lunes, 9 de febrero de 2009

Bolivia: Un país partido por la mitad


Han transcurrido dos semanas desde el pasado 24 de enero, fecha en la cual el pueblo boliviano aprobó mediante referéndum constitucional la promulgación de una nueva Constitución.

Los días previos a la mencionada votación estuvieron plagados de una serie de enfrentamientos entre los seguidores del presidente Evo Morales y los sectores de oposición, ambos bandos, promoviendo el “Sí” o el “No”, respectivamente, no dudaron en usar todo tipo de calificativos a la hora de referirse a sus rivales políticos de turno, en suma, el electorado boliviano fue testigo de una contienda política en la cual el insulto, el atropello y el enfrentamiento físico reemplazaron a la exposición y confrontación responsable y democrática de ideas y argumentos en torno al conjunto de disposiciones constitucionales que configurarían el nuevo marco jurídico y político del hermano país altiplánico, muestra de ello fue el conjunto de agresiones verbales y empujones sufridos por el ex presidente Carlos Mesa en los alrededores del Palacio Quemado de la Paz durante una concentración en contra del proyecto oficialista.

Sin lugar a dudas, la promulgación de una nueva Constitución Política es uno de los momentos de mayor importancia jurídica y política para un país. Una nueva Constitución simboliza, en palabras de Rousseau, el contrato social a partir del cual los miembros de una comunidad política deciden establecer el conjunto de reglas y normas generales de convivencia que han de regular el total de relaciones sociales, políticas y económicas que se generan al interior de la misma.

En ese sentido, una Constitución, al ser expresión viva del Poder Constituyente, es decir del conjunto de ciudadanos de una determinada nación, debe albergar en sí misma a la diversidad de voces, opciones y planteamientos de toda índole presentes en un país, y por tanto, debe de proclamar los principios de pluralismo, igualdad y tolerancia que caracterizan a la convivencia de las sociedades civilizadas y auténticamente democráticas de nuestro tiempo.

Como señalan los especialistas, una Constitución representa el conjunto de coincidencias presentes en un tiempo y lugar determinado, una Constitución representa en ese sentido, el consenso al interior de la diferencia, diferencia que se acrecienta en sociedades tan diversas y plurales como la boliviana o la nuestra, caracterizadas por la diferencia racial, étnica, religiosa y lingüística.

Es por ello que el proceso mediante el cual se elabora y aprueba una Constitución debe de contar con la participación activa de todos los sectores sociales de un país, empresarios, trabajadores, intelectuales, movimientos sociales, partidos políticos, así como también, de la sociedad civil en su conjunto. Y ello, porque es justamente dicha participación, la única y auténtica garantía de que el producto resultante de este diálogo político y social reflejará con transparencia el acuerdo de la mayoría de ciudadanos de un país, y por tanto, será la única manera de asegurar el origen y la legitimidad democrática de una nueva Constitución.

Sin embargo, no basta con que la mayoría de un pueblo participe y decida aprobar en las urnas una Constitución para catalogar a esta de democrática y legítima. Una Constitución debe consagrar en su interior un conjunto de principios y valores que le otorguen ese status jurídico y político, una Constitución debe apostar con auténtica convicción por consagrar principios tales como la dignidad de la persona humana, el respeto a sus derechos y libertades, la separación de poderes, la alternancia en el ejercicio del poder político, el Estado de Derecho, así como el respeto al conjunto de normas y disposiciones constitucionales que regulan, limitan y justifican el ejercicio del poder público.

A partir de ello podemos señalar que el proceso mediante el cual se elaboró la actual Constitución boliviana estuvo plagado de una serie de cuestionamientos que ponen en tela de juicio su origen democrático. Así, tenemos que la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución sesionó durante cerca de 16 meses sin alcanzar acuerdo alguno y, posteriormente, aprobó su texto- con 400 artículos- a mano alzada, sin la presencia de la oposición y en una sede militar, una situación similar a la vivida en Venezuela, en la cual la oposición de dicho país decidió no participar en la elaboración de la mal llamada “Constitución bolivariana”, por no contar con las garantías necesarias que asegurasen un resultado justo y transparente, más cuando todos los poderes del estado venezolano, incluido el órgano electoral de dicho país, se encuentran tomados por los partidarios del chavismo.

Pero las similitudes entre el proceso constitucional boliviano y venezolano no quedan en lo concerniente a la elaboración de sus respectivas constituciones (en todo caso el pueblo venezolano, a pesar de la avalancha mediática a favor de la Constitución de Chávez le dio la espalda al proyecto autoritario y votó en mayoritariamente por el “No”). Las similitudes también se encuentran en cuanto al contenido del texto constitucional de ambos países. Así, podemos observar que en ambos textos se consagró la figura de la reelección presidencial, en el caso venezolano se trataba de una reelección indefinida, con una mayor dosis de autoritarismo, en el boliviano en cambio, estamos frente a una reelección inmediata, lo mismo sucede con el artículo 411 de la Constitución boliviana, que es una mera trascripción del texto venezolano, mediante el cual se permite la reforma parcial de la Constitución con la firma de apenas el 20% del electorado, para que luego sea sometido a referéndum., ahora bien, teniendo en cuenta que Evo Morales cuenta con un respaldo casi tres veces superior a ese porcentaje, se abre la posibilidad para que Evo modifique, su propia Constitución, de acuerdo a sus intereses y conveniencias políticas, restándole legitimidad e institucionalidad democrática a la misma.

Pero ¿Qué otras novedades trae consigo esta nueva Constitución Boliviana? Reelección inmediata, como ya lo hemos anticipado, un estado que se proclama laico, que reconoce la administración autónoma de justicia en las comunidades indígenas y les otorga más poder, un estado que prohíbe los latifundios, que reclama una salida soberana al mar y que nacionaliza sus recursos naturales, son la base de esta nueva Constitución a partir de la cual el presidente Morales, pretende refundar Bolivia, todo ello bajo la infame mentira mediante la cual se le pretende hacer creer a la gente que una Constitución es una especie de piedra filosofal, a partir de la cual el estado de cosas actual, social, político y económico, cambiará como por arte de magia, en beneficio del pueblo boliviano. Nada más absurdo que pretender defender esa tesis, si algo debemos de aprender de la historia latinoamericana, en especial si miramos la historia constitucional peruana, es que las constituciones no son creaciones neofantásticas que llegan como enviadas de Dios a solucionar todos los problemas de la tierra, un nueva Constitución no asegura el progreso ni el desarrollo de una país perse. Nosotros los peruanos contamos con 13 constituciones a lo largo de nuestra historia, y sin embargo, somos un país que todavía no logra alcanzar una madurez social y política que nos permita mejorar los niveles de vida de nuestros ciudadanos. Lo que se requiere es el esfuerzo conjunto de todos los actores sociales, así como una vocación decididamente democrática de defensa de las libertades y derechos ciudadanos para construir una sociedad auténticamente justa y libre. Así, proyectos mesiánicos como el de Chávez o Evo, son solamente eso, sueños de opio o discursos trasnochados de dictadores que lo único que pretenden es perpetuarse en el poder, conduciendo a sus naciones por el sendero del atraso y el subdesarrollo.

Además de ello, son tres los temas que se presentan como los más polémicos en esta nueva Constitución.

El primero de ellos es el referido a la autonomía por la que los denominados prefectos de la “media luna” (región opositora al régimen de Evo Morales conformado por Santa Cruz, Beni y Tarija) han luchado e incluso han aprobado para sus departamentos en abierta oposición al oficialismo. El problema radica en el hecho de que a pesar de que el gobierno accedió a respetar la autonomía (política, económica y administrativa) en el articulado del texto constitucional, las políticas económicas de cada región seguirán en manos del gobierno de Evo. Ello, debido que sus actividades se verán limitadas, sobre todo las vinculadas a la agricultura, más cuando de acuerdo a la mencionada votación del pasado 24, 5000 hectáreas será el número máximo de tierra que un propietario pueda adquirir, configurando de ese modo una clara y abierta afectación a derechos tales como el de propiedad, empresa y comercio.

Un segundo tema a tomar en consideración es el de la facultad que tendrá cada comunidad indígena para administrar justicia entre sus miembros, de acuerdo con sus usos y costumbres, los mismos que no necesariamente son acordes a los estándares de protección de derechos fundamentales reconocidos en tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos. En tal sentido, esta iniciativa traerá consigo la división del país en 36 circunscripciones indígenas con 36 formas diferentes de aplicar justicia, propuesta que puede convertirse en un problema más que una solución, debido a la contradicción y diversidad de criterios jurídicos que puedan generarse en la forma de administrar justicia en Bolivia.

Finalmente, es el acceso privilegiado de los pueblos indígenas al Poder Legislativo y Poder Judicial boliviano, el tema que ha dado lugar a que muchos opositores tilden a esta Constitución de racista y sectaria. Así por ejemplo, en un órgano colegiado como el Supremo Tribunal Electoral, compuesto por 7 magistrados, al menos 2 de sus miembros deberán de ser de origen indígena originario campesino. Con lo cual, se abre una era en la cual el criterio para nombrar a los más altos cargos públicos, no será la capacidad y brillantez profesional de las personas, sino el origen étnico o racial de las mismas.

Ahora bien, a pesar de todo ello la Constitución boliviana fue aprobada. Para la cadena ATB, el proyecto de Morales, es decir el “Sí” fue respaldado por el 58.3% del electorado frente al 41.7% que se opuso. Mientras que de acuerdo al sondeo a boca de urna de Unitel, los resultados fueron de 60% contra 40%, respectivamente.

Estos resultados vistos circunscripción por circunscripción nos reflejan la profunda división política de dicho país, la enorme diferencia social y económica existente entre los bolivianos. Fueron los departamentos más prósperos económicamente los que le dieron la espalda al proyecto de Evo Morales, entre ellos, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando, mientras que departamentos como La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, en los cuales la pobreza y exclusión marcan el día a día de los ciudadanos, votaron mayoritariamente por el “Sí” de Evo.

Sin lugar a dudas, el panorama para el hermano país del altiplano es bastante complicado, la implementación legislativa y la puesta en práctica de la nueva Constitución abre un camino para el diálogo y la búsqueda de consensos entre todos los bolivianos, en ese sentido, dependerá de la voluntad y de la inteligencia del presidente Evo, el éxito de este su proyecto refundacional. Esperemos que Morales, a diferencia de Chávez, deje de lado el discurso populista confrontacional y las actitudes soberbias y autoritarias, y de paso a un tiempo de diálogo político responsable y democrático que ayude a estrechar los lazos de fraternidad y solidaridad entre los suyos, cerrando de manera paulatina la brecha ideológica y regional que hoy en día conduce a Bolivia por el camino de la desintegración social.

Rafael Rodríguez Campos

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