sábado, 19 de marzo de 2016

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER EN AMÉRICA LATINA (PARTE 1)


El 10 de abril de este año, los peruanos elegiremos a un nuevo Presidente de la República, miembros del Parlamento, y representantes ante el Parlamento Andino. Como es de conocimiento público, son varias las organizaciones políticas que han incrementado el número de mujeres en sus respectivas listas parlamentarias. En ese sentido, consideramos oportuno analizar la participación política de la mujer en América Latina, tomando como base la investigación realizada por las consultoras Beatriz Llanos (IDEA) y Vivian Roza (BID) titulada “Partidos políticos y paridad: Un desafío de la democracia en América Latina”. 

Como se lee en la presentación del cuadernillo de trabajo que sintetiza los principales hallazgos de la misma, el BID e IDEA con el objetivo de diagnosticar la situación de las mujeres al interior de las estructuras partidarias y el grado en que los partidos promueven el ejercicio de sus derechos políticos desde una perspectiva de igualdad, presentaron en el año 2010, una investigación titulada “Partidos Políticos y paridad: la ecuación pendiente”, una investigación pionera a nivel regional. En ese momento se analizó a 94 partidos políticos de 18 países latinoamericanos, cuyos datos -para quienes estén interesados- se encuentran disponibles online en la Base de Datos de Género y Partidos Políticos (GEPPAL), iniciativa que ambas organizaciones impulsan.
Ahora bien, con el ánimo de construir una visión en el más largo plazo del rol que las organizaciones políticas están jugando, entre los años 2011 y 2012 el BID e IDEA iniciaron una fase de actualización de los 15 países que tuvieron elecciones hasta julio del 2012. En el marco de este proceso de actualización, se analizó a 74 organizaciones políticas que cumplían con el criterio objetivo de haber obtenido un mínimo de 5% de los escaños de la Cámara Baja/Unicameral en las últimas elecciones nacionales.
Una mirada al panorama regional
Sobre este punto, la investigación busca responder dos preguntas: 1) ¿En qué punto estamos en cuanto a la participación política de la mujer?; y 2) ¿Cuáles han sido los avances normativos orientados a promover la participación política de las mujeres?
Con respecto a la primera pregunta se señala lo siguiente: las mujeres siguen estando subrepresentadas tanto en posiciones electas como en las designaciones en las carteras ministeriales. A pesar de constituir más del 50% de la población, no llegan a representar ni un cuarto de las posiciones electas nominadas en la política a nivel regional. Sin embargo, ha habido avances trascendentales a nivel presidencial.
Por ejemplo, en el 2011, Cristina Fernández logró la reelección en la Argentina, con el 54% de los votos. El año 2013 finalizó con la elección de Michelle Bachelet para su segundo mandato presidencial en Chile y, en, 2014, Dilma Rousseff fue también reelecta en Brasil para un segundo mandato. Es decir, a finales de 2014, si sumamos a Laura Chinchilla en Costa Rica -quien terminó su mandato presidencial ese año- se tuvo por primera vez a cuatro mujeres ejerciendo la Presidencia de la República simultáneamente en América Latina.
Con respecto a la segunda pregunta se señala lo siguiente: Dieciséis países cuentan con medidas legales para garantizar la presencia de las mujeres en las listas electorales. De estos, 11 han aprobado cuotas y 5 han avanzado hacia la paridad. Sin embargo, el impacto sigue siendo limitado, dado que solo 4 países cuentan con medidas bien diseñadas. A su vez, 9 países han aprobado cuotas o paridad para los órganos decisorios de los partidos, pero solo 2 cuentan con sanciones por incumplimiento, lo cual tiene un impacto directo en la efectividad de la medida. Además, ha habido avances normativos importantes en el financiamiento público, lo que podría convertirse en una herramienta efectiva para las mujeres. No obstante, hace falta que los países monitoreen y fiscalicen el uso igualitario de los fondos.
Tres notas para el análisis
Al respecto, es importante apuntar tres notas que grafican claramente lo antes señalado:
Primero, de los 18 países latinoamericanos, solo 2 -Guatemala y Venezuela- aún no han aprobado legalmente una disposición de cuota o paridad que permita garantizar la presencia de mujeres en las listas electorales. Los porcentajes regulados en los países oscilan entre un 20% y 50%. Es alentador que 5 países -Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y México (2014)- hayan dado el salto hacia una composición paritaria de las listas electorales a ser inscritas. Ahora bien, de los 15 países con cuotas /paridad, se puede señalar que solo 4 -Argentina, Bolivia, Costa Rica y México- cuentan con medidas “bien diseñadas”, ello porque en estos países se contemplan sanciones efectivas por incumplimiento y mandatos de ubicación en un contexto de listas cerradas (el Perú, está catalogado como un país con cuotas mal diseñadas por no contar con sanciones ante el incumplimiento).
Segundo, 9 países en la región han regulado legalmente una medida de cuota o paridad aplicable a las dirigencias partidarias. Ecuador, Costa Rica y Bolivia han avanzado hacia la paridad pero solo en tres países -Costa Rica, Ecuador y Honduras- los porcentajes se aplican a la propia composición de dichas instancias, mientras en los otros 6 son aplicables a las postulaciones (también llamadas nominaciones). Ello implica una notoria diferencia desde el punto de vista del acceso real a los más altos cargos de los partidos, pues la inclusión en la postulación no garantiza que esto se traduzca en un número significativo de mujeres en la composición final del órgano. De hecho, hay más mujeres en los órganos decisorios, en los que la cuota se aplica a la composición (28%), que en los que se aplica a la nominación (22.5%); sin embargo, la diferencia no es estadísticamente significativa.
Tercero, las cuotas o la paridad no son las únicas medidas que se han impulsado en la región para promover la inclusión de las mujeres. Prueba de ello es que entre el 2002 y el 2013, 6 países en los que existe financiamiento público para solventar las actividades de las organizaciones políticas han regulado legalmente la obligación para los partidos de destinar un monto de ese financiamiento al fortalecimiento de las capacidades de las mujeres. En Brasil (al menos 5%), Colombia (al menos 15%), México (2%), Panamá (10% de un 50% destinado a educación cívico-política) y Honduras (10%, vigente desde 2013) han regulado porcentajes específicos. Y solo 2 países -el Brasil Y México- han contemplado algún tipo de sanción explícita ante el incumplimiento de dicha norma. Por otro lado, Costa Rica obliga a los partidos a destinar a un fondo especial para la capacitación paritaria de hombres y mujeres en temas como igualdad de género.
A modo de conclusión
Al respecto, la investigación señala que si bien la región cuenta ahora con un electorado que apuesta por mujeres en la presidencia, algo que en épocas pasadas hubiese sido impensado. Eso demuestra una suerte de consenso sobre la necesidad e importancia de la promoción de la participación política de la mujer. En esa línea, este impulso está facilitando el avance hacia la regulación de la paridad por parte de varios países, así como la adopción de reformas para fortalecer la eficacia de las cuotas y su impacto en la elegibilidad de las mujeres.

En la próxima columna, seguiremos analizando algunos tópicos vinculados a la participación política de la mujer en América Latina.

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