miércoles, 18 de noviembre de 2015

LA LEGALIZACION DE LA MARIHUANA EN MEXICO


El día miércoles 04 de noviembre, México rompió con su pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante, la Suprema), por cuatro votos a favor y uno en contra, aprobó el cultivo y consumo de la marihuana con fines lúdicos y sin ánimo de lucro. Esta decisión histórica, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después en un país que durante largos años combate a sangre y fuego a los carteles del narcotráfico, con un saldo de 80,000 muertos y 20,000 desparecidos, aproximadamente.

Las reacciones frente al fallo

Como era de esperarse, el fallo ha merecido diversas reacciones por parte de los políticos, la sociedad civil y la Iglesia Católica. En todo caso, habría que destacar que en los días posteriores a la emisión de la decisión, ningún partido político ha rechazado públicamente la sentencia, a pesar de que a nivel social, según el estudio de opinión pública elaborado por la firma Parametría, casi el 80% de los consultados no apoyaba que la Suprema mexicana aprobara el uso recreativo de la marihuana.

En general, la postura de las organizaciones políticas ha sido bastante cautelosa. Así por ejemplo, el Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha señalado que si bien, desde un punto de vista estrictamente personal, puede tener una posición contraria a la legalización de la marihuana por considerarla una puerta por la que se puede incursionar en el consumo de drogas mucho más dañinas para la salud, como Jefe de Estado y líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), respeta y reconoce todas las decisiones de la Suprema, incluyendo la relacionada con el uso lúdico de la marihuana.

Además, el Presidente mexicano considera que la decisión de la Suprema debe abrir un debate más amplio sobre la mejor regulación para inhibir el consumo de drogas y enfrentar el desafío que representa el narcotráfico. Es más, ha reconocido la abierta inconsistencia que existe entre la legalización de la marihuana en algunas partes del mundo, sobre todo en el mercado del consumidor más grande a nivel global, que es Estados Unidos, y la criminalización en México.

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), organización hegemónica de la izquierda mexicana, ha sido el único partido que ha defendido abiertamente que se ponga fin al paradigma punitivo y ha propuesto la legalización inmediata del consumo de la marihuana. En la otra orilla, el Partido Acción Nacional (PAN), organización que representa a la derecha mexicana, tampoco ha rechazado el fallo, y muy por el contrario, ha propuesto abrir un gran debate nacional sobre este asunto. Lo mismo ha hecho la Iglesia Católica, que con una inusual prudencia para este tipo de casos, ha pedido, al igual que el PAN, un análisis desapasionado de esta problemática.

Ahora bien, dentro del grupo de quienes han criticado duramente esta decisión encontramos a algunas organizaciones civiles, como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), que afirma que no es verdad que una eventual legalización total del consumo pueda acabar con el narcotráfico a gran escala, y que además el 60% de los adictos a las drogas utilizaron a la marihuana como puerta de entrada al vicio. En esa misma línea, se encuentra el actual Comisionado Nacional contra las Adicciones de México, Manuel Mondragón, que afirma que más de la mitad de quienes consumen la droga son menores de edad, cifra que al parecer la Suprema no ha tenido en cuenta al momento de emitir su decisión.

Pero más allá de lo que puedan haber señalado los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil o la Iglesia Católica mexicana, resulta importante conocer la historia judicial de este proceso, los argumentos constitucionales expuestos por la Suprema y la opinión de los expertos en torno al impacto que este primer paso hacia la legalización general de la marihuana puede tener en la lucha contra el narcotráfico en México.


La historia judicial de este fallo

La decisión de la Suprema mexicana fue fruto de un recurso presentado por la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), una asociación fundada por cuatro abogados y empresarios en 2013 cuyo objetivo es promover el debate sobre la legalización de la marihuana en el ámbito jurisdiccional.

Así, como primer paso, este colectivo, tomando en consideración que el consumo está técnicamente despenalizado en México, solicitó la legalización de las actividades relacionadas directa y estrictamente con el consumo personal: desde el sembrado hasta la preparación, el transporte y la posesión. Todo ello con fines lúdicos y sin ningún ánimo de lucro.

Sin embargo, y como era de esperarse, la Administración rechazó dicha solicitud, alegando que vulneraba la legislación sanitaria. Fue justamente contra esta decisión que la SMART inició el Proceso de Amparo a favor de un grupo de personas integrado por: Francisco Torres Landa, Lisa Sánchez, Pablo Girault y Armando Santacruz, quienes son los únicos beneficiarios con la sentencia de la Suprema.

Sobre este punto, es preciso reiterar que el fallo de la Suprema sólo beneficia a estas cuatro (4) personas, ya que para que la sentencia se extienda a todo el país, es necesario, de acuerdo al marco constitucional mexicano, que los jueces emitan el mismo veredicto en otros cuatro (4) casos de una naturaleza análoga y/o similar (muy similar, diría yo) al de ahora.



Los argumentos constitucionales de la Suprema

Al respecto, es preciso destacar que la ponencia y defensa del caso ante la Primera Sala de la Suprema de México, conocida por haber avalado el matrimonio homosexual, fue responsabilidad del magistrado Arturo Zaldívar, considerado uno de los jueces más liberales de este Tribunal.

En líneas generales, tanto para el juez Zaldívar como para la Suprema, el riesgo para la salud de la marihuana es menor o similar al tabaco, y su prohibición, por tanto, resulta desproporcionada respecto al derecho constitucional a la autonomía individual. Así, la Suprema ha señalado que la prohibición absoluta es inconstitucional, pero que la sentencia permite  exclusivamente el autoconsumo y no permite el comercio.

Del mismo modo, la Suprema advierte que no se puede afirmar que la marihuana sea una sustancia inofensiva, pero que el veto que existía era excesivo. Esa ha sido también la opinión de los magistrados Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que respaldaron la ponencia de Zaldívar. Cabe señalar, que Jorge Mario Pardo Rebolledo fue el único juez que votó en contra.

Además, los magistrados resaltaron que la sentencia no ampara la comercialización de la droga, y que si los cuatro beneficiarios con el Amparo violan esta regla pueden ser encarcelados y recibir una sentencia de hasta 25 años de cárcel.

En estricto, para la Suprema, el consumo lúdico de la marihuana debía ser autorizado para respetar el régimen de libertades personales que la Constitución mexicana establece a favor de las personas.

El fallo y la lucha contra el narcotráfico en México

Ahora bien, con respecto al impacto que este fallo puede tener en la lucha contra el narcotráfico, un grupo de expertos mexicanos considera que si los efectos de esta sentencia adquieren una vocación general, el Gobierno mexicano podría estar en mejores condiciones para afrontar el “narcomenudeo” (o micro comercialización de marihuana), uno de los principales generadores de violencia en México, ya que al bajar el precio del producto, también la violencia disminuye, debido a que las luchas son directamente proporcionales al valor de mercado que se está disputando.

Conclusión


Por la importancia que una decisión judicial de este tipo tiene para la región, espero que el fallo de la Suprema mexicana logre amplia difusión entre nuestros juristas, jueces, catedráticos, alumnos de Derecho y entre todos aquellos interesados en la reflexión constitucional y política sobre temas -que como este- contraponen las visiones liberales y conservadoras que la ciudadanía presenta al momento de analizar la relación existente entre el ejercicio de las libertades civiles y políticas y el rol que debe asumir el Estado frente a este tipo de demandas sociales que surgen como auténtica expresión de los nuevos tiempos.

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