El plan frente a la crisis económica

Una vez más el Presidente Alan García nos sorprende con su capacidad para lanzar fuegos artificiales desde la platea direccionando la atención de la ciudadanía hacia temas de menor importancia en días en los que el gobierno presenta su plan de contingencia frente a la crisis económica que atraviesa el mundo en la actualidad.

La semana que pasó nos deja la imagen de un Presidente que tiempo después de anunciar un conjunto de medidas para aminorar el impacto negativo que la crisis mundial pueda traer consigo se proclama como el nuevo organizador de Teletones, invitando a ex bailarinas a desempolvar los trajes de plumas y lentejuelas y acompañarlo en un bailecito, o juega a ser el defensor de causas perdidas invirtiendo parte de su tiempo en brindar su apoyo a personajes de la farándula caídos en desgracia, como la tristemente célebre Magaly Medina.

Nadie puede poner en duda la capacidad del Presidente para lanzar este tipo de cortinas de humo o bombas mediáticas que atrapan al común de la gente y se colocan en el centro de la conversación diaria entre los ciudadanos. Ello es conveniente para los intereses de un Gobierno al cual le disgusta la crítica y es poco afecto a reconocer errores y corregir medidas desde todo punto de vista inconsistente. Por ello, el Gobierno no duda en tratar de hacer pasar por desapercibidos los problemas de fondo del país, como en este caso la posición del Ejecutivo frente a la crisis económica, generando distractores psicosociales que tiene por único fin contribuir con la desinformación y el desinterés que por dichos temas parece tener nuestra gente y, por consiguiente, reducir a su mínima expresión las voces que critican al régimen. Recordemos que mientras menor sea la información y menor la posibilidad de comentar y analizar la política del Ejecutivo, menor será el nivel de control y fiscalización que la ciudadanía haga en torno a la viabilidad e idoneidad de las medidas propuestas por el gobierno en materia financiera, a la cual los medios han bautizado como el plan o paquete anticrisis.

Pero más allá de Teletones, de bailes de programa concurso con Gisela Valcárcel o posibles indultos a conductoras de televisión sentenciadas por difamación (propuesta que a todas luces resulta ser una aberración jurídica propuesta por un Presidente de profesión abogado), resulta importante hacer un breve comentario y análisis en torno a las principales iniciativas que forman parte de este paquete de medidas para enfrentar la crisis, señalando los pro y los contra de las mismas, así como las dificultades y riesgos en su implementación.

En líneas generales podemos decir que serán S/.10, 032 millones adicionales a los ya asignados al Presupuesto del Sector Publico de 2009 los que desembolsará el Fisco para mantener el crecimiento y la inversión y continuar luchando contra la pobreza- en medio de un clima y panorama sombrío, que -en palabras del propio García- ya le está pasando la factura a otros países. Asimismo, se señaló que el Perú cuenta con un acceso a créditos internacionales, por parte de organismos multilaterales, hasta por US$9,250 millones, de los cuales US$3,000 millones ya estarían concertados y US$6,250 millones serán de rápido acceso, los cuales sólo se utilizarían en el caso de que el país lo necesitara con suma urgencia.

En ese sentido, tomando las palabras del propio Presidente de la República, podemos señalar que el plan anticrisis apunta a 5 objetivos fundamentales: evitar la caída de la liquidez y del crédito, sostener la demanda interna y generar empleo, apoyar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, así como del sector exportador no tradicional, y mantener el gasto público e incentivar aun más la inversión privada.

Ahora bien, dentro del conjunto de propuestas planteadas por el Gobierno como parte de este plan anticrisis podemos decir que 4 son los temas que mayor impacto han generado entre analistas y comentaristas económico-financieros: el aumento de la inversión pública para el 2009 a S/.18, 000 millones, de los cuales S/.13, 000 millones ya estaban en el presupuesto del próximo año, el reconocimiento por parte del Estado de una deuda de S/. 935 millones que tiene la Oficina de Normalización Previsional con 98 mil pensionistas, la publicación del reglamento de la Ley de Asociaciones Publico Privadas y el de la Ley 29230, que permite a las compañías usar en obras públicas hasta la mitad de lo que deberían pagar por Impuesto a la Renta, y la llamada de atención a Proinversión para que reduzca los plazos de en las licitaciones que se le encargan.

Importante, sin lugar a dudas, resulta ser el efecto positivo que el aumento del gasto público por el plan anticrisis ha tenido en el repunte que hizo la Bolsa de Valores de Lima en días posteriores al anuncio de las mencionadas propuestas, repunte que responde básicamente al alza de los metales y al incremento del valor de las acciones vinculadas a la construcción, sector que será el más beneficiado con este anuncio de inversiones.

Sin embargo, debemos señalar algunos conceptos o puntos de vista que al parecer han sido olvidados o han preferido no ser mencionados por los medios y actores políticos y empresariales. En principio, habría que decir que compartimos la opinión de especialistas como Richard Webb cuando señala que son dos los objetivos que el Gobierno puede alcanzar mediante este plan. Por un lado se busca inyectar importantes sumas de dinero en la economía, hecho que va a ayudar a mantener los índices de empleo, compensando las pérdidas que de seguro se darán en sectores tales como la industria y exportación. Y, por otro lado, se pretende dar una señal a la actividad privada de que el Gobierno tiene la confianza y la seguridad de superar esta crisis, requiriendo el esfuerzo y participación de dicho sector en dicho esfuerzo.

Asimismo, debemos de tener en cuenta la opinión autorizada de personalidades tales como el economista Carlos Adrianzen, en cuanto a que resulta contradictorio pensar que el solo hecho de aumentar el gasto público garantiza el éxito del plan anticrisis. Y ello porque dicha medida debe de estar acompañada de un reperfilamiento del papel y labor que ha venido desarrollando el Banco Central de Reserva, la cual se ha caracterizado en estos últimos tiempos por tratar de mantener ficticiamente el tipo de cambio inyectando miles de dólares en el mercado. Ante ello se debería de contemplar, cada vez y con más seriedad, la posibilidad de acostumbrarnos a luchar cada dólar que se gana y una forma de dar batalla es con un tipo de cambio más favorable al sector exportador, que será uno de los mas perjudicados con esta crisis.

Otro de los riesgos siempre latentes con la dación de este tipo de medidas destinadas a incrementar el gasto, es el aumento del índice inflacionario, tal y como está sucediendo en los Estados Unidos; quizá el efecto inmediato en nuestro país no sea el incremento de la tasa inflacionaria pero debe ser un indicador al que no debemos perder de vista.

En esa misma línea, teniendo en cuenta que la clave del plan impulsado por el Gobierno es acelerar y aumentar el gasto en obras, ello trae como consecuencia el peligro de que se flexibilicen los estándares de calidad destinadas a asegurar el manejo e inversión eficiente de los recursos del Estado, quizá el exceso de voluntarismo, las ganas por hacer y hacer, puedan resultar perjudiciales al momento de cautelar el buen uso del dinero público, a fin de evitar experiencias tan negativas en materia de licitación y concesiones como la suscitada en el departamento de Cajamarca, en donde el contratista se encuentra en calidad de no habido luego de haber recibido una muy buena parte del dinero destinado a la construcción de una carretera, la cual se cae a pedazos. Junto a ello, y dada la conocida realidad e idiosincrasia de nuestro país, el problema de la corrupción no debe de perder importancia, por ello es fundamental la labor que los organismos de control del Estado, como la Contraloría General de la República, desempeñen en este tiempo, a fin de identificar y sancionar a aquellos funcionarios inescrupulosos que aprovechen esta situación y traten de granjearse beneficios particulares a costa del interés de la colectividad, incurriendo en actividades ilícitas, de las que todos nosotros hemos sido testigos, una y otra vez, en los últimos años.

Finalmente, hay un punto que una vez más vuelve a ser parte de la discusión y el análisis, este es el de la poca capacidad de gestión que el Estado peruano exhibe cada vez que tiene que asumir un rol mucho más protagónico en la formulación y ejecución de importantes proyectos de inversión en obras. En ese sentido, resultan más que injustas las expresiones del Gobierno y de los empresarios culpando a los burócratas de la demora en la implementación de los proyectos. Más si se tiene en cuenta que contamos con un aparato estatal acostumbrado a gestionar escasez, el cual se torna inoperante cuando tiene que decidir con imaginación, inteligencia y solidez técnica la inversión de miles y millones de dólares en proyectos de gran envergadura. Y ello, porque el problema de la burocracia, va mas allá del conjunto de personas que trabajan para el Estado, el problema está en modificar y cambiar las normas, la cultura y el sistema mismo, cambio que solamente podrá alcanzarse a partir de una auténtica reforma del Estado, reforma que el actual Gobierno no ha podido o simplemente no ha querido sacar adelante, a pesar de que se encontraba como uno de los puntos clave en el plan de gobierno que presentara durante la última campaña electoral el Presidente García.

Rafael Rodríguez Campos