MANDATO, TRABAJO Y FINANCIAMIENTO DE LA CVR

Al escribir mi columna de la semana pasada sobre la creación y los integrantes de la CVR no pensé que la misma generaría la serie de ataques y defensas que los lectores (incluyo también a los que me insultan) me han hecho llegar a través de las redes sociales. Eso me anima a seguir escribiendo sobre el tema, ya que en un país como el nuestro que tan poco esfuerzo ha hecho por reconstruir su memoria histórica, resulta sumamente gratificante constatar que existen ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, interesados en conocer la verdad y acercarse a ella sin prejuicios o anteojeras ideológicas.

En esa línea, aprovecharé esta oportunidad para responderle a todos aquellos que de manera deliberada mienten sobre tres puntos que me parecen claves al momento de evaluar el trabajo de la CVR, me refiero básicamente a lo siguiente: mandato, trabajo y financiamiento de la CVR. Elijo estas tres materias pues son las que algunos lectores (los que me insultan) usan en las redes sociales para distorsionar la verdad y sembrar dudas sobre la honestidad y rigurosidad del trabajo llevado a cabo por la CVR.

Mentira 1: Nadie le pidió a la CVR que investigue a las Fuerzas Armadas (FF.AA) y Policía (PNP)

Esta primera afirmación es absolutamente falsa pues el Decreto Supremo N° 065-2001-PCM que creó la CVR dispuso textualmente lo siguiente: “créase la CVR encargada de esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación a los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos”.

Entonces, si la verdad es tan evidente en torno al mandado que recibió la CVR para el esclarecimiento de los hechos: ¿por qué los críticos (enemigos viscerales, diría yo) de la CVR mienten con tanta desfachatez? La respuesta, según Herbert Morote, es que a los enemigos de la CVR les molesta -hasta la locura- que el Estado luego de 20 años haya reconocido que los crímenes fueron cometidos presuntamente tanto por terroristas como por las FF.AA. y PNP. Eso es algo que las instituciones castrenses y sus defensores en la política jamás le perdonarán al ex Presidente Paniagua. Siguiendo a Morote, podríamos decir que el Gobierno de Paniagua exigía que una CVR dijese la verdad. ¿Estaba el Perú preparado para oírla? Morote cree que no, yo suscribo esa opinión.

Mentira 2: La CVR no quiso entrevistar a todos los actores del conflicto (solo a los comunistas)

Esta segunda afirmación es absolutamente falsa pues si bien la CVR estaba facultada para entrevistar a cualquier persona, autoridad, funcionario o servidor público, “no contaba con la facultad para citar de grado o fuerza a personas cuyo testimonio considerase de importancia”, potestad que sí tienen, por ejemplo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las Comisiones Investigadoras del Congreso, u otras Comisiones de la Verdad como la Sudafricana.

Entonces, queda claro que la CVR no podía -a pesar de haberlo requerido formalmente- obligar a las personas (subversivos o agentes de Estado) sospechosas o poseedoras de valiosa información a comparecer ante ella. Es así como, la propia CVR refiere en su IF que no pudo obligar al personal subalterno, oficiales y altos mandos militares y policiales a presentarse a declarar o confesar. ¿La CVR invitó a estas personas a dar su testimonio? Claro que sí. Lo hizo de manera formal cursando oficios a los respectivos ministerios, sin embargo, lo dice también el IF, no recibió de parte de las FF.AA el apoyo institucional que una tarea de tanta importancia exigía.

 Mentira 3: La CVR no quiso escuchar a las FF.AA y PNP

Esta tercera afirmación -ligada a la segunda- es absolutamente falsa ya que la CVR consciente de sus limitaciones logísticas y operativas adoptó como una estrategia de trabajo la firma de convenios de apoyo y colaboración con una diversidad de entidades públicas y privadas.

Sobre este punto, la propia CVR ha señalado que firmó 20 convenios a nivel nacional y 30 a nivel regional. Los convenios firmados fueron con el Ministerio de Educación, por ejemplo, universidades, ONG´s de derechos humanos, asociaciones regionales y otras organizaciones civiles vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos de las víctimas. Es más, la CVR refiere que se logró firmar un convenio con el Ministerio del Interior, para brindar apoyo y protección al personal de la CVR, así como también para coordinar temas vinculados a la investigación de ejecuciones extrajudiciales, exhumaciones y protección de testigos.

Sin embargo, y esto es algo que los enemigos de la CVR no dicen, al Ministerio de Defensa, es decir al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, respectivamente, no les interesó la firma de estos convenios. En otras palabras, las FF.AA fueron de las pocas instituciones que siempre se negaron a colaborar con la CVR. Por eso no sorprende, por ejemplo, que no les hayan permitido a los comisionados inspeccionar Los Cabitos ni otros cuarteles, a pesar de que estos hayan sido sindicados como centros de tortura y ejecución extrajudicial.

Mentira 4: La CVR le costó varios millones de dólares al país

Esta cuarta afirmación es absolutamente falsa pues el costo de la CVR fue de tan sólo 12 millones de dólares de los cuales el Perú puso 7 y los otros 5 millones las agencias de cooperación internacional. Es más, ya que los enemigos de la CVR insisten en difamar a los comisionados acusándolos de haberse hecho ricos con los extraordinarios sueldos recibidos, es preciso aclarar que el Presidente de la CVR, Dr. Salomón Lerner Febres, no cobró ningún sueldo, y que los demás comisionados cobraron entre 1800 y 4400 dólares, dependiendo de si trabajan a tiempo parcial o completo,  mucho menos de lo que estas personas percibían en sus labores profesionales particulares.

Entonces, si la verdad es tan evidente, y los datos son tan sencillos de verificar: ¿por qué los enemigos de la CVR la difaman con tanta virulencia y odio? La respuesta la anticipé en mi columna pasada, existen ciertos grupos políticos y sociales a los cuales las palabras “verdad, justicia y reconciliación” les resultan políticamente peligrosas. Ellos buscan esconder la verdad para que las nuevas generaciones sigan ignorando lo ocurrido, y así evitar el juicio implacable de la historia.