LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ EN EL INFORME FINAL DE LA CVR

Llegamos al final de esta serie de columnas dedicadas al IF de la CVR en las cuales hemos rebatido las mentiras que sus enemigos -a lo largo de estos años- han proferido sobre su origen, miembros, mandato, trabajo y financiamiento. Del mismo modo, en la columna pasada, nos ocupamos de dar a conocer lo que la CVR dijo sobre Sendero, evidenciando la mala fe de aquellos que de manera infame acusaron a la CVR de justificar a este movimiento terrorista.

Ahora bien, en esta cuarta columna, explicaremos lo que la CVR señaló sobre las Fuerzas Armadas (FFAA) y Policía Nacional (PNP), ya que sobre este punto, los enemigos de la CVR también tejieron una serie de patrañas con el afán de hacerle creer a la ciudadanía que la CVR había establecido que las FFAA y PNP eran las principales responsables de las violaciones cometidas contra los derechos humanos. Algo que, como veremos a continuación, es absolutamente falso.

Lo que la CVR sí dijo sobre las FFAA

Primero, la CVR reconoció la esforzada y sacrificada labor que los miembros de las FFAA realizaron durante los años de violencia y rinde su más sentido homenaje a los más de un millar de valerosos agentes militares que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber.

Segundo, la CVR ha encontrado que las FFAA aplicaron una estrategia que en un primer período fue de represión indiscriminada contra la población considerada sospechosa de pertenecer a Sendero. En un segundo periodo, esa estrategia se hizo más selectiva, aunque continuó posibilitando numerosas violaciones de los derechos humanos.

Tercero, la CVR señala que, en este escenario, los Comandos Políticos Militares (CPM), erigidos en autoridad estatal máxima en las zonas de emergencia, pueden tener la responsabilidad primaria por estos crímenes. Por tanto, afirma que el Poder Judicial debe establecer el grado exacto de responsabilidad penal de quienes ejercieron los CPM, ya sea por haber ordenado, incitado, facilitado o encubierto estos hechos, o bien por haber omitido el deber fundamental de ponerles coto.

Cuarto, la CVR ha constatado que las violaciones más graves de los derechos humanos por parte de agentes militares fueron: ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, la CVR condena particularmente la práctica extendida de violación sexual contra la mujer. Todos estos actos, afirma la CVR, constituyen una deshonra para quienes fueron sus perpetradores directos y para quienes, en su condición de superiores jerárquicos, los instigaron, permitieron o encubrieron con mecanismos de impunidad.

Sobre este punto, la CVR también señala que durante los primeros años de su intervención (1983-1985) las FFAA carecieron de un trabajo de inteligencia sobre la organización, el perfil de los militantes y la estrategia de Sendero. Del mismo modo, la CVR constató que en este periodo aparecieron escuadrones de la muerte cuya actividad llevó a que el Perú ocupara en esos años el primer lugar en el mundo en desapariciones forzadas de personas.

Quinto, la CVR señala que un grupo de oficiales diseñó planes para una posible interrupción castrense del proceso político, exponiendo a las FFAA a dos grandes trastornos institucionales: a) El uso de un modelo de política contrasubversiva y la imagen de una FFAA victoriosa para justificar el golpe de Estado de 1992; y b) Una tregua con el narcotráfico al definir a Sendero como enemigo principal, que debía ser aislado del campesinado cocalero. En algunos casos, y sobre todo a partir del ascenso de Vladimiro Montesinos, esa tregua se convirtió en Alianza.

Sexto, la CVR afirma que la captura de Abimael Guzmán y la desarticulación de Sendero y el MRTA no lograron evitar que la ética, el prestigio e incluso el bienestar y la eficiencia de las FFAA quedaran seriamente mellados por una cúpula que unió su suerte al gobierno dictatorial. Para la CVR, este proceso de desarticulación estuvo caracterizado por la actividad del Grupo Colina, la persecución de oficiales disidentes, así como por la organización de un sistema de corrupción, chantaje y espionaje político dentro de las propias FFAA bajo la dirección de Vladimiro Montesinos.

Lo que la CVR sí dijo sobre la PNP

Primero, la CVR rinde su más sentido homenaje al más de un millar de valerosos miembros de las fuerzas del orden que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber de enfrentar a los grupos subversivos que vulneraban los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Segundo, la CVR señala que la PNP tuvo que responder a la agresión de Sendero y el MRTA, en condiciones logísticas precarias, sin entrenamiento adecuado ni rotación suficiente de sus agentes.

Tercero, la CVR considera que las limitaciones de los servicios de inteligencia policiales no permitieron tener una visión adecuada de lo que acontecía, ya que en lugar de enviar a los agentes más preparados y eficientes de cada institución, se mantuvo la práctica común en las organizaciones policiales de enviar a agentes no idóneos a zonas alejadas como forma de castigo.

Cuarto, la CVR afirma que la intervención del destacamento policial denominado “Los Sinchis” hizo crecer las violaciones de los derechos humanos, generando un distanciamiento entre la PNP y la población.

Sobre este punto, la CVR ha constatado que con el ingreso de las FFAA a Ayacucho, y la creación de los CPM en las zonas declaradas en estado de emergencia, la PNP quedó subordinada a las FFAA. Es más, afirma la CVR, la PNP quedó sujeta a las funciones establecidas por los jefes militares, por encima de sus propios comandos y de las autoridades civiles. En este contexto, los agentes de los tres institutos policiales que actuaron en las zonas de emergencia incurrieron en graves violaciones de los derechos humanos, siendo una de las más condenables, la violación sexual contra la mujer.

Quinto, la CVR reconoce que el trabajo de inteligencia operativa de la DINCOTE logró las impecables capturas de los principales dirigentes subversivos: Víctor Polay Campos del MRTA y Abimael Guzmán Reynoso de Sendero. Para la CVR, ambas capturas constituyeron un factor fundamental para conseguir la derrota estratégica de la subversión y el terrorismo.

Sexto, la CVR constata que, a partir del golpe de Estado del 05 de abril de 1992, la PNP fue sometida a los planes del Servicio de Inteligencia Nacional y subordinada al poder militar, ello no sólo supuso un recorte significativo de sus facultades y competencias, sino que también posibilitó el nacimiento de una cúpula de oficiales inmersa en la red de corrupción manejada por Vladimiro Montesinos.

Conclusión

Luego de repasar las conclusiones más importantes que la CVR hizo en su IF sobre las FFAA y PNP, queda claro que la CVR jamás equiparó la labor de ambas instituciones al accionar criminal y terrorista de Sendero y del MRTA, pero sí denunció -porque esa era su responsabilidad- las violaciones de los derechos humanos cometidas por los agentes del Estado. En todo caso, esperamos que la labor informativa que hemos desarrollado en estas cuatro columnas del mes de agosto, dedicadas todas ellas al IF de la CVR, hayan servido para que los ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, conozcan la verdad sobre la tragedia vivida durante los años de violencia política en nuestro país.