viernes, 11 de julio de 2008

Entre vencedores y vencidos: los resultados de una absurda jornada de lucha


A dos días de llevado a cabo el tan promocionado paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores del Perú (CGTP), en la persona de su Secretario General, don Mario Huamán, una primera reflexión que nos viene a la mente es que las evaluaciones hechas por los actores del mismo, tanto el gobierno como la CGTP, en torno a las causas y consecuencias que para el país trajo consigo esta manifestación social, se encuentran plagadas de sesgos de grupo que responden a los intereses que ambos bandos dicen defender, los cuales impiden hacer una lectura objetiva del mismo que permita abordar con seriedad la discusión en torno los problemas de fondo del país. En esa línea, el periodista Augusto Alvarez Rodrich señala con acierto que si sumamos a los que la CGTP dice que pararon, con los que el Gobierno dice que laboraron, resulta que la población total del país equivale al doble de lo que indica el censo oficial.

El paro del 9 de julio, que tanto revuelo causó en la opinión pública en los últimos días, revuelo azuzado gracias a la actitud maximalista y catastrófica de algunos representantes del Gobierno, pasó casi inadvertido en la ciudad capital, tuvo una intensidad relativamente mayor en el interior del país, registrando lamentablemente dos hechos de violencia condenables desde todo punto de vista en los departamentos de Huancavelica (destrucción del local del programa “Juntos”) y Puerto Maldonado (incendio del local del Gobierno Regional).

Frente a ello, resultan por demás desafortunadas las opiniones de representantes del gobierno que señalan que el paro fue un fracaso total; es cierto que este no alcanzó el grado de notoriedad y las expectativas que tenían sus organizadores; pero es claro que se dejó sentir con mayor fuerza en aquellas zonas en las cuales el presidente Alan García cuenta con niveles de aprobación ciudadana menor al 15% (la sierra sur y la selva de nuestro país), ¿Por qué será? La respuesta quizá tenga relación con los escalofriantes índices de pobreza y exclusión que persisten en esas regiones del país. Además, este paro y la manera como se llevó a cabo dejan sin piso y en ridículo a aquellos miembros del partido de Gobierno y a sus allegados que vaticinaban un escenario de caos y desconcierto absoluto, quizá parecido a los que generó la hiperinflación de la segunda mitad de los 80, escenario que jamás estuvo cercano a concretarse.

En todo caso, la pregunta que debemos de hacernos todos los peruanos es la siguiente: ¿Por qué la convocatoria al paro no tuvo la acogida y participación de otras jornadas como aquella del 2004, por ejemplo? La respuesta a esta interrogante debe surgir del análisis de dos elementos que a mi parecer resultan fundamentales.

El primero de ellos está relacionado con la falta de coherencia en la elaboración de la plataforma de lucha y en la falta de unidad existente entre los diversos movimientos sociales que se volcaron a las calles. Este fue, sin lugar a dudas, el paro sindical con menos contenido reivindicativo desde el punto de vista laboral en los últimos años. Así, en entrevista concedida a Radio Programas del Perú (RPP), el Secretario General de la CGTP, señalaba a grandes rasgos el contenido o la razón de la protesta a partir de los siguientes puntos: rechazo al alza del costo de vida y de los combustibles (situación que tal y como señalan los expertos es producto de la crisis internacional frente a la cual poco o nada puede hacer el Gobierno), aumento de sueldos para paliar el alza de los alimentos, rechazo a la instalación de una base militar norteamericana en Ayacucho (base militar que sólo existe en la imaginación del señor Huamán), cambio en la política o del modelo económico “Neoliberal y opresivo” que no genera crecimiento y no controla nuestra inflación del 5% (Chile tiene 8 % de inflación, China 10 % y Venezuela, que sigue el modelo económico que Huamán y sus amigos quieren implantar en nuestro país, tiene 20 % de inflación) entre otras generalidades.

Como se puede apreciar la protesta del 2008 ya no es la del 2004 (que igual de absurda tuvo el agregado de pretender la vacancia de un presidente democráticamente elegido y que paradójicamente contó con la presencia del actual presidente de nuestro país entre los asistentes), es decir, ya no se protesta contra el Tratado de Libre Comercio, la guerra en Irak o la vigencia de la Constitución de 1993 y la convocatoria a una asamblea constituyente; ahora la CGTP y sus amigos cambian de manera gatopardesca, pero la ausencia de una propuesta alternativa y el cúmulo de ideas vacías y poco elaboradas que demuestran la falta de seriedad y responsabilidad en los dirigentes de los movimientos sociales sigue siendo la misma.

Pero lo curioso de este paro fue que en un principio la plataforma de lucha contemplaba también la derogatoria del paquete de normas promulgadas por el Ejecutivo relacionadas a la reforma laboral, normas entre las cuales se encontraba la Ley de Tercerización gracias a la cual los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas (MYPES), a los cuales jamás se les otorgó ningún beneficio laboral, empezarán a contar con un seguro de salud para ellos y sus familias, vacaciones de 15 días, indemnización por despido arbitrario y gratificaciones. Luego, y después de que toda la gran cantidad de trabajadores informales recibieran con agrado esta iniciativa del gobierno, los promotores del paro no tuvieron otra salida sino callar en todos los idiomas y no volver a mencionar el tema; hecho que confirmó lo que muchos ya sabíamos, que el paro del 9 de julio no buscaba ninguna reivindicación laboral o beneficio para los trabajadores sino que perseguía objetivos de naturaleza netamente política, lo cual desde ningún punto de vista resulta condenable, pero si exige por parte del señor Mario Huamán y de los demás dirigentes una mayor transparencia y honestidad en sus declaraciones públicas, ya que no resulta ético usar a los trabajadores y a sus justas expectativas para encubrir los verdaderos fines de la movilización, que se condicen más con el ideario de agrupaciones como Patria Roja, el Partido Comunista del Perú, Unión por el Perú o el Partido Nacionalista que con la problemática laboral que miles de trabajadores de nuestro país atraviesan.

Ante ello, se configuró un conjunto informe de agrupaciones y movimientos sociales en el cual cada uno izaba sus propias banderas con un propio y particular discurso en defensa de los intereses de cada bando; resultando evidente la dificultad de organizar una plataforma social coherente con líneas y directrices que doten de identidad a la diversidad de intereses allí congregados, a partir de la cual pueda identificarse con mayor claridad la verdadera razón del paro y resuelva o, en el peor de los caos, asolape las posibles contradicciones que pudieran presentarse entre las diversas facciones del movimiento social que el 9 de julio pretendió paralizar el país. Queda claro entonces, que no basta con exigir el aumento de sueldos para todos los peruanos, ¿Quién se opondría a ello?, para articular de manera coherente y estructural una pliego de reclamos frente al Gobierno, que sea mucho más atractiva a ojos de la ciudadanía y goce de un mayor respaldo social; respaldo y atractivo que en esta oportunidad estuvieron ausentes.


El segundo factor, y por qué no el más importante; se encuentra relacionado a la escasa capacidad de representación y movilización del movimiento sindical en nuestro país, el cual no representa ni al 15% de los trabajadores en el Perú. Problema que no se limita al ámbito de los sindicatos ni las organizaciones de base sino que alcanza a todos los actores del universo político de nuestra nación; el cual incluye al Presidente de la República, los parlamentarios, los Presidentes Regionales y los Alcaldes. Situación que se ve reflejada en el alto índice de desconfianza y desvinculación existente entre el Estado y la ciudadanía; desconfianza que hace que todo esfuerzo del Gobierno por dar a conocer los éxitos en el campo económico como la reducción de la pobreza, la generación de más puestos de trabajo o el crecimiento del país un 8% o 9% anual sean mirados con una firme incredulidad.

Ahora bien, debemos reconocer que jornadas de protesta social como la del 9 de julio y otras que seguro están por venir, son parte del ejercicio del derecho constitucional a la protesta que toda sociedad libre y democrática reconoce y defiende, pero a su vez, debemos reconocer que en esta oportunidad la respuesta de la ciudadanía, en su mayoría, refleja la voluntad democrática de seguir laborando y no paralizar el país; sin desconocer, desde luego, y dejar de sentir preocupación por la difícil situación económica y social que atraviesan miles de familias en nuestra patria. Así, el Gobierno debe recordar que casi el 42% de la población estaba a favor del paro, por una o varias razones, esa cifra debe invitarnos a la reflexión y debe ser una llamada de atención para que el Gobierno corrija errores y profundice los cambios y las reformas que el país necesita, para con ello, aprovechar la inmejorable situación económica que la cotización de las materias primas en el mercado internacional nos ofrece, fomentado mejores canales de diálogo entre los diversos niveles de gobierno y entre los diversos actores sociales y políticos los cuales hagan viable la búsqueda de fórmulas que mejoren la efectividad de las políticas públicas del Gobierno, en especial las de corte social vinculadas a los sectores de educación, salud, justicia, seguridad y empleo, para así poder redistribuir con mayor eficiencia la riqueza y construir una sociedad más democrática y justa.

Rafael Rodríguez Campos

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