Una democracia insuficiente: el saldo del Moqueguazo

Hace algunos días todos los peruanos hemos sido testigos de un nuevo conflicto social en el interior de nuestro país. Así como en el 2002 la crisis se presentó en Arequipa debido a la protesta de la ciudadanía, liderada por su alcalde Juan Manuel Guillén, contra la iniciativa del gobierno del ex presidente Toledo de privatizar Egasa, la empresa de generación eléctrica de esa ciudad, o la crisis desatada en Ilave en el año 2005, la cual acabó con el asesinato del alcalde de dicha localidad; esta vez la furia, el desconcierto, la violencia y el malestar de la población se presentó en Moquegua.

Como resulta evidente, cada crisis, cada conflicto social, cada enfrentamiento tiene sus propias características, tiene sus propias particularidades que la singularizan, sin embargo, el común denominador de estos eventos no es otro que: numerosos heridos, pérdidas económicas, daños a la propiedad pública y privada, una discutible respuesta del gobierno para resolver este tipo de situaciones, poca capacidad de las autoridades regionales para encauzar los requerimientos de la ciudadanía y la puesta en evidencia de la fragilidad de los canales de representación de nuestra débil democracia.

Sin embargo, y más allá de que la Región Moquegua haya encontrado respuesta a su pedido de mayor participación en la redistribución del canon minero en relación con Tacna, existen preguntas que debemos formularnos: ¿Qué pasa con el trabajo preventivo de los órganos de inteligencia especializados de la policía? ¿Quién es el verdadero responsable de este descalabro? ¿Se ha convertido la violencia en el mecanismo preferido de las provincias para hacer escuchar sus reclamos frente al gobierno central? ¿Qué ocurre con los canales democráticos de representación y entendimiento entre los ciudadanos o entre los distintos niveles de gobierno?

En el caso de Moquegua se sabía, desde hace un buen tiempo, del problema de cálculo y redistribución del canon. Sin embargo, el gobierno tuvo que esperar una situación de gran presión y violencia social para tomar la iniciativa hacia la búsqueda de una solución inteligente, la cual no es otra sino la planteada y trabajada por la mayoría de especialistas en el tema, la de la doble contabilidad para las mineras y de atención prioritaria a proyectos locales y distritales. Es decir, una vez más, el Ejecutivo en la persona del Ministro del Interior Luis Alva Castro, y como ya es costumbre, actuó cuando la crisis estallaba en sus narices y en la de todos los peruanos.

Sin lugar a dudas el manejo policial de la crisis dejó mucho que desear. Es evidente que los mandos operativos y políticos manejaban distintos conceptos y lenguajes, lo cual genera una situación de incertidumbre a la hora de diseñar una estrategia coherente para el manejo de este tipo de crisis, con interferencias mutuas entre unos y otros que le restan solidez y operatividad a aquellos que, como el general Alberto Jordán, tuvieron que salir al frente y poner el pecho ante una muchedumbre enardecida que superaba en una proporción de 10 a 1 a los 1000 efectivos policiales, los cuales provistos únicamente de bombas lacrimógenas, ello por disposición del propio Ministro del Interior y Director General de la Policía, trataban de contener la furia de los más de 10000 manifestantes.

En ese sentido, la situación amerita una investigación independiente e imparcial para determinar la verdadera responsabilidad funcional y política de todos los involucrados, basta ya de tomar a alguien como el chivo expiatorio para culparlo de todos los males, tal y como ha sucedido en estos últimos días en los cuales en un mismo discurso y al unísono, Presidente de la República, Ministro del Interior y Director de la Policía Nacional del Perú sindican como único responsable del problema al mencionado general Jordán, tildándolo de incapaz y cobarde. Al parecer, sólo en este tipo de actitudes irresponsables las altas autoridades del Ejecutivo y policiales se ponen de acuerdo, qué distinto sería el panorama en nuestro país si manejaran esa misma sintonía al momento de enfrentar los problemas de seguridad ciudadana o narcotráfico. Una vez más queda confirmado que en política la pita siempre se rompe por el lado más débil ¿No es cierto general Alberto Jordán?

Pero aquí no acaba el problema, la tarea pasa también por establecer mecanismos de concertación y diálogo con los gobiernos regionales y locales respectivamente, tratando de incorporarlos de una manera más clara y eficaz en el proceso de desarrollo de sus propias jurisdicciones, a fin de que cada uno asuma sus propios errores y responsabilidades y dejemos atrás el discurso facilista de culpar a las regiones de no deslindar con los radicales y agitadores o culpar al gobierno de obstruccionista y centralista. En buena cuenta la tarea pasa por repensar y reperfilar los mecanismos de representación y racionalización de las relaciones de poder que se originan en un estado que como el nuestro apuesta por la descentralización política.

Lo curioso en todo caso, es que los Gobiernos Regionales se empeñen en exigirle al Gobierno Central mayores recursos, cuando los mismos no son capaces de gerenciar eficientemente sus presupuestos, al no contar con un adecuado enfoque y manejo técnico en cuanto a proyectos de inversión pública. Es decir, paralizan carreteras, queman llantas, ocasionan desabastecimiento y enormes pérdidas económicas para lograr mayores ingresos para un presupuesto regional que no logran ejecutar ni siquiera en un 50% y lo que invierten va a parar a monumentos que representan figuras como la papa, sombreros, plazuelas de toros o palacios municipales de 5 pisos en poblados que no cuentan con más de 1000 habitantes. Es necesario, por tanto, exigirles a las autoridades locales y regionales un mayor nivel de seriedad y compromiso en la búsqueda de soluciones inteligentes y en el manejo de sus recursos.

De igual modo, el Gobierno Central deberá de asumir su verdadera responsabilidad, no basta con otorgar más dinero a los Gobiernos Regionales, es necesario encontrar fórmulas de participación más creativas entre ambos, como la promoción de proyectos de inversión mixta o la transferencia y capacitación técnica para las Regiones, para así elevar su capacidad de gestión en el manejo de los recursos y en su administración institucional.

Finalmente, y con el mayor de los respetos para con aquellos que no piensan como uno, me sumo a ese 96% de la ciudadanía que exige la salida del Ministro del Interior, un ministro que gusta de salir en la foto cuando se trata de entregar computadoras, pero que calla en todos los idiomas o espera que hable su jefe a la hora de darle explicaciones a la población sobre la desastrosa gestión ministerial que realiza desde su nombramiento, la cual es comprensible debido a su ineptitud y felonía.

Rafael Rodríguez Campos