabilidad de las inversiones y la transparencia en el manejo de los recursos del Estado. Nuestra historia republicana nos brinda ejemplos de dicha dinámica, los cuales nos permiten apreciar como si resulta posible la relación entre democracia y crecimiento económico. Castilla, por ejemplo, durante su primer gobierno, unió estabilidad democrática y seguridad jurídica como escenario para el despegue económico.

La democracia es débil

Sobre este punto parece necesario hacer una justa y obligatoria precisión: si nuestra convicción y espíritu constitucional son débiles, el régimen democrático corre el riesgo de resultar tan débil como la convicción de sus propios actores.

Ahora bien, refiriéndonos ya de manera específica al tema de la violencia política que se vivió en los 90, habría que decir nuestra historia del Perú como una República estuvo signada por ribetes, intentonas y movimientos violentitas, mucho antes de que a alguien se le ocurriera hablar de marxismo o maoísmo en una universidad ayacuchana. La historia es muy sabia y maestra en este punto, ella casualmente nos muestra como la democracia y sus instituciones, mediante su efecto integrador que se le atribuye, logró poco a poco enrolar en sus filas a personas y movimientos que en otros tiempos habían estado en la vereda de en frente. Basta recordar como ejemplo en este punto, lo ocurrido con el Califa Piérola, antaño líder y montonero que luego pasaría a las filas de la democracia y ayudaría a sentar las bases de su institucionalización hacia el año 1895. O también lo acontecido con el APRA, partido que luego del período de la denominada convivencia con el pradismo, obtuvo todas las credenciales democráticas. O como ejemplo similar, lo acontecido con gran parte de la izquierda, la cual inició su carrera democrática en el año 1978, con la convocatoria a la Asamblea Constituyente, cuyas reglas de juego en los primeros tiempos criticaron ácidamente, para luego defenderlas y reivindicarlas ante el autoritarismo de los 90. No hay que olvidar tampoco que en el caso puntual de Sendero Luminoso, movimiento terrorista que teñiría de sangre el suelo de nuestra patria, tuvo como período de incubación, conformando sus cédulas de la muerte y planificando su estrategia (la denominada guerra popular del presidente Gonzalo, apelativo que recibía su líder, considerado por sus seguidores como la cuarta espada del marxismo), paradójicamente, en las barbas y frente a los uniformes del gobierno militar más largo que ha conocido nuestra historia. Años más tarde, el 12 de septiembre de 1992, una vez mas el sentido común y la razón estaría de lado de los que creemos en la democracia, aquel día se capturó al líder de Sendero Luminoso, en un operativo en el cual no se disparó un solo tiro, el mismo que bajo ningún punto de vista resultó ser la obra del gran estratega al que teníamos como dictador de nuestro país, fue producto de un grupo especial de la policía nacional del Perú, el cual mediante un trabajo meticuloso de inteligencia pudo dar con la guarida de tan nefasto personaje, grupo especial que tal y como se señala en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación pretendió ser desactivado una vez que el ex asesor del dictador, el hoy sentenciado por delitos de corrupción Vladimiro Montesinos Torres, tomara conocimiento de que dicho grupo podía seguir las huellas de sus turbios negocios con el narcotráfico en la selva peruana.

Que claro entonces, que en este punto, como hemos visto antes, el gobierno democrático es infinitamente superior al discurso autoritario, pues incorpora y llama a sus filas a aquellos que tenía como detractores (Piérola, el APRA, la izquierda política). Puesto que para acabar con la violencia no se necesita la concentración de todos los poderes en un sólo hombre, sino el trabajo inteligente de las instituciones democráticas encargadas de velar por el orden y la seguridad interna, más cuando ese hombre es un ingeniero agrónomo dice no haber conocido absolutamente de temas militares, ya que eso es lo que ahora el ex dictador señala para salvar responsabilidad en los casos de violación de los derechos humanos durante la guerra antisubersiva.

La democracia es corrupta

Esta es quizá la más injusta y pérfida de todas las críticas que se le hacen a la democracia, en resumidas cuentas es una mentira inaceptable a la cual todos los demócratas debemos combatir con vehemencia pero sin perder la rigurosidad del debate académico, ya que nosotros los demócratas debemos desnudar las inconsistencias del discurso autoritario apelando a la razón y a la inteligencia. Así tenemos que en los países en los cuales la democracia ha echado sus raíces como sistema, jamás se recibe una identificación similar, ello no sería serio. Es cierto, en estas democracias nunca faltan actos de corrupción como en Japón, Italia o el propio Estados Unidos, ya sea en el Congreso o el propio gobierno. Pero en ninguno de estos países se llega a generalizar de manera tan grosera, confundiendo al sistema con los casos de corrupción (individuales o grupales pero siempre identificables y por tanto sancionables). Pero estos casos como cualquier otro acto delictivo, deben ser identificados, probados y sancionados. Ello requiere pues de una reafirmación de los métodos democráticos (libre opinión, libertad de prensa, denuncias, comisión investigadora) a fin de actuar de acuerdo a ley sin caer en la casería de brujas ni mucho menos en la revancha personal. Así mismo, debemos de ser lo suficientemente maduros como para distinguir al sistema de gobierno (democracia) de la conducta que exponen aquellos que ejercen un cargo público, sea ministros, congresistas o altos funcionarios. ´

Sin embargo, el grave problema que durante la década de los 90 y mucho antes afectó al Perú y a toda América Latina, el cual permite hacerle esta injusta crítica a la democracia, consiste en comparar la imagen pública casi prístina que ofrecen las dictaduras a sus ciudadanos con la imagen poco elegante que ofrece el continuo destape de escándalos de corrupción que surgen cuando se inaugura una democracia en algún país de nuestro continente. Los críticos de la democracia ya sea por incapacidad o por interés no reparan que la diferencia no está en la corrupción sino en la posibilidad de realizar estas denuncias. sí tenemos por ejemplo que durante la dictadura de los 90 con un Poder Judicial, un Ministerio Público, un Parlamento y unos medios de comunicación que actuaban bajo las órdenes del asesor de Fujimori , Vladimiro Montesinos Torres, hubiera sido casi un milagro que le enorme población tuviese conocimiento de algún caso de corrupción. Entonces queda claro, que el fortalecimiento de los mecanismos antes señalados que nos ofrece el sistema democrático es el único camino para desterrar, en el Perú la corrupción.

Finalmente, y sólo para dejar constancia de lo irónica que puede ser la vida o, mejor aún, de la relación siempre existente entre hipocresía y doble discurso en el campo político, parece gracioso y hasta increíble, que luego de 10 años de dictadura durante los cuales el señor ex dictador Fujimori se encargó de desmoronar y destruir a las instituciones democráticas, arremetiendo contra ellas en todas y cada una de las oportunidades que tuvo a su disposición, hoy; este mismo pilluelo y sus seguidores pongan en duda la independencia del Poder Judicial, critiquen la injerencia del Poder Ejecutivo en el proceso judicial que se le sigue, politizando al mismo o denuncien la persecución por parte del Parlamento, en consecuencia, es curioso que quién cuando fuera gobernante destruyera todas las instituciones del sistema democrático, hoy invoque las garantías del Estado Democrático Constitucional. Pero Fujimori y los fujimoristas deben de perder cuidado, ya que los demócratas nos encargaremos de velar porque sea juzgado no como un dictador, sino con todo un ciudadano, al cual se le respetan todos sus derechos y libertades, ya que esa es justamente la superioridad jurídica y moral de la democracia frente a la dictadura.

Rafael Rodríguez Campos.