¿KEIKO FUJIMORI Y ALAN GARCÍA APOYAN LA DESPENALIZACION DEL ABORTO POR VIOLACIÓN EN EL PERÚ?

Hago esta pregunta, luego de que la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso (24NOV2015) enviara al archivo el Proyecto de Ley N° 3839-2014-IC, impulsado por el Colectivo Déjala Decidir que busca despenalizar el aborto cuando el embarazo sea producto de una violación.

Apristas y fujimoristas violan el derecho de la mujer a decidir

Como lo leen, fueron los congresistas apristas y fujimoristas (Javier Velásquez Quesquén, Martha Chávez, Julio Gagó, Luz Salgado y Aldo Bardales) los que se opusieron rotunda e irracionalmente a la propuesta. A este grupo, también se sumó el pepecista Javier Bedoya. En otras palabras, la derecha conservadora de nuestro país se opone a que las mujeres víctimas de una violación puedan decidir libremente si desean o no ser madres, a pesar de haber sido vejadas física y psicológicamente.

Entonces, si la derecha conservadora se ha opuesto a la aprobación de este proyecto es porque considera que las mujeres que abortan a causa de una violación son unas criminales que deben ser perseguidas penalmente y encarceladas como cualquier malhechor. ¿Comparten Keiko Fujimori y Alan García esta opinión? Esta es una pregunta válida que los ciudadanos, pero sobre todo las mujeres, deben de hacerse de cara a las Elecciones Generales del 2016.

Al parecer, la derecha conservadora no advierte que su postura no tiene mayor asidero, pues en el mundo de hoy, el enfoque en torno a este debate es totalmente distinto. Por ejemplo, la derecha conservadora olvida señalar que de acuerdo al artículo 120° del Código Penal Peruano, el aborto que se practica a causa de una violación es reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 meses. Eso quiere decir que en la práctica, este tipo de aborto no se sanciona, pues antes de que se inicie alguna investigación o proceso, la acción penal ya prescribió (3 meses se pasan volando).

Si ello es así, entonces porqué la derecha conservadora insiste en penalizar una conducta que en la práctica no recibe ningún tipo de sanción. Yo creo, como algunos han señalado hace ya varios años, que la derecha conservadora insiste en este absurdo amparada únicamente en posiciones religiosas fundamentalistas contrarias a los principios de libertad, igualdad y tolerancia propios de un Estado Democrático y auténticamente laico.

Los argumentos de quienes no tienen argumentos

Es más, si repasamos los argumentos utilizados por los parlamentarios apristas y fujimoristas que se oponen a este proyecto, encontraremos que ninguno de ellos resuelve la pregunta de fondo: ¿Existen o no razones constitucionales para despenalizar el aborto por violación?

Para probar ello, haré alusión a lo señalado por la fujimorista Martha Chávez cuando afirma que este Proyecto permite que las mujeres denuncien libremente una violación sexual para someterse al procedimiento sin que exista una denuncia previa. Es decir, según esta parlamentaria, las mujeres (en un país tan machista y conservador como el nuestro) saldrán por miles a denunciar “inexistentes violaciones” para practicarse un aborto, como si exponer la vida privada y reconocer haber sido víctima de ultraje sexual fuese una práctica común entre las mujeres peruanas.

En esa misma línea, se pronunciaron apristas y pepecistas, cuando señalaron que la propuesta de despenalizar el aborto por violación corresponde a una agenda de las organizaciones no gubernamentales y no a una agenda nacional. Es decir, rechazaron el proyecto no en base a argumentos constitucionales, sino porque es impulsado por las “terribles ONGs” a las que suelen culpar por todos los males que nuestro país padece.

Lo cierto es que los argumentos de quienes se oponen al proyecto no resisten el menor análisis. No obstante ello, lo que a mí me subleva es el cinismo con el que la derecha conservadora aborda este tema. Por ejemplo, por qué este sector no reconoce que fue la presión de la Iglesia católica la que hizo posible que la penalización para este tipo de aborto permaneciera vigente a pesar de que en el Anteproyecto del Código Penal esta conducta no era tipificada. O, por qué no reconoce que en las sociedades democráticas el derecho a la vida sí es tutelado penalmente pero de manera diversa, atendiendo a las particularidades de cada caso.

Sobre este punto, me gustaría formular una pregunta que la derecha conservadora jamás responde: ¿Por qué el homicidio simple es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años, y en cambio el aborto por violación recibe apenas 3 meses de sanción? La respuesta es muy sencilla: porque la valoración y tutela constitucional que un Estado Democrático hace del derecho a la vida se rige por principios de proporcionalidad y razonabilidad que se aplican dependiendo del caso concreto.

Los argumentos que la derecha conservadora no puede rebatir

A pesar de lo absurdo de su planteamiento, la derecha conservadora insiste en su tozudez diciendo que si la pena para las mujeres que abortan a causa de una violación es tan ínfima, y por ende, no existe posibilidad real de que sean sancionadas o purguen condena efectiva en un penal, por qué las ONGs pro abortistas insisten tanto en su despenalización. Aunque este razonamiento es bastante estúpido, a continuación voy a reiterar lo que muchos hemos sostenido durante los últimos años sobre este asunto.

Primero, que la despenalización del aborto no significa la imposición del aborto, sino la posibilidad de que las mujeres que fueron violadas sexualmente tengan la libertad de decidir, atendiendo a sus propias creencias, a su propio proyecto de vida, a su salud, y a otras consideraciones que deberán evaluar de manera autónoma e independiente.

Segundo, que siendo la pena tan mínima y la persecución punitiva imposible de materializar, el insistir con la penalización de esta conducta contraviene todos los principios de racionalidad sobre los cuales se construye la política criminal de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

Tercero, que el objetivo de la despenalización es evitar la doble victimización de la mujer que ha sufrido una violación. Este argumento es muy sencillo de comprender: si la mujer ya fue víctima de una violación, porqué el Estado la tiene que tratar como a una criminal cuando ella decida interrumpir el embarazo (producto de un acto salvaje, no lo olvidemos) con el afán de no ver truncado su proyecto de vida.

Cuarto, las cifras demuestran que la penalización de esta conducta (no sólo el aborto por violación) no ha logrado disminuir la tasa de abortos por año. En otras palabras, la criminalización de esta conducta no la desincentiva. Muy por el contrario, lo que ha logrado es la presencia de un mercado negro integrado por médicos y clínicas que lucran practicando abortos clandestinos.

Quinto, que a consecuencia de esta práctica clandestina, cientos de mujeres en el Perú (sobre todo las más pobres) ponen en peligro su salud, e incluso su vida, al colocarse en manos de médicos de dudosa reputación que llevan a cabo estas prácticas en lugares que no cumplen con las condiciones mínimas de salubridad e higiene.

Sexto, que la penalización de este tipo de aborto, además de ser irracional, y de no responder a ningún criterio de política criminal, resulta ser abiertamente discriminatoria, ya que como hemos visto en el párrafo anterior, obliga a las mujeres pobres a practicarse abortos en condiciones infrahumanas. La situación es más terrible  si a ello le sumamos el hecho de que en nuestro país, el Tribunal Constitucional, en una sentencia absolutamente inconstitucional y absurda, prohibió el reparto gratuito por parte del Estado de la Pastilla del Día Siguiente, pero al mismo tiempo, permitió su venta privada. En otras palabras, las mujeres con dinero sí pueden ir a cualquier farmacia y comprar la píldora.

Séptimo, que el embarazo forzado producto de la violación atenta contra la autonomía y dignidad de las mujeres, a las que el Estado no trata como “sujetos de derecho” sino como “medios” para resguardar la vida o la salud de otro ser, desconociendo el hecho de que forzar a una mujer violada a continuar con el embarazo genera graves daños en la salud física, ginecológica y mental de las víctimas.

Por lo antes señalado, resulta creo que resulta inhumano y contrario a la dignidad de la mujer que el Estado obligue a la víctima de una violación a llevar en sus entrañas a un hijo (a) no deseado, pues ello no solo supone la actualización permanente de la violencia sufrida, sino también mantiene el efecto simbólico de la represión penal.