KEIKO FUJIMORI Y VENEZUELA

El 31MAY2016 el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha propuesto que se aplique la Carta Democrática sobre Venezuela. Para Almagro, como para nosotros, Venezuela atraviesa una severa alteración del orden constitucional que afecta gravemente su sistema democrático. Así, el Gobierno de Maduro (como antes el de Chávez) ataca permanentemente a la oposición, violando los mecanismos democráticos que la propia Constitución chavista reconoció, como el Proceso de Revocatoria Presidencial que ahora busca ser implementado por la oposición pero que el Gobierno insiste en desconocer.  

Al respecto, el 01JUN2016 la candidata Fujimori, consultada por los periodistas sobre el caso Venezuela, anunció su respaldo a la propuesta de aplicar la Carta Democrática y suspender a este país de la OEA. Asimismo, señaló que haría votos para que en Venezuela se recuperen las libertades ciudadanas, y dijo que Fuerza Popular, su partido político, había respaldado siempre a la oposición venezolana.

Frente a ello, nos parece oportuno recordar algunos momentos del Gobierno fujimorista (1990-2000) a efectos de analizar si las recientes declaraciones de Fujimori sobre el Caso Venezuela merecen o no ser tomadas en cuenta. En otras palabras, traeremos a nuestra memoria algunos de los pasajes más nefastos de ese Gobierno, para evaluar si el Perú, bajo la conducción de los Fujimori, hubiera merecido también la aplicación de la Carta Democrática y, por consiguiente, la suspensión de la OEA.

La candidata Fujimori olvida que el 05 de abril de 1992 el Gobierno fujimorista disolvió el Congreso de la República (el autogolpe de Estado) e intervino organismos constitucionales como el Poder Judicial, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público, para luego, ponerlos a su servicio violando el principio de separación de poderes.

La candidata Fujimori olvida que la Constitución de 1993 fue aprobada en el marco de un proceso electoral plagado de vicios e irregularidades. Es más, olvida que en varios departamentos se detectaron serios indicios de fraude (el famoso Huanucazo). Así lo documentaron estudiosos de renombre como Carlos Iván Degregori, Víctor García Toma y muchos otros.

La candidata Fujimori olvida que en la campaña presidencial de 1995, su padre, quien postulaba a su segunda reelección, despilfarró dinero público para financiar su campaña electoral, recurriendo al más grosero populismo. Lo mismo hizo en su tercera reelección en el año 2000.

La candidata Fujimori olvida que durante el Gobierno fujimorista sus congresistas obstaculizaron cualquier investigación sobre denuncias tan graves como las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y El Santa, los escándalos de corrupción en los que se veían envueltos Vladimiro Montesinos y altos funcionarios de su Gobierno, o las denuncias acerca de la relación existente entre el asesor presidencial, la cúpula militar y el narcotráfico.

La candidata Fujimori olvida cómo en 1996 el Congreso, dominado por mayoría fujimorista, aprobó la Ley de Interpretación Auténtica, la misma que violando la Constitución dejaba el camino libre para la tercera reelección presidencial de su padre.

La Candidata Fujimori olvida cómo en 1997 el Congreso, dominado por mayoría fujimorista, destituyó a los magistrados del Tribunal Constitucional que se opusieron a la Ley de Interpretación Auténtica declarándola inaplicable por violar flagrantemente la Constitución aprobada por el propio fujimorismo.

La candidata Fujimori olvida cómo en 1997 el Congreso, dominado por mayoría fujimorista, aprobó la Ley de Amnistía, para favorecer a los asesinos del Grupo Colina, quienes luego fueron excarcelados, cubriendo con un manto de impunidad a este grupo de criminales que mancharon sus uniformes de sangre perpetrando crímenes atroces como la ejecución extrajudicial, la tortura y la desaparición forzada.

La candidata Fujimori olvida cómo en 1997 el Gobierno fujimorista le revocó la nacionalidad al empresario Baruch Ivcher, para luego, retirarlo del Directorio de Frecuencia Latina (Canal 2), colocando a ese medio de comunicación bajo la dirección de los hermanos Winter, los mismos que años más tarde aparecerían en los famosos vladivideos recibiendo fajos de dinero de manos de Vladimiro Montesinos.

La candidata Fujimori olvida cómo el Gobierno fujimorista creó una red de interceptación telefónica (chuponeo) para conocer las comunicaciones de los líderes de la oposición, y luego, perseguir a quienes se atrevían a criticar o denunciar los abusos cometidos por el fujimorismo.

La candidata Fujimori olvida cómo el Gobierno fujimorista malversó dinero público no sólo para comprar la línea editorial de los principales medios de comunicación (Canal 4 y Canal 5, por ejemplo), financiar a los diarios chicha (pasquines amarillistas cuyo objetivo era acabar con los líderes de la oposición), sino también para comprar la conciencia de los congresistas tránsfugas.

La candidata Fujimori olvida cómo el Gobierno fujimorista, luego de conocidas las serias denuncias en contra de Vladimiro Montesinos, decidió pagarle a este criminal la suma de 15 millones de dólares por concepto de CTS, a pesar de que durante todo el Gobierno los fujimoristas se esforzaron en decir que el asesor presidencial no era funcionario público y trabajaba ad honoren.

En suma, la candidata Fujimori olvida que el Gobierno fujimorista, del cual ella formó parte como Primera Dama, también fue acusado de violar el orden constitucional y atentar contra el sistema democrático, tanto a nivel nacional como internacional. Olvida que Mario Vargas Llosa, y otros intelectuales, le solicitaron a la comunidad internacional que sancionara a la dictadura fujimorista para que restableciera el Estado de Derecho en el Perú. Frente a ello, qué hizo el Gobierno fujimorista: tildó de traidores a la patria a quienes denunciaron sus atropellos y crímenes.

Entonces, a la luz de lo antes expuesto, resulta ridículo y cínico que la olvidadiza candidata Fujimori pretenda convertirse ahora en la defensora de la democracia venezolana y en la fiel guardián de la Carta Democrática de la OEA, cuando su Gobierno, su partido político y su padre, se encargaron de socavar el orden constitucional, destruir el sistema democrático y violar los derechos humanos en el Perú.