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El Informe Final de la Comisión de la Verdad: una polémica de nunca acabar

2012-02-01T08:29:00.000-08:00

El caso Movadef ha vuelto a poner en el centro del debate político las bondades y supuestas inexactitudes del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Defensores y detractores de este trabajo se han embarcado, una vez más, en una polémica, creo yo más política que científica, en torno a la verosimilitud de los datos expuestos en este informe y al sesgo ideológico que llevaban consigo quienes fueron parte de este grupo de trabajo en calidad de comisionados.

La derecha y los sectores más conservadores del país no han perdido oportunidad para culpar a este informe de haber contribuido con el resurgimiento de movimientos pro-terroristas, debido a la indulgencia con la que estos criminales fueron tratados en la redacción del mismo. Para la derecha, las fuerzas armadas, y otros sectores que preferirían olvidar lo pasado sin hacer un análisis crítico e histórico de lo ocurrido durante los años de violencia política desatada por la barbarie terrorista, el informe tiene un marcado sesgo ideológico que ha distorsionado la verdad histórica de lo ocurrido en el Perú de los ochentas y noventas. El informe coloca en una posición de desventaja a las fuerzas del orden, militares y policías, pues las responsabiliza de una serie de delitos contra los derechos humanos, sin tener en cuenta el momento y las circunstancias en las cuales la acción del Estado se llevó a cabo, afirman altos mandos castrenses con el respaldo de este sector político.

Del otro lado, la izquierda, esa izquierda peruana que durante los primeros años de violencia terrorista no supo deslindar tajantemente con los grupos subversivos, condenando su accionar criminal y el uso de la fuerza y el terror como medio para alcanzar el poder, se esfuerza en elevar a la categoría de verdad indiscutible y obra humana perfecta todas y cada una de las reflexiones expuestas en el informe. Que la izquierda tenga esta posición asumida es perfectamente válido, lo que no resulta justificable, es que desde este sector se tilde de reaccionario o cómplice de la barbarie a cuanto peruano se atreve a discrepar de la opinión vertida por los comisionados en este informe.

La izquierda no ha reparado en algo que es elemental, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha sido y es susceptible de diversas críticas, la mayoría de ellas injustas y carentes de justificación lógica, debido a la poca difusión que este ha tenido entre los peruanos. No debe extrañarnos entonces, que la ciudadanía, sobre todos los jóvenes, que no han tenido oportunidad de acercarse al contenido del mismo, se deje seducir por la interpretación interesada y de parte que los sectores contrapuestos han hecho del mismo. En ese sentido, creo que la izquierda, antes de arremeter contra aquellos que tienen una voz contraria a la suya, debería concentrarse en difundir a escala nacional los más importantes datos, testimonios, e información recogida durante el trabajo de la comisión, con la única finalidad de poner en manos de las gran mayoría de peruanos este documento, que en lo personal, tiene un valor histórico inapreciable.

En buena cuenta, creo que lo peor que nos podría pasar como sociedad, más allá de la posición política e ideológica que cada uno presente, es echar por tierra todo lo avanzado en este tema, borrar de nuestra memoria el horror de lo vivido, sepultar en el olvido a los miles de muertos que la violencia terrorista generó, así como aquellos que fueron víctimas del accionar de los agentes del Estado, los mismos que en muchos lugares de nuestro país incurrieron en prácticas sistemáticas de violación de los derechos humanos. Los peruanos debemos ser capaces de reconocer y señalar a Sendero Luminoso como el principal responsable de los más de 69 mil peruanos muertos durante esta época de oprobio, debemos ser capaces de distinguir y reconocer a los efectivos militares y policías valerosos que pusieron el pecho en defensa de la sociedad y del orden democrático, de aquellos que portando un fusil y vestidos de uniforme incurrieron en actos tan deleznables como los cometidos por los grupos subversivos.

Decir que en nuestro país durante los años violencia política no se cometió ningún crimen contra los derechos humanos, decir que la lucha antiterrorista no supuso, en muchas localidades de nuestra nación, sobre todo en las más alejadas y desprotegidas, la comisión de delitos como la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la tortura, la violación, no sólo es una mentira, sino una muestra de indolencia con quienes fueron víctimas de estos vejámenes. El futuro se construye mirando hacia adelante, pero la vida se entiende mirando hacia atrás, pues sólo recordando el horror de lo vivido y los errores cometidos, es que podremos dejar atrás ese pasado que hasta el día de hoy parece perseguirnos. Sólo reconstruyendo nuestro pasado podremos construir un mejor mañana, lejos del odio y la violencia que desangró a nuestro país durante más de una década. Sirva entonces este espacio para difundir algunos datos expuestos en este informe que en lo personal me parece deberían ser de difusión nacional, sobre todo entre los más jóvenes, entre nuestros estudiantes.

La CVR fue instituida en un momento en el cual en el Perú se hacían enormes esfuerzos por recobrar la democracia. El Gobierno de Transición del ex Presidente Valentín Paniagua, decidió convocar a un conjunto de hombres y mujeres encargándoles la titánica tarea de investigar y hacer pública la verdad de lo ocurrido durante los años de violencia política iniciados por Sendero Luminoso en la década del ochenta. Podemos decir entonces, que el esfuerzo por instaurar una CVR se dio dentro de un marco de medidas adoptadas por el nuevo gobierno con la finalidad de devolverle al pueblo peruano la democracia años antes perdida. Es importante, en todo caso dejar en claro, que esa democracia no se perdió por arte de magia, que dicha pérdida no fue producto del azar, o fruto de los designios inmodificables de la historia, esa fue una democracia a la cual abandonamos y dejamos languidecer poco a poco, minuto a minuto todos y cada uno de los peruanos, ya que cuando una democracia no se ejerce de manera cotidiana, con vehemencia y convicción, ésta pierde lealtad entre los ciudadanos y cae frente al más mínimo soplido autoritario.

La CVR señaló en su Informe Final que la cifra más probable de víctimas fatales en esas dos décadas de horror supera los 69 mil a manos de las organizaciones subversivas o por obra de los agentes del Estado. Sin lugar a dudas, tan estremecedora cifra nos habla de un escenario en el cual es imposible hablar ya de errores o excesos cometidos por los actores del conflicto, nos habla también de un conflicto que no pudo ser desconocido por autoridad política o ciudadano alguno, nos revela y cuestiona lo más profundo del corazón del Perú, en palabras de su presidente, Salomón Lerner Febres, este informe expone, pues, un doble escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura masivos, y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humana y no lo hicieron.

Pero la importancia del Informe Final de la CVR va más allá del dato exacto en torno al número de víctimas caídas durante el conflicto, el Informe Final da cuenta de una sociedad profundamente escindida, partida por la mitad, una sociedad que discrimina, invisibiliza y olvida a los más pobres y desposeídos. Así, el comportamiento de los actores del conflicto demuestra una falta de identificación humana con el prójimo que resulta escalofriante, una falta de identificación con los otros peruanos a los cuales no se les considera como iguales, a los cuales se los estigmatiza por su origen racial, étnico o por su lengua materna, actitud que explica, en cierto modo, la cifra de víctimas, y la manera brutal como miles de peruanos fueron asesinados, torturados y desaparecidos. Esta es, creo yo, la conclusión más importante a la cual arribó la CVR en su Informe Final, esta es la conclusión que el informe justifica con una serie de datos que detallaremos brevemente.

De cada cuatro víctimas de la violencia, tres fueron campesinos o campesinas cuya lengua materna era el quechua. Se trata pues de un sector de la población históricamente olvidado por el Estado peruano, un sector al cual los servicios básicos de educación, salud, justicia, año tras año y gobierno tras gobierno, le han sido negados, se trata de un sector de nuestra población que no es únicamente víctima del olvido de la autoridad estatal o de la clase dirigente sino víctima de la indiferencia y la desidia del resto de la población urbana que sí goza de aquellos beneficios que al sector campesino aún le son esquivos. Sin lugar a dudas, el informe nos habla de un sector del Perú que clama ser incluido y exige ser parte de un país que parecen sólo conocer aquellas personas que viven en las capitales de departamentos o en ciudades donde la presencia del Estado es mayor.

Por otro lado, fueron las zonas, rurales y campesinas, donde se concentró el mayor número de víctimas, no sólo a escala nacional, sino dentro de los mismos departamentos. Así por ejemplo, Ayacucho es el departamento que concentra la mayor cantidad de muertos y desaparecidos reportados a la CVR (más del 40%). Lo mismo ocurre con los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín, en estos departamentos la CVR ha registrado cerca del 85 % de las víctimas que le fueron reportadas. Podemos afirmar entonces, que a la luz de los resultados obtenidos por la CVR, existe una relación directa entre exclusión social e intensidad de la violencia. No es coincidencia que cuatro de los departamentos más afectados por el conflicto (Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Huánuco) sean considerados en la lista de los cinco departamentos más pobres del Perú.

La CVR llega también a la conclusión de que la violencia no afectó a hombres y mujeres por igual ni estuvo distribuida uniformemente entre todos los grupos. Fueron los hombres entre 20 y 49 años los que engrosaron la lista de víctimas fatales (más del 55%), mientras que las mujeres suman poco menos del 20%, respectivamente.

La CVR también revela que en el caso de las mujeres y niños ellos aparecen como las víctimas fatales con mayor frecuencia en situaciones de violencia indiscriminada, como son las masacres o arrasamientos. Así, conforme aumentaba el tamaño del grupo de asesinados en un mismo operativo o incursión, también aumenta ligeramente la proporción de mujeres y niños menores de 15 años.

Estos son sólo algunos de los datos más saltantes que el informe arroja y que al parecer el grueso de la sociedad peruana parece haber olvidado. Han transcurrido cerca de 9 años desde la entrega del Informe Final de la CVR, y el Estado, los partidos políticos, la clase política parecen no haber hecho una revisión exhaustiva del mismo, una evaluación que les permita entender la complejidad y magnitud del conflicto, revisión que posibilite una real y cabal adopción de una política de reparaciones individuales y colectivas que en alguna medida ayuden a cerrar las heridas aún abiertas en los corazones de miles de peruanos víctimas directas o indirectas de esta barbarie fratricida.

Queda claro que la búsqueda y conocimiento de la verdad abre el camino hacia la reconciliación nacional, pero ella no será posible sino va acompañada de una clara y decidida voluntad política del Estado y de la sociedad por corregir aquello que, so pretexto de una transformación social a gran escala, fue utilizado por los movimientos subversivos para desatar su insana conducta. Son muchas las reformas e iniciativas que el Estado debe emprender para convertir al Perú en un país mucho más inclusivo, democrático y justo, muchas de esas reformas están contempladas en las recomendaciones hechas por la CVR, la pregunta es: ¿Cuántas de ellas han sido tomadas en cuenta por los gobiernos de turno?

Hoy en día, esta pregunta: ¿Cuántas recomendaciones han sido implementadas por los gobiernos? Cobra mayor vigencia. Ello es así, pues en los últimos comicios generales, fue el actual Presidente de la República, Ollanta Humala, el único candidato que respaldó, junto a su agrupación política, la totalidad de las conclusiones y recomendaciones planteadas en el Informe Final de la CVR. Yo me comprometo, señaló el entonces candidato, a implementar una política de reparaciones que materialice las recomendaciones del informe. Por eso, nos ha sorprendido a todos los que tenemos memoria, las declaraciones vertidas hace algunos días por el actual Primer Ministro, Óscar Valdez, cuando al referirse a los testimonios vertidos por las víctimas en las audiencias públicas organizadas por la CVR, señaló que en ellas había una dosis exagerada de “teatralización”.

Cuánta indignación ha generado esta alocución entre las víctimas del horror, y entre los que no lo somos, de cuánta desidia e indolencia puede ser capaz el ser humano, cuánta hipocresía revela esta frase, cuánta falta de memoria y conocimiento histórico revela en la persona del Primer Ministro esta intervención pública. Seguramente, y eso no debe sorprender, esta frase recibirá el apoyo y respaldo de quienes creen que las víctimas, los asesinados, torturados y desaparecidos no son sino el costo humano que toda lucha contra el terror genera. Seguramente, y ahora con el apoyo del Primer Ministro, saldrán a los medios los verdaderos cómplices de la impunidad a decir con el mayor desparpajo que en el Perú no se vulneraron los derechos humanos, que lo que ocurrió en el país fueron simples excesos de algunos militares, y que lo mejor para el país es enterrar el pasado junto a los más de 60 mil muertos, para evitar que las heridas abiertas por la violencia terrorista de Sendero Luminoso y avivadas por la respuesta criminal de algunos agentes del Estado sigan supurando.

Tenemos una vez más la oportunidad de volver tras nuestros pasos para poner en discusión los temas abordados en este documento histórico, tenemos la posibilidad de reencontrarnos con nuestra memoria colectiva, de recordar a aquellos que estuvieron y que hoy ya no están, pero sobre todo, tenemos, seguimos teniendo la oportunidad de volver a mirar como sociedad el rostro de un Perú aún adolescente, que lucha por alcanzar el desarrollo y el progreso y que olvida, muchas veces, en ese duro camino, al sin número de ciudadanos que aún reclaman justicia.

Tener presente aquello que como sociedad nos tocó vivir durante dos décadas, incorporarlo en nuestra memoria histórica para evitar que se vuelvan a repetir los hechos que enlutaron a la familia peruana, es una obligación moral y ética que todos deberíamos asumir. Porque creer en la defensa de los valores democráticos, en la justicia, en los derechos humanos, no nos convierte en izquierdistas, rojos o caviares. Dejemos de lado toda esa retahíla de estupideces con las que los medios de comunicación desinforman día a día. Creer en los derechos humanos no es sino reconocer la importancia de estas libertades fundamentales que forman parte de nuestra propia naturaleza. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones hechas en el Informe Final, lo que no podemos hacer es mentir y tergiversar lo dicho, difamar y ofender a los comisionados, descalificar a quien no piensa como uno. El compromiso nacional debe ser con la verdad, pues sin verdad no habrá jamás justicia, y sin justicia es imposible caminar hacia la reconciliación.

El caso Omar Chehade: la gran desilusión

2012-01-19T16:37:00.000-08:00

Todo terminó. Se activó la máquina del tiempo en nuestra negra política y el Perú volvió a sumirse en el estiércol. El discurso de la lucha frontal contra la corrupción, que le sirviera a Ollanta Humala como bandera de campaña en la segunda vuelta electoral; al menos eso es lo que nos ha demostrado el oficialismo, terminó convirtiéndose en una falsa, oportunista y mentirosa prédica, que empleada sutilmente por los publicistas del actual Presidente de la República, inclinó la balanza electoral y le dio la victoria, permitiéndole llegar a Palacio de Gobierno haciendo suya la frase: “honestidad para hacer la diferencia”.

Algunos lo intuimos, suponíamos que esto podía suceder. Lo que no podíamos presagiar, o simplemente no quisimos hacerlo, era que el cambio y la claudicación principista y de espíritu llegaría antes de haberse cumplido el primer año de gobierno. Errores, tropiezos, denuncias por corrupción siempre han de existir, siempre acompañarán el día a día de un gobierno en el Perú, en Latinoamérica, en el mundo entero. Pero a un gobierno no se lo puede tildar de mafioso o corrupto simplemente por el número de denuncias de este tipo que salten a la luz pública. Un gobierno es corrupto cuando a la luz de los acontecimientos y la contundencia de los argumentos, como ocurrió en este caso, decide, maquiavélicamente, blindar desde el Congreso a un personaje siniestro y despreciable como Chehade, amparándose únicamente en la fuerza de la mayoría de sus escaños. Las razones se exponen, los votos se imponen, así ha sido siempre en nuestro país, y así seguirá siendo, al menos durante los próximos 5 años. Esa fue la conducta fujimorista de los noventa, la aprista del segundo alanismo, y la que ya es posible presagiar en el humalismo. Ojalá me equivoque

Si nos asqueó la manera como el fujimorismo y el aprismo unieron esfuerzos al momento de cubrir con un manto de impunidad a los corruptos durante el último quinquenio, qué podemos decir del humalismo luego de ver cómo encarpetaron el caso Chehade, sin mayor argumento jurídico o político que la simple contabilización de votos a favor de la corrupción. Trece fueron los votos que impidieron que el inefable Chehade se sometiese a una investigación ante la justicia ordinaria. Trece fueron los votos que volvieron a matar la esperanza de un país que está cansado de ver cómo la frase: “otorongo, no come otorongo”, alcanza el estatus de verdad bíblica entre nuestros políticos.

La crónica se resume en pocas palabras: “Como los defensores del ex abogado del Presidente de la República sumaban trece votos, no había más que discutir, no importaba si el informe elaborado por la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, trabajado con prolijidad por la congresista Marisol Pérez Tello, daba cuenta del enorme caudal de indicios razonables en torno a la responsabilidad penal de Omar Chehade. Así, gracias a la condescendencia que muchos tienen con la corrupción, me pareció escuchar a los cacacenos reflexionar de esta manera: ¡Nosotros somos el partido de gobierno, Perú Posible juega de nuestro lado, nosotros somos trece y ellos doce, al diablo con el informe, Chehade se queda entre nosotros, Chehade es un digno padre de la patria! Además, quién no ha cometido un error”. Disculpen los que razonan de este modo, pero existe una diferencia semántica sustantiva entre error y delito, entre imprudencia y corrupción, entre torpeza y bribonería, entre defensa y testarudez, entre candidez y pendejada.

Y así terminó la historia del caso Chehade, con la complicidad de la bancada oficialista salvándole su curul congresal, con el cobarde apoyo de los congresistas del partido de Alejandro Toledo, y con la venia y mano salvadora de los otrora paladines de la moralidad Yehude Simon y Javier Diez Canseco. Mención especial merece el señor Jaime Delgado, quien en menos de 6 meses de experiencia parlamentaria ha sido rápidamente amaestrado en el arte del encubrimiento, y al votar por el archivamiento de la acusación contra Chehade, lanzó por la borda años de prestigio ganado como defensor de causas justas.

Ollanta Humala y sus parlamentarios han herido de muerte a la lucha contra la corrupción. Si el barro del caso Omar Chehade los había cubierto hasta la cintura con la denuncia hecha por los medios de comunicación por la supuesta comisión del delito de patrocinio ilegal en el cual habría incurrido el “irrenunciable Chehade”, el blindaje y apoyo brindado por el oficialismo a favor de éste terminó por sepultarlos en el fango de la indecencia y del otoronguismo parlamentario más ramplón. Y pensar que el actual Presidente del Congreso, Daniel Abugattás, o el actual Presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento, Fredy Otárola, se rasgaban las vestiduras durante el segundo alanismo cuando la mayoría aprofujimorista echaba por tierra toda denuncia, toda acusación, todo afán moralizador. ¿Dónde están estos señores tan decentes? ¿Dónde están ahora que el Perú necesita más de ellos? ¿Dónde están cuando lo que les reclama el electorado es coherencia entre lo que se dice y lo que se hace? Muy sencillo. Están viendo la manera de perpetuar y consolidar esta mayoría parlamentaria que por ahora les permite hacer lo que quieran, a ellos, a sus promotores, y por supuesto, a su jefe mayor, su cacique empoderado con cetro y corona sentado en el sillón de Pizarro.

Pero como es sabido en política, los favores gratuitos, así como los votos de conciencia no existen, y si existen son producto de la imaginación afiebrada de quienes dicen defender al Perú un día y se congracian con quienes lo minan desde sus entrañas a la mañana siguiente. Cómo pagará este favor Chehade, cuáles serán las dádivas que los Yehude, los Diez Canseco, los Delgado recibirán de manos del ex cliente de Chehade, el Presidente de la República. Porque habría que ser muy ingenuo para no estar casi seguro de que detrás de este inmundo blindaje no está la mano de Ollanta Humala. Qué lástima, qué desilusión. Lo dijimos cuando leímos vía twitter la pregunta de la Primera Dama, Nadine Heredia, con respecto a este caso: ¿Tan difícil es caminar derecho? Sí señora Nadine. Caminar derecho es muy difícil, conducirse con honestidad es toda una proeza, casi una hazaña, sobre todo cuando el corrupto sabe que el Presidente de la República, quien personifica a la nación y al Estado, mueve los hilos y hace todo lo posible por convalidar con su silencio primero, y con el apoyo de sus ayayeros congresales después, los irregulares actos de la persona a la cual el propio mandatario le dio el honor de asumir el cargo de Vicepresidente del Perú.

Otra vez nos ganó la cobardía, otra vez se impuso en nuestro país la hediondez de la corrupción, otra vez los faenones descubiertos se convierten en expedientes encarpetados, otra vez el Congreso le hace el juego a quienes no debieron nunca pisar el Hemiciclo, otra vez los cuestionados parlamentarios le cuidan las espaldas a quienes ya perdieron todo tipo de credibilidad, otra vez los peruanos hemos sido timados, otra vez la juventud se desencanta, otra vez la clase política le hace el trabajo a los radicales, a los que creen que al Perú no lo salva nadie, que en el Perú la mierda se exporta, y que para que eso cambie se necesita la llegada de un movimiento mesiánico, violento si es posible, capaz de acabar de una vez por todas con toda esta imagen de país que alcanza el desarrollo económico pero que va en serio retroceso cuando se trata de principios y valores.

Me quedo con una imagen y una frase para recordar. Esas que pasan a formar parte del álbum de la infamia nacional o del archivo de nuestra miseria. Veo a Omar Chehade, una vez culminada la sesión de la vergüenza, cruzar de un lado a otro, acercarse a Yehude Simon y estrecharle fuertemente la mano, con una sonrisa que lo dice todo, y con una altivez de quien sabe que gracias a este “hombre de izquierda”, podrá seguir cobrándole al país su jugoso sueldo de parlamentario, más gastos operativos y otras gollerías que sólo Dios sabe tienen estos fanáticos de las películas de gánsters, sobre todo de aquellas en las cuales los delincuentes siempre ganan. Luego, recuerdo las declaraciones de Yehude Simon tratando de justificar su injustificable actuar: “no se puede condenar a una persona en función de meras presunciones”, sentenció el otrora Premier de Alan García.

Obvio señor Simon, en una democracia la inocencia se presume, no se prueba, pero casualmente debido a ello, lo que se estaba solicitando no era la imposición de una sanción penal en contra de Chehade, eso es una locura, el Congreso de la República no tiene esa prerrogativa, lo que se solicitaba era el levantamiento de la inmunidad de esta persona para que su caso pase a manos del Ministerio Público y del Poder Judicial, respectivamente, pues le corresponde a este último órgano determinar la responsabilidad penal de todo peruano. Bastaba con que se presenten indicios razonables sobre la posible comisión de un delito de corrupción para que el Congreso remitiese el caso a manos de los órganos de justicia. Ahora bien, salvo que el señor Simon sufra de algún tipo de incapacidad mental, súbita y convenientemente adquirida en estos últimos días, o tenga problemas para diferenciar entre lo real y lo maravilloso, todos tenemos claro que en este caso, razones, indicios, pruebas sobre la posible responsabilidad de Omar Chehade existían y de sobra.

El caso Chehade marcará un antes y un después en este gobierno, el caso Chehade será la piedra en el zapato que acompañará la gestión de Ollanta Humala, se equivocan los que creen que en unas semanas o meses el señor Chehade recuperará posiciones y volverá a aparecer como el gran señor, como el héroe de la lucha contra la corrupción. Cuánto daño se ha hecho el gobierno, cuánto daño se le hace al país con este tipo de conductas, cuánto tiempo hemos perdido en tratar de desentrañar este embrollo para que al final, y como siempre en nuestra patria, el acomodo político le gane la partida a la decencia. Dónde terminará todo ese paquete legislativo que el Poder Ejecutivo pensaba impulsar en materia de lucha contra la corrupción, dónde irá a parar el proyecto de reforma constitucional que pensaba presentar, curiosamente el señor Chehade, para tornar imprescriptibles los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. El Ejecutivo ha perdido el norte, y los parlamentarios oficialistas han perdido la autoridad moral para encabezar la gran reforma que el país requiere en materia de justicia. Qué pensará el país cuando el señor Chehade acuse a alguien de corrupto, que pensará la juventud cuando vean al señor Abugattás tildar a todos, menos a los suyos, de delincuentes. Seguro sentiremos cólera, rabia, tristeza de ver cómo el Perú es el país de las eternas oportunidades perdidas.

Celebran los corruptos, celebran los que amasaron fortunas con el erario nacional, celebran los que logran abandonar las cárceles gracias a las ventajas y favores del poder, celebran los malos apristas, celebran los malos fujimoristas, celebran los corruptos del régimen de Toledo. Celebran todos, porque en el Perú ya no es posible diferenciar entre buenos y malos, entre honestos y deshonestos. Porque allá donde todos son percibidos como corruptos, entonces nadie es corrupto. Porque allá dónde todo tiene un precio, y donde todo se vende, los valores son siempre relativos y la decencia es una palabra extraña que los peruanos conocemos pero no sentimos.

La revocatoria a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán

2012-01-10T19:32:00.000-08:00

El año 2012 ha comenzado, un año nuevo que seguramente nos traerá más de una sorpresa en el terreno político. Cuántos nuevos escándalos serán denunciados por los medios de comunicación, cuántos políticos caerán en desgracia, cuántas alianzas se acabarán y cuántas nuevas se forjaran durante estos 365 días. Y como para ratificar aquello de que en el Perú es casi imposible morir de aburrimiento, algunos de nuestros compatriotas, algunos de los vecinos de la comuna limeña han dado inicio a una campaña de movilización ciudadana cuyo único objetivo es lograr la revocatoria del mandato de la actual alcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán.

Como todos saben, el lunes 2 de enero del corriente, empezó la venta de los kits electorales, conjunto de documentos y formatos que la autoridad exige para dar inicio al proceso de recolección de firmas que haga posible la revocación de la autoridad edil. Ese mismo día, fueron 7 los grupos que adquirieron los kits (S/. 79,13 soles cada uno). Uno de los adquirientes, y principal promotor de la revocatoria de Villarán, es el abogado y ex empleado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, durante el periodo de gestión de Luis Castañeda Lossio, Marco Tulio Gutiérrez. Este dato es importante, pues más allá de las razones, atendibles o no, que impulsan a estos ciudadanos a solicitar la revocatoria de la autoridad, es importante, creo yo, conocer la trayectoria, los vínculos políticos y los intereses detrás de las personas que están encabezando esta campaña.

De acuerdo a lo establecido en la legislación vigente, para el caso puntual de la alcaldesa de Lima, se requiere la recolección de 400 mil firmas, todas ellas certificadas por la autoridad competente para poder hacer formal la solicitud de revocatoria. Sólo después de haber cumplido con este requisito, será el Jurado Nacional de Elecciones el órgano encargado de programar oficialmente dicha consulta ciudadana para el día 30 de septiembre. Es decir, en caso los impulsores de esta iniciativa cumplan con los requisitos formales previstos en la ley, los vecinos de Lima volveremos a las urnas en el mes de septiembre para respaldar o no la gestión de la actual alcaldesa.

Sobre el proceso de revocatoria podríamos decir muchas cosas. En principio podríamos abordar el tema desde una perspectiva netamente política, o también, y esa me parece la opción más recomendable, podríamos aprovechar la cobertura que este tema ha generado para informar a la ciudadanía en torno a la naturaleza y alcances de esta figura jurídica y constitucional. Es importante hacer ello pues el ciudadano, al menos eso es lo que se desea en las democracias avanzadas, debe conocer cuál es la importancia y el valor de este tipo de consultas populares al interior de los sistemas constitucionales; y al mismo tiempo, debe de tomar conciencia en torno a los riesgos que el uso irresponsable de este mecanismo puede traer consigo para la gobernabilidad y el orden de la ciudad.

¿Qué es la revocatoria y cuál es su finalidad?

La revocatoria es un mecanismo que posibilita el derecho de participación política de los ciudadanos en la toma de decisiones de poder público. Este mecanismo tiene por finalidad remover o destituir de su cargo a una autoridad elegida antes de la culminación de su periodo de gobierno o mandato. Es un mecanismo de participación política directa expresamente reconocido por nuestra Constitución y por la Ley Nº 26300, Ley de Participación y Control Ciudadanos, al igual que otros de similar naturaleza como la remoción de funcionarios, el referéndum normativo, la rendición de cuentas, la iniciativa legislativa o los cabildos abiertos.

¿Cuál es el origen histórico de este mecanismo?

La revocación es una figura jurídica que nace en el derecho anglosajón y cuya regulación ha merecido un importante tratamiento debido a la necesidad de buscar un equilibrio entre el poder de los ciudadanos, el mismo que se expresa a través de su respaldo o rechazo a la labor de la autoridad sometida a este mecanismo, la cual puede ser cesada de su cargo, y el deber del Estado de garantizar el orden y la continuidad en el desempeño del cargo de todas y cada una de las autoridades públicas. Así por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, tenemos que la revocación procede en algunos Estados, y opera frente a algunas autoridades como por ejemplo gobernadores, alcaldes o concejales con ciertas limitaciones previstas expresamente en la ley.

¿Qué otros países en la región han recogido este mecanismo de participación?

En Latinoamérica podemos encontrar dos grandes grupos de países. En el primer grupo aparecen aquellos que no contemplan esta figura como Chile, Uruguay o Costa Rica. Y un segundo grupo, del cual forma parte el Perú, en donde la figura de la revocatoria aparece reconocida pero presenta diversos alcances dependiendo de la opción política de cada Estado. Estamos hablando de países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Colombia.

¿Qué autoridades pueden ser revocadas en el Perú?

De acuerdo al orden jurídico vigente, en el Perú únicamente pueden ser revocadas las siguientes autoridades: Presidentes Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Regidores. La revocatoria no opera frente a otro tipo de autoridades elegidas de manera directa como son: el Presidente de la República o los Congresistas.

¿Cuándo se puede solicitar y realizar la consulta revocatoria o referéndum revocatorio?

En el Perú, el pedido y realización de la revocatoria no pueden hacerse efectivos ni en el primer ni en el último año de la gestión de la autoridad cuestionada. Para el caso de la alcaldesa de Lima, ésta únicamente podría ser revocada en el segundo (2012) o tercer año (2013) de su periodo edil.

¿El pedido o solicitud de revocatoria de autoridades requiere ser motivado?

Podríamos decir que no. Es cierto que la solicitud de revocatoria siempre consigna las razones que motivan dicho pedido. Sin embargo, las autoridades competentes no pueden analizar la verosimilitud de lo afirmado o verificar la validez de dichas afirmaciones. En otras palabras, se trata de un mecanismo eminentemente político por medio del cual los ciudadanos, impulsados por razones objetivas o subjetivas, eso no importa, ratifican o no su confianza en la autoridad sometida a evaluación.

¿Cuál es el requisito exigido para revocar a una autoridad o, como se pretende en este caso, a la Alcaldesa de Lima?

En nuestro país el acto revocatorio se consuma si el 50% o un número mayor de electores hábiles del padrón electoral de Lima Metropolitana concurre al acto de sufragio. Y luego, si la mitad más uno de los votos válidamente emitidos respalda la opción revocatoria.

¿Cuándo se llevó a cabo el último proceso revocatorio en el Perú?

En noviembre de 2009, se realizó el último referéndum revocatorio, dando como resultado la revocación de 67 alcaldes y 271 regidores. Fueron 72 distritos los que sometieron a esta consulta a sus autoridades locales.

Habiendo dado algunos alcances en torno a la naturaleza, finalidad y alcances de este mecanismo de participación y de la manera cómo ha sido concebido en nuestro país, pasemos a continuación a hacer algunos apuntes en torno a las motivaciones y a la conveniencia política de llevar adelante este mecanismo para el caso de Susana Villarán.

Los ciudadanos debemos de partir por reconocer que ninguna autoridad logrará colmar absolutamente todas nuestras expectativas en el corto plazo. Los ciudadanos, y qué decir de los vecinos de esta gran urbe, debemos reconocer que llevar adelante una gestión exitosa en nuestro medio es una tarea titánica. La escasez de recursos, la falta de voluntad política de los actores, las miles de demandas sociales no atendidas a lo largo de la historia, la falta de institucionalidad y la ausencia de una cultura cívica y democrática son factores que entorpecen el quehacer diario de cualquier autoridad. En ese sentido, creo importante hacernos un par preguntas: ¿Cuáles son los criterios para catalogar a una gestión de ineficiente? ¿Bajo qué parámetros podemos juzgar la labor o el desempeño de la alcaldesa de Lima?

Según palabras del señor Gutiérrez, refrendadas por voces como las del señor Luis Castañeda Lossio, ex Alcalde de Lima, quien afirmó que él sería el primero en firmar la solicitud de revocatoria, o la del ex candidato a la alcaldía de la ciudad en las últimas elecciones, Alex Kouri, “la gente considera que Susana Villarán ha incumplido su programa de gobierno”, y en tal medida, ante dicho incumplimiento, el proceso de revocatoria resulta justificado”. Si ello fuese cierto, me gustaría hacer una doble pregunta al respecto ¿Cómo se puede incumplir el programa de gobierno previsto para 4 años de gestión cuando sólo ha transcurrido el primer año? ¿No es acaso esta posición algo apresurada e irresponsable? Yo creo que sí.

Debemos de tener en consideración un dato que parece olvidar el grupo de impulsores de la revocatoria de Villarán. Durante su primer año de gestión, la señora Villarán tuvo la mala suerte de cruzarse con la celebración de una elección presidencial que paralizó el país durante los seis primeros meses del año debido al temor que los resultados generaron en los actores políticos y económicos nacionales e internacionales. Este es un dato que no debemos dejar de tomar en consideración al momento de hacer nuestros juicios. A pesar de ello, y las cifras así lo evidencian, la señora Villarán ejecutó el 72,6% del presupuesto total de la Municipalidad Metropolitana de Lima, porcentaje mayor al 67% que en su momento ejecutara el ex alcalde, Luis Castañeda, hoy promotor de la revocatoria, en el año 2007 (primer año de su segunda gestión como alcalde).

Otra de las críticas que se le hacen a la gestión de Susana Villarán es su falta de capacidad para la construcción de obras de infraestructura. Dicho de otro modo, para algunos, la gestión de un alcalde se mide en función de las toneladas de concreto o cemento que logra inaugurar, pintando de amarillo (recuerden que era el color favorito del ex alcalde) y llenando de placas con inscripciones “Lucho lo hizo” toda la ciudad. Es decir, un alcalde es más eficiente, realiza una mejor gestión, en la medida que construya el mayor número de losas deportivas, escaleras, calles y plazas, independientemente de si estas edificaciones se llevan a cabo en los tiempos previstos o con transparencia en el manejo de los recursos.

Si se trata de hacer ese tipo de juicios, indudablemente Susana Villarán sale muy mal parada. Eso no quiere decir que su gestión sea mala, simplemente que se trata de una política con otro estilo y con otra manera de entender los problemas de la ciudad. Susana Villarán ha decidido asumir el reto de hacer frente a dos problemas vitales para la viabilidad de Lima, dos problemas que durante muchos años, por puro cálculo político, ninguna autoridad edil quiso enfrentar: seguridad ciudadana y reordenamiento vehicular. Basta con recordar la cobardía exhibida por la gestión anterior en el caso de las “revisiones técnicas” para darnos una idea del porqué este asunto merece nuestra mayor atención. Y claro, al enfrentarse a ciertos grupos de interés, no es de extrañar que sean estos mismos, los transportistas, los comerciantes ambulantes del Centro de Lima, de Mesa Redonda, del Mercado Mayorista, los mismos actores que hoy en día piden la cabeza de la alcaldesa.

Pero además, el estilo de Villarán es muy diferente al de su antecesor. Esta es una gestión que apuesta por la transparencia, que siempre está llana a explicar a la ciudadanía cada uno de sus pasos, que no teme dar la cara ante los medios de comunicación, que respeta el derecho que tiene la población a estar informada, que no cae en ese mutismo absurdo al cual nos tuvo acostumbrados Luis Castañeda Lossio a los limeños durante los 8 años de gestión.

Al mismo tiempo, la gestión de Villarán entiende que la relación con la comunidad debe de darse de modo horizontal y participativo. Es posible que la figura que Villarán proyecta no calce con el modelo publicitario, empresarial o de gestión corporativa que tanto parece valorar cierto sector de poder de la ciudad, pero de allí, a tildar a la alcaldesa de ociosa, de asambleísta, de politiquera me parece existe una distancia muy grande. Eso no quiere decir, como afirman algunos analistas que la señora no sea eficiente o práctica, quiere decir que en su escala de prioridades figura el fortalecimiento del lado humano de la gestión, el apoyo y el contacto con los más pobres, la promoción de la participación vecinal, la presencia municipal en la comunidad, mediante la recuperación de espacios públicos o espacios para el esparcimiento de la familia o el encuentro entre los limeños como son los museos y los teatros, y no únicamente el frió y duro cemento. Y no por ello, deja de atender los grandes proyectos que su antecesor le heredó, pues a pesar de las mentiras que día a día se repiten, sólo dos de los proyectos heredados han sido paralizados. Y tantos otros siguen su curso como el caso del proyecto Cerro Verde.

Lima no era un paraíso hace un año, y tampoco se ha convertido en Bagdad, Kabul, Juárez o Caracas durante el año de gestión de Villarán. Es cierto que quizá la gestión de la alcaldesa debería mejorar su perfomance comunicacional y dar a conocer de modo más inteligente sus logros, objetivos o medidas adoptadas, pero no por ello podemos dejar de reconocerle méritos como los antes descritos. No creo, y quiero ser honesto en ello, que existan razones de fondo que justifiquen la revocatoria de Villarán, no creo que la supuesta ineficiencia de Susana sea motivo suficiente para llevar a la ciudad a un periodo de polarización e inestabilidad política de por lo menos un año, no creo que Lima pueda darse el lujo de paralizar su desarrollo por la sola voluntad de algunos que habiendo perdido la oportunidad de conducir la ciudad o el país en las urnas desean patear el tablero, desconocer las reglas democráticas usando la cándida excusa de estar preocupados por el futuro de la ciudad, y de no hacer sino aquello que el ordenamiento permite. ¡Vamos señores! ¿Quién les cree? Yo no. ¿Y ustedes?

Rafael Rodríguez Campos

Escribe en www.muladarnews.com columna de opinión sobre temas de actualidad nacional e internacional

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el caso Chavín de Huantar

2011-12-29T12:08:00.000-08:00

Nuevamente las decisiones asumidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto a nuestro país han desatado una encendida polémica en la opinión pública nacional. Como se dio a conocer hace algunos días, la CIDH tomó conocimiento de este caso a partir de la denuncia planteada por la ONG Aprodeh en contra del Estado peruano respecto a la operación militar Chavín de Huantar llevada a cabo en 1997, la misma que tuvo como objetivo el rescate de los más de 70 rehenes secuestrados en la embajada de Japón en Lima a manos del grupo terrorista MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru).

¿Qué es lo que está solicitando puntualmente la CIDH? La CIDH, y eso lo debemos tener muy en claro, emitió un informe en el cual afirma que el Estado peruano habría omitido dar cumplimiento a las recomendaciones que esta diera para llegar a un acuerdo de solución amistosa en la denuncia promovida por la ONG Aprodeh, sobre la supuesta violación de derechos humanos de tres terroristas que tomaron por asalto la embajada japonesa y a los cuales un grupo de militares habrían ejecutado extrajudicialmente.

¿Por qué el Estado peruano no habría dado cumplimiento a estas recomendaciones si como afirman algunos este asunto ya fue dirimido por los tribunales nacionales?

Muy simple. En la demanda presentada por la CIDH en contra del Perú se señala que el Estado si bien cumplió con procesar a los presuntos implicados en estos asesinatos lo hizo de manera irregular. Esto es así pues en opinión de la CIDH los comandos debieron ser juzgados en el fuero civil y no en el fuero militar, tal como ocurrió. Dicho de otro modo, para la CIDH el fuero militar no era competente para conocer de esta controversia. No lo era, pues tal y como lo señalan importantes especialistas en la materia, el fuero militar opera para el juzgamiento de militares que hayan cometido delitos de función, y dado que en este caso la imputación versaba sobre ejecuciones extrajudiciales (asesinatos) debía ser la justicia civil la encargada de determinar la responsabilidad penal de estos presuntos implicados violándose de ese modo el derecho al debido proceso de los deudos.

Estas son las consideraciones jurídicas que los ciudadanos debemos tener en cuenta al momento de formarnos un juicio propio en torno a este tema. Esta es la discusión que algunos sectores pretenden ocultar y pasar por alto con la única finalidad y objetivo de arremeter violentamente contra el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos. ¿Por qué esa actitud? Muy sencillo. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos puso en evidencia, tanto a nivel nacional como internacional, las innumerables violaciones a los derechos fundamentales cometidas en el Perú durante la década oscura de los noventa y parte de los ochenta. Como se puede prever, y para ello no se necesita ser muy perspicaz, tenemos en el Perú a un importante y poderoso sector interesado en desprestigiar la labor de los organismos internacionales vinculados a la defensa de los derechos humanos. Es este mismo sector el que no pierde oportunidad para tildar a la CIDH y a la Corte de San José de Costa Rica de haberse convertido en tribunas pro terroristas o pro comunistas, como si en los casos en los cuales el Perú recibió condena no se hubiera acreditado fehacientemente todas y cada una de las imputaciones hechas por violación de derechos humanos (36 casos).

Sobre el particular, habría también que decir lo siguiente. Esta polémica nos ha permitido apreciar y constatar el profundo desconocimiento que la ciudadanía tiene sobre el tema de los derechos humanos y de los organismos internacionales de protección de los mismos. Algunos periodistas, que desinforman a diario, han incluso tildado a la CIDH de ser una especia de ONG internacional que cuenta con filiales en cada país. Esto es absolutamente falso. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconocido por la Carta de la OEA y por la Convención Americana de Derechos Humanos, reconocido y legitimado por los países de la región, entre ellos el Perú. Asimismo, habría que señalar públicamente que la labor de la CIDH no es otra que la promoción del respeto y protección de los derechos humanos en la región, y no la de perseguir a las instituciones castrenses que se enfrentan al terrorismo en nuestro suelo, como falsamente afirman algunos medios parcializados. Además, con respecto a sus miembros, estos son personalidades que gozan de la mayor consideración académica y moral a nivel regional, y no defensores encubiertos de terroristas o empleados de segundo orden de alguna ONG, como interesadamente afirman las voces de siempre. La CIDH está compuesta por 7 miembros los cuales son elegidos por la Asamblea General de la OEA, es decir por los propios estados que después pueden ser procesados ante la Corte de San José, luego de haber sido denunciados por la CIDH. En esa medida, podemos todos reflexionar de manera aguda y hacernos la siguiente pregunta ¿Acaso todos los países de la OEA eligen a defensores de terroristas para asumir funciones como miembros de la CIDH? Evidentemente no. Por eso este argumento es absolutamente descabellado y absurdo.

Hecha esta aclaración en torno a la naturaleza, función y composición de la CIDH. Corresponde ahora hacer algunas reflexiones de tipo jurídico y político sobre el tema que ahora nos convoca. En esa línea, es importante destacar la opinión de algunos juristas nacionales que sobre el particular han afirmado que la denuncia de la CIDH carece de todo sustento, pues en primer lugar para acceder a la jurisdicción internacional se requiere agotar la vía interna, situación que en opinión de este grupo de notables no ha ocurrido en el caso Chavín de Huantar, por lo que dicha denuncia debiera ser declarada inadmisible; y que aún cuando esta fuese admitida por la Corte debería ser declarada infundada pues el proceso seguido en el fuero militar en nuestro país contra algunos comandos arrojó una decisión legal y legítima. Si ello es así, si opiniones como la del juez ad hoc de la corte Fernando Vidal son tan sólidas, entonces porqué tanto revuelo en torno al tema. Si las razones favorecen al Perú, si los argumentos de nuestro Estado son tan contundentes porqué el temor o la incomodidad en torno a la presentación de esta denuncia.

Creo que el tema de la denuncia de la CIDH, más allá del análisis jurídico que sobre el mismo debe realizarse, está siendo utilizado maquiavélicamente con el único objetivo de cuestionar las bondades del Sistema de protección Internacional de los Derechos Humanos, además de servir de pretexto perfecto para la confrontación, colocando a la ciudadanía, a través de la desinformación, el embuste y la mentira, en contra de las ONG de derechos humanos. Sobre este último punto me permitiré decir dos cosas.

La primera, las ONG´s de derechos humanos son instituciones privadas cuya labor y fuentes de financiamiento son supervisadas por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, por tanto, las posibles irregularidades en las que puedan incurrir pueden ser fácilmente detectadas por el Estado, no se trata pues de entidades que actúen sin mayor control o supervisión.

La segunda, las ONG´s de derechos humanos son entidades privadas que tienen la más absoluta libertad para destinar sus recursos y esfuerzos en la actividad que ellas mismas elijan. En tal sentido, no podemos obligar a estas entidades a defender causas que ellas no hayan elegido libremente. Digo esto último, pues no resulta raro escuchar a diversas personalidades criticar a las ONG´s de defender a terroristas, campesinos, comuneros, líderes sindicales, y no asumir la defensa de policías o militares. Utilizar este argumento para descalificar la labor desarrollada por estas instituciones resulta ser bastante poco inteligente. ¿Quiénes deben defender a los militares o policías implicados en casos de violación de derechos humanos? Muy simple. El Estado. Es el Estado y no las organizaciones civiles el principal y único obligado a llevar adelante la defensa de sus uniformados.

¿Qué debe de hacer nuestro país ante este panorama? Yo creo que el Perú debe defender con absoluta contundencia sus intereses y su posición en torno al tema en dos frentes. El Estado debe batallar en dos campos.

Primero, en el campo jurídico, debe fortalecer a los órganos encargados de llevar adelante la defensa del Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En los últimos años hemos perdido la oportunidad de consolidar nuestro sistema, con profesionales de alto nivel académico y ético capaces de llevar adelante una defensa exitosa de los intereses patrios. Además, si la denuncia de la CIDH es tan descabellada como señalan algunos, es una “patinada” para usar sus términos, el Perú no debería tener mayores problemas en salir victorioso en esta contienda. Pero debemos tener cuidado, miremos el pasado y revisemos el récord de nuestro país ante la Corte. La CIDH nos ha llevado ante la Corte en 36 oportunidades. En todas ellas el Estado peruano recibió condena. ¿Por qué? No debido a la tendencia ideológica o pro terrorista de los jueces, como afirman los hombres que antaño negaban la existencia el Grupo Colina, muy por el contrario, el Estado peruano recibió condena porque la gravedad de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado fue de tal magnitud que cualquier juez sobre la tierra hubiera tenido el mismo criterio.

Segundo, en el campo político, el Estado peruano, a través de su cancillería, y en estricto cumplimiento de la normativa internacional, debe proseguir con la iniciativa planteada en el año 2007, fecha en la cual el Perú planteara una serie de propuestas ante la OEA para que los países sometidos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos le hagan ajustes al mismo con la finalidad de dotar de mayor imparcialidad e independencia a la labor de la CIDH y de la Corte misma. Esto es muy sencillo de entender, el Perú como cualquier otro país de la OEA, tiene la facultad de formular propuestas de reforma al sistema en caso considere que estas son necesarias. Esto es lo que corresponde en una democracia, este es el comportamiento que todos le debemos exigir a un gobierno comprometido con la defensa de los derechos humanos y del sistema democrático. Lo otro, volver a plantear tesis delirantes e inviables como el retiro del Perú de la competencia de la Corte, es volver al discurso populista, instaurado por el fujimorismo decadente de los noventa, bajo el cual todo defensor de los derechos humanos es un “sospechoso” y todo fallo que condene al Estado peruano es un atentado contra su soberanía o su dignidad nacional. Como diría el viejo refrán, “cuando las ideas escasean, los disparates cobran fuerza”.

Sólo antes de culminar este análisis quisiera decir también lo siguiente. Este es un dato que debemos tener muy presente. El Perú es el país que cuenta con el mayor número de quejas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En la actualidad están siendo analizadas 360 quejas contra el Estado peruano. Si ello es así, debemos preguntarnos por la situación de los derechos humanos en nuestro país. Qué hace que un número tan importante de denuncias sean presentadas ante organismos internacionales. Es muy fácil culpar a las ONG´s de este descalabro judicial. Lo difícil, creo yo, es aceptar, es asumir la responsabilidad política del descalabro de nuestro sistema de justicia. Los peruanos han recurrido y acuden al sistema internacional pues en nuestro país se sienten en la más absoluta y completa indefensión, sobre todo los peruanos de escasos recursos, los olvidados, los invisibilizados. No niego el hecho de que existan algunas (las menos) ONG´s de derechos humanos que ocultan tras esta fachada oscuros intereses, negar ello sería una candidez de mi parte, pero no podemos meter a todas en el mismo saco y tildar a todo activista de derechos humanos de terrorista o traidor a la patria.

Finalmente, quiero dejar muy en claro que comparto y entiendo la indignación de los familiares de los comandos y de policías que han sido o están siendo injustamente procesados por la supuesta violación de los derechos humanos. El Perú y la sociedad debe defenderlos, debe valorar su trabajo, debe reconocerlos como auténticos héroes. Lo que no puede hacer el Estado, ni ningún gobierno democrático es pretender cubrir con un manto de impunidad actos atroces como la tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, las violaciones. Lo que no puede, ni debe hacer un gobierno democrático es defender a asesinos disfrazados de militares o policías.

Ollanta Humala: Los militares son los guardianes socráticos de la democracia

2011-12-21T10:23:00.000-08:00

Luego de que el gobierno del Presidente Humala decidiera anticipar los tan anunciados cambios en la conformación del gabinete ministerial; cambios que terminaron con la salida de Salomón Lerner del cargo de Primer Ministro, y el ingreso de Óscar Valdés como su esmerado sucesor. Muchos sectores han mostrado su preocupación frente a lo que podría ser el inicio de un proceso de endurecimiento en la manera y en la forma de entender el quehacer político al interior de una democracia por parte del jefe de Estado y de sus más cercanos colaboradores.

Para muchos analistas del medio local, la llegada de algunos personajes y la salida de otros del cuerpo de ministros de Estado estarían marcando un reacomodo en las fuerzas políticas más cercanas a Palacio de Gobierno. Muchos incluso se han animado a decir que lo que está en ciernes no es otra cosa que un evidente giro de timón en la conducción de los destinos del país, un giro que sin lugar a dudas terminará por acercar a la figura del Presidente de la República a los sectores más conservadores y autoritarios de nuestro país.

La llegada de Óscar Valdés a la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros), el nombramiento de dos personalidades muy cercanas a su entorno en los ministerios de Defensa y del Interior, respectivamente, así como el nombramiento de una dama de convicciones profundamente católicas y religiosas en el Ministerio de la Mujer, con todo lo que ello representa en la adopción de políticas de género vinculadas a temas de derechos y libertades sexuales y reproductivas, terminarían por confirmar las dudas que en no pocas personas, dentro de las cuales me encuentro, habían generado las últimas decisiones y declaraciones públicas hechas por el presidente Ollanta Humala.

A pesar de todo ello, de las dudas, de los fantasmas del pasado que parecen empezar a despertar luego del cisma político ocasionado por la salida de casi la mitad de miembros del gabinete ministerial, me parece un tanto prematuro hablar, aún no cuento con la absoluta certeza para ello, de una suerte de militarización del gobierno. Sin embargo, lo que no puedo dejar de evidenciar, porque las pruebas saltan a la vista, y el propio presidente se esfuerza con bastante destreza en ofrecernos material fecundo para ello, es esta suerte de vuelta al conservadurismo ideológico más arcaico en el pensamiento de Ollanta Humala.

Como bien nos lo hace recordar el periodista y analista político Carlos Basombrío, luego de algunas declaraciones bastante desafortunadas de nuestro mandatario, se nos viene a la mente de todos los peruanos la imagen de Ollanta Humala y la de su esposa, Nadine Heredia, visitando, rosario en mano, a monseñor Juan Luis Cipriani, manifestándole su deseo de conservar los valores de la familia tradicional, en claro deslinde con la propuesta libertaria de Perú Posible de permitir en el Perú la unión civil entre parejas del mismo sexo. La pareja presidencial en esa oportunidad, previa genuflexión y besa manos, comprometió su palabra de llevar al Perú por la senda del catolicismo más conservador e intolerante, en un esfuerzo por no desatar la ira de la poderosa Iglesia Católica peruana, siempre interesada y capaz de restarle algunos puntitos en la carrera electoral a quien se atreva a cuestionar algunos de los dogmas más ultramontanos y milenaristas de dicha fe; sino preguntémosle a Mario Vargas Llosa por la campaña presidencial de 1990.

Pero la preocupación no debería pasar a mayores, pues cada persona tiene el derecho de profesar la religión que mejor prefiera, si es que este conservadurismo religioso, que algunos parecen olvidar, algunos que ante el sombrío horizonte que se abría para la historia de nuestra patria decidimos darle nuestro respaldo al entonces candidato Ollanta Humala, a sabidas cuentas de que en lo ideológico no era necesariamente el más vivo representante del liberalismo democrático, no diera muestras de estarse convirtiendo en la actualidad en un conservadurismo ideológico y político que esperemos no se agudice con el transcurrir de los meses; pues de ser así, y como ya es costumbre en nuestro país, el candidato vencedor de la elección presidencial terminará por engrosar la lista de las grandes decepciones. Uno más en la larga fila de personajes que llegaron a Palacio por la zurda progresista y se despidieron por la puerta de la diestra reaccionaria. Aunque para ser sinceros, no sé si en nuestro país contamos con una casta liberal de izquierda. Al menos yo, lo pongo en duda.

Hace algunos días, el Presidente Ollanta Humala en un discurso pronunciado en las Pampas de la Quinua, nos hizo recordar la peligrosa frase de su padre don Isaac Humala (un tipo muy simpático y cómico para serles sincero): “Ollanta Humala hará un gobierno de militares”. Para el patriarca de los Humala, en el Perú existe un ciclo de poder en el que alternan civiles y militares. El ciclo de los civiles ha llegado a su fin, sentenció el padre del Presidente. Ollanta traerá de vuelta el gobierno de gendarmería, afirmó, sin mayor rubor que el rosado natural de sus mejillas.

Seguramente algún peruano bien intencionado (militante o “neo” empleado público por favor del partido de gobierno) podría decir que las palabras y frases del lunático don Isaac no pueden en modo alguno generar suspicacias en torno al talante democrático del jefe de Estado. Pero el cielo, así como el infierno, está lleno de buenas intenciones, y el reino de Dante no es necesariamente el hogar de los malvados sino el de los despistados, que gracias a su ingenuidad ofician de tontos útiles y tetelemeques del poder de turno, terminando casi siempre chamuscados.

En las Pampas de la Quinua el presidente pronunció la siguiente frase (candidata a frase del año en nuestro país): “el soldado es como un sacerdote, que está más allá del bien y del mal”. En otras palabras, para el presidente Humala, los militares, los uniformados representan la reserva moral de nuestro país y sobre sus hombros descansa la vida y la estabilidad del sistema democrático. Los militares, los policías, las fuerzas del orden, guardianes del imperio de la ley, están por encima del común de los peruanos, su figura inmaculada los convierte en los “guardianes socráticos de la democracia”, (díganme sino es huachafo el comandante) siendo ello así, es deber del jefe de Estado y de sus colaboradores velar porque esta distinción no se pervierta con el vicio tan humano de la política. Acto seguido, el propio jefe de Estado, pasaba a anunciar y justificar la anulación del voto militar y la reposición del servicio militar obligatorio.

Esta alocución, esta sarta de frases, peligrosas y no únicamente cantinflescas, resultan, como bien lo apunta el profesor Nelson Manrique, bastante extrañas viniendo de una persona que hace una década se alzó en Locumba contra un orden corrupto cuya caída puso en prisión a alrededor de un centenar de oficiales, de los cuales 12 eran de la máxima jerarquía. En otras palabras, acaso no resulta falaz una frase como la esgrimida por el Presidente, al denominar a los militares como “guardianes socráticos de la democracia”, cuando la historia no hace sino confirmar que tanto militares, como abogados, como policías, somos todos falibles. En todo caso, los “imaginarios guardianes socráticos de la democracia”, durante la década de los 90, no fueron otra cosa que, al menos una buena parte de ellos, los “auténticos garantes del saqueo de las arcas públicas”. Acaso el uniforme verde oliva tiene un efecto purificador instantáneo como el Padre Nuestro o el Ave María. No pues señor presidente, tan tontitos no somos los peruanos. Esfuércese un poquito más. García era igual de ridículo pero sus sofismas eran más entretenidos.

Y como “guardianes socráticos de la democracia”, los militares no deberían participar en política, aseveró. Los militares no pueden descender y entregarse a los vicios de la acción política. Por ello, habría que repensar la posibilidad de abolir su derecho de sufragio y empezar a formar a las nuevas milicias democráticas instaurando el servicio militar obligatorio. Dos propuestas bastante afiebradas en mi concepto, que de ser concretizadas, marcarían un severo retroceso en el proceso de democratización y construcción de ciudadanía en nuestro país.

La historia es bastante aleccionadora, sólo basta leerla y repasarla sin mayores prejuicios. Acaso la supresión del derecho al voto de los militares evitará que estos incursionen en política. Señor presidente, mire el pasado. No se ha dado cuenta Ud. y sus avispados asesores que en el Perú hemos tenido más gobiernos militares que civiles sin necesidad de que los primeros contasen con el derecho de sufragio. Una cosa no tiene nada que ver con la otra.

En todo caso, son las democracias avanzadas las que han marcado el norte en este tema. En ellas se evidencia que no existe mejor fórmula para convertir a los militares en auténticos garantes del sistema democrático que incorporándolos a la vida política nacional a través del derecho al voto, pues promoviendo su participación mediante el ejercicio de su derecho a elegir se los compromete con los destinos del país y con la suerte del gobernante de turno, pues el hombre que llegue a ocupar el sillón presidencial y el cargo de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas habrá sido elegido también por ellos mismos. Recortarles este derecho no sólo resulta inválido desde el punto de vista constitucional sino inconveniente desde el punto de vista político, pues cuando los militares no pudieron ejercer esta facultad no estuvieron en condiciones de desarrollar la adhesión necesaria con la defensa de la democracia, del orden constitucional y de los principios que los inspiran, dejando en estado de indefensión a nuestra débil democracia, presa fácil de los apetitos de caudillos civiles y militares, casualmente, pues cuando los militares no pudieron canalizar sus expectativas, sueños y desilusiones a través de las urnas, lo hicieron en las calles a ritmo de fusil y bayoneta.

Formar a los “nuevos guardianes socráticos de la democracia” a través de la restauración del servicio militar obligatorio. Otra propuesta que pone en evidencia el remozado conservadurismo ideológico y autoritarismo demagógico del señor presidente. Esta fórmula, desechada por retrógrada en las democracias de occidente, por ser profundamente restrictiva de la libertad, pretende ser traída de vuelta a nuestro país en la segunda década del siglo XXI. ¿Servicio militar obligatorio para quién deberíamos preguntarnos? ¿Obligatorio para los niños y niñas bien? ¿Obligatorio para los visitantes de Eisha en los veranos? ¿Obligatorio para los hijos de los dueños del Perú? Claro que no. El servicio militar en el Perú nunca fue obligatorio. Al menos no para todos. El servicio militar obligatorio no fue otra cosa que un sistema de leva discriminatorio que seleccionaba a los hijos de las familias más humildes de nuestro país. Su restauración sería el retorno de uno de los sistemas de discriminación más absurdos e infames de nuestra historia. Si realmente se quiere atraer a los jóvenes al servicio militar, pues ofrezcámosles incentivos (económicos, académicos, profesionales) que los motiven y los hagan elegir libremente por esta opción. Lo otro es populismo, demagogia y autoritarismo puro.

Señor Humala, tenga cuidado, si a su conservadurismo económico de los últimos meses, le termina por sumar su revivido conservadurismo ideológico y político, acabaremos todos burlados. Despertará la ira de los muchos, y el 2016, nos volveremos a jugar la cabeza en las urnas. Entre la derecha autoritaria de siempre, y una izquierda demagógica trasnochada, seguramente más radical que la que Ud. encarnó en las pasadas elecciones.

La gran transformación de Ollanta Humala

2011-12-13T14:38:00.001-08:00

Es una vieja práctica en la historia política de nuestro país la trasformación prematura de los presidentes electos. Quien llega a ganar una elección presidencial lo hace enarbolando las banderas de la justicia social y el compromiso con los sectores más pobres y desfavorecidos. Una vez instalado en Palacio de Gobierno, el otrora candidato representante de sectores progresistas y democráticos inicia un lento proceso, o a veces rápido, como al parecer ocurre ahora, de reacomodo hacia la diestra más conservadora y autoritaria.

Más temprano que tarde el discurso de centro izquierda, ese mismo que en su momento hicieran suyos Toledo, García, e inclusive el dictador Fujimori, va perdiendo metros frente a la arremetida de los sectores más reaccionarios de nuestro país. El presidente Ollanta Humala, en menos de lo que canta un gallo, dejó de ser visto como la encarnación del mismísimo demonio por los empresarios, y se convirtió en ecuánime hombre de Estado al cual la realidad económica, recreada a la medida de los grupos de siempre, alejaría de sus posiciones radicales expuestas en su programa de primera vuelta electoral “la gran transformación”. Para ser más claros, cuando las promesas de campaña no son sino eso, promesas de campaña, lo más importante para el nuevo inquilino de Palacio de Gobierno no son los ideales que abrazara durante largo tiempo, ahora, ese es mi parecer, lo más importante es durar, colocar al país en piloto automático, y al puro estilo del autor del “perro del hortelano”, darnos a todos los peruanos más de lo mismo por largos cinco años.

Humala logró en poco tiempo acercarse al sector empresarial de nuestro país, los grandes grupos de poder económico le ofrecieron sin mayor reparo su total y absoluto respaldo, dato curioso si recordamos que fueron esos mismos grupos los que trataron por todos los medios de dinamitar su campaña y favorecer el retorno de la mafia fujimorista, ahora de la mano de Keiko Fujimori. En este proceso de acercamiento y entendimiento entre el Ollanta “presidente electo” (antípoda del Ollanta “candidato”) y el conservadurismo tradicional de nuestro país, fundamental ha sido la participación del ex Presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner.

Los contactos, las amistades, la llegada de este exitoso hombre de negocios con las altas esferas del poder económico y financiero, su mesura al momento de exponer sus ideas, y la convocatoria que hiciera a personalidades de todo color político a sumarse a las filas del nuevo gobierno, fueron despejando una a una las dudas que el discurso del “candidato Humala” había generado en las mentes y corazones de los denominados “dueños del Perú”. Esa mesura era, sin lugar a dudas, necesaria una vez asumida la conducción del gobierno. Las cifras son más duras de lo que uno podía imaginar, diría Toledo a pocas semanas de asumir el cargo, las obligaciones asumidas con antelación por el Estado le restan libertad al nuevo gobierno, expondría García. Ahora era el turno de Humala, cuáles serían sus excusas. Su antecesor le había dejado varias bombas de tiempo, así lo afirmaban sus defensores, y en ese sentido, los 100 primeros días de gestión, no serían sino la razonable continuación de lo que el amigo de Keiko Fujimori había hecho durante los últimos cinco años de gobierno.

¿Qué le había ocurrido a Humala? ¿Por qué olvidó tan rápido las partituras de su discurso “transformador” de campaña? ¿Qué estrategias y artilugios usó Salomón Lerner para calmar a la fiera? Muy sencillo. La “gran trasformación”, esa que le permitió obtener la primera mayoría en el país, estaba siendo herida de muerte, ahora su lugar sería ocupado por “la hoja de ruta”, ese esfuerzo centrista que enmendaría los excesos y heterodoxias económicas y políticas del “primer Humala”, el mismo que le serviría para sumar a su proyecto los esfuerzos de sectores de centro y liberales democráticos, representados por figuras como Alejandro Toledo o Vargas Llosa, personalidades que sin lugar a dudas fueron determinantes para la victoria del candidato Ollanta Humala en segunda vuelta.

Hasta aquí, el desempeño del nuevo gobierno resultaba siendo bastante aceptable, no sería la primera vez que los primeros días al frente de millones de peruanos bañan de realidad al nuevo jefe de Estado, y con ello, un buen número de promesas electorales, son encarpetadas durante años hasta que otro candidato, siempre más radical que el anterior, decida desempolvarlas y usarlas en las próximas elecciones. Tal y como lo hizo Ollanta Humala con todos los ofrecimientos que Alan García decidió convenientemente encarpetar en las oficinas de sus amigos los empresarios.

Las encuestas así lo señalaban, Ollanta Humala contaba con la aprobación de más del 60% de peruanos, y Salomón Lerner era visto como el guardián de las políticas económicas y el tutor de este díscolo Humala que a paso ligero, casi en marcha de campaña, era capturado y domado por los voceros de los grandes señores, esos que vaticinaban la destrucción del Perú si es que el hijo de don Isaac y hermano de Antauro, vencía a la candidata de la Razón, Expreso, Correo o El Comercio. Como si en el Perú no supiésemos que cuando la diestra gana, gana, y que cuando pierde, al cabo de unas semanas, acaba sentada en Palacio disfrutando de un cocktail con el nuevo Presidente, enemigo del pasado, guardián y defensor de sus intereses presentes. Así es en el Perú, un país en el cual la diestra gana siempre.

Las dudas económicas se habían despejado, el candidato antisistema del ayer, se había convertido en un converso defensor del modelo al cual satanizó siempre, culpándolo de la pobreza y del atraso del Perú, así como del hambre de casi el 30% de nuestra población. El modelo seguiría, los intereses de los grandes serían celosamente vigilados por el nuevo gobierno. Nadine Heredia, la primera dama, era portada de una exclusiva revista de frivolidades, y todo seguiría igual. Porque así es nuestro país, porque en el Perú, como dicen algunos, le llamamos hombres de Estado, a los cobardes y mentirosos, y confundimos mesura con felonía.

¡Pero señores!, algunos tontos hicimos este apunte, el gobierno del señor Humala no sólo debe garantizar la vigencia del modelo económico, también debe garantizarnos el pleno respeto por el Estado de Derecho y por el sistema democrático. Seguramente las monedas en el bolsillo de algunos, los lingotes y las cuentas de otros, son elementos y factores a tomar en cuenta al momento de analizar la gestión de un gobierno. Pero tan o más importante que el metal y los billetes, es la defensa de los valores y principios democráticos que son la base de toda sociedad libre. En esa línea, los primeros pasos del gobierno de Humala fueron, a mi modo de ver, más que rescatables. Salomón Lerner logró convocar un gabinete plural, un gabinete en el cual se encontraban representados una diversidad de sectores, un equipo ministerial con personalidades con diversas posiciones ideológicas. Era sin lugar a dudas una apuesta por el diálogo y la concertación, un esfuerzo por buscar el entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas y sociales, por tender puentes entre progresistas, centristas y conservadores, diversidad, pluralidad, diferencia de estilos, pero todos demócratas al fin y al cabo. Humala, siguiendo esa línea, también empezó a generar confianza entre los escépticos, entre los cuales me incluyo, pues su conservadurismo en lo económico parecía tener como contrapartida su nueva manera hacer política en democracia.

Pero la tranquilidad política de los primeros cien primeros días fue muy pasajera, se ha terminado, las dudas y los fantasmas del pasado han regresado, el periodo de diálogo, concertación y pluralidad de puntos de vista ha llegado a su fin. Los últimos acontecimientos en Cajamarca, la revuelta social generada por la suspensión del proyecto minero Conga, y la posterior declaración de Estado de Emergencia en cuatro provincias de este departamento, han motivado una recomposición de fuerzas en el círculo más cercano al Presidente de la República. La cuerda terminó doblándose por la parte más débil, Salomón Lerner y sus ministros afines, a esos a los cuales los medios de “desinformación” acusan de rojos, caviares, progresistas, ateos, eran despedidos con el tradicional “gracias por los altos servicios prestados a la nación”, siendo sus lugares ocupados por “tecnócratas apolíticos y desideologizados” (como si eso fuera posible), todos bajo la batuta del nuevo premier, como no ocurría hace más de 30 años, un militar retirado, el señor Óscar Valdés, a cuya diestra encontramos a los Ministros de Defensa y del Interior, dos funcionarios que habiendo trabajado bajo la dirección de este, gozan de su total confianza y seguramente están muy acostumbrados a decirle “sí señor”.

La decisión, y eso no debería de sorprendernos, ha sido respaldada por importantes sectores de la sociedad, y por la gran prensa. Ya era hora, así lo señalan sin rubor, que Ollanta Humala se ponga los pantalones, le ponga mano dura a la solución de los conflictos, y acabe con el desorden generado por los comunistas, terroristas, y marxistas, que disfrazados de ambientalistas, se atreven a organizar protestas en contra de una empresa tan importante como Yanacocha, como si el respeto por el agua, las lagunas y los derechos de propiedad de las comunidades fuesen a aportar los miles de millones de dólares que la gran minería genera en tributos. Mano dura, palo y bala con los revoltosos, el diálogo y la concertación para los suizos, acá en el Perú eso no funciona, al peruano le gusta recibir órdenes, y qué mejor que una cúpula militar y un poder concentrado en bayonetas y botines alrededor del Presidente para devolverle la calma al país. Y después de semejante muestra de cultura democrática, el apretón de manos y las donaciones a cuarteles y puestos militares que siempre se le hacen a los gendarmes de la democracia.

El gobierno se cansó de tantas concesiones, el Presidente está harto de tanta palabrería, el señor Ollanta Humala no quiere en frente suyo a nadie que le haga sombra, el señor Salomón Lerner vaya que se la hacía, el señor jefe de Estado los quiere a todos alineados, basta ya de filtrar información, basta ya de desencuentros públicos entre sus ministros, basta ya de debate político o ideológico en el Ejecutivo, acá lo que se necesita son hombres que sigan la línea trazada por Humala y sus asesores, ya no los conocidos, sino todos los que operan en las sombras, y lo hagan, sin dudas ni murmuraciones.

Cuánto hemos retrocedido con esta decisión. Nada más peligroso para la salud democrática de un país con una institucionalidad tan frágil como el nuestro que ver cómo el gobierno renuncia a la política y decide apoyarse sobre los sectores más duros, autoritarios y conservadores de la sociedad. Nada más peligroso para nuestro sistema político que ver cómo el Presidente de la República, para dar solución a una problemática generada por su ineptitud, decide confiarle el futuro del país a los siempre “democráticos militares”. Nada más peligroso para un gobierno joven que expulsar de su entorno a los operadores políticos e intelectuales capaces de dar batalla política e ideológica a los radicales, reemplazándolos por personajes con ningún tipo de experiencia política. Acaso no le ha quedado claro al presidente Humala, después de lo vivido en Conga, que el problema en el Perú es político y no militar o policial, que al país se lo conduce con un esfuerzo de concertación y no con golpes a la mesa o desfiles de gendarmería.

Ojalá los malos augurios, y los profetas del desastre se equivoquen con respecto a Humala, se equivoquen así como se equivocaron cuando lo acusaban de mandar al diablo el modelo económico, deseando nostálgicos el retorno del dictador. Ojalá este giro de timón no convierta a este gobierno en un régimen que ejerce el poder de manera arbitraria, que impone las ideas por la fuerza, que soluciona, o mejor dicho, pospone las protestas con gases lacrimógenos, que le encarga la sostenibilidad democrática del Perú a los fusiles y las metralletas. Ojalá eso no ocurra, porque el final ya lo conocemos, el miedo instalado en las calles, los uniformes verde oliva rondando como sombras y la sociedad civil atemorizada, arrinconada en sus casas viendo como el comandante, con el aplauso y la venia de sus amigos los empresarios y periodistas a sueldo, hace añicos nuestro modelo político. Aunque claro: ¿A cuántos peruanos nos puede importar el sistema político y democrático si durante diez años legitimamos una dictadura que cuidaba los intereses de los menos olvidando los de la inmensa mayoría? ¿A cuántos nos puede importar el valor de la libertad o la democracia cuando la felicidad y el bienestar parecen cuantificarse únicamente en monedas?

Conga se suspende: el gran derrotado volvió a ser nuestro gobierno

2011-12-01T09:23:00.000-08:00

Como bien apunta el periodista Augusto Álvarez Rodrich, estos últimos días han sido fatales para el gobierno de Ollanta Humala. Del grandilocuente anuncio “Conga va” hecho por el mandatario, hemos pasado al medroso “Conga se suspende hasta nuevo aviso” del premier Lerner, quien flanqueado por la presencia de un representante de la empresa, presionada para capitular, según palabras del mismo señor, le mostró al país el verdadero rostro de la incapacidad e improvisación del gobierno para hacer frente a esta crisis.

Seamos justos, el problema minero-ambiental, la generación de revueltas sociales y protestas que desbordan la capacidad del Estado para encontrar salidas inteligentes no es un pasivo, en modo alguno, que se le pueda atribuir únicamente al gobierno de Ollanta Humala. La pregunta en todo caso es ¿Hasta cuándo? En qué momento el Estado peruano perdió la capacidad para actuar como un tercero capaz de resolver conflictos. Hasta cuándo el Estado, representado por el gobierno de turno, esperará que el conflicto estalle en sus narices para enfrentar la crisis. No es acaso mucho más recomendable prevenir la violencia y el desorden a tener siempre que gerenciar la violencia con una pistola en la cabeza.

Lo de Conga es preocupante pues demuestra una vez más la casi nula posibilidad del Estado al momento de diseñar una estrategia capaz de canalizar el descontento de la población con la implementación de proyectos encaminados a desarrollar actividades económicas extractivas como la minería. Es grave, pues la actividad minera es la fuente de generación de riqueza más importante de nuestro país. Querámoslo o no, los recursos que el Estado obtiene a través de la recaudación tributaria y los gravámenes a esta actividad constituyen el sostén de la economía nacional. En otras palabras, sin inversiones y promoción de proyectos de exploración y explotación minera el sueño de la gran transformación es únicamente eso, un sueño. Como dirían los economistas, incluso los más cercanos a la zurda, para distribuir riqueza, primero debemos generarla. No hay lonche gratis.

Como bien nos lo recuerda la periodista, Cecilia Mendoza, el Perú, durante los últimos diez años, no ha tenido uno sino varios Congas, y ni hablar del “Baguazo”. Durante los últimos diez años hemos tenido proyectos mineros que tuvieron que ser paralizados debido a la tenaz y violenta oposición que contra la implementación de los mismos expresó la población de la zona donde se desarrollarían. Inclusive, en la propia Cajamarca, hace algunos años la población, con el mismo método y bajo la misma prédica, frustró la implementación de otro importante proyecto. En el año 2004, la población se enfrentó a las compañías Newmont y Buenaventura (hoy detrás del proyecto minero Conga) por la explotación del “Cerro Quilish”. En esa oportunidad se acusaba a este proyecto, que pretendía explotar oro, de poner en riesgo el medio ambiente, contaminar el agua, y acabar con la fauna del lugar. Los impulsores de la protesta acusaron directamente a la empresa minera Yanacocha de derivar los desagües de sus campamentos hacia sus canales de riego, contaminar el río Llaucano, provocando la muerte de especies como las truchas, entre otras denuncias.

Este mismo modus operandi, y la misma falta de capacidad del Estado para prevenir, administrar, y solucionar luego la crisis, se volvió a repetir años después, durante el gobierno de Alejandro Toledo y de Alan García, con la paralización definitiva de otros proyectos millonarios como Tambogrande, Río Blanco y Tía María. Cabe recordar que en el caso de este último, el gobierno, luego de intentar la conciliación entre las partes, a través de la tantas veces infructuosas “mesas de diálogo”, y luego de una paralización de 17 días, con numerosos heridos y tres muertos, cedió ante los manifestantes y paralizó el proyecto.

Como podemos apreciar, la dinámica de la protesta, el discurso radical, la violencia como mecanismo de presión, el atentado contra la propiedad pública y privada, la toma de carreteras, la paralización del comercio de bienes y servicios, el desabastecimiento ocasionado por los manifestantes, y la pérdida de millones de soles son los factores que han llevado a los gobiernos a ceder frente a los movilizados. Sí las prácticas son las mismas, lo único que ha cambiado en el país son los rostros de los actores, lo único que ha cambiado en Cajamarca es la identidad de los que encabezan la protesta o el nombre de los denominados “frentes de defensa”. De allí nuestra preocupación, si todo esto se conoce con antelación ¿Porqué el Estado, el gobierno, sus instituciones no hacen nada por prevenir la crisis?

No podemos negar la legítima preocupación de la población por la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado. No podemos negar la legítima preocupación de la población campesina, nativa o indígena por la preservación de su propiedad y sus derechos comunitarios. No podemos negar la preocupación legítima de la sociedad civil por buscar un equilibrio entre ecosistema y actividad extractiva. Así como tampoco podemos negar la presencia de sectores violentistas que aprovechan y capitalizan el descontento de la población para generar caos, zozobra y violencia. Así como tampoco podemos negar el pobrísimo papel que han jugado las instituciones del Estado para identificar, procesar y sancionar a los responsables de algunos, los menos diría yo, delincuentes que pretenden hacerse pasar por “preocupados ambientalistas”.

Este retroceso de parte del gobierno ha sido interpretado, o puede ser interpretado de manera negativa o positiva según los ojos de quien lo juzgue. Para el empresariado, para los siempre devotos defensores de la inversión “cualquier tipo de inversión”, el anuncio del gobierno sienta, una vez más, un pésimo precedente. Este retroceso va a generar desconfianza en el dueño del gran capital, el Perú será visto como un país en riesgo, en donde las garantías para el desarrollo de millonarios proyectos de largo plazo no están dadas. Para los gestores del paro, de la protesta, de la movilización, esta es una clara muestra del poder que ha adquirido la ciudadanía, es una clara evidencia del rechazo que el modelo económico actual genera en la mayor cantidad de peruanos, es un dato objetivo, palpable de cómo a través del bloqueo y la agresión se puede hacer que un gobierno democráticamente elegido renuncie a su labor de “gobernar” y anteponga los intereses de un grupo a los de toda la nación, sin importar si ello carece o no de todo tipo de sustento técnico o racional. Si a ello le sumamos el hecho que ambos bandos siguen tomando por piñata al Estado, unos amenazando con retirar sus inversiones, y otros con declarar un paro perpetuo, podemos, como hacen otros, augurar un futuro apocalíptico.

En mi opinión creo que este “Conga se suspende hasta nuevo aviso” debería marca un antes y un después en el manejo y en la relación entre comunidades y empresas mineras. El caso Conga debe marcar un punto de inflexión en la manera de entender y procesar los conflictos minero-ambientales. No podemos seguir manteniendo los esquemas y las prácticas gubernamentales de los últimos diez años. El Estado no puede renunciar a su labor regulatoria y de control sobre las actividades que puedan generar un impacto negativo al medio ambiente. El Estado no puede permitir que los intereses económicos de poderosos grupos se superpongan a los intereses de los campesinos o de los grupos interesados en buscar un desarrollo equilibrado. Pero al mismo tiempo, el Estado debe recuperar el principio de autoridad, debe imponer las reglas del Estado de Derecho en toda la república, debe sancionar a quien delinque, procesar al delincuente, señalar con claridad y arremeter políticamente contra quienes anclados en un discurso ideológico el pasado pretenden que el Perú siga siendo un “mendigo entado en un banco de oro”.

El caso Conga debe abrir un espacio de reflexión y encuentro entre todos los actores, y debe generar el interés de toda la nación. El caso Conga, como adelantáramos en anteriores oportunidades, pone al descubierto algo que los analistas se han cansado de repetir: “el problema minero-ambiental es básicamente un problema social y político”. Siendo ello así, el Estado, la clase política, así como el sector empresarial, pero sobre todo el Estado debería preguntarse por cuáles son las razones de fondo que están detrás de las protestas, debería preguntarse porqué los conflictos sociales son casi siempre de corte minero ambiental, debería preguntarse porqué la población, los lugareños, la comunidad en general ha perdido la confianza tanto en las instituciones como en el proceder de la empresa minera, debería preguntarse por cuál será política gubernamental en cuanto a solución de conflictos a implementarse para los próximos años.

Finalmente, entendemos el descontento de la población, no lo justificamos, ni mucho menos avalamos los actos de vandalismo o violencia. Los delincuentes deben estar entre rejas, eso esta claro. Acá en el Perú, como en toda sociedad civilizada y democrática, quien atenta contra los derechos de los demás o pone en riesgo bienes de interés colectivo merece el total rechazo y una severa sanción, siempre en el marco de un proceso en el cual se le respeten todas las garantías. Sin embargo, a la población también le debería quedar claro, y he allí la poca capacidad de comunicación de las instituciones del Estado y de la propia empresa, que el gran responsable de que en el Perú, más aún de que en Cajamarca, los índices de pobreza y desigualdad sigan por lo cielos es el propio Estado. No le hagamos el juego a los radicales, los defensores de los derechos comunales y del medio ambiente no deben someterse a la campaña de miedo y desinformación vertida por los Paria Roja o ex terroristas. El gran responsable del escaso desarrollo, de las tasas de desnutrición, analfabetismo, de la falta de agua, luz, desagüe, carreteras e infraestructura, no es minera Yanacocha. El gran responsable del subdesarrollo de Cajamarca son el Estado y sus autoridades locales, los que encabezan protestas y azuzan a la masa, así como los que prefieren pasar desapercibidos y esconderse bajo la cama en momentos en los cuales las voces moderadas deberían enfrentarse políticamente a los demagogos.

Rafael Rodríguez Campos

Escribe en www.muldarnews.com portal de actualidad nacional e internacional

Proyecto minero Conga: conflictos socioambientales y vacío de poder

2011-11-23T08:49:00.000-08:00

Culpar a los radicales. Esa parece ser la respuesta que han encontrado algunos miembros del gobierno de Ollanta Humala al momento de analizar la problemática generada en Cajamarca a partir del rechazo que un importante sector de la población hace sentir en contra del proyecto “Minera Conga”.

Los mismos grupos de siempre, el mismo sector de siempre, los mismos conservadores y autoritarios de siempre, susurran al oído del nuevo gobierno y recomiendan imponer el principio de autoridad a toda costa. A sangre y fuego, el proyecto Conga va sí o sí, no importa el costo social, el posible daño al medio ambiente, la exacerbación de los ánimos en la ciudad, el enfrentamiento entre los hijos de un mismo suelo. Que la policía reaccione, que el gobierno envíe a tropas del ejército a restablecer el orden, que las autoridades capturen por sospecha a los revoltosos, son los consejos que el gobierno recibe de parte de los que siempre estuvieron de un solo lado. Al parecer, las lecciones del pasado no han sido aprendidas, pretender solucionar los conflictos sociales únicamente a través de la represión y el uso de la fuerza es una fórmula que nunca nos ha funcionado.

Sus palabras le pasan factura a Ollanta Humala, su pasado inmediato lo condena, la voz de sus representantes y las contradicciones entre muchos de ellos generan zozobra entre la población, su ambigüedad llevada a niveles de doctrina filosófica minan la posición de su gobierno, y en especial, su posición como jefe de “Estado” en este tema. Sí, pero no, sí pero tal vez, quizá, aunque no estoy seguro, esas son las construcciones gramaticales que suele verbalizar nuestro presidente, y a las cuales deberemos de acostumbrarnos más rápido que tarde, pues las escucharemos durante los próximos 5 años.

Durante la campaña electoral recordaremos a Ollanta Humala, al menos los que tenemos memoria (ojo, yo voté por Ollanta Humala en la segunda vuelta), plantear el conflicto minero ambiental en Cajamarca con un esquema dicotómico: Minería o agua. Señaló expresamente y ante una numerosa multitud su firme compromiso de velar por el derecho al medio ambiente de las comunidades y por el desarrollo sostenible de Cajamarca. Seré yo quien organice una movilización si se continúa con la pretensión de llevar adelante el proyecto Conga, sentenció en más de una oportunidad. Teniendo en cuenta ello, parece razonable que el descontento de los manifestantes haya crecido y las posiciones iniciales se hayan radicalizado, para beneplácito de ciertos sectores y personas que buscan deliberadamente que en Cajamarca una llama encienda la pradera, si hace algunos días, en televisión nacional, todos los peruanos, y en especial los cajamarquinos, escuchamos a Ollanta Humala sentenciar categóricamente, algo raro en él, que el “proyecto Conga, iba sí o sí”. Es decir, el otrora candidato defensor de los derechos medio ambientales, de la ecología, de las cuencas de los ríos y las lagunas, se sacaba, o al menos eso pareció, la careta, el disfraz, y al puro estilo del presidente García, nos entregaba un nuevo capítulo de la famosa doctrina social y política bautizada con el nombre “El perro del hortelano”, con su persona como intérprete del papel principal.

El problema, en opinión que compartimos, pasa por una aguda crisis de confianza que la población cajamarquina tiene frente a la labor de las autoridades, el gobierno nacional y de las instituciones competentes en este asunto. El Estado, no hablemos del gobierno recién llegado, el Estado, como organización política, como actor encargado de componer las contradicciones y conflictos al interior de la sociedad, nuestro Estado, carece de credibilidad frente a los actores sociales y políticos en Cajamarca. El Ministerio de Energía y Minas, que durante los últimos años se caracterizó por hacer suyas las posiciones de un solo bando, y por minimizar las denuncias y serias irregularidades puestas al descubierto en torno a la manera cómo se logró aprobar el estudio de impacto ambiental que avalaba la puesta en marcha del proyecto Conga, hoy en día no es visto como un interlocutor válido en este conflicto.

En ese sentido, lo primero que debe hacer el gobierno es recuperar la confianza de la ciudadanía, debe buscar el diálogo con todos los protagonistas, con absolutamente todos, debe tender puentes de encuentro que sean capaces de acercar las posiciones, al parecer irreconciliables, porque más allá de las particulares circunstancias del caso Conga, creo, como muchos en el país, que el binomio minería-desarrollo sostenible es posible, no se trata de optar por uno u otro, no se trata de tener una posición de radical oposición frente a todo proyecto minero, tampoco se trata de avalar la conducta prepotente de la gran minería, apoyada por una serie de autoridades locales a lo largo de los años, no se trata de tener que elegir entre minería o agua, en los términos propuestos por el “candidato” Ollanta Humala, en la última campaña electoral.

Pensar de ese modo, caer en fundamentalismos, en extremismos delirantes no es otra cosa que avivar las contradicciones y dejarle el campo libre a los radicales, anti mina y pro mina, que quieren ganar a río revuelto, que quieren lograr un protagonismo político que nunca han tenido, que quieren dejar de ser anónimos para convertirse en líderes de opinión a toda costa. El problema es mayor, sin lugar a dudas, cuando en la lista de personajes que no contribuyen con la solución del problema se encuentra, desde mi punto de vista, el Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, miembro activo del Partido Comunista del Perú-Patria Roja, quien en una afán de figuretismo absoluto, convoca a la población, la azuza, ciertamente con un discurso incendiario, tratando de hacer del descontento, de la muy válida preocupación por los recursos naturales y la preservación del medio ambiente, la justificación perfecta para los actos de violencia y vandalismo que muchos auguran, actos que sin duda alguna esperamos no se sucedan y que rechazamos desde ya con total contundencia.

A pesar de ello, más allá de su extremismo, Gregorio Santos es, querámoslo o no, el Presidente Regional de Cajamarca, investido de autoridad, elegido democráticamente en las últimas elecciones. En tal sentido, merece, es lo lógico, lo políticamente conveniente, ser convocado, ser tomado en cuenta en el diálogo que el gobierno debe procurar auspiciar entre todos los actores del conflicto. No es posible que el gobierno envíe a sus representantes a la ciudad de Cajamarca para conversar con las autoridades, y que olvide hacer extensiva dicha invitación al Presidente Regional. El gobierno actuó con suma torpeza, es preferible convocar a Gregorio Santos, quien equivocado o no representa a la autoridad regional, es preferible incorporarlo y someterlo a las reglas de juego y mecanismos institucionales propios del Estado de Derecho, que censurar su presencia, forzándolo a salir directamente a la calle, con el peligro de generar mayor conflictividad, mayor descontento, mayor violencia.

Pero la incapacidad y el poco o escaso manejo político en este asunto no son exclusivos del gobierno de turno. Todo el sistema político, las instituciones políticas, los partidos y movimientos políticos democráticos parecen haber perdido la brújula. Ahora resulta que uno de los grandes culpables de la situación generada en Cajamarca es Wilfredo Saavedra, líder del Frente de Defensa Ambiental de la ciudad, a quien los medios le recuerdan, constante y sistemáticamente, que estuvo preso, purgando condena por 10 años al haber participado en un atentado terrorista perpetrado por el MRTA, como si la solución del problema socioambiental en Cajamarca dependiera de las acciones de este señor, que habiendo incurrido en delitos graves como el de terrorismo, y habiendo pagado por ello con largos 10 años de su vida, al salir de prisión ha recuperado todos y cada uno de sus derechos, entre ellos el de hacer política y participar activamente en los asuntos que el mejor prefiera. No seamos ingenuos, no desviemos nuestra atención, no le sigamos el juego a los sectores de siempre, no caigamos en error, no repitamos la tesis del gobierno aprista aplicada durante los últimos 5 años en el manejo de los conflictos “culpar a los demás”, tildando de radical o revoltoso a todo aquel que muestra su descontento contra lo que algunos pontifican como el “único modelo a seguir”.

Dónde están los partidos, donde están los líderes de la ciudad, donde están los congresistas por Cajamarca. Donde están las voces de los denominados “moderados”, porqué si los planteamientos de Gregorio Santos y Wilfredo Saavedra son tan violentos y absurdos logran la adhesión de importantes sectores. La respuesta es muy sencilla, se llama vacío de poder, se llama ausencia institucional, se llama crisis del sistema político. Cómo es posible que estos personajes, en lo particular no comparto su prédica, le hayan tomado el pulso a la situación al haber mostrado mayor astucia y sagacidad que los propios partidos y el propio gobierno. Cuando existe un vacío de poder, cuando no existen instituciones que canalicen las demandas ciudadanas de manera democrática y pacífica, se abre un espacio para la aparición exitosa de representantes de los sectores más extremos. Tengo la impresión que la palabra equilibrio y mesura son desconocidas por todos en Cajamarca, no solamente por los impulsores de la protesta, sino también por los “defensores de la gran minería”, como Jorge Vergara, Presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca, quien al parecer ha leído con fruición la obra “El perro del Hortelano” y se autoproclama como el “gran salvador de la inversión” en la ciudad, porque para él, al igual que para García, y ahora para Humala, los proyectos mineros van siempre sí o sí, a sangre y fuego, y con el todo vale.

El gobierno, que personifica al Estado, es el responsable de generar espacios para el diálogo, el gobierno es quien debe persuadir a las partes, buscando el entendimiento entre las mismas, el gobierno debe recuperar credibilidad. En esa línea, el gobierno, como ya dijimos, debe convocar a todos y a todas, el gobierno debe, a partir de la prudencia e imparcialidad, dar muestras claras de su voluntad por encontrar una salida consensuada, el gobierno no debe caer presa de las mezquindades de tal o cual grupo de presión. Muchos no creen en el diálogo, para los representantes de Conga el diálogo está cerrado, el estudio ambiental fue aprobado y el Estado debe imponer su fuerza, sacar a los efectivos a la calle y oficiar de guardián de sus intereses, así de sencillo. Para los organizadores de la movilización el proyecto Conga no va, el estudio medio ambiental es una farsa, las autoridades anteriores se sometieron a los dictados de los grupos mineros, y por ello, no creen en lo que ministros, alcaldes y demás puedan decir al respecto, dicho de otro modo, el proyecto Conga no va ni aunque el mismísimo Jesucristo lo avale.

Este es el escenario que debe enfrentar el gobierno, lo debe hacer con inteligencia, es una muy mala señal que sea el Ministro del Interior el que haya recibido el encargo de viajar a Cajamarca a conocer de la situación. Acaso no era mucho más lógico delegar esta función en el ministro del Ambiente, de Agricultura, o de Energía y Minas (siempre que no retornen a Lima en aeronaves de la empresa minera). Acaso la presencia del jefe político de las fuerzas policiales es una señal de clara apertura al diálogo y un rechazo evidente a la confrontación. Espero, como peruano, como cajamarquino, que la sangre no llegue al río, que la prudencia sea más fuerte que los radicalismos, que los rencores, las heridas y los problemas no resueltos del pasado, no terminen por nublar la mente de las autoridades y ciudadanos cajamarquinos. Pero ante todo, espero que al final del día se pueda llegar a una solución capaz de garantizar la protección del medio ambiente, del derecho al agua y del territorio de las comunidades, así como la inversión y el desarrollo de actividades económicas extractivas respetuosas del orden legal, cuyo éxito le permitan al gobierno destinar los ingentes ingresos que estas generan a la puesta en marcha de programas y proyectos de desarrollo social al servicio de los más pobres del Perú, de los más pobres de Cajamarca.

Laura Pollán, la Dama de Blanco ha muerto

2011-11-16T08:42:00.000-08:00

Laura Pollán, profesora de literatura, máxima dirigente de las Damas de Blanco, la organización de madres, hijas, esposas y abuelas disidentes que luchan por la libertad y los derechos ciudadanos en Cuba ha muerto. Su partida deja en el corazón de los latinoamericanos, y sobre todo en el de los cubanos, un enorme vacío.

Laura Pollán, junto a otro grupo de valientes mujeres organizaron el movimiento de las Damas de Blanco, una agrupación que se formó en el año 2003 con la finalidad de lograr la liberación de sus familiares injustamente presos, todos ellos encarcelados y perseguidos por la dictadura castrista por presentar una postura política contraria a la que durante más de 50 años le ha sido impuesta de manera totalitaria a todos los habitantes de la isla.

La detención de los familiares de las Damas de Blanco, 75 ciudadanos, la mayoría de ellos periodistas e intelectuales, se llevó a cabo en el año 2003, en el marco del operativo conocido como la Primavera Negra. Todos ellos fueron acusados de atentar contra los altos intereses de la nación, poner en riesgo la seguridad del Estado cubano, ser instrumentos y alfiles del imperialismo, espionaje y sabotaje de la mano de miembros de la CIA. En otras palabras, los Castro, sus huestes y vasallos, instrumentalizaron este operativo con la única finalidad de acallar a quienes de manera pacífica cometieron el imperdonable pecado de pensar diferente. La consigna era clara, todo aquel intelectual, periodista, abogado, hombre de letras que decidiera hacer público su descontento con la situación social y política que vive Cuba, que pusiese en discusión la manera cómo los hermanos Castro conducen las riendas del Estado cubano recibiría una reprimenda similar a quienes fueron encarcelados durante la Primavera Negra.

Contra este tipo de atropellos, contra este tipo de agresiones, contra toda la maquinaria de Estado y contra la propaganda oficial se revelaron las Damas de Blanco. Laura Pollán, comenzó así su labor de concientización en Cuba. Una labor que fue más allá de sus fronteras y que se dió a conocer en toda América Latina. Laura Pollán y sus compañeras, vestidas de blanco, y provistas de pancartas en las cuales aparecían las fotos de sus familiares presos, iniciaron esta protesta, este duro transitar, esta batalla por la libertad y por los derechos civiles en Cuba. Nunca imaginó, así lo señaló en más de una oportunidad, las múltiples y generosas muestras de respaldo y el reconocimiento que su labor recibiría por parte de la comunidad internacional, por líderes mundiales de diversas tendencias políticas, pero sobre todo, por las mujeres del continente que vieron en ella y en su movimiento, un ejemplo, una muestra viviente de lo que el coraje y el amor de una mujer pueden conseguir cuando la testarudez y la locura de un gobierno totalitario y de dictadores como Fidel y compañía deciden pisotear la dignidad de los hombres y mujeres de una nación, de los hijos de Cuba, de los libre pensadores de América Latina.

La represión castrista, la persecución cobarde de los uniformados y los servicios de inteligencia y de seguridad en Cuba no se hicieron esperar. Los latinoamericanos hemos sido testigos del acoso y la humillación de las cuales han sido víctiman este grupo de mujeres. Las Damas de Blanco han sido insultadas, perseguidas, agraviadas, incluso golpeadas por “espontáneos” ciudadanos (ahora sabemos que estos grupos eran movilizados por el régimen castrista) autoproclamados defensores de “la revolución”, una revolución que está herida de muerte, que comenzó a trazar el camino de su ocaso, el mismísimo día en que decidió arremeter contra madres que lo único que le solicitaban al gobierno era que les devolviese con vida a sus hijos.

Pero el régimen cubano se equivocó, la estrategia y el hostigamiento desatado desde el gobierno, puesto en práctica maléficamente por aquellos que parecen haber perdido todo sentimiento de humanidad hacia el prójimo, por aquellos que han olvidado o han visto en ellos morir el sentimiento de compasión y solidaridad con el dolor ajeno, fracasaron. La respuesta de las Damas de Blanco fue siempre la de la”no violencia”. A pesar del temor que la dictadura castrista infunde en los disidentes, a pesar del miedo que el régimen autocrático cubano trata de generar en todo ciudadano que no asume o reivindica los más de 50 años de “revolución” esclavizante, a pesar de todo ello, estas valientes mujeres decidieron seguir transitando las calles de la Habana, decidieron levantar la voz de protesta contra la arbitrariedad, denunciando el maltrato, las humillaciones, los vejámenes y el aislamiento que sufren sus familiares en las cárceles de Cuba. Cómo resignarse, diría una de ellas, a ver cómo el esposo, el hijo, el hermano deben purgar condenas de más de 25 años por el sólo hecho de ejercer el derecho de pensar libremente. Cómo no sufrir, cómo no revelarse cuando en cada visita vemos las condiciones de desamparo e inhumanidad a las cuales el régimen castrista ha condenado a nuestros familiares, señaló Laura Pollán alguna vez.

La diferencia entre las Damas de Blanco y otros grupos disidentes en América Latina es el haber elegido el discurso y la protesta pacífica como arma de combate frente a la violencia, frente a un régimen prepotente, frente a una persona acostumbrada a utilizar la fuerza, el miedo y el amendrentamiento como instrumento de control social y como mecanismo lícito en la arena política. De ahí la importancia de las palabras de Berta Soler, la nueva dirigente y líder de este grupo de mujeres, cuando recordando la figura de Laura Pollán afirma que con disciplina, constancia, y sobre todo, con una lucha pacífica, que rechaza los actos de repudio y hostigamiento, enarbolando las banderas de la no violencia, seguirán luchando, porque esa es la prédica que han internalizado en sus mentes y corazones a lo largo de los años, porque ese es el camino que les enseñó a transitar la enorme figura de Laura Pollán.

La figura de Laura ha sido y será recordada, de eso estamos seguros, por mucho tiempo a lo largo de toda nuestra América Latina, su figura será una huella imborrable en la historia y en la memoria de todos aquellos que creemos y queremos una Latinoamérica libre, igualitaria y democrática. Su ejemplo deberá ser seguido por los hombres y mujeres del continente que sueñan con un mañana en el cual los dictadores, de derecha o de izquierda, hayan sido borrados de un plumazo, para quedar refundidos en un pasado que nos recuerde lo que hemos sido y lo que jamás debemos volver a ser. Por eso no sorprende que su labor, como la de sus compañeras, haya sido reconocida por diversos líderes, como el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien le rindió un homenaje póstumo en el cual destacó la labor que esta mujer ha cumplido, así como su valor y compromiso en la defensa de los derechos y libertades en Cuba.

Desde Europa el reconocimiento tampoco se hizo esperar. Ya en el año 2005, el Parlamento Europeo las premió otorgándoles el premio Sarajov, el mismo que en años posteriores recibiera Guillermo Fariñas, ejemplo también de la resistencia pacífica en Cuba, cuya labor y sacrificio forzaron al gobierno de los Castro a tomar la decisión de liberar a un importante número de los disidentes capturados en la Primavera Negra, luego de haber puesto en riesgo su vida al iniciar una huelga de hambre que duraría 134 días. Pero ningún premio, ni reconocimiento, pueden corresponder el invaluable ejemplo y muestra de fortaleza, civismo y lucha pacífica en defensa de los derechos humanos que estas mujeres nos han regalado a todos los ciudadanos del mundo.

Seguramente Las Damas de Blanco volverán a las calles, armadas de pancartas, ramos de rosas blancas, crucifijos y banderas cubanas con el rostro de sus familiares. Regresarán a la lucha, harán sentir su voz de protesta, marcharán por las calles de la Habana exigiendo la liberación de los suyos. El gobierno de los Castro volverá a responder, responderá de la única forma que sabe hacerlo, las reprimirá, las perseguirá, las insultará, pero no podrá doblegar ese espíritu indomable que estas mujeres día a día ponen a prueba; y es que una dictadura puede violar las libertades políticas, puede arrestar impunemente a sus opositores, puede destruirle la vida a todo ciudadano al cual considere un peligro para sus retorcidos fines, pero nunca, nunca podrá con el amor que una madre guarda por su hijo, nunca podrá con la fidelidad que una esposa guarda por su esposo, nunca vencerá la gratitud y devoción que una hija o hijo guardan por su padre.

Las Damas de Blanco, ahora de la mano de Berta Soler, como ayer lo hicieran bajo la prédica de Laura Pollán, anónimas, casi invisibles para los medios de comunicación cubanos, y por qué no decirlo, anónimas para muchos latinoamericanos, seguirán en la lucha, no desmayarán en el esfuerzo, no verán quebrado su espíritu, De eso estoy absolutamente seguro. A los hombres, y sobre a todo a las mujeres, les pueden arrebatar la vida, pero jamás una idea, y mucho menos la esperanza de ver de regreso, sentado a la mesa un día domingo, al ser querido, preso durante años por haberse atrevido a pensar diferente.

Laura Pollán, tu figura tiene ya un lugar en la historia de Latinoamérica y en la memoria de tu pueblo, tu ejemplo de vida, tu entrega, tu fortaleza y tus años de lucha no hicieron sino confirmar las palabras de José Martín, ese cubano genial al que reivindicaste con tu acción y leíste con fruición, cuando afirmaba: “Las campañas de los pueblos sólo son débiles cuando en ellas no se alista el corazón de mujer; pero cuando la mujer se estremece y ayuda, cuando la mujer tímida y quieta en su natural, anima y aplaude, cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la miel de su cariño, la obra es invencible”.

Laura Pollán, descansa en la gloria.

Ollanta Humala: Chehade debe renunciar

2011-11-07T14:08:00.000-08:00

“En lo personal, yo pienso que haría bien que dé el paso al costado, pero eso debe nacer de él”, expresó el presidente, Ollanta Humala, al ser consultado por la situación incómoda por la cual atraviesa su vicepresidente, otrora “zar anticorrupción”, Omar Chehade. Una situación provocada y magnificada por el propio vicepresidente quien de manera reiterada, atolondrada y hasta cantinflesca se ha enredado en sus propias mentiras al momento de justificar su presencia en la “reunión” llevada a cabo en el restaurante Las Brujas de Cachiche, en la que recordarán todos, al parecer, el vicepresidente, aprovechando el poder que le otorga el cargo y la cercanía que tiene con el jefe de Estado, habría solicitado el apoyo de altos mandos policiales para favorecer al grupo empresarial Wong en el litigio que sostiene por el control del complejo azucarero Andahuasi, hoy en día en manos del grupo Bustamante.

Omar Chehade, Omar “el breve” como algunos medios lo han bautizado, se había convertido en la piedra en el zapato de nuestro mandatario en las últimas semanas. El vicepresidente, su presencia en el poder ejecutivo, su cercanía al presidente se había transformado en un factor de inestabilidad y descrédito para un gobierno cuyo lema más importante durante la campaña fue la lucha frontal contra la corrupción. Muchos peruanos quisimos creer, y queremos creer en el Presidente cuando habla de la necesidad de trasparentar la gestión pública y adecentar la política a partir de una conducta ética y honesta. Por eso sorprendió la falta de reacción del ejecutivo, en especial de Ollanta Humala, para desmarcarse de Chehade, pedirle su renuncia y respaldar a todas las institicuiones encargadas de investigar este presunto caso de tráfico de influencias.

La dinámica de la política, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito jurisdiccional, se mueve en el terreno de las percepciones, en política no basta con que un funcionario sea inocente, pues más importante que ser una persona decente y honesta es parecerlo ante los ojos de la ciudadanía. En un principio, escuchamos decir a Ollanta Humala que todos deberíamos esperar el término de las investigaciones para tomar una medida en torno a la permanencia en el cargo de vicepresidente de su ex abogado, Omar Chehade. Grave error, propio de su inexperiencia política, creo yo. En política 150 días pueden ser una eternidad, un tiempo durante el cual la fetidez y el hedor que exhala este caso podían sencillamente alcanzar las habitaciones de Palacio de Gobierno, enrareciendo el aire que allí se respira, minando la credibilidad e importante respaldo de los cuales goza hasta el día de hoy el Presidente.

La presunción de inocencia de una persona es un principio y un derecho que debemos consolidar en toda democracia, nadie puede ser sancionado penal o administrativamente sino cuando la responsabilidad de la persona haya sido debidamente comprobada. Sin embargo, esa misma lógica parece flexibilizarse cuando de lo que se trata es juzgar y dar respuesta a faltas de orden político. Le llamo faltas pues siendo bastante rigurosos en el análisis jurídico no creo que existan los elementos suficientes que acrediten la responsabilidad penal de Chehade por lo delitos que hoy en día pretenden imputársele. Digamos que Chehade será declarado inocente, en caso se llegue a abrir un proceso en su contra, pero Chehade ya ha sido sentenciado por la opinión pública, como lo fue en su momento Raúl Diez Canseco durante el gobierno de Alejandro Toledo, cuando se descubrió que mediante la promulgación de un dispositivo legal se buscaba favorecer indirectamente a una familia muy allegada a su persona. A diferencia de Chehade, el vicepresidente de Toledo decidió dejar voluntariamente la casa de gobierno, y no espero a que el dueño lo eche a la calle en presencia de más de 28 millones de peruanos. Dignidad y elegancia le llaman algunos.

En pocas palabras, podríamos decir que Chehade es el primer cadáver político de este gobierno, o al menos, el muerto de mayor peso, pues a su lado tendrá de compañeros a los “come oro” o a las “roba cable”, y algunos otros más que estoy seguro incrementarán la larga lista de bizarros personajes con la cual culminaremos este quinquenio. Aunque si algo conocemos de la historia de nuestro país, debemos saber que en el Perú no existen difuntos políticos, prueba de ello es que en nuestra historia, nuestro pueblo, de memoria frágil y corazón enormemente estúpido, ha sabido perdonar bribonadas y pillerías de la peor calaña.

Solicitarle al vicepresidente, a quien llamó congresista y no vicepresidente, este sin lugar a dudas no es un detalle menor, que diera un paso al costado para no entorpecer las investigaciones abiertas en su contra en la comisión de ética y fiscalización en el Parlamento, respectivamente, y la que está llevando a cabo el Ministerio Público, ha sido la declaración política más importante de las vertidas durante la entrevista que concediera el Presidente a cuatro periodistas de televisión (salvo Alvarez Rodrich, los demás es esforzaron, y vaya que lograron parecer tontos durante la entrevista) en el salón Túpac Amaru de la sede del Ejecutivo, con motivo de los primeros 100 días de gestión de su gobierno.

El tema Chehade, y por consiguiente el de la lucha contra la corrupción, era el más importante a desarrollar en la velada. A la gente, al gran público, no le interesaba saber si Ollanta Humala ratificaría el modelo económico, renovando el compromiso que firmara durante la segunda vuelta de la campaña electoral, la famosa “hoja de ruta”, tampoco le interesaba saber si avalaría una iniciativa de reforma constitucional o si propondría el retorno a la Constitución de 1979, por cuyos valores juramentó el 28 de julio. Todos, absolutamente todos, al menos los que no creemos en cucos y en demonios inventados por el sector más conservador de este país, sabíamos, teníamos conocimiento de primera mano, que una vez en Palacio de Gobierno, Ollanta Humala seguiría la pista de las políticas macroeconómicas que tan buenos resultados nos han traído durante la última década. Ollanta Humala no es un líder con una base ideológica importante, el señor Presidente no es un doctrinario, una persona que maneje con fluidez conceptos e instituciones propias del discurso político. Ollanta Humala es simplemente un militar en retiro al cual la historia decidió colocar en el sillón de Pizarro.

En mi opinión, Ollanta Humala es un tipo pragmático, con una inclinación innegable a la izquierda, pero nada más. Me atrevo a decir que al final de los 5 años de su gobierno, el presidente Ollanta Humala terminará siendo el consentido de los grandes grupos de poder, disputándole tal honor al mismísimo Alan García. Si eso es bueno o malo, dependerá de si su gestión aprovechó o no esa relación con el empresariado para implementar políticas de inclusión social que ayuden a cerrar la brecha social existente en nuestra patria. Pero seamos claros, y esto es algo que no debe olvidar el mandatario, para distribuir, primero se debe generar riqueza, y para generar riqueza, lo primero es atraer inversiones, pero no cualquier inversión, debemos atraer inversiones dispuestas a respetar el marco legal establecido, inversiones dispuestas a competir honestamente, inversiones que no busquen ventaja por medio del dinero, el acomodo, el favorcito de los políticos, como estoy seguro ha tratado de hacer el grupo Wong con Chehade en esta oportunidad. Porque debemos ser tontos para pensar que el señor Chehade es así de “comprometido y solícito” con todos los empresarios del Perú, que corre, va y vuela a solucionar los problemas judiciales de las pequeñas y medianas empresas, y que hace todo eso por puro amor a la patria o porque su corazón es el de un “emprendedor”. Vamos Chehade, no nos quieras tomar el pelo, no de una manera tan grosera, cómo se te ocurre declarar en el Congreso que tú no sabías que los Wong tenían que ver con Andahuasi. Esa historia no la cree nadie, salvo tengas complejo de cuentista, y te quieras parecer a los defensores de la interpretación auténtica.

A pesar de la positiva declaración en torno al caso Chehade, la presentación de Ollanta Humala me deja el sin sabor de ver a un jefe de Estado al cual le falta capacidad de reacción y de toma de decisión en situaciones de alta tensión, además de su ya conocida incapacidad para comunicar con fluidez sus ideas, de sus limitaciones oratorias, de su falta de cultura política, y rapidez mental al momento de la respuesta rápida. El Presidente dejó pasar mucho tiempo para pedir la renuncia de su vicepresidente, en lo personal creo que lo correcto hubiera sido hacerlo en privado, es poco elegante que se utilicen las cámaras como elemento de presión mediática para arrinconar políticamente al caído en desgracia. Mayor reacción tuvo su esposa, la señora Nadine Heredia, quien en pocas palabras marco la línea que debía seguir su esposo, con su famosa frase publicada en Twitter, días después del destape del escándalo: ¿Es tan difícil caminar derecho? Yo no creo que sea difícil. Se hace difícil cuando desde las esferas más altas del poder se cubren las cosas con un manto de impunidad. Las tentaciones siempre estarán presentes, el poder, el dinero, las gollerías suelen ser siempre elementos de seducción, sobre todo cuando se ostenta un cargo importante, algo que a los hombres, o a la mayoría de ellos, los hace sentirse todopoderosos, como parece ser el caso de Chehade.

Lo realmente difícil, diría yo, es saber tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado, lo difícil es dejar de lado a quien con su conducta genera un daño a la imagen y a la investidura presidencial. Lo difícil, se torna aún más difícil, cuando la persona que debe recibir la sanción política del anda y vete es nada menos que el vicepresidente, amigo y abogado del Presidente. Lo preocupante para Ollanta Humala es quizá haberse dado cuenta que sabe menos cosas de Chehade, que Chehade de él, no en vano el fantasma del caso Madre Mía volvió rondar la mente de la gente con la pegunta: ¿Qué cosas le sabrá Chehade al Presidente? Su falta de reacción y olfato político generaron esta situación de inestabilidad y crisis, de ahí la importancia de fijar posición de manera inmediata frente a todo posible acto de corrupción que se presente, venga de donde venga. De no ser así, Ollanta Humala pasará a ocupar un lugar preferencial, junto a Chehade, en la larga lista de jóvenes promesas que terminaron por convertirse en terribles decepciones, siguiendo la tradición criolla del político peruano, miedoso, mentiroso, cacaceno y bribón. Como si en el Perú la pendejada de los políticos estuviese en su ADN y formase parte de la identidad nacional.

Cristina Fernández de Kirchner alcanza una victoria histórica en Argentina

2011-10-27T10:26:00.000-07:00

Sólo un candidato presidencial, sólo un hombre, Juan Domingo Perón, tres veces presidente, logró una votación superior (61.8%) a la que Cristina Fernández alcanzó en las últimas elecciones presidenciales en Argentina (más del 53%). La tendencia electoral marcada desde las primarias de agosto se consolidó a lo largo de los últimos meses, fortaleciendo la posición de las fuerzas del Partido Justicialista, aglutinadas en torno al kirchnerismo, dándole una arrolladora victoria a Cristina Fernández.

El resultado final, como muchos analistas lo señalan, era más que previsible, Cristina Fernández logró alcanzar en su reelección el registro electoral más alto desde la recuperación de la democracia Argentina en 1983, superando incluso, las votaciones obtenidas por líderes carismáticos como Ricardo Alfonsín y Carlos Menen. Con esta victoria, Cristina Fernández logra un tercer mandato consecutivo para el justicialismo, algo que no tenía antecedente en la historia reciente argentina. El único momento en la historia política argentina en el cual un único partido logró prolongar su mandato gubernamental por tres periodos consecutivos se registró en los albores del siglo XX, con los dos periodos de Hipólito Irigoyen y uno de Marcelo Torcuato de Alvear (14 años consecutivos), ambos, figuras importantes del Partido Radical argentino. Con esta victoria, Cristina Fernández escribe su nombre y el de su partido en los anales de la historia, por ser la primera candidata en darle al peronismo una tercera victoria consecutiva y por ser la primera mujer en alcanzar una reelección.

Cristina Fernández prolongará su mandato hasta el año 2015, con una votación mayor al 53% del electorado, pulverizando de manera categórica los sueños de los representantes de la oposición, obteniendo una ventaja histórica de 37 puntos a su más cercano perseguidor, el gobernador socialista de Santa Fe, Hermes Binner que obtuvo casi el 17% de las preferencias electorales. Muy por detrás de ellos, se ubicó Ricardo Alfonsín, radical de cuna, líder de la Unión para el Desarrollo Social. El cuarto lugar fue para Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luís y candidato por Compromiso Federal. Siendo los grandes perdedores de la jornada, el ex presiente peronista Eduardo Duhalde y la diputada Elisa Carrió, quienes ocuparon el quinto y séptimo lugar, respectivamente. Atrás quedó ese 23% que Carrió obtuvo en las presidenciales de 2007 y que la ubicó en el segundo lugar de las preferencias.

Cabe señalar que en los últimos comicios electorales no sólo estuvo en juego la Presidencia de la República Argentina, sino también la elección de miembros del parlamento y gobernadores, autoridades, que dependiendo de los resultados finales, podrían haber equilibrado la lucha de poderes existente entre justicialistas y radicales a lo largo de toda la historia política gaucha. Sin embargo, el resultado fue el mismo, el kirchnerismo logró la mayoría absoluta en el parlamento, consolidó un bloque de 37 escaños de un total de 72 en el Senado y recuperó la mayoría en la cámara de Diputados, perdida en las elecciones legislativas de 2009. Asimismo, el partido de gobierno también se aseguró la administración de 20 de las 24 provincias luego de haber triunfado en los nueve distritos que elegían gobernador, con figuras como Daniel Scioli en Buenos Aires, quién obtuvo el 57% de los votos, y el de Francisco Pérez, quien venció en Mendoza, a un fortísimo candidato radical como Roberto Iglesias. Visto el mapa electoral nacional argentino, podemos afirmar que sólo la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, San Luis y Corrientes tienen un candidato opositor.

Las estadísticas son abrumadoras, el kirchnerismo ha logrado concentrar la mayor fuerza política de la historia. Más allá de los números y las cifras, lo más trascendente, señalan los especialistas argentinos, es la densidad del poder popular, institucional y político que podrá administrar Cristina Fernández en los próximos cuatro años. El electorado ha optado por mantener el rumbo de los últimos años, las cifras son incontestables, ha primado en el imaginario político argentino un sentimiento de profundo conservadurismo, nadie ha querido arriesgar lo poco o mucho que se ha conseguido en el segundo periodo kirchnerista. Populista o no, clientelista o no, intervencionista o no, estatista o no, el modelo impuesto desde el gobierno parece haber seducido a la inmensa mayoría del pueblo argentino.

La expansión económica argentina, los planes de ayuda social a los más pobres, los subsidios al transporte y a la energía, así como la figura carismática de Cristina Fernández, querida y respetada por los sectores menos favorecidos en la Argentina, han sido, sin lugar a dudas, los puntos claves de esta hazaña política. Si a eso le sumamos la incapacidad del resto de partidos para establecer acuerdos y consensos que arrojasen una única candidatura de oposición, capaz de capitalizar el descontento que muchas de las políticas oficialistas han generado entre la clase media y los sectores conservadores durante los últimos años, con una propuesta de gobierno centrista y atractiva que ampliase el espectro político argentino, lo ocurrido en estas elecciones no es otra cosa que la crónica de una victoria anunciada. Una victoria que erige al peronismo (a pesar de sus históricas disputas internas vividas desde la muerte de su líder) como el movimiento con mayor fuerza nacional y al radicalismo y movimientos disidentes, respectivamente, como partidos incapaces de hacerle sombra, al menos no durante algún tiempo.

Este enorme poder político, este amplio manejo que podrá ejercer Cristina Fernández resulta preocupante para un importante sector de la población argentina, quien teme que el estilo autoritario, vertical y rígido, termine por marcar la tónica del gobierno, de un gobierno que teniendo la convicción de no deberle nada a nadie, estime que puede hacer y deshacer a su antojo sin tener que rendirle cuentas a nadie, mucho menos a una oposición inexistente que al parecer ha perdido en estos últimos tiempos el sentido de la historia.

El gobierno girará en torno a la figura de Cristina Fernández. Por su estilo social y su pasado político, se sabe que el círculo de consejeros y amigos cercanos a la presidenta es muy reducido, que las decisiones de gobierno, de las más insignificantes a las más importantes, son tomadas únicamente por Fernández y su soledad, sobre todo luego de la partida de su esposo, el presidente Nestor Kirchner, que la voz de la presidenta eclipsa a todas las demás, y que su vocación por la monopolización del debate político muchas veces le ha abierto frentes incluso al interior de su movimiento. Ella sabe que en este segundo mandato todas las luces y reflectores se posarán sobre ella, que el aplauso o rechazo de la población ante su conducta será directo, que está sola, que ella será el único artífice de sus triunfos y la única responsable de sus fracasos. Todo esto que puede ser una fortaleza, puede también ser su mayor debilidad, sin intermediarios que sirvan como pararrayos ante los problemas y las crisis que todo gobierno atraviesa, la presencia mediática de su figura puede terminar perdiendo apoyo, desgastándose más rápido de lo previsto. En todo caso, la ausencia de una posición coherente y medianamente articulada, capaz de explotar los errores del gobierno, le dan un campo de acción mayor y un poder nunca antes visto.

Cristina Fernández tiene la posibilidad histórica de hacer un gobierno para el recuerdo, tiene la mesa servida para profundizar las reformas sociales necesarias para superar los problemas que la crisis de inicios de siglo generó en su país. Al mismo tiempo, Cristina Fernández deberá saldar algunas deudas de gobierno que aún no honra, la mejora de los servicios sociales, la lucha contra la corrupción gubernamental, el respeto por las libertades civiles, la mejora de su relación con los medios de comunicación (Clarín y La Nación, por citar sólo algunos), la preservación del ritmo de crecimiento exhibido durante los últimos años, la diversificación de sus exportaciones y la consolidación de la institucionalidad argentina, son algunos de los temas que encabezan la lista de prioridades del nuevo gobierno.

La campaña electoral ya quedó atrás, a pesar de lo peligroso que resulta para la salud democrática de un pueblo la concentración casi absoluta del poder político en un único partido o en una única persona, como parece ser este el caso, la nación argentina habló en las urnas, y prefirió a la figura fuerte de Cristina que al vació de poder que muchos veían en la oposición. Mantener el rumbo, el orden, la tranquilidad quebrados antes de 2003, han sido la apuesta del electorado, pero ahora el kirchnerismo debe enfrentar otros retos e inaugurar un nuevo capítulo en la larga novela peronista.

Se presume que la Argentina tendrá menos crecimiento durante los próximos meses, dificultades por el incremento de la tasa inflacionaria y problemas por el valor del dólar. En lo inmediato, el kirchnerismo deberá frenar la fuga de capitales, la misma que hasta septiembre bordeó los 19 mil millones de dólares y agregó unos 800 millones más en la primera semana de octubre. Para ello, es necesario marcar distancia con sectores radicales, que apelando a un discurso puramente ideológico y carente de sustento técnico alguno, se niegan a implementar políticas fiscales responsables. El gobierno de Fernández, como opinan algunos, deberá tender puentes de diálogo con el sector empresarial, financiero, bursátil y comercial. Sólo así podrá hacer frente a problemas como el retraso cambiario, los desajustes fiscales y el achicamiento del superávit comercial. En tal sentido, Cristina Fernández, deberá tomar decisiones rápidas para evitar mayores desajustes, lo primero, como ocurre en este tipo de situaciones, será nombrar a un equipo técnico de nivel que sea capaz de brindar tranquilidad a los mercados financieros, los mismos que aún tienen dudas sobre el discurso, muchas veces ambiguo, del gobierno, sin que ello signifique, como a veces se trata de hacer creer a la población, la renuncia a los ideales de justicia social enarbolados por la presidente y su partido a lo largo de su historia.

Que el poder no obnubile a Cristina Fernández, que la mesura política, el respeto por el adversario y la responsabilidad económica se instalen en Casa Rosada y se proyecten a toda la nación argentina, que el autoritarismo peronista de un importante sector del gobierno ceda frente a las prácticas democráticas de toda sociedad abierta, que la prensa no se vea perseguida por los adictos al régimen ni por la clientela que trata de aprovechar la militancia partidaria para copar los puestos públicos, que los partidos de oposición se reestructuren y sean capaces de vigilar y fiscalizar al gobierno y que la sociedad argentina no renuncie a los ideales de justicia social y libertad, son los deseos que albergamos todos los que habitamos en esta patria grande llamada Sudamérica.

¿Comprende Ollanta Humala, la relación existente entre las instituciones castrenses y el sistema democrático?

2011-10-20T10:25:00.000-07:00

Las instituciones castrenses, en el marco de los sistemas democráticos, cumplen un rol de vital importancia para la consolidación de la institucionalidad del Estado y para el resguardo de los intereses nacionales. A las Fuerzas Armadas, les corresponde garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. La Policía Nacional, por su parte, tiene el deber mantener y restablecer el orden interno. Ambas instituciones carecen de una vocación deliberante y deben estar subordinadas al poder constitucional. Reconocen al Presidente de la República como su jefe supremo y despliegan sus acciones en absoluta consonancia con el mandato constitucional y legal.

Esta es una reflexión que los ciudadanos debemos tener muy en claro. En una democracia, en un sistema constitucional en el cual la labor de los poderes públicos y privados se encuadra dentro de los parámetros establecidos por la Constitución, los miembros de estas instituciones se convierten en fieles guardianes del orden y el sistema democrático. Siendo ello así, es necesario que quienes asuman la dirección de dichas entidades, gocen de los méritos profesionales, académicos y morales suficientes para la asunción de tamaña responsabilidad, ya que como hemos señalado, a ellos les corresponde velar por la seguridad externa e interna de la nación.

Pero, si a las instituciones castrenses les corresponde guardar un profundo respeto por los principios y valores constitucionales y democráticos, al poder civil, y en especial al gobierno de turno, le corresponde guardar respeto por la institucionalidad de estas entidades. En ese sentido, el gobierno, y el Presidente de la República, deberán de ser muy cuidadosos al momento de promover el nombramiento de los mandos militares y policiales, instalando en este proceso, una lógica basada en la meritocracia y el profesionalismo. No basta, como señalan algunos, el criterio de la antigüedad para nombrar a un militar o policía como miembro de la alta dirección de sus respectivas instituciones.

Es muy peligroso para la salud democrática de un país la politización de las instituciones castrenses o la militarización de la política, reflejada muchas veces en los procesos de cambio o reforma al interior de las fuerzas armadas o policiales. El nombramiento indiscriminado de un grupo de policías o militares con el único criterio de favorecer a los allegados al régimen es una práctica que debiéramos desterrar de nuestro país. El gobierno de turno no puede utilizar el poder que la ciudadanía le ha conferido para atentar contra la estructura misma de estas instituciones. Nombrar a una persona por el sólo hecho de tratarse de un amigo, allegado, o en el peor de los casos, un títere de los designios de quien detenta el poder de turno, no sólo distorsiona la relación entre el poder civil y las instituciones castrenses, sino también genera incomodidad, descontento y mella la moral de los efectivos militares y policiales que ven cómo la una persona carente de los méritos suficientes se coloca al frente de su institución.

Los últimos cambios sufridos en la Policía Nacional del Perú y los ascensos llevados a cabo en las Fuerzas Armadas han vuelto a colocar sobre la discusión este viejo debate en torno a la relación existente entre el gobierno y los institutos armados. Los fantasmas del copamiento y militarización de la sociedad aún están presentes en el imaginario colectivo nacional. Algunos peruanos aún tenemos presente los nefastos hechos ocurridos durante la última dictadura de Fujimori y Montesinos. La utilización de las fuerzas militares y policiales por la dictadura como soporte del régimen, la compra de conciencias al interior de estas instituciones, la adhesión, el respaldo cómplice de los altos mandos y la sujeción total de los mismos a los dictados de la mafia de lo noventa, fueron males que los peruanos no debiéramos estar dispuestos a volver a padecer.

La experiencia histórica nos demuestra lo peligroso que ha resultado para el país el hecho de mal utilizar el poder gubernamental al consolidar alrededor suyo a una cúpula castrense capaz de blindar todos y cada uno de los actos de gobierno, sin importar si estos son acordes o no al orden constitucional, tal y como ocurrió durante los diez años del fujimorato. Recordemos que en esa época, una de las técnicas que el dictador utilizó para conseguir la adhesión y apoyo a su proyecto mafioso, fue la de implementar una política de ascensos y pases al retiro indiscriminada sin mayor criterio que los delirios de poder del jefe de Estado, es decir, asciendo a quienes obedecerán sin chistar mis órdenes, paso al retiro a quienes tienen una posición más institucional que muchas veces se opone a los intereses del régimen.

Con la caída de la cleptocracia fujimorista, se abrió un nuevo capítulo en la historia militar y policial. Tal y como lo recuerda el analista político Carlos Basombrió, en el año 2001 se iniciaron una serie de reformas destinadas a corregir esta perniciosa situación. Decimos perniciosa, ya que si se revisan las cifras de aquel entonces, uno puede observar cómo el reparto de ascensos distorsionó toda la lógica militar y policial, llegando a tenerse en la policía más jefes (generales y coroneles) que alféreces. Todo un delirio. Pero este afán reformista, impulsado por el gobierno de Alejandro Toledo, perdió fuerza con la llegada del gobierno aprista, y se retornó de ese modo, a la irracionalidad del pasado (52 generales y más de 600 coroneles).

El actual gobierno ha recibido estas cifras. Esa ha sido la situación que el presidente Ollanta Humala heredó de manos de Alan García. Los 5 años de gobierno últimos fueron un quinquenio perdido en este proceso de reforma y modernización de estas entidades. Siendo tan crítica la situación, desde luego se avala la decisión del gobierno de pasar al retiro a 30 generales de la Policía Nacional del Perú en la búsqueda de una estructura mucho más piramidal al interior de la misma (en 2004, la Dirección Policial estimó que para el comando institucional requería únicamente de 28 generales y 207 coroneles). Sin embargo, si bien es cierto el objetivo se justifica y respalda, la pregunta que uno debe hacerse y las autoridades responder es cuál ha sido el criterio para la purga de esos 30 generales y no otros. O si lo más conveniente no hubiese sido un pase al retiro gradual, como ocurre en el caso de la Marina de Guerra, que no genere un cisma institucional y político y no instale La duda sobre la transparencia de la decisión.

Otro dato a tener en cuenta sobre este tema, ha sido lo ocurrido con los últimos ascensos a general dispuestos por el Ministerio de Defensa. Pocas veces en la historia, o nunca según algunos dicen, se ha observado que un número bastante considerable de miembros de una promoción llega al grado de general en el ejército. Esto acaba de ocurrir hace unos días con el nombramiento de 10 nuevos generales pertenecientes a la promoción 1984 Héroes de Marcavalle, coincidentemente miembros de la promoción del Presidente de la República. Con lo cual, más de la mitad de generales ascendidos, 19 ha sido leal número total, todos ellos compañeros de promoción del presidente Humala, pasarán a formar parte de la cúpula militar. Más allá de las suspicacias que esta decisión genere, no podemos sino preguntarnos si estos ascensos fueron merituados en función a criterios técnicos, evaluando el grado de profesionalismo, antigüedad, y el respeto ganado por estos oficiales al interior de su institución, o si, como tantas veces en la historia, el presidente de turno convirtió al ejército en una agencia de buenos empleos para sus amigos o sus compañeros de carpeta.

Nos parece saludable que en nuestro país el gobierno haya asumido con aplomo la decisión de reformar y promover cambios profundos en las instituciones castrenses. Preocupa sí que esa misma voluntad no sea la misma cuando se trata de las Fuerzas Armadas, en el especial del ejército. Es saludable que la Policía Nacional del Perú inicie un periodo de reingeniería que la fortalezca. Esperemos que los cambios no queden allí, esperemos que esta voluntad se concretice en la adopción de medidas que pasen por elevar el sueldo de los efectivos militares y policiales, reformar su sistema previsional, mejorar la atención de salud que la familia militar y policial recibe por parte del Estado, promover la meritocracia en los procesos de ascensos, cambios y condecoraciones y la capacitación constante de los efectivos, acompañadas todas ellas, de una frontal contra la corrupción enquistada al interior de la institución.

Ningún peruano puede oponerse a este tipo de iniciativas, todos queremos que nuestras instituciones castrenses se consoliden, todos deseamos que el personal militar y policial reciba un trato digno, que cuente con ingresos que le permitan salir adelante y velar por sus familias, todos deseamos que el policía y militar recuperen el prestigio y moral de antaño. En ese sentido, toda reforma que apunte a este objetivo debe ser respaldada, en el camino, lastimosamente y eso ocurre en todo proceso de esta naturaleza, algunos efectivos tendrán que se separados de la institución, son los costos de toda reforma y el precio que debemos asumir. Lo que los peruanos no queremos es que el gobierno politice y distorsiona la estructura y organización de estas instituciones. Lo que no queremos es que el señor Humala se rodee de una corte de uniformados que asuman la labor de guardia personal o guardaespaldas, en lugar deponerse al servicio de la nación como auténticos guardianes del orden y la legalidad. Lo que no queremos es que la película de los noventa se vuelva a repetir en nuestro país, pero esta vez de un modo mucho más sofisticado. Lo que no queremos es que Ollanta Humala se comporte como un miembro más de la promoción Héroes de Marcavalle y no como nuestro jefe de Estado. No queremos eso, pues de ser así, no tendremos a Hugo Chávez en palacio, sino al fantasma de Alberto Fujimori vestido de verde olivo.

Los derechos humanos y la política penitenciaria en el Perú

2011-10-12T10:20:00.000-07:00

Cuando una persona es internada en un establecimiento penitenciario, ya sea en la condición de sentenciado o procesado, ve restringido el ejercicio de un único derecho fundamental: la libertad ambulatoria. Esto que parece evidente, pues no lo es tanto en una sociedad como la nuestra en las cual el espacio y ambiente en donde transcurren los días de un presidiario, condenan a esta persona a vivir bajo condiciones de habitabilidad verdaderamente inhumanas.

Una sociedad civilizada y democrática debe garantizar el derecho de los reclusos y sentenciados a ocupar establecimientos adecuados. Ello es así pues este es el único camino para concretizar el objetivo que todo régimen penitenciario moderno se traza como meta más importante: lograr la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. En ese sentido, la mejora paulatina de las condiciones de habitabilidad de un centro de reclusión, no sólo asegura los derechos humanos de los presos; sino también, y esto es algo que quizá se olvida, evita que las cárceles se conviertan en verdaderas escuelas del delito desde las cuales se planean y ejecutan los crímenes más abominables por delincuentes que una vez puestos en libertad vuelven a delinquir con una mayor fiereza, como si buscaran revancha contra esa sociedad y ese Estado que manteniéndolos bajo la sombra los condenó al más absoluto olvido.

El Estado, a través de sus instituciones, tiene el derecho y el deber de procesar y sancionar de manera ejemplar a toda persona que comete un delito. Ello es sí pues el Estado, como organización social y política, debe velar por la seguridad y tranquilidad de su ciudadanía. En tal sentido, cuando el Estado adolece de una política criminal y carcelaria coherente, idónea, capaz de rehabilitar a la persona que delinque y evitar con ello la reincidencia delictiva, está incumpliendo su principal objetivo, colocándose, debido a su incapacidad e indolencia, al margen de su propio orden jurídico, el cual lo obliga a velar por los derechos de sus ciudadanos, inclusive de aquellos que se encuentran recluídos en un penal.

Hemos querido hacer estas reflexiones pues hace algunos días, el mismísimo director del INPE (Instituto Nacional Penitenciario), José Luis Pérez Guadalupe, en una entrevista concedida a un medio local, dio a conocer algunas estadísticas que describen una realidad penitenciaria francamente escalofriante. En opinión de la mencionada autoridad, la problemática carcelaria en el país se ha vuelto casi inmanejable, la falta de presupuesto, apoyo logístico, la ausencia de voluntad política y la corrupción instalada en las instituciones encargadas de dar solución a este problema social, son factores que hacen imposible la consecución de resultados positivos en el corto plazo.

De acuerdo a la información vertida se sabe que en el Perú de hoy existe una sobrepoblación carcelaria de aproximadamente 23000 reclusos. Por ejemplo, el penal de Lurigancho tiene capacidad para 3200, pero hoy alberga a 6000 (hace dos años el número era de 12000). El penal Sarita Colonia tiene capacidad para 572, pero hay 2079. El penal de Huaral tiene una capacidad para 823 internos y hay 2720. El penal de Cañete es para 759 presos pero hoy en día cuenta con 2830 presos. Con estas cifras se puede afirmar que con una sobrepoblación de dicha magnitud es muy difícil rehabilitar al interno, evitando de ese modo, la reiteración de la conducta criminal una vez que haya sido puesto en libertad.

Otro problema vinculado a la sobrepoblación de las cárceles es el desgobierno que se vive en el interior de las mismas en cuanto a la organización y clasificación de los internos. Resulta lógico pensar que en una cárcel no se puede congregar indiscriminadamente a los internos sin ningún criterio de selección. No se puede, y así lo señalan los especialistas, albergar en un mismo pabellón a presos primarios, jóvenes, ladrones o carteristas de poca monta, con delincuentes reincidentes, rankeados en el mundo de lampa, con varios ingresos al penal. Cuando ello ocurre, la posibilidad de recuperar socialmente al delincuente juvenil, al criminal de delitos menores, es casi nula, más cuando por razones de estatus y por la propia dinámica criminal, estos jóvenes son captados por los “taitas” (reclusos que manejan la cárcel) a quienes ven como el modelo a seguir, convirtiendo a un criminal de alto calibre en un verdadero maestro, cuyas lecciones deben ser aprendidas al pie de la letra si se quiere sobrevivir en esta tierra de nadie en la que se ha convertido la cárcel peruana.

En la cárcel, según declara el titular del INPE, la delincuencia replica su organización criminal a vista y paciencia de la propia policía. El principio de autoridad se ha perdido por completo, el Estado es incapaz de establecer las reglas que regularan la convivencia en su interior. Por ejemplo, en Lurigancho la distribución de los penales y clasificación de la población carcelaria replica el modelo criminal del grupo, la cuadra, la banda, y el barrio. En este penal los “árabes” de Villa El Salvador ocupan un pabellón, a los “vikingos”, de La Victoria, les corresponde el pabellón 4, a los de San Martín de Porres se les ha asignado el 6, lo mismo ocurre con el pabellón 10 y el 12, en los cuales se han instalado los criminales de Surquillo y de Ciudad de Dios, respectivamente. Como es de suponer, cuando en una cárcel la autoridad es asumida por los reclusos y no por el Estado, es muy difícil controlar lo que ocurre allí adentro, es muy difícil velar por los derechos humanos de aquellos presos que presentan un ánimo de enmienda verdadero y que si quieren rehabilitarse, y peor aún, es muy difícil desbaratar a las bandas que siguen operando desde sus celdas.

Por eso no debiera sorprender las declaraciones de las autoridades del INPE cuando señala que en lo que va del año se han incautado más de 3000 teléfonos celulares al interior de los penales, los mismos que puestos en manos de estos criminales les permiten coordinar acciones y desatar el terror en las calles. Muestra de todo este desgobierno ha sido lo ocurrido hace algunos días en el penal de Picsi, en Chiclayo, en donde en un pabellón de máxima seguridad se incautaron 54 televisores, 37 DVD Y 30celulares.

A estas estadísticas debemos sumarle la dura situación de ese 60% de población carcelaria que se encuentra privada de su libertad sin sentencia condenatoria. En términos legales podríamos decir que en nuestro país 6 de cada 10 reclusos, sobre los cuales no ha recaído sentencia condenatoria alguna, se ven obligados a compartir sus días con criminales de alta peligrosidad en establecimientos que carecen de las condiciones de habitabilidad mínimas, que vulneran gravemente sus derechos humanos, condenándolos, de manera anticipada, a una vida francamente indigna, todo ello debido a la incapacidad de un Poder Judicial que no juzga, de un Ministerio Público que no investiga, y de una Policía Nacional que atravesando la peor crisis institucional de su historia se suma a esta enfermedad generalizada de nuestro sistema de justicia.

¿Qué hacer frente a este problema? Muchos son los diagnósticos, y muchas más las voces de los especialistas que a lo largo de los años han estudiado el tema. Sin embargo, en esta oportunidad debemos destacar la opinión del director del INPE, la cual compartimos en todos sus extremos, pues lejos del acostumbrado discurso populista y sin sustento técnico, afirma de manera clara que para combatir a la delincuencia, entendida esta como un problema social, no basta con implementar una política criminal basada en el aumento de penas y el recorte de beneficios penitenciarios como si la solución pasara por “mandar a todos a la cárcel”. Proceder de ese modo, es desconocer la realidad del problema, pues a la larga lo único que se logrará es tener a más presos por más tiempo en las cárceles peruanas. Debemos fortalecer la labor de prevención y educación ciudadana, así como también la labor de todos los organismos involucrados en esta problemática. El Estado debe saber brindar una respuesta multisectorial y no basar su accionar en políticas netamente represivas.

Asimismo, es imprescindible redefinir las competencias del INPE y de la Policía Nacional del Perú en cuanto a cuál será la institución encargada de velar externa e internamente por la seguridad y el orden en los penales. En la actualidad contamos con penales a cargo de la Policía, otros en manos del INPE, y otros en los cuales ambas instituciones se reparten funciones. Este proceder es absolutamente incoherente, debemos identificar a la autoridad a cargo de esta labor y otorgarle todo nuestro respaldo.

Lo que debe quedarnos claro es que la única manera de operativizar y apoyar la labor de estas instituciones es mejorando sus presupuestos asignados. El INPE, por ejemplo, para hacer frente a esta sobrepoblación de 23000 reclusos requiere incorporar a 3000 personas a su personal, requiere también la construcción de 2 nuevos penales valorizados en 200 millones cada uno. Ello sin lugar a dudas requiere apoyo presupuestal, como también lo requiere para el caso de las partidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los reclusos, cuyo número este año ascenderá en 6000, pero que contradictoriamente verá un recorte presupuestal de 23 millones de soles para la alimentación y el cuidado de la salud de los mismos y la implementación de un sistema de vigilancia electrónico en los exteriores e interiores de los penales que permitan detectar delitos como los de corrupción de funcionarios, no olvidemos que muchas veces son los mismos funcionarios los que ingresan los celulares, drogas, armas, bebidas alcohólicas y demás objetos prohibidos.

Pero nada de lo antes dicho tendrá un impacto positivo, nada podrá ser llevado a cabo, ninguna propuesta será suficiente, si el gobierno de turno y la sociedad civil no se comprometen con la solución del problema. Debemos entender, de una vez por todas, que invertir en mejorar las condiciones de habitabilidad de las cárceles no es en modo alguno una concesión que hace el Estado con los criminales a los cuales premia con una mejor alimentación, con mejores servicios de salud o alojamiento, invertir en ello, es a la larga velar por nuestra seguridad, combatiendo a las bandas que operan desde las cárceles, ya que apostar por la rehabilitación de los reclusos no es otra cosa que apostar por la reducción del índice de reincidencia criminal.

La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción

2011-09-28T13:42:00.000-07:00

Dicen que en política la palabra empeñada debe ser cumplida, aún cuando en los últimos tiempos este principio no haya sido observado por los antecesores de Ollanta Humala. Este parece ser el espíritu que viene movilizando la actuación del gobierno en sus primeras semanas de gestión. En ese sentido, y contra lo que algunos podían imaginar, hace algunos días la Comisión de Constitución del Congreso aprobó por mayoría- con la abstención de los parlamentarios fujimoristas y de la Alianza por el Gran Cambio- un dictamen que declara la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios, el mismo que a su tiempo deberá ser aprobado en el pleno del Congreso.

Sin lugar a dudas, resulta saludable que el gobierno entrante tenga la voluntad política necesaria para hacer realidad una de las promesas que le hizo al electorado durante los meses de campaña. Cumplir con lo ofrecido marca un estilo loable de hacer y entender la política, un estilo que permite recuperar la confianza del ciudadano en sus autoridades y, porqué no decirlo, en el propio sistema democrático y en sus instituciones. Sin embargo, no siempre la manera cómo se pretende concretizar dichos ofrecimientos resulta ser la más eficaz o, como sucede en este caso, la más idónea desde el punto de vista técnico y jurídico. Para reforzar este planteamiento, que en lo personal busca demostrar que no es necesario modificar la legislación en este punto para luchar de manera efectiva contra la corrupción, debemos ensayar una dinámica de preguntas y respuestas que ayuden a esclarecer las dudas que los ciudadanos puedan tener en torno a esta temática.

¿Qué es exactamente la prescripción?

La prescripción ha sido entendida como una institución que busca establecer un límite al poder-deber del Estado de ejercer su poder punitivo persiguiendo a quien ha cometido algún delito. Dicho de otro modo, cuando alguien comete un delito, el Estado cuenta con un plazo determinado establecido en la ley para procesar y sancionar al responsable.

¿Qué ocurre cuando el plazo para perseguir el delito vence?

Cuando el Estado, debido a la acción obstruccionista de los presuntos responsables, pero sobre todo, debido a su ineficiencia y a la fragilidad de sus órganos de justicia, deja transcurrir el plazo y este vence, pues entonces opera lo que en términos jurídicos se denomina la extinción de la acción penal, es decir, el Estado pierde el derecho de perseguir el delito, el mismo que al final queda impune.

¿Cuál es la finalidad de esta figura jurídica?

En un Estado de Derecho se entiende que la labor de los poderes públicos se somete al mandato expreso de la Constitución y las leyes. Siendo ello así, se sabe que la persona humana se encuentra en una situación de desventaja frente a la acción punitiva del Estado. Por tanto, establecer un límite (el plazo de la prescripción) para ejercer la facultad persecutoria del delito por parte de instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial, busca evitar severas violaciones a las libertades individuales de los ciudadanos, quienes podrían ser perseguidos hasta el mismo instante de su muerte, a pesar de haberse reconocido el principio de presunción de inocencia como una garantía para todos los ciudadanos.

¿Qué señala nuestra actual legislación sobre este tema?

Las reglas de prescripción en nuestro país han sido recogidas en el Código Penal, específicamente en sus artículos 80º y 83º, respectivamente. En dichas disposiciones se señala que la acción penal prescribe o fenece en un tiempo igual al máximo de la pena fijada para el acto criminal (por ejemplo, si el delito es sancionado con un máximo de 10 años, entonces el plazo que el Estado tiene para perseguir el delito será de 10 años también). Ahora bien, cuando se trata de delitos cometidos contra el patrimonio de la nación por una persona que tiene la condición de funcionario público, opera la “duplicación del plazo de prescripción” con un límite máximo de 20 años. En lo personal, creo que los plazos aplicables para la prescripción de los delitos de corrupción son lo suficientemente amplios como para que “cualquier Estado, medianamente eficiente,” cumpla con su cometido de investigar, procesar y sancionar a los corruptos. Digámoslo de un modo más sencillo ¿Cuánto tiempo necesita un Estado ineficiente como el nuestro para sancionar a quienes delinquen? Al parecer toda la eternidad. El problema no es entonces la presciptibilidad de los delitos, ni el aumento de las penas, el problema pasa por mejorar la gestión y eficiencia en la administración de justicia.

¿Existen en la actualidad delitos que sean imprescriptibles?

De acuerdo a la legislación nacional e internacional vigente en nuestro país, los únicos delitos para los cuales no operan las reglas de la prescripción son los denominados “delitos de lesa humanidad”, es decir, delitos que siendo cometidos de manera sistemática y reiterada por el propio Estado u otros agentes con características particulares, atentan gravemente contra la dignidad de la persona, vulnerando su vida, su integridad o su libertad. Dentro de esta lista de delitos tenemos a: la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, el genocidio y las violaciones sexuales en algunos casos. Como se puede apreciar, es la gravedad del delito, el daño que estos generan en la persona y la obligación expresa asumida por los Estados que como el Perú se han comprometido a investigar, procesar y sancionar a los responsables de estos crímenes a pesar del transcurso del tiempo, las razones que justifican la imprescriptibilidad de la acción penal para estos actos, las mismas, que en mi opinión, no se verifican para el caso de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios.

¿Cuáles son los delitos que pretenden ser combatidos a partir de esta medida?

De acuerdo a lo que se sabe a través de los medios de comunicación, los parlamentarios impulsores de esta iniciativa, y de modo erróneo creo yo, asumen que esta medida desincentivará la comisión de aquellos delitos que son cometidos de manera frecuente por funcionarios públicos, delitos tales como: cohecho propio, cohecho impropio, corrupción pasiva, corrupción de funcionarios jurisdiccionales, aprovechamiento indebido de cargo y enriquecimiento ilícito contenidos en los artículos 393º, 394º, 395º, 396, 397º y 401º del presente Código Penal.

¿Tornar imprescriptibles delitos que no presenten una gravedad similar a los delitos de lesa humanidad no resulta ser acaso una medida desproporcional?

Este es el principal cuestionamiento a la mencionada propuesta. En mi opinión, el principio de proporcionalidad que debe ser observado en todo acto que pretenda limitar los derechos de los ciudadanos con el afán de concretizar fines u objetivos legítimos como la lucha contra la corrupción se ve seriamente desvirtuado con una propuesta como la que ahora comentamos. Atentar contra el erario nacional, contra un bien de naturaleza patrimonial, en modo alguno presenta el mismo desvalor que generan los delitos de lesa humanidad. En todo caso, la pregunta que debiéramos hacernos todos los ciudadanos es la siguiente: ¿Si la finalidad de esta medida es evitar que estos delitos no queden impunes, entonces porqué no hacemos extensiva esta propuesta a otro tipo de delitos que generan mayor rechazo entre la población como el homicidio, la violación sexual, el terrorismo o el tráfico ilícito de drogas? La respuesta es muy simple: la persecución penal debe ser limitada porque de no ser así se condena tácitamente a la persona a vivir en un estado se zozobra permanente, temerosa y con el pavor de ser denunciada o enjuiciada por hechos que ocurrieron hace 25, 35, 45 o 55 años.

¿Es necesario modificar la Constitución para llevar adelante este propósito?

Al parecer en los medios de comunicación y en las propias tiendas políticas no han reparado en el hecho que para modificar las reglas de prescripción dispuestas por el Código Penal antes mencionadas, se hace necesario modificar el artículo 41º de la Constitución, disposición en la cual se ratifica lo señalado en la legislación penal en cuanto a duplicar el plazo de prescripción cuando se trate de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. En tal medida, será necesario que la mayoría parlamentaria ratifique su voluntad con un mínimo de 87 votos, pues sólo de esa manera podrá llevarse a cabo la reforma del mencionado artículo siguiendo el mecanismo previsto por la propia Constitución. Se requerirá de un consenso político muy grande para alcanzar dicha mayoría, el cual pocas veces ha sido alcanzado en nuestro país cuando de reformas de la Constitución se trata.

¿Cuáles son los peligros que este proyecto trae consigo para la vida democrática de la nación?

En un país como el nuestro, en el cual el principio de separación de poderes muchas veces es desconocido por el poder de turno, una medida como esta puede convertirse en un arma para la persecución política contra los enemigos o rivales del partido de gobierno, que valiéndose de su posición de privilegio y poder, manipulando a la propia legislación, pueden presionar al Ministerio Público y al Poder Judicial hostigando a los disidentes con la presentación reiterada de denuncias muchas veces injustificadas amparando dicho accionar en la supuesta “imprescriptibilidad de los delitos de corrupción”. En lo personal, la medida, cuyo objetivo es consolidar nuestro sistema democrático, puede terminar desnaturalizándolo, tal y como ha sucedido en otros países de la región, que no precisamente reconocidos por su respeto por los derechos ciudadanos, incorporaron esta figura en sus respectivos ordenamientos, tal como ha sucedido en Ecuador, Bolivia y Venezuela, con los nefastos resultados que todos conocemos.

En conclusión, debemos señalar que la lucha contra la corrupción es una tarea que debe involucrar a todos los órganos del Estado y también a la sociedad civil. Que para ello es saludable observar como en el Congreso de la República se ha logrado consolidar un bloque parlamentario que está dispuesto a llevar adelante medidas que busquen dar solución a este problema social. Que para nadie es un misterio el hecho que muchas veces los criminales entorpecen el desarrollo de los procesos, mediante fórmulas dilatorias como la presentación de recursos inconducentes que buscan únicamente dilatar el tiempo y así lograr la impunidad a partir de la prescripción de los delitos. Pero al mismo tiempo, lo que debemos de entender de una vez por todas, es que el combate de la corrupción y de la criminalidad en general no pasa por elevar de modo irracional las sanciones o por plantear la pena de muerte, y mucho menos, por promover la imprescriptibilidad para aquellos delitos que no sean los de lesa humanidad.

El combate contra el crimen y la corrupción requieren básicamente de una voluntad política decidida de parte del gobierno de turno por cambiar el estado de cosas y por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, dotando de presupuesto y promoviendo una cultura y ética pública entre fiscales, jueces, policías y procuradores públicos de todo el país, basada en la defensa honesta de los intereses del Estado y en el respeto por los derechos de las personas, pues todos ellos son los funcionarios a los cuales se les ha encomendado la tarea directa de combatir el crimen en sus diversas modalidades. Lo demás, desde mi punto de vista, es puro populismo legislativo, que busca ganar algunos titulares aprovechando la repulsión que genera en la gente las continuas denuncias y escándalos de corrupción que se han venido sucediendo a lo largo de todos estos años.

Monseñor Cipriani: el "Gran Canciller" de la Pontificia Universidad Católica del Perú

2011-09-15T14:10:00.000-07:00

Siempre es mejor tomar distancia, aguardar un momento, esperar que los acontecimientos discurran y las pasiones se desaceleren antes de emitir opinión o juicio en asuntos polémicos o de suma confrontación. Esa es una lección que un maestro universitario nos repetía con insistencia durante un ciclo en la cátedra de redacción y argumentación. Esta lección cobra mayor validez cuando se trata de un asunto en el cual el autor de la nota se encuentra parcializado de antemano con la defensa de ciertos principios y conceptos que lo acercan a una de las partes y lo distancian de la adversaria. Por estas razones, y a pesar del pedido de algunos amigos que me distinguen con la lectura y comentario que suelen hacer de las reflexiones que trato de difundir a través de este espacio, me he tomado un respiro, he contado hasta diez y he preferido observar atentamente lo que en las últimas semanas ha significado el enfrentamiento mediático y violento entre dos de las instituciones más importantes del país: El Arzobispado de Lima, representado por el Cardenal de la ciudad, Monseñor Juan Luis Cipriani y la Pontificia Universidad Católica del Perú., para muchos, entre los cuales me incluyo, el centro de formación universitaria de mayor prestigio en nuestro país.

Los días han transcurrido, y cansado de ver cómo los medios de comunicación y algunos periodistas, convertidos de un tiempo a esta parte en publicistas y fanáticos defensores del cardenal, vierten una serie de mentiras sobre este diferendo, he tomado la decisión de pronunciarme con la finalidad de aclarar algunas medias verdades o infieles mentiras, propaladas por esta prensa, producto, espero yo, de la ignorancia en temas de índole jurídico y no del evidente carga montón que de un tiempo a esta parte se cierne sobre la universidad con el único ánimo de restarle prestigio e importancia en nuestra comunidad, impulsado, como también creo resulta evidente, por un sector conservador e intolerante que busca hacer de la PUCP un centro de formación académico en el cual la crítica, la libertad, la tolerancia y el respeto por la pluralidad de puntos de vista sean valores que se deroguen y cedan posiciones frente al discurso monocorde que desde muy arriba se pretende imponer por personajes de espíritu y mentalidad profundamente ultramontanos.

El cardenal, mal aconsejado, seguramente por algunos abogados ávidos de algunas monedas, porque para ganar dinero siendo abogado no se necesita tener de lado a la razón, al menos así parece ser en nuestro país, afirma o quiere creer con fe ciega, con esa misma fe que él ha invocado tantas veces para defender las posiciones más retrógradas jamás vistas, tener derechos de propiedad sobre los bienes cedidos como legado por Riva Agüero a la PUCP. Pues bien, esta afirmación es absolutamente falsa, cualquier persona que haya cursado los primeros ciclos de derecho en la universidad más humilde de este país sabe la distinción existente entre la figura del Propietario y la del Albacea. Este dato es importante pues si uno revisa el testamento de Riva Agüero llegará a la conclusión de que la participación del Arzobispado de Lima en la Junta de Administración de bienes instituida por el difunto es en calidad de albacea, por ello en el mencionado texto se habla de “albaceazgo mancomunado” y no de copropiedad entre esta institución y la PUCP con respecto a los bienes cedidos.

¿Y qué hacen entonces los albaceas? Los albaceas, y así se señala expresamente en el Código Civil peruano y en toda la doctrina escrita sobre el tema, administran la voluntad del testador velando por el cumplimiento fiel de la misma, esa que en este caso en particular ha sido cumplida en todos sus extremos. Riva Agüero dispuso que los bienes pasasen a propiedad de la universidad, sin ningún tipo delimitación, restricción o condición, a los 20 años de su muerte y siempre que la PUCP siguiese funcionando como entidad educativa, condición que como todos sabemos se cumplió a cabalidad. En tal sentido, podemos afirmar sin lugar a equívocos que el patrimonio de la PUCP, valorizado en varios millones de dólares, de ahí la astucia y codicia de algunos por presentarse como propietarios cuando en realidad no lo son, resulta de la suma de los bienes legados por Riva Agüero y de la explotación que de ellos ha hecho la universidad en calidad de propietaria durante muchos años, además del esfuerzo de sus trabajadores y de las pensiones de los alumnos y ex alumnos, grupo este último entre los cuales me encuentro.

Ahora bien, y como mentir no cuesta nada, y mucho menos cuando se pone de garante a Dios, al Papa, a la Iglesia Católica, o a algunos mal intencionados políticos que se prestaron al juego del cardenal e hicieron del besa manos una práctica diaria, se ha señalado también que la PUCP está obligada a modificar sus estatutos en los términos dictados desde Roma por las autoridades de la Santa Sede.

¿Por qué la PUCP no muestra un mayor respeto por Roma y acata mansamente sus órdenes si es o se proclama “Católica”? Primero, porque jurídicamente hablando la universidad, como cualquier otra en nuestro país, se rige por sus propios estatutos y por la Constitución y las leyes de la República. Segundo, porque de acuerdo a la legislación vigente la PUCP elige a su rector con el voto mayoritario de la Asamblea Universitaria. Este dato es importante ya que casualmente lo que el Arzobispado de Lima quiere es que se modifique en el estatuto el modo de elección de la máxima autoridad. Según el Arzobispado, la decisión final sobre quién asume el cargo de rector lo debe tomar Roma y no este órgano de gobierno universitario. Si a eso le sumamos que en 1978 mediante un Tratado firmado por El Vaticano y el gobierno de nuestro país, el primero aceptó estas reglas de juego, no vemos cómo, o bajo que justificación, 33 años después, el cardenal pretende sentar en el edificio del rectorado a un amigo suyo y no a quien los alumnos, los profesores y los miembros de la comunidad PUCP eligen libremente. Y tercero, porque ceder a esta presión abriría un espacio para la censura o el veto de académicos e intelectuales que siendo profesores de la PUCP no podrían acceder a este cargo por el solo hecho de no comulgar o defender las ideas del cardenal, dicho de manera más sencilla, ningún profesor de corte liberal o progresista sería elegido rector por muchos que sean sus logros y triunfos alcanzados en el campo científico y académico, sobre todo si el “pensamiento Cipriani” se impone, como al parecer sucede, sobre el de los demás entre el clero.

Algunas personas, entiendo yo, ajenas a la comunidad PUCP, u otras muy cercanas pero segadas por sus propios prejuicios y fobias más íntimas y personales, creen ver en esta disputa una confrontación de tipo económico y comercial. Nada más alejado de la realidad. Defender la propiedad de la PUCP, defender la autonomía y la independencia de la universidad, de todas las universidades del país, no supone únicamente velar por sus bienes o rentas, supone también, y creo que ello es lo más importante, garantizar un espacio de diálogo permanente, un espacio que por su propia naturaleza y denominación debe tender a la expansión y a la difusión del conocimiento universal de modo libre.

El pleito jurídico, como bien lo señalan algunos analistas, es importante, sin dudas es importante, será en los tribunales civiles en los cuales se determine los alcances del testamento de Riva Agüero, y los derechos de propiedad existentes sobre su legado, algo que en mi opinión no admite mayor discusión, sin embargo, del otro lado tenemos el debate social y político en torno al tipo de universidad que se quiere construir y los valores que se deben defender en estos espacios de conocimiento. Defender la libertad de cátedra, la sana crítica, el diálogo abierto y libre entre todos los miembros de una comunidad universitaria son los elementos que caracterizan una enseñanza democrática en la cual ningún alumno, profesor o personal administrativo es perseguido o censurado por el solo hecho de no compartir una visión política, ideológica o religiosa determinada. Son estos los valores que casualmente ha venido defendiendo la PUCP a lo largo de toda su historia, inculcando en sus alumnos la necesidad por la construcción de un país más solidario, apoyada en los principios de tolerancia y pluralismo, tan importantes en una sociedad tan heterogénea como la nuestra.

Todo ello lo digo con la autoridad y el conocimiento que me da el haber tenido el privilegio de estudiar y de desempeñarme como asistente de cátedra, primero, y como profesor adjunto luego, en esta casa de estudios. En la universidad, en mi universidad, se respira un clima de libertad y frescura que hacen posible un libre intercambio de ideas y puntos de vista. En mi universidad no existen libros prohibidos, como quizá lo propondría Francisco Tudela con autores como Lenin, Marx o Mao, tampoco existen películas prohibidas, como seguro sería el deseo del cardenal Cipriani con films como La última Tentación de Cristo, por ejemplo. En mi universidad se propicia la lectura en todos su niveles y en todas sus formas, y se propende al debate entre alumnos y profesores, porque se entiende que el camino más certero hacia el conocimiento es la lectura y que más importante que escuchar a los que piensan como uno es tener la oportunidad de compartir con aquellos que presentan puntos de vista antagónicos a los nuestros, pues esa es la manera racional de reforzar nuestras creencias, replantearlas o abandonarlas por completo pero de manera absolutamente libre sin presiones de ningún tipo.

No soy católico, nunca lo he sido, pero espero por el bien de la universidad que la gracia de Dios recaiga sobre las mentes de todos los creyentes involucrados y les devuelva la cordura. Estoy seguro que este entuerto puede ser resuelto de manera amistosa, no existe necesidad de trasladar a los medios asuntos que debieron ser resueltos al interior de la propia comunidad universitaria. Resulta penoso ver cómo la máxima autoridad de la Iglesia Católica y el rector de la más importante universidad del país se sumergen en un fuego cruzado de insultos, improperios y adjetivos agraviantes. El problema, para la iglesia, como lo hace notar con inteligencia la periodista y abogada, Rosa María Palacios, ex alumna de la PUCP, a la cual pueden acusar de todo menos de no ser una mujer católica, apostólica y romana militante, es que cuando el rector de una universidad se equivoca, genera un pasivo que debe ser asumido por los miembros de su universidad, pero cuando la máxima autoridad eclesial miente, difama, y amenaza con el apoyo de “los de siempre” quien debe hacerse cargo de esa deuda es toda la feligresía. Los católicos de nuestro país no se merecen este festín de injurias y calumnias, los peruanos no nos merecemos esto, pero sobre todo, los alumnos de esta casa de estudios no merecen ver alterado su desarrollo académico y personal por la torpeza de estos hombres. Ya viene siendo hora que esto acabe, el rector debe mostrar firmeza en la defensa de sus fueros pero al mismo tiempo respeto por las autoridades eclesiales y el cardenal Cipriani, deberá dejar de lado sus prejuicios, sus miedos, sus odios hacia todo aquel que se siente a su izquierda y quiera ser libre, pues de no ser así, terminará siendo recordado como “El Gran Canciller del odio, la codicia y el embuste”.

Los delitos de odio contra la comunidad homosexual

2011-09-02T13:13:00.000-07:00

Este no es un artículo cualquiera. Esta no es una nota más sobre la cual reflexionar. Esta es una denuncia. Esto es un reclamo. Esta es una muestra de indignación frente a lo que en el mundo se conoce como delitos de odio. De acuerdo a la legislación internacional, un delito de odio es cualquier forma de violencia motivada por el prejuicio hacia una determinada religión, discapacidad física, origen étnico, grupo racial u orientación sexual. El ensañamiento, la atroz brutalidad, la maldad convertida en vejamen y violencia física o psicológica son sus principales características. Muchas veces este tipo de delitos desencadenan en la comisión de atroces asesinatos, sus perpetradores, con la complicidad o indiferencia de las autoridades encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos y por la administración de justicia, se ríen del sistema, se mofan del dolor de sus víctimas y la tristeza de sus deudos, y pasean por las calles con total impunidad.

En nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares del mundo como España o los Estados Unidos, no se cuenta con cifras oficiales o con instituciones u órganos públicos encargados de registrar, sistematizar y analizar profundamente las estadísticas, las razones, las causas de toda esta violencia. El racismo, el sexismo, la homofobia, parecen ser temas que siguen siendo percibidos como tópicos de menor importancia. Son problemas que afectan sólo a algunos pocos dicen muchos. Tenemos problemas más importantes que resolver, señala sin mayor rubor un importante porcentaje de nuestra población. A todos ellos les preguntaría ¿Qué cosa puede ser más importante para una sociedad que la defensa de los derechos de sus ciudadanos? ¿Qué preocupación es más importante que velar por el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, de todos los hombres y mujeres del Perú? ¿Es que el Perú se ha convertido en una sociedad tan violenta en la cual los muertos del día a día, los asesinados, los discriminados, los violentados, no son sino cifras que engrosan paulatinamente las estadística de una problemática que no se quiere enfrentar?

Son las organizaciones de derechos humanos las que a lo largo de los últimos años vienen alertando a la sociedad y al Estado peruano de esta terrible realidad. Sólo entre los años 2008 y 2009, se han registrado 126 asesinatos contra personas homosexuales, según estadísticas elaboradas por el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL). La cifra se acrecienta de manera alarmante si hacemos recuento del número de víctimas registradas durante los últimos 5 años. La cifra de 126 víctimas se convierte en el aterrador número de 249.

Según estimaciones de estas propias organizaciones las cifras no logran cubrir a la totalidad de crímenes cometidos contra este grupo minoritario. Muchas de estas agresiones, como la sufrida hace algunos días por un amigo personal víctima de esta intolerancia, cuyo nombre prefiero mantener en reserva, no son reportadas. Las ofensas, las afrentas, los insultos, las agresiones físicas, muchas veces quedan impunes, debido a la poca o nula respuesta que el sistema estatal brinda a aquellas personas que se atreven a denunciar a sus agresores. Así como en el Perú muchas violaciones contra mujeres, niños o niñas no son reportadas, en el caso de los delitos de odio contra los homosexuales, no son pocos los casos en los cuales la víctima o sus familiares, prefieren el silencio por temor a alguna represalia o por la vergüenza, que para muchos aun supone, tener a un hijo o hija, o sobrino gay o lesbiana.

La comunidad homosexual se enfrenta día a día a la intolerancia de una sociedad que sigue manteniendo patrones de conducta y esquemas mentales bajo los cuales los derechos y las libertades de algunos hombres y mujeres pueden ser violentados por el solo hecho de ser diferentes. La comunidad homosexual no solo debe lidiar día a día con la indiferencia de la autoridad a la cual recurre en busca de ayuda o auxilio. En muchos casos son los propios agentes del Estado o personal que brinda servicios de seguridad en gobiernos locales o municipales los que de manera alevosa, cobarde e insana violentan física y psicológicamente a estos ciudadanos. Según un estudio publicado por el Instituto Runa, las víctimas identifican como responsables del 31% de sus agresiones a integrantes de la Policía Nacional del Perú. Según ese mismo estudio en el 46% de los casos son los miembros del Serenazgo de Lima los que atropellan de manera sistemática los derechos de estos peruanos.

¿Cómo podemos entonces hablar de desarrollo, de democracia, de ciudadanía en el Perú cuando no somos capaces de afrontar con valentía y liderazgo la lucha contra todo tipo de discriminación y violencia contra estos peruanos y peruanas que formando parte de un grupo minoritario se encuentran en una posición de riesgo frente a la conducta casi psicópata de quienes los agreden, frente a la anuencia o complicidad malvada de las autoridades y funcionarios públicos? La homofobia, la intolerancia, la violencia desatada contra las minorías sexuales es un problema que ha venido acompañando a la historia de nuestro país y de la humanidad desde hace muchísimos años, lastimosamente es un problema que no ha querido ser aceptado como tal y mucho menos enfrentado por la sociedad y por las autoridades en el mundo.

En América Latina los periodos de dictadura militar y civil han sido tiempos terribles para la comunidad homosexual. En América Latina durante las décadas de los 70 y 80 los homosexuales fueron víctimas de una violencia reiterada y continua que muchas veces acabó con la vida de estos seres humanos. En Argentina, Chile, o Paraguay, durante la dictadura de Stroessner, tal y como se registra en el documental “Cuchillo de Palo”, de la directora Renate Costa, se registraron continuos actos de violencia y represión hacia los homosexuales. Perseguidos, violentados sexualmente, encarcelados, prohibidos de ejercer cualquier tipo de defensa, las dictaduras desataron toda su furia contra este grupo, bajo la creencia absurda y ultraconsevadora de que estos seres “anormales” no podían ser parte de ningún proyecto social, político o cultural, y que por tanto, debían de ser exterminados o borrados de su propia tierra.

En Norteamérica, el caso más famoso de crímenes de odio cometidos contra un miembro de la comunidad gay fue el asesinato de Harvey Bernard Milk, quien luego de renunciar a un importante cargo ejecutivo en Wall Street, decidió iniciar su carrera como activista homosexual. Harvey, y así se lo recuerda en la película que lleva su nombre, personaje interpretado por Sean Pen, es asesinado en 1978 por Dan White, supervisor de la ciudad de San Francisco por el sólo hecho de ser homosexual, luego de que en 1977 fuera elegido democráticamente para ocupar el cargo de miembro de la Junta de Supervisores de dicha ciudad. Tiempo después, 21 años más tarde, otro crimen volvería a estremecer a la comunidad americana. Esta vez el joven Mathew Wayne moría producto de severas lesiones en la cabeza. Matthew fue encontrado atado a un cerco de madera con la cabeza rota producto de los golpes sufridos con el mango de una pistola. Durante el juicio se logró comprobar que el asesinato había tenido un único móvil: “Mathew debía morir por ser homosexual”.

En nuestro país lo casos de crímenes de odio cometidos contra personas homosexuales no han sido pocos. Se recuerda los crímenes cometidos por los grupos terroristas contra estas personas conocidos como operativos de “limpieza social”. Basta con mencionar, tal y como lo registra el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el asesinato de 10 gays en Aucayacu (1986), 8 en Pucallpa (1988) y otras 8 personas en Tarapoto (1989).

Han pasado muchos años desde 1977, Latinoamérica es un continente que viene superando paulatinamente, unos países más que otros, los fantasmas de las dictaduras y los años de violencia política parecen haber quedado atrás, sin embargo, en nuestra región y en nuestro país este tipo de maldades se siguen sucediendo con total impunidad. Hace algún tiempo los grupos de derechos humanos denunciaban el caso de Edgar Peña, joven de 32 años, al cual un grupo de salvajes le cortaron la cara y el cuerpo con una navaja y una botella rota. Edgar tuvo que ser operado de emergencia, 180 puntos se necesitaron para cerrar sus heridas. Me pregunto si existen puntos que suturen las heridas que este tipo delitos generan en el alma y la dignidad de los seres humanos. Lo mismo parece haber ocurrido con Luis Alberto Rojas, joven de 26 años, que en febrero de 2008 habría sido insultado, violado con una vara de goma por tres policías del distrito de Casa Grande.

A este tipo de delitos se los conoce como delitos o crímenes de odio. Tal y como señalan los especialistas son los miembros de la comunidad homosexual los que sufren este tipo de agresiones en mayor medida frente a otros grupos segregados. Esta es una realidad que hasta el momento no quiere ser enfrentada. Estas son las cifras, conservadoras todas ellas, que ponen en evidencia el nivel de violencia e impunidad con la que actúan muchos de estos delincuentes. Te agredo, te insulto, te ofendo y te asesino por el solo hecho de ser homosexual. ¿Qué debe de hacer el Estado para enfrentar este problema? ¿Qué debemos de hacer los peruanos como sociedad para hacer frente a este flagelo? Lo primero como se recomienda es hacer una revisión técnica e inteligente de la legislación vigente. Se debe tipificar con claridad el delito o crimen de odio en nuestro Código Penal fijando una pena proporcional al grave daño que este tipo de conductas genera en la persona de la víctima. Pero esta medida no rendirá verdaderos frutos sino se la complementa con políticas institucionales que abarcando a todas las entidades vinculadas con el resguardo de la seguridad, el combate a la criminalidad y la administración de justicia busquen una respuesta integral a este problema. Se debe sensibilizar a las autoridades, funcionarios y agentes del orden, se debe hacerles comprender que todos los peruanos merecemos el mismo grado de respeto, que todos, absolutamente todos, somos merecedores de consideración y de un trato digno, independientemente de la orientación sexual que uno personalmente asuma.

Pero no nos engañemos, los resultados no se verán en un tiempo inmediato, todo ello debe ser visto como una política de Estado a largo plazo. Lo más difícil en estos casos es cambiar la mentalidad homofóbica e intolerante de quienes por desventura están encargados de velar por nuestros derechos. El verdadero cambio se debe dar a nivel de los niños y jóvenes, implementando campañas y programas educativos basados en valores ciudadanos como el respeto a la libertad, la promoción de la solidaridad y el amor al prójimo. Solo en el medida que todos nuestros jóvenes dejen atrás la intolerancia y los odios absurdos de sus mayores es que los peruanos estaremos en capacidad de construir una sociedad verdaderamente plural, igualitaria y democrática, en la cual todos podamos ser auténticamente libres.

Rafael Rodríguez Campos

Autor del Blog www.agoraabiertablogspot.com espacio de análisis constitucional y políticas de temas de actualidad

Escribe en www.muladarnews.com portal de actualidad nacional e internacional

Consideraciones para reformar la Constitución de 1993

2011-08-18T10:09:00.000-07:00

Es muy difícil aceptar o legitimar con nuestra anuencia o tolerancia, sobre todo para los ciudadanos que aspiran a una sociedad democrática y defienden sus valores, una Constitución impuesta de manera autoritaria o mediante el uso de la fuerza. Resulta muy duro, desde el punto de vista ético y político, reconocer que la Constitución que rige el orden jurídico de nuestro país, como sabemos hoy en día, fue aprobada gracias a las incontables irregularidades e ilegalidades cometidas por quien durante los años 90 concentró en su persona a todos y cada uno de los poderes públicos. Sin embargo, y esa es la realidad objetiva de la ahora actual, somos todos nosotros, los políticos, los partidos y movimientos sociales, los que a partir de nuestra inacción terminamos por darle carta de ciudadanía a una Constitución de origen espurio, reconociendo en los hechos y por la fuerza de la historia, la legitimidad y vigencia de aquello a lo cual algunos distinguidos juristas denominan “el documento de 1993”.

Es preciso explicar con claridad cuál es el concepto básico que todo ciudadano debe tener de Constitución. ¿Qué es una Constitución? Una Constitución refleja el consenso, el acuerdo político y social al cual se llega en una sociedad en torno al conjunto de valores, principios e instituciones que constituirán la base sobre la cual se edificará todo el diseño estatal. Una Constitución refleja por tanto la pluralidad de tendencias y posiciones políticas, visiones del mundo, modos de entender la realidad presentes en una comunidad. Una Constitución es eso y nada más. La promulgación, reforma, derogación o sustitución de una Constitución por otra no es, como algunos suelen afirmar, la fórmula mágica que dará solución a todos los problemas de la nación, una Constitución no es la piedra filosofal capaz en sí misma de garantizar la felicidad y el desarrollo para todos los ciudadanos.

Por tanto, resulta un serio error el afirmar que el diseño constitucional que un Estado refleje en su Constitución será el factor determinante para el crecimiento o el desastre económico de un país. Así como también, resulta equivocado el afirmar que la Constitución sea el arma determinante para hacer frente a problemas sociales como la mejora de los servicios de salud, de educación, la seguridad ciudadana, la lucha contra el narcotráfico o la implementación de políticas de desarrollo a largo plazo. Digo todo ello pues quienes defienden a la Constitución de 1993, y al mismo tiempo quienes se oponen y apuestan por su derogación, asumen que el texto de la misma fue el que hizo posible la reactivación económica durante los años 90, en el primer caso, y a su vez, que la derogación o sustitución del mismo permitirá desarrollar políticas de inclusión social mucho más efectivas capaces de sacar a un número mucho mayor de peruanos del círculo de pobreza. Decir ello en ambos casos resulta una falacia. No se puede afirmar seriamente todo ello teniendo en el mundo experiencias de países que niegan esta tesis tan difundida por los políticos en estos tiempos. Como bien afirman los especialistas, en el mundo podemos encontrar países que cuentan con constituciones bastante estatistas, controlistas y rígidas en términos de libertades económicas que sin embargo han experimentado un crecimiento extraordinario. Como bien apunta Levitsky, la China comunista empezó a crecer en los años 80, a pesar de que la Constitución prohibía las actividades capitalistas hasta 1993 y carecía de garantías a la propiedad privada hasta 2004. Lo mismo ha ocurrido con la India, país que crece a pesar de una Constitución que se declara socialista.

Ello es así ya que el éxito económico y el desarrollo integral de un país no dependen exclusivamente del modelo constitucional que se adopte, el despegue, el repunte, el “milagro económico” está directamente vinculado al desempeño político de los gobernantes, la seriedad y responsabilidad de sus políticas, la racionalidad de sus medidas, y sin lugar a dudas, la fortaleza de sus instituciones, las cuales están llamadas a frenar o limitar cualquier decisión que ponga en peligro la vida política, jurídica o económica de la población.

¿Cómo institucionalizamos un país? La receta parece ser una sola, en primer lugar, debemos fortalecer las instituciones vigentes, y en segundo término, reformar o hacer los ajustes necesarios a las mismas respetando el orden jurídico establecido. Lo que los peruanos debemos entender es que la Constitución, siendo la norma jurídica fundamental en el sistema legal de un país, debe perseguir siempre una vocación de permanencia que le permita incorporarse en la conciencia de la población, formando parte de su quehacer diario, para lograr ser concebida como un mandato obligatorio y de ineludible cumplimiento para todos y cada uno de nosotros. El Perú no puede perpetuar esa perniciosa costumbre de ir cambiando de constituciones cada 15 años, ese es el promedio de vida de una Constitución en nuestro país, para que la Constitución sea capaz de regir con autenticidad la vida de una nación requiere de un tiempo prudencial para enraizarse en el imaginario colectivo. Como diría el maestro Manuel Vicente Villarán: “En el Perú nos la hemos pasado haciendo y deshaciendo constituciones, lo que no hemos desarrollado es un sentimiento de apego y respeto por las figuras constitucionales y por el orden democrático”. En otras palabras, el Perú adolece de una falta histórica de apego constitucional, eso que los franceses denominan “sentimiento constitucional”. Esto es muy importante ya que solo en aquellos países en los cuales este sentimiento se desarrolla fielmente es posible consolidar instituciones que sean capaces no solo de crear las condiciones para el crecimiento económico sino también garantizar el ejercicio de las libertades políticas y los derechos ciudadanos ante cualquier atropello gubernamental o social.

Una Constitución según los estudiosos debe también ser capaz de albergar en su seno a la pluralidad de opciones y posiciones ideológico-político-económicas presentes en una comunidad. Algunos dicen que casualmente ese requisito no se cumple en el caso de la Constitución de 1993, ya que la misma recoge una única visión económica, para ser más específicos, acusan o tildan al texto de “neoliberal”. Aún cuando ello fuese cierto, los impulsores del cambio de modelo económico constitucional deberían ser honestos y señalar que en término práctico ese mismo modelo no impide que el Estado, o el gobierno de turno, pongan en práctica un proyecto económico inclusivo o una política basada en el principio de justicia social. La eficiencia en la gestión de los recursos, la mejora en la calidad de los servicios de educación, salud, seguridad, justicia, infraestructura, no depende, como ya hemos advertido, del modelo constitucional diseñado, sino más bien de las decisiones y estrategias gubernamentales destinadas a combatir la pobreza y redistribuir el beneficio social. Digo todo ello ya que si revisamos con objetividad el capítulo económico de la Constitución vigente no encontraremos ninguna claúsula que le impida al Estado redistribuir de manera más eficiente y más eficaz la riqueza generada.

En ese sentido, considero erróneo y poco recomendable insistir en la restitución absoluta de la Constitución de 1979 o el cambio total de la Constitución de 1993 a través del llamado a una Asamblea Constituyente. Eso no quiere decir que no sea posible tomar como referencia inspiradora los valores de libertad, de justicia social y equilibrio entre poderes presentes en el texto de 1979. Soy de los que creen que una Constitución debe contar con un sustento ético que le otorgue coherencia a su texto y que la justifique frente a todos los actores políticos de la sociedad que pretende regir. Sin embargo, las reformas totales, la promulgación de una nueva Constitución deben darse siempre en un clima en el cual la mayoría de la ciudadanía apueste por un modelo de cambio radical capaz de revertir una situación de anormalidad constitucional. Es decir, el momento propicio para la creación de un nuevo texto es aquel en el cual se decide crear un Estado, transformar la forma de gobierno de uno ya existente, o recuperar la regularidad constitucional perdida por la interrupción abrupta de un gobierno de facto. Esos supuestos no se verifican en este momento en el país, para ser más puntuales, el Perú, perdió esa oportunidad a inicios del siglo XXI, momento en el cual recuperada la democracia luego de 10 años de dictadura fujimorista, la ciudadanía, en muchísima mayor medida que hoy en día, apostaba por un cambio absoluto de Constitución. Cuando el proceso constituyente no cuenta con ese apoyo, y a pesar de ello, es llevado a cabo, son mayores los peligros que este trae consigo que el posible y siempre incierto beneficio que la medida pueda generar.

Debemos considerar con mesura y responsabilidad cuál sería el impacto político que un cambio absoluto de Constitución a través de un proceso constituyente podría traer para nuestro país. El clima de inestabilidad, de confrontación, de incertidumbre que un proceso de este tipo trae consigo puede ocasionar un vacío de poder y un ambiente de polarización extremo capaz de frenar el crecimiento obstaculizando la implementación de programas pensados justamente para favorecer a la población más humilde del país. Esto último es muy importante teniendo en cuenta la crisis económica internacional por la cual atraviesa el mundo. Es importante generar confianza y seguridad en los agentes económicos, garantizando seguridad jurídica y reglas de juego claras que conviertan al Perú en un lugar atractivo para las grandes inversiones.

Defender la vigencia de la Constitución de 1993, no supone la imposibilidad de reformarla, de hacer los ajustes correspondientes y necesarios. Apostar por el fortalecimiento de las instituciones consagradas en este texto, no es sinónimo de complacencia o de olvido en torno al origen de la misma. Creo necesario discutir abierta y responsablemente la conveniencia de llevar adelante reformas paulatinas, progresivas de algunas cláusulas y capítulos que van más allá del campo únicamente económico. En realidad, creo que la reforma del capítulo económico, en especial del artículo 60°, es la menos urgente. Creo que el fortalecimiento de nuestras instituciones pasa por ajustar o redefinir figuras vinculadas al sistema institucional político de nuestro Estado. En ese sentido, deberíamos aprovechar este momento para poner sobre la mesa de debate temas como el retorno a la bicameralidad, la implantación del voto facultativo, el diseño de nuestro régimen presidencial, el fortalecimiento del sistema de partidos a través de la eliminación del voto preferencial o la sanción del transfuguismo, la mejora de nuestro sistema electoral o la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios público, entre otros. Pero todo ello debemos llevarlo a cabo respetando los mecanismos de reforma constitucional consagrados en el artículo 206° de la Constitución de 1993 vigente con la finalidad de no generar una crisis política innecesaria debido a la falaz idea que algunos pretenden tornar popular entre los ciudadanos a partir de la cual el cambio de Constitución o la vuelta a la Constitución de 1979 son el único camino para alcanzar el desarrollo y la inclusión social que todos los peruanos anhelamos.

Finalmente, es preciso señalar que cualquier proceso de reforma debe realizarse en un clima de absoluta libertad, desde el Estado, desde el gobierno se debe fomentar la participación deliberativa de las agrupaciones o movimientos políticos de nuestra patria, se debe poder escuchar a todos, y no solo a aquellos representados en el Congreso, el debate de reforma debe ser un debate ciudadano conducido por las autoridades y por la clase política, y para ello resulta fundamental la cobertura que los medios de comunicación hagan del mismo, poniendo en manos de la ciudadanía la información necesaria que haga posible la formación de opinión pública. Solo de ese modo podremos superar y dejar en el pasado el origen ilegítimo, antidemocrático y hasta ilegal que hizo posible la promulgación de la carta que hoy nos rige.

Inseguridad ciudadana: la gran herencia de Alan García Pérez

2011-08-11T23:23:00.000-07:00

Endurecimiento de las penas, abolición de los beneficios penitenciarios, construcción de penales a lo largo y ancho de nuestra patria, pena de muerte y más dinero para el sector interior, esa es la receta que año a año, solemos escuchar los ciudadanos en momentos en los cuales sentimos que la delincuencia avanza y que las fuerzas del orden no son capaces de cumplir con su rol básico: mantener la tranquilidad, el orden y asegurar la paz social entre todos los peruanos.

La historia se repite, es una escena de nunca acabar, los políticos con cara de indignación salen a los medios de comunicación culpando a jueces y fiscales por la puesta en libertad de feroces delincuentes, los jueces y fiscales devuelven el elogio responsabilizando a los políticos por la promulgación de leyes absurdas que dejan la puerta abierta para que el hampa siga haciendo de las suyas, el gobierno culpa a jueces, fiscales y congresistas por no contribuir con la labor de la Policía Nacional del Perú y por entorpecer la gestión del ministro del interior de turno, los políticos, los de oposición claro está, critican al ministro y lo tildan de incapaz; lo cierto es que al final del día los únicos perjudicados por la incapacidad del gobierno, la torpeza de los parlamentarios y la flexibilidad de jueces y fiscales somos los ciudadanos que vemos como año a año los índices de criminalidad y la sensación de pánico y temor en las calles aumentan exponencialmente.

Hoy en día el tema vuelve a cobrar vigencia, lastimosamente de la mano de un hecho tan lamentable como el atentado a la familia del congresista Renzo Reggiardo (a la que sin lugar a dudas extendemos nuestra solidaridad). Casos como el atentado contra la vida de su pequeña hija son los que movilizan a la opinión pública y abren el camino para un debate que esperemos esta vez no sea utilizado por algunos para robar unos minutos de cámara y cobrar protagonismo ante la ciudadanía a partir de declaraciones populistas como las que hemos escuchado durante los últimos 5 años de parte del Presidente de la República y de sus ayayeros en el Congreso. Hace algunos meses otra niña, Romina, sufrió en carne propia la vesania de unos delincuentes a plena luz del día y en plena vía expresa, aquella vez el discurso fue el mismo, indignación sobreactuada de parte de la mayoría de políticos, ofrecimientos por aquí y por allá, y al final, nada de nada, otras noticias opacaron el caso de Romina, y todo volvió a la terrible normalidad.

Sin lugar a dudas el aumento del presupuesto y el mejoramiento de la legislación penal son medidas que contribuirán con este esfuerzo por combatir la criminalidad en el país. Pero el problema es mucho más complejo, como muestra la experiencia comparada se requiere fortalecer y coordinar la labor de todos los actores e instituciones inmersas en esta problemática: Gobiernos regionales, Gobiernos locales, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial, Congreso de la República, Instituto Nacional Penitenciario. Más aún, se requiere mejorar la gestión de estas instituciones y combatir la corrupción al interior de las mismas, causante, tantas veces, de impunidad e injusticia. Para ello, como bien señalan los especialistas en la materia, se requiere de una decisión política manifiesta, se requiere de liderazgo, decisión y liderazgo que deben ser asumidos por el gobierno de turno, siendo fundamental para este propósito el nombramiento de personas especializadas en los altos mandos policiales, y sin lugar a dudas, la designación de una persona capacitada, honesta y poseedora de una trayectoria democrática impecable al frente del ministerio del interior, sector encargado específicamente el orden interno y el combate de la criminalidad.

La inseguridad ciudadana, las cifras de criminalidad en aumento, la corrupción en la Policía Nacional del Perú, el retroceso en la lucha contra el narcotráfico en el VRAE y el Huallaga, los problemas en la gestión, la incapacidad para el gasto público, la equivocada política antisubversiva, son la herencia que el gobierno aprista, o mejor dicho, el gobierno de Alan García, le deja al nuevo gobierno. Eso se debe principalmente a la testarudez y poca capacidad de quien gobernó a la hora de elegir con sabiduría, más allá de intereses particulares, favores ofrecidos o pleitos personales, a personas con trayectoria y ascendencia dentro del cuerpo policial capaces de asumir con honestidad y valentía la siempre problemática cartera del interior. El presidente Alan García se esforzó, y vaya que lo cumplió, en nombrar a ministros del interior incapaces, todos ellos cuestionados por su ineficiencia, ineptitud, y lo que es más grave, todos ellos vinculados a malos manejos y corrupción al interior de la institución. A continuación haremos una revisión de los ministros del interior del gobierno aprista, es preciso recordarle al país el descalabro al cual nos condenó García a todos los peruanos con todos y cada uno de estos nombramientos.

Primer error: el gobierno inauguró esta práctica de nombrar a ministros fallidos con la designación de Pilar Mazzetti Soler (28-07-06 a 24-2-2007) como ministra de este sector. García Pérez daba cumplimiento a una de sus propuestas y ofrecimientos de campaña, convocaría a un número paritario de hombres y mujeres en su primer gabinete ministerial. A pesar de ser una persona que carecía del más mínimo conocimiento del sector, y en contra de los propios consejeros y partidarios del presidente, la testarudez del jefe de estado se impuso y Mazetti se colocó el fajín ministerial. Mazetti sería la primera mujer en asumir dicho cargo, había ya tenido un desempeño interesante en el ministerio de salud en la gestión del presidente Alejandro Toledo, pero eso no garantizaba una nota aprobatoria al frente del sector interior. Al poco tiempo de su gestión enfrentaría una dura crisis que pondría punto final a su carrera política, los medios daban cuenta de la compra de 469 camionetas sobrevaluadas para la Policía. Las denuncias de corrupción no tardaron en llegar, los medios volvieron a cuestionar su desempeño, esta vez era la compra de ambulancias en mal estado. Todo ello sumado al poco liderazgo y el escaso apoyo que recibiera de parte de los mandos policiales desde su nombramiento motivó su renuncia. ¿Qué méritos tenía Mazzetti para ser nombrada ministra del interior? Ninguno.

Segundo error: a la salida de Mazzetti le sucedió el nombramiento de un conocido aprista, Luis Alva Castro (26-02-07 a 14-10-08), amigo cercano al presidente, militante aprista de toda la vida, ex candidato presidencial, responsable, entre muchos otros, del descalabro del primer gobierno de García en el periodo 85-90. Una vez más el presidente decidió nombrar a una persona incapaz, con escasos conocimientos en temas de seguridad y orden interno, de una absoluta impericia para la gestión y escaso liderazgo. Luis Alva, dada su dilatada trayectoria, poco feliz y de triste recuerdo, generaba muchos anticuerpos, su figura carecía de credibilidad al interior de la institución policial. Al poco tiempo, nuevamente los fantasmas de la corrupción comenzaron a rondar la sede del ministerio del interior. El periodismo dio a conocer las irregularidades en la compra de patrulleros, una vez más la sobrevaluación en la compra era el tema central, lo mismo ocurrió con la adquisición del material antimotín y otros pertrechos policiales. Alguien se estaba favoreciendo con este despilfarro y el ministro parecía no saber nada, o al menos eso pretendía hacer creer a la ciudadanía. A pesar de todo ello, el presidente en reiteradas oportunidades salió a los medios a respaldar la gestión del cuestionado Alva Castro. Los errores del ministro eran tan evidentes y su torpeza tan consuetudinaria que la renuncia llegó, tardó en llegar debido al blindaje que el aprismo con su aliado el fujimorismo le prodigaron desde el Congreso, pero al final llegó. ¿Qué mérito tenía Alva Castro para ser ministro del interior? Ninguno.

Tercer error: el gobierno sabía que debía oxigenar el ministerio, que los errores de un aprista como Alva Castro le habían generado al partido de gobierno un enorme pasivo, en ese escenario el presidente no tuvo mejor idea que convocar para el puesto a Remigio Hernani Meloni. Nadie podía cuestionar la capacidad policial de Hernani, era un alto mando policial con una hoja de servicio impecable, con un muy buen desempeño en el campo operacional, sin embargo, los malos augurios de algunos especialistas en el tema terminaron por hacerse realidad. Ser un buen policía, no supone, necesariamente, ser un buen ministro. A Hernani le faltó desde el minuto uno de su gestión la suficiente muñeca política para lidiar con una institución que necesitaba recuperar la moral y la capacidad para hacer frente a los enormes retos que la realidad le imponía. Un mes antes de su renuncia, la oposición y los medios de comunicación pedían su cabeza, dos policías muertos en el desalojo del Bosque de Pómac, los cuestionamientos a la labor de inteligencia desplegada en el mismo, la poca capacidad logística puesta de manifiesto en aquella oportunidad, el descontento del personal policial que trabajó directamente en el operativo filtrado a la prensa determinaron su suerte. Hernani era el tercer ministro del interior en casi dos años de gobierno. ¿Qué méritos tenía Hernani para ser ministro del interior? Ninguno.

Cuarto error: el gobierno necesitaba de una persona con capacidad y con credibilidad ante la ciudadanía y la institución policial para enfrentar su segundo periodo de gestión. Contra todo pronóstico, y a pesar del rechazo que su nombre generaba, Mercedes Cabanillas, educadora de profesión, ex ministra de educación, y fiel defensora del presidente García, era nombrada ministra del interior (19-2-09 a 11-07-09). Los comentarios y las palabras sobran para hacer referencia a la mediocridad con la cual la ministra Cabanillas ejerció el cargo. Su autoritarismo, su prepotencia, su desmesura, su falta de respeto exhibida para con los mandos policiales, marcaban el inicio de una gestión que estuvo desde su inicio condenada al fracaso. El resultado de tan nefasta decisión todos los peruanos lo conocemos y lo seguimos lamentando. El 5 de junio del 2009, un mes antes de su renuncia, 24 policías y 10 civiles perdían la vida en Bagua. La testarudez del gobierno, de sus ministros, y la poca capacidad para diseñar un plan operacional que permitiese restablecer el orden, que nunca debió haberse perdido, enlutecieron a la familia peruana. El Congreso blindó a la ministra, el aprismo responsabilizó a la alta dirección policial, la ministra Cabanillas jamás dio la cara. La bravura, la insolencia y agresividad con la cual trataba de imponer su voluntad en el comando policial brillaron por su ausencia, la andanada de críticas fue tan grande que ni el mismísimo presidente se atrevió a salir en su auxilio. En el colmo del absurdo, la ex ministra recibiría días después de su renuncia una condecoración por parte de la Policía Nacional del Perú por su notable desempeño. ¿Qué mérito tenía Cabanillas para ser ministra del interior? Ninguno.

Quinto error: el descalabro de la gestión de Cabanillas había remecido a todo el aprismo. Nuevamente era necesario recurrir a alguien ajeno al partido de gobierno. Como es de suponerse, porque estos personajes abundan en nuestro país, a García no le fue tan difícil convencer a un alto mando policial, por muy cuestionado que este sea y por muy incapaz que ya hubiese demostrado ser, para emprender la aventura de ser ministro. Porque la verdad es que la gestión del nuevo ministro Octavio Salazar (11-07-09 a 12-09-10) fue una tremenda aventura, una farra y un despelote pocas veces antes visto. A pocos meses de asumir el cargo los medios denunciaban la falta de transparencia en el proceso de ascensos de oficiales en la policía. Salazar favorecía a sus amigos, Salazar utilizaba el cargo para cobrar revancha de viejas enemistades, Salazar ascendió a oficiales vinculados con el narcotráfico, Salazar no respeta la jerarquía, ni la antigüedad en la institución, Salazar hace lo que quiere con la Policía Nacional del Perú, eran los comentarios y los titulares de todos los medios de comunicación. A pesar de todas estas críticas, Salazar, con un afán de protagonismo que muchos le conocían desde su época como policía en actividad, paseaba su figura por cuantos medios de comunicación podía, demostrando que es cierta la afirmación de que algunas personas no tienen sangre en la cara. Para terminar con su propia autodestrucción, a Salazar no se le ocurrió mejor idea que anunciar con bombos y platillos la captura de una banda de Pishtacos, un grupo de delincuentes dedicados a matar personas para extraerles su grasa y venderla en el extranjero. Es decir, Salazar pasó de ser un ministro mediocre a un fabulador de leyendas urbanas, que servían de cortinas de humo para un gobierno que no sabía como enfrentar las críticas. Al final de la gestión Salazar sería bautizado como “el ministro de los pishtacos”. Sin dudas Salazar era poseedor de una notable imaginación. ¿Qué méritos tenía Salazar para ser ministro del interior? Ninguno.

Sexto error: avalado por sus méritos conseguidos al frente de la Presidencia del Seguro Social, Fernando Barrios Ipenza (14-09-10 a 22-11-10), a quien el presidente García consideraba uno de sus funcionarios estrella de su segundo periodo gubernamental, asumía el cargo de ministro. Nadie en el Perú tenía dato alguno sobre la experiencia de Barrios en el sector interior, nunca antes en su vida había estado vinculado a asuntos de orden interno, combate a la criminalidad o resguardo de la tranquilidad pública, era un perfecto desconocido para la alta oficialía policial. A pesar de todo ello, los medios, algunos medios para ser honestos, confiaban en que su capacidad de gestión exhibida en su anterior cargo público pudiera ser replicada al frente de este ministerio. Nadie imaginaba que su paso por el despacho del interior seria tan breve. A los dos meses de haber sido nombrado, Barrios presentaba su renuncia a raíz de una denuncia contundente y lapidaria hecha por un medio local según la cual Barrios cobró a Essalud la friolera suma de S/. 89.937 como indemnización por despido arbitrario cuando en realidad no había sido despedido sino que había sido nombrado ministro. Barrios vio de ese modo como su ascendente carrera política se hacía trizas pues luego de ser reconocido como un funcionario exitoso y eficiente pasaba a formar parte de la misma corruptela que alguna vez ofreció combatir.

Sétimo error: se acercaban los comicios electorales que darían a luz al nuevo gobierno, el cambio de mando estaba cerca y había que ordenar la casa, el gobierno necesitaba de un personaje allegado, no un aprista, pero si un amigo del aprismo, un amigo del Presidente, mejor aún un amigo del poder, Miguel Hidalgo Medina (23-11-10 a 28-07-11) era el hombre elegido. Todos sabían de los estrechos lazos que existían entre el ministro y el Presidente de la República, muchos incluso hablaban de favores y deudas recíprocas que ambos mantenían entre sí. Al poco tiempo las denuncias de corrupción eran la tapa de todos los diarios. Hidalgo habría manipulado y distorsionado de manera ilegal las pruebas y las investigaciones en los sonados casos Bussines Track y Petroaudios, casos en los cuales resultaban implicados personajes muy poderosos de la política nacional, como el ex Presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, y el mismísimo Alan García. Las críticas, las investigaciones eran cada vez más frecuentes, los cuestionamientos a su gestión eran la nota diaria en todos los medios locales. A pesar de ello, Hidalgo se mantuvo firme en el cargo hasta 28 de julio de este año y solo la llegada del nuevo gobierno hizo posible su salida del ministerio. Su gestión fue duramente cuestionada, incluso se lo llegó a acusar de inmoral y de mal utilizar los bienes del estado en beneficio personal. Recordemos que fue un video colgado en internet el que lo puso en severos aprietos. En la filmación se veía a Hidalgo abandonar un hotel a tempranas horas del día acompañado de una mujer que no era su esposa para luego abordar un vehículo oficial que le había sido asignado para sus labores de función. A nadie le debe importar la vida privada de Hidalgo, en eso estamos todos de acuerdo, el problema es cuando un funcionario utiliza los recursos del estado, un vehículo en este caso para dar un paseo con una amiguita. ¿Qué mérito tenía el señor Hidalgo para ser ministro del interior? Ninguno.

Estos fueron los ministros del interior del presidente Alan García, todos ellos tildados de corruptos o incapaces, personajes que a pesar de su falta de conocimiento, experiencia, mérito, incluso en algunos casos a pesar de su falta de credibilidad y honorabilidad, o de la orfandad de su hoja de vida puesta en comparación con la de otros peruanos, recibieron la enorme responsabilidad de asumir el ministerio más complicado de todos. En estos señores recayó la labor de hacer frente a la delincuencia, de combatir la criminalidad, el narcotráfico, el terrorismo. A estos aprendices de ministro se les encargó mejorar la gestión de la institución policial, a todos ellos el Perú les pagó su aventura ministerial a cambio de nada. Esta es la herencia que el gobierno aprista le deja al Perú. La pregunta es una y una sola es la respuesta: ¿Qué mérito tiene el Apra y el señor García para dar lecciones de cómo hacer frente al problema de la seguridad ciudadana? Ninguno. Tengámoslo presente el 2016, fecha en la cual el aprismo, de la mano de su Alan del Pacífico, pretenda volver a ser gobierno.

Rescatando los valores de la Constitución de 1979

2011-08-04T21:01:00.000-07:00

Nuestra Constitución de 1979 tiene en su haber un enorme mérito pocas veces reconocido. Vista en perspectiva y con la objetividad que nos ofrecen los años transcurridos esta ha sido, sin lugar a dudas, la Constitución más importante del siglo XX, y quizá la más importante de la vida republicana de nuestra patria. Como diría Pedro Planas, en un artículo publicado el 14 de abril de 1992 bajo el título “El lugar de la Constitución de 1979”, factores tan diversos como su origen consensual, su amplitud y previsión, su proyecto programático, su aplicación normativa y su desarrollo institucional, hacen que la Constitución de 1979 ocupe un lugar de privilegio y de excepción en nuestra accidentada historia política.

Una Constitución no representa el consenso, el acuerdo político y social mínimo al cual se llega en una sociedad en torno al conjunto de valores y principios que constituirán la base ideológica sobre la cual se edificará todo el diseño estatal. Una Constitución refleja por tanto la pluralidad de tendencias y posiciones políticas, visiones del mundo, modos de entender la realidad presentes en una comunidad política. Por eso es muy importante que durante el proceso de elaboración de un texto constitucional se fomente la participación de todas y cada una de las agrupaciones o movimientos políticos, así como también se promueva un debate abierto a nivel de la sociedad civil en cuanto al diseño institucional y el rumbo político que se pretende establecer para toda la nación.

La Constitución de 1979 gozó, como ninguna otra carta fundamental, de un apoyo y un respaldo popular nunca antes visto en nuestra historia, la elaboración de la carta de 1979 fue obra de una Asamblea Constituyente compuesta por personalidades con una trayectoria democrática incuestionable, basta con señalar que quien presidiera dicho grupo político fue el histórico líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre. La Constitución de 1979 tuvo, como diría Planas, la irrepetible ventaja de estar antecedida por un gobierno militar interesado en transferir el poder a la civilidad y que no intervino directamente en la redacción de la misma, sino que más bien se abstuvo y permitió una libre deliberación interna.

Caso muy distinto a lo ocurrido luego del autogolpe del 5 de abril de 1992 fecha en la cual el propio Presidente de la República, Alberto Fujimori, hoy sentenciado por haber cometido delitos de corrupción y violación de derechos humanos, decidiera interrumpir el orden constitucional de nuestra patria desconociendo el contenido de la carta política de 1979, para posteriormente, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de una mayoría parlamentaria genuflexa, elaborar una Constitución a su justa medida, la cual tuvo por único objetivo fortalecer los poderes del dictador favoreciendo de ese modo su permanencia ad infinitun en el sillón presidencial, instalando un gobierno de facto, con legitimidad plebiscitaria, el cual en más de una oportunidad no tuvo ningún miramiento al momento de desconocer la propia Constitución que él y su grupo político mismo habían elaborado.

Para todos los especialistas de nuestra patria, la Constitución de 1979 marcó un antes y un después en la historia del constitucionalismo nacional. Fue una carta política de vanguardia en la región, por la modernidad de las instituciones que vieron la luz con su promulgación, por la rigurosidad de su diseño, por su orden y estructura orgánica de sus capítulos, pero sobre todo por el conjunto de valores y principios que esta trató de incorporar en el imaginario constitucional de todos los peruanos. La Constitución de 1979, tal y como lo hiciera la Constitución de 1978 española, cuyo texto tomó como referencia asimilando para sí figuras como la Defensoría del Pueblo o el Tribunal de Garantías Constitucionales, reivindicó los valores de libertad, de justicia social, de solidaridad y compromiso con los más pobres, estableció una relación directa entre el Estado y el desarrollo de las fuerzas productivas de la nación, recreó una diseño capaz de convertir al Estado en un agente promotor de la iniciativa privada de los ciudadanos pero a su vez presente en la solución de problemas vinculados a sectores como la salud, la educación, el empleo y la seguridad.

Asimismo, la Constitución de 1979, apostó por una relación de pesos y contrapesos entre los diversos poderes del Estado, entendió que para la consolidación de la institucionalidad democrática de nuestra patria era necesario fomentar desde los poderes públicos una cultura de diálogo permanente. Los constituyentes de 1979 no creían en un modelo en el cual el Presidente de la República asumiese una figura casi virreinal bajo la cual podía hacer y deshacer a su antojo, así como tampoco en un Congreso de la República obstructivo, que lejos de colaborar con el desarrollo de las más importantes políticas de Estado se convirtiese en una rémora en el camino hacia ese objetivo.

Por eso resulta ridículo, o en el mejor de los casos una broma de mal gusto, propia de la ignorancia de algunos opinólogos o periodistas cuyas horas de lectura no sobrepasan las de un infante de tercer grado, culpar a la Constitución de 1979 de la hiperinflación o la crisis económica o el fenómeno terrorista que azotó nuestro país durante los años ochenta. Nadie con dos dedos de frente podría afirmar, sin temor a ser visto como un fantoche mononeuronal, que los problemas económicos o de seguridad se solucionan con la promulgación de una nueva Constitución. El éxito económico, el desarrollo de un país no depende exclusivamente del modelo constitucional que se adopte, una Constitución no cambia por sí sola la realidad de un país, es el quehacer político de los gobernantes, la seriedad y responsabilidad de sus políticas, la racionalidad de sus medidas el factor que determina el éxito o fracaso de un país. Si el cambio de Constitución fuese la receta mágica para alcanzar el paraíso el Perú hace mucho tiempo debería figurar en el grupo de países desarrollados, pues Constituciones hemos tenido bastantes, como diría Villarán: “en el Perú nos la hemos pasado haciendo y deshaciendo constituciones, lo que no hemos desarrollado es un sentimiento de apego y respeto por las figuras constitucionales y el orden democrático”, casualmente todo aquello que la Constitución de 1979 trató de generar, esfuerzo que fue borrado de un plomazo por la mano del ladrón y sátrapa Fujimori.

Era necesario hacer esta referencia a la Constitución de 1979, sobre todo si se tiene en cuenta el enorme escándalo político que la mención a la misma generó en la juramentación de 28 de julio del Presidente electo Ollanta Humala Tasso en el Congreso de la República. Como se recuerda, el Presidente Humala juró por la patria que cumpliría fielmente el cargo de Presidente de la República que le confirió la nación por el periodo 2011- 2016. Juró también que defendería la soberanía nacional, el orden constitucional, y la integridad física y moral de la república y sus instituciones democráticas, “honrando el espíritu y los principios de la Constitución de 1979”, fue este último juramento el que desató la furia descarnada de la oposición, o mejor dicho, de la bancada fujimorista representada por la tristemente célebre defensora del Grupo Colina Martha Chávez, otrora presidenta del Congreso durante la dictadura de Alberto Fujimori, hoy convertida en algo menos que en un payaso de circo de tres por medio.

Debemos dejar claro que no existe protocolo establecido ni en la Constitución de 1993, ni mucho menos en la ley, en el cual se señale qué decir y qué no decir en una juramentación presidencial. El Presidente Humala, si así lo hubiese querido, podría haber jurado por la Constitución de 1823, o por la Constitución de 1933, o por el pensamiento de José Carlos Mariátegui, o por la figura de Víctor Raúl Haya de la Torre, como tantas veces lo han hecho los políticos apristas, incluso el Presidente Alan García Pérez, quien recordemos prometió retornar a la Constitución de 1979 para luego abrazar con alegría la carta fujimorista de 1993. Ello es así, ya que se trata de una declaratoria política, simbólica que pretende marcar un derrotero en la manera cómo se va a conducir políticamente el gobierno entrante durante estos 5 años, de ningún modo puede entenderse dicha expresión como un abierto desconocimiento de la vigencia de la Constitución de 1993, la cual, nos guste o no, es la norma jurídica de mayor jerarquía que por tanto debe ser cumplida y observada por todos los peruanos.

Algunos analistas, entre ellos un ex profesor mío en la Universidad Católica, mencionan que este fue un acto de provocación del Presidente para con la oposición fujimorista. Yo creo todo lo contrario, creo que el Presidente aprovechó la oportunidad para trazar una línea divisoria en el escenario político, para marcar una frontera que diferencia a aquellos que apuestan por un Perú más libre, justo y solidario, y aquellos otros que durante tantos años no hicieron sino defender y encubrir crímenes abominables como el asesinato, el secuestro, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, entre otros. O es que acaso jurar por los valores de la Constitución de 1979 no supone también mostrar un abierto rechazo contra todo aquello que representa ese pasado fujimontesinista que tanto daño le hizo a nuestro país. O es que acaso señalar directamente y sin ambages a quienes envilecieron la política nacional y se llevaron a manos llenas miles y miles de soles del tesoro público no supone el inicio de una política de lucha frontal contra la corrupción, como creo esperamos todos los peruanos. O es que acaso cuando se alude a los valores de justicia social y de equidad presentes en la carta de 1979 no se está apostando por un Estado con mayor presencia en zonas alejadas en donde los servicios básicos aun no llegan y en dónde la educación o el servicio de salud de calidad no es más que una fantasía que solo existe en la imaginación de algunos peruanos que no han perdido aún la esperanza. O es que acaso, honrar los valores de la carta de 1979 no supone el compromiso del gobierno y de todas las autoridades políticas con el respeto por el orden democrático, el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos, valores que tantas veces fueron violentados durante la década de los noventa.

Resulta por demás irónico, paradigmático, hasta chocante ver cómo aquellos que aplaudieron un golpe de Estado, aquellos que desconocieron sin mayor contemplación el acuerdo político de todos los peruanos reflejado en la Constitución de 1979, pretendan ahora erigirse como los guardianes del orden constitucional. Resulta descabellado, propio de una película de ciencia ficción, algo real maravilloso, ver cómo personajes oscuros como la señora Martha Chávez, pugnaz defensora y promotora de leyes abiertamente inconstitucionales como las Leyes de Amnistía al Grupo Colina, la Ley de la Tercera Reelección de Alberto Fujimori, o actos como la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional que se opusieron a tremendo atropello, el retiro de la nacionalidad de Baruv Ivcher, el desconocimiento y retiro del Perú de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tantos otros más, quieran tomarnos el pelo, vernos la cara de estúpidos, y jugando a la desmemoria colocarse el traje de demócratas y la armadura de defensora del sistema constitucional y el Estado de Derecho, como si los peruanos fuésemos unos minusválidos mentales.

Cómo tomar en serio los alaridos, gritos, insultos y diatribas de este tipo de personajes, instando a las Fuerzas Armadas a desconocer al gobierno electo en presencia de los presidentes de la región que llegaron invitados a la asunción del nuevo gobierno. Cómo mirar a la señora Martha Chávez y no recordar el cinismo que exhibía al momento de justificar tantas veces la manera como su jefe, Alberto Fujimori, y el amigo de su jefe, Vladimiro Montesinos, decidían sacarle la vuelta a la Constitución que ella misma ayudó a confeccionar a la justa medida del dictador a la cual ella alegremente llamaba Presidente. Con el perdón de los lectores, pero a mí esa señora no me agarra de cojudo. No lo hizo antes, cuando aún era un adolescente, menos lo hará ahora con mayores años a cuestas y con un dominio de información que pone en evidencia cómo ella y su partido convirtieron al Perú en una letrina de burdel de mala muerte.

Qué curioso, el fujimorismo salta, se enfurece, y pone sus pelos de punta cuando alguien menciona la palabra democracia, libertad, justicia social, lucha contra la corrupción, respeto por el Estado de Derecho. Quizá por eso durante casi una década, haciéndose de la vista gorda, permitieron que una asesor presidencial, criminal convicto y confeso, sancionado por traidor, y cuyos vínculos con el narcotráfico eran conocidos por todo el mundo, digitara su actuar congresal desde la salita del SIN, sin chistar, todo a cambio de las mieles que ofrece el poder, de las gollerías que brinda el estar al lado del dictadorzuelo, y en algunos casos a cambio de algunos monedas, no muchas, porque estos granujas lo son de tan poca monta que por menos de un plato de lentejas estuvieron dispuestos a vender su alma al diablo. Como diría algún columnista peruano, nuestro país y la mente de nuestros políticos es indescifrable, para algunos se puede jurar por un delincuente condenado por corrupción y delitos de lesa humanidad como Fujimori o incitar a la insubordinación, pero si embargo, para esos mismos resulta demagógico y hasta ilegal hacerlo por los principios y valores de la Constitución de 1979 cuyo talante libertario y su compromiso social es muchísimo mayor al mamarracho que confeccionó Alberto Fujimori y su pandilla en 1993. Estamos advertidos, nos esperan 5 años de esto y mucho más. Confiemos en la vena democrática del Presidente Humala, y de llegar el momento seamos capaces de decirle no en caso equivoque el camino.

Accomarca: la masacre del "carnicero de los andes"

2011-07-21T10:30:00.000-07:00

La llegada del “carnicero de los andes”, Telmo Hurtado Hurtado, luego de que Estados Unidos concediera su extradición, ha vuelto a traer a la memoria los sanguinarios hechos de violencia y crueldad registrados en nuestro país hace 26 años. Como se recuerda, el 14 de agosto de 1985, se produjo en Ayacucho uno de los crímenes más abominables de todo el periodo de violencia política que atravesó nuestra patria. La comunidad de Accomarca, ubicada en la provincia de Vilcashuamán, fue el espacio donde la sangre de los comuneros enrojeció los campos luego de que sus cuerpos recibieran los impactos de bala y las granadas lanzadas por efectivos del Ejército Peruano. El saldo de dicho operativo de aniquilamiento militar fue de 69 campesinos muertos, entre ellos 23 menores ejecutados, y una herida abierta, que a pesar del tiempo, no ha logrado aun cicatrizar debido a la indiferencia que los familiares recibieron de parte del Estado y al velo de impunidad que cubrió el accionar delincuencial de estos criminales. Como se sabe, fue el mayor en retiro del Ejército Peruano, Telmo Hurtado, quien resultó sindicado como el principal responsable del homicidio de estos 69 peruanos, dos semanas después de que un inmaduro y atolondrado Alan García se colocara por vez primera el fajín presidencial en julio de 1985.

Tal como se detalla en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y en otros documentos de la época, los hechos de sangre se dieron inicio cuando cuatro patrullas ingresaron a Accomarca siguiendo el Plan de Operaciones Huancayocc, aprobado por el tristemente célebre Wilfredo Mori Orzo, jefe en aquel entonces del Comando Político Militar de Ayacucho, con el objetivo de capturar o destruir a los elementos terroristas existentes en esa zona. Tal parece que el verbo destruir fue entendido por estos criminales disfrazados de militares como una autorización para desatar toda su vesania y de manera fratricida acabar con la vida de la población civil, asesinar a 27 mujeres, a las cuales ultrajaron antes de matar a tiros. En declaraciones dadas a conocer meses después de la tragedia, Sinesio Jarama, General del Ejército peruano, afirmaría ante el Senado: “La población sirve a Sendero para sustentarla, para curar sus heridas, para darle protección y encubrirla, para renovar sus cuadros, la contra subversión debe impedir que la subversión gane a la población y como lo señala el Operativo Huancayoc, eliminar zonas rojas”.

De acuerdo a la información y las declaraciones vertidas por algunos de los sobrevivientes de la masacre se sabe que esta acción militar no constituía en modo alguno un acto aislado, fortuito, un exceso en el uso de la fuerza, como algunos torpemente han querido afirmar todos estos años. El 14 de agosto de 1985, las patrullas del subteniente Hurtado y la del teniente Juan Rivera Rondón, bajaron a la localidad de Llocllapampa, a tres kilómetros de Accomarca. En ese lugar reunieron a la población civil, las agruparon en tres viviendas, a los hombres los encerraron en la casa de Cipriano Gamboa, a las mujeres en la casa de César Gamboa y a los niños los llevaron a la casa de Rufina de La Cruz. Acto seguido, los militares trasladaron a las mujeres a una acequia, lugar en donde las habrían violado, así lo afirmaron los testigos, quienes alcanzaron a escuchar el grito de sus mujeres, mientras permanecían escondidos en los matorrales.

Luego de asesinar a los pobladores y violar a sus mujeres, semanas después los efectivos militares regresaron al lugar de los hechos para tratar de borrar toda pista o huella que los incrimine, se produjeron asesinatos múltiples de testigos, así, el 8 de setiembre, efectivos militares asesinaron a Brígida Pérez Chávez y a su hijo Alejandro Baldeón, testigos de la matanza de Accomarca. Al día siguiente, efectivos del ejército del cuartel de Vilcashuamán detuvieron a Martín Baldeón Ayala, de 66 años de edad y lo llevaron a la base de Vilcashuamán. Diariamente, su esposa Paulina Pulido Palacios acudía al cuartel para visitarlo y llevarle algunos víveres. Pero el 16 de setiembre fue detenida. Nunca más se supo del paradero de ambos. Para luego de ello, incendiar y ocultar huella, todo ello, bajo el silencio cómplice y el aval tácito de los altos mandos militares, los cuales en todo momento se mostraron renuentes a colaborar con el esclarecimiento de los hechos, entorpeciendo las investigaciones y justificando el accionar militar, accionar al cual catalogaron como actos aislados, excesos que se cometen en toda guerra.

¿Por qué se decidió intervenir el poblado de Accomarca? ¿Cuáles fueron las razones que justificaron el operativo militar? Al parecer los militares acusaron a los pobladores de terroristas (nunca se encontró ninguna prueba que acredite este dicho), ya que habían recibido referencias de que en LLocllapampa operaban dos escuelas populares (centros de adoctrinamiento, no se encontró ningún tipo de material que comprobara esta hipótesis) y un centro de abastecimiento senderista, con municiones (no se incautó absolutamente nada) alimentos y frazadas.

En pocas palabras, el solo dicho, la sola imputación, en torno a los vínculos que una población civil desarmada podría tener con Sendero Luminoso, independientemente de si esta población siendo amenazada por las huestes terroristas era obligada a colaborar con ellos, con el temor de perder la vida si eso no ocurría, bastaba para que una patrulla militar irrumpa en estas localidades de la sierra de nuestro país, mate a sus hombres, asesine a sus niños, viole a sus mujeres, queme sus viviendas, como si se tratase de ciudadanos de segundo orden, como si los derechos de estos peruanos no tuvieran el mismo valor que el de todos los demás, como si para ellos la justicia no existiera, como si el ser campesino te privase del derecho a ser sometido a un juicio justo, en el cual ejerciendo el derecho de defensa la persona pudiese rechazar los cargos en su contra y dejar a salvo su honor e inocencia. Lo más triste de todo ello es que estos hechos ocurrieron ante la mirada indiferente y la actitud inerte de un Estado que durante muchos años permitió que la violación sistemática de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden se convirtiera en el sello que identificaba la guerra antisubversiva de ese entonces.

El impacto que el caso Accomarca tuvo fue tal, que el Congreso de la República se vio obligado a formar una Comisión investigadora de estos crímenes la cual fue presidida por Javier Valle Riestra. Como parte de esas investigaciones, dos días después de iniciadas las mismas, el entonces parlamentario Fernando Olivera, encontró 5 cuerpos de personas asesinadas a balazos en el cementerio de dicha localidad, los cuales, de acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo, correspondían a los testigos de la masacre que fueron silenciados por los propios militares. En las conclusiones de la investigación se señaló que en el caso de Accomarca se habían perpetrado delitos comunes y no castrenses y que era necesario determinar si los autores materiales actuaron por voluntad propia o en virtud de órdenes verbales recibidas por la superioridad como parte de una estrategia de guerra antisubversiva practicada y diseñada por el propio Estado.

A pesar de la contundencia de la denuncia, de los numerosos testimonios, incluso de la propia asunción de responsabilidad de Telmo Hurtado, quien jamás mostró un ápice de arrepentimiento y de compasión por las víctimas o respeto por el dolor de los familiares, el Estado decidió condenarlo de manera benigna, y dejar a salvo la responsabilidad de los Comandos Militares, luego que Hurtado dijera que había actuado por cuenta propia, hecho que sin lugar a dudas resulta inverosímil en una institución tan rígida y jerarquizada como las Fuerzas Armadas. Este fue el testimonio que Telmo Hurtado le brindó a la comisión investigador del Senado:

“Según mi decisión que yo he tomado, yo la considero correcta. Según el punto de vista de ustedes y lo que están pensando en estos momentos, lo van a tomar de otra manera. Ustedes no viven las acciones de guerra que nosotros vivimos acá. No tienen experiencia, ni ven las situaciones que nosotros pasamos acá. Las penurias que se tienen o las cosas que se tiene que vivir. A nosotros no nos agrada pero tenemos que cumplirlas para darle un mejor gobierno. Uno no puede confiar de una mujer, un anciano o un niño, los comienzan a adoctrinar desde los dos años, tres años, llevando cosas, poco a poco, a fuerza de engaños, de castigos, van ganándolos a su causa”, sentenció.

Con estas declaraciones el criminal Telmo Hurtado trató de justificar el asesinato de 69 campesinos, de niños inocentes, de mujeres y ancianos, este era el pensamiento que acompañaba y nublaba las mentes de quienes por mandato constitucional tenían el deber de proteger a la población civil, este es el pensamiento homicida y enfermo de quienes había perdido la capacidad para distinguir entre el bien y el mal, de quienes se creían dueños del destino y de la vida de los campesinos, de quienes terminaron convirtiéndose en los carniceros de aquellos a los cuales debían brindar apoyo y seguridad.

¿Qué sanción recibió Telmo Hurtado? Sorprendentemente este criminal solo fue sentenciado a 6 años de prisión por el delito de “abuso de autoridad”. Tres años después, y gracias a las inconstitucionales y antidemocráticas “leyes de amnistía”, promovidas por Alberto Fujimori, redactadas en las salitas del SIN, y promulgadas por un congreso defensor político de asesinos y corruptos, liderados por una mayoría fujimorista representada por personajes oscuros como Martha Chávez, Telmo Hurtado se acogió a dicho beneficio y acto seguido recibió como “premio a su esfuerzo” el ascenso a Mayor del Ejército. Tiempo después el propio General Nicolás de Bari Hermoza Ríos, criminal, ladrón y corrupto, lo condecoró, con un reconocimiento especial por su desempeño en las Fuerzas Armadas, esta condecoración era la tercera que este asesino recibía de manos del Estado peruano en mérito a su insania criminal y homicida.

A pesar de todo ello, y gracias a la labor desarrollada por los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, y en cumplimiento estricto del mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero, y del Tribunal Constitucional, respectivamente, los procesos contra esos criminales se reabrieron, y en 2007 la Agencia Federal de Inmigración y Aduanas lo capturó en Estados Unidos iniciándose el proceso de deportación y extradición en su contra, el mismo que acaba de concluir con su llegada hace algunos días a nuestra patria.

Esperemos que esta vez las justicia haga caer sobre este asesino la sanción que corresponda, castigando severamente a quienes cometen este tipo de hechos abominables, como una muestra del compromiso sincero que un Estado democrático y respetuoso de la legalidad como el Perú tiene en relación a la defensa de los derechos humanos, investigando, sancionando y reparando a las víctimas de estos actos de abyecta crueldad desatados por los propios agentes del Estado. Que la impunidad, la indiferencia o el miedo no logren imponerse una vez más, que la complicidad de los gobiernos y de su clase política no le arrebate a los familiares la esperanza de alcanzar justicia, que los criminales del ayer no queden impunes so pretexto de iniciar un proceso de reconciliación nacional mal entendido, porque no existe reconciliación sin justicia, ni tampoco justicia sin verdad. Que quienes nos gobiernan no entorpezcan las investigaciones en este tipo de casos, tal como lo denunciara la propia Corte de Massachusetts, la cual dijera que el Gobierno de García tenía poca voluntad en la extradición de los implicados en la masacre de Accomarca, quizá porque esta haya sido la primera en una larga lista de hechos de esta naturaleza como Pucayacu, Cayara, Chumbivilcas o el Frontón, registrados en el primer gobierno aprista. Que los criminales paguen, es lo único que pedimos los peruanos.

La salud del dictador Hugo Chávez

2011-07-12T13:33:00.000-07:00

Alrededor de 8 millones de personas mueren al año a consecuencia de la enfermedad del cáncer. Hace algunas semanas, Venezuela, Latinoamérica en general, conoció de una noticia que desató una serie de especulaciones en torno al futuro político del país llanero y del futuro inmediato de Hugo Chávez y su revolución bolivariana. Las cadenas televisivas, los portales de internet y los propios representantes del gobierno venezolano daban a conocer al mundo lo que era prácticamente un secreto a voces: Hugo Chávez, el dictador Hugo Chávez, se sumaba a la larga lista de mandatarios en el mundo que libran o han librado la batalla contra el cáncer.

Hugo Chávez fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas por un tumor absceso en el que le fueron detectadas células cancerígenas. Hugo Chávez viajó a Cuba con la finalidad de someterse a estas intervenciones e iniciar un tratamiento que le permita vencer la más difícil batalla de su trayectoria, la batalla por la vida. El reposo recomendado por los médicos cubanos le imposibilitó participar en las celebraciones más importantes de Venezuela, el gran desfile patrio en el Paseo de los Próceres de Caracas, con motivo de la conmemoración del bicentenario de su independencia. Esta era la información que se difundía a nivel mundial.

La jornada de Hugo Chávez, señalan personas cercanas al dictador, se inicia muy temprano en la mañana, casi de madrugada, revisa los periódicos, escucha los reportes de radio, está atento a lo que los medios de comunicación informan sobre el acontecer nacional e internacional. Acto seguido, y siempre de manera personal, supervisa todas y cada una de las acciones gubernamentales puestas en práctica, desde la inauguración de un colegio, un hospital, la firma de un contrato, la reunión con algún agente diplomático, entre muchas otras más, nada se le escapa, él lo quiere saber todo. Tiene Chávez la costumbre de quererlo controlar todo, de querer estar al tanto de todo, de conocer hasta el más mínimo detalle de lo que pueda estar ocurriendo en su entorno. Chávez, como todo dictador, desconfía hasta de sus más allegados, de ahí su renuencia a delegar funciones en otra persona, por más atareado que esté, Chávez siempre encuentra la manera de hacer un espacio en su recargada agenda para poner el ojo en cuanto asunto de Estado tenga por resolver. Sus ministros, sus allegados, los funcionarios de su gobierno no son sino un grupo de acólitos y adulones acostumbrados a aplaudir todas y cada una de sus intervenciones, sonreír ante alguna de sus torpes bromas, refrendar sus comentarios, avalar sus improperios y alzar la voz y lanzar vítores si de ensalzar la labor del dictador se trata: ¡Patria o muerte, venceremos!

El protagonismo, la importancia innegable que tiene Hugo Chávez en la conducción del Estado Venezolano ha llevado a la prensa y a la clase política de ese país a preguntarse si es posible una chavismo sin Chávez, qué pasará con Venezuela si Hugo Chávez no puede vencer la batalla contra el cáncer, quién podrá tomar su lugar y conducir a Venezuela y a toda América Latina por el camino de la revolución socialista de siglo XXI, Chávez, para sus seguidores es el único capaz de blandir la espada de Bolívar e instalar, por la razón y por la fuerza, el programa político que a lo largo de los años ha venido implantando, contra todo y contra todos, en Venezuela, a pesar del desastre económico, político y social que el mismo ha ocasionado para el sistema y la institucionalidad democrática del hermano país del norte.

La oposición, ha pretendido aprovechar este periodo de ausencia del dictador para despotricar a mansalva contra el hombre al que consideran el aprendiz de Fidel Castro, el financista de gobiernos populistas y autoritarios como el de Rafael Correa, Daniel Ortega o Evo Morales, el defensor latinoamericano de sátrapas como el gobernante de Irán o Corea del norte, el hombre que ha despilfarrado los ingresos astronómicos de miles de millones de dólares producto de la venta de petróleo financiando las campañas electorales de sus amigos. Pero al parecer, la jugada política de los partidos y líderes opositores a Hugo Chávez no ha tenido el efecto que sus detractores esperaron. Resulta ético, se preguntan muchos analistas, resulta políticamente correcto, aprovecharse de la condición de salud, de la enfermedad de un rival político, para enlodar su figura, para criticarlo sin piedad, incluso para desearle la muerte, como si la muerte del dictador resolviera por arte de magia todos los problemas que Venezuela atraviesa. La política es un juego de percepciones, un juego en el cual las pasiones, los afectos y hasta la compasión juegan un rol protagónico, ¡Pobre de Hugo Chávez!, es la frase que muchos venezolanos pronuncian frente a las cámaras de televisión, ¡Es un hombre enfermo, la oposición lo quiere muerto pues vivo nunca pudieron con él!, se dice en las calles.

Es cierto que Hugo Chávez es un dictador, esa es una verdad indiscutible para todo aquél que se acerque al análisis de la realidad social y política venezolana con cierta dosis de objetividad. Es un gobernante que utiliza a la democracia como mecanismo plebiscitario para legitimar lo que en realidad no es más que arbitrariedad, atropello, embuste, amedrentamiento y violencia esparcida, desde el propio gobierno, contra todo aquél que se atreva a criticarlo, contra todo aquél que se atreva a llamarlo como lo que es un “Dictador”.

En Venezuela, ya hace mucho tiempo se perdió la batalla por la libertad de expresión, radios, periódicos, canales de televisión han sido cerrados por haber cometido el pecado de no alinearse con el régimen socialista ni aplaudir los exabruptos del gorila mandatario. Las instituciones del país han sido copadas por miembros, dirigentes o simpatizantes del chavismo, desde la administración pública encargada de llevar adelante el negocio del petróleo, hasta el parlamento venezolano, o el órgano electoral encargado de supervisar la transparencia, tantas veces puesta en tela de juicio, de los comicios electorales. Muchos opositores políticos al régimen han sido perseguidos de manera brutal y violenta, muchos han sido amenazados por el propio Hugo Chávez, como es el caso de Manuel Rosales, líder de la oposición, a quien Chávez amenazó con enviar a la cárcel, demostrando que en ese país el principio de separación de poderes, elemento básico que distingue a toda república democrática no existe, dado que el Presidente de la República, al margen de la labor del órgano jurisdiccional, está en capacidad de absolver o sentenciar a quien quiera, dependiendo de su voluntad, de sus odios o sus propios complejos. Felizmente, para suerte de Rosales y de toda su familia, el gobierno del Perú le concedió el asilo político, y gracias a ello puede vivir con cierta tranquilidad, sin el temor a perder la libertad o hasta la propia vida.

Pero si en el ámbito político e institucional la crisis generada por el estilo dictatorial y autoritario de Hugo Chávez han terminado por destruir la frágil democracia Venezolana, tan o más frágil que la de la mayoría de países sudamericanos, en el campo económico el descalabro ha sido mucho mayor. Venezuela es uno de los países que tiene una de las tasas de crecimiento más bajas de Latinoamérica, uno de los índices de inflación más altos, cortes diarios de electricidad, escasez de alimentos y un índice de inseguridad ciudadana que han convertido a Caracas en una de las ciudades más peligrosas del mundo. En un artículo recientemente publicado por Andrés Oppenheimer, el periodista nos brinda una serie de datos que grafican de manera bastante didáctica la real situación de la crisis económica, y por ende social, por la cual atraviesa Venezuela, gracias al modelo controlista, centralista, estatista, interventor que Hugo Chávez ha impuesto e impone desde su gobierno.

La crisis económica en Venezuela es un fenómeno digno de estudio y comentario en las más importantes escuelas y facultades de ciencias económicas de todo el mundo. Cuesta trabajo explicar cómo si el precio del barril de petróleo se disparó de US$9 el barril en 1999, fecha en la cual el dictador asumió el poder, a US$ 100 en la actualidad, la escasez y los índices macroeconómicos sean tan negativos. Como muestra de esta crisis hagamos referencia a las siguientes cifras: 1) La economía venezolana bajó 1,6%, después de haber caído 3,3% en 2009, según la Cepal, mientras la tasa de crecimiento promedio en la región es de casi 6%; 2) La inflación venezolana subió de 12% hace una década a 27% en 2010, mientras la mayoría de países en Latinoamérica no supera el dígito inflacionario; 3) Venezuela sufre una fuga de capitales récord en su historia y su deuda externa subió de US$ 35.000 millones en 2001 a 58.000 millones en 2010, según reporte de la Cepal; 4) Venezuela, que en su momento fuera el quinto exportador de café mundial, ahora lo importa de Nicaragua, mientras que la mayoría de países de Latinoamérica, caso el Perú, han diversificado sus productos agrícolas de exportación; 5) Venezuela redujo su pobreza de 45% a 28%, respectivamente en los últimos 10 años, sin embargo, países que no cuentan con el caudal económico del oro negro, han logrado reducir la pobreza en porcentajes mayores o iguales al venezolano, Argentina redujo su pobreza de 45% a 11%, Chile de 20% a 11%, Brasil de 38% a 25%, Perú y Colombia también ofrecen esas cifras. Para Oppenheimer, autor de “El milagro venezolano”, el deterioro de este país se debe al caótico manejo económico impuesto por Chávez, que destruye el sector privado y crea un país de zombis dependientes del gobierno, despilfarrando el dinero del petróleo en subsidios y en grandiosos proyectos de propaganda internacional, que cuando caiga el precio del crudo, dejarán a su país hundido por muchos años en las más profunda miseria.

Pero si la situación en el hermano país de Venezuela es tan caótica, si la crisis política y económica por la cual atraviesa no parece tener solución cercana, si el descalabro y el desconcierto en el cual el dictador y sus secuaces han sumido a todo un país es de tal magnitud, ¿Por qué Hugo Chávez le ha ganado la batalla a la oposición en los comicios electorales durante los últimos años? Muchas son las razones que se exponen para explicar este fenómeno, Chávez utiliza los programas sociales y los subsidios para granjearse una clientela adicta que vive de sus dádivas, la misma que está dispuesta a salir a las calles a enfrentar a cuanto crítico se ponga en frente del sátrapa caribeño, Chávez controla los organismos electorales, los manipula, e incluso se habla hasta de fraude, algo que para ser sinceros no ha sido fidedignamente corroborado, Chávez emplea a los medios de comunicación para hacer llegar su discurso y para arrinconar a sus opositores, lo hace mediante interlocuciones semanales, muchas veces diarias, en periodos electorales, a través del conocido programa ¡Aló, presidente!, todas esas afirmaciones son o tienen cierta dosis de verdad, pero también es cierto que la oposición política en Venezuela ha sido nula en estos años, preocupados por mantener las cuotas de poder de las viejas agrupaciones políticas, las fuerzas de la oposición democrática no han sido capaces de consolidar un bloque y un programa que aglutine a todos los sectores contrarios al chavismo, y le ofrezca a la ciudadanía una propuesta de cambio social y económico que sea capaz de elevar el nivel de vida de la gran mayoría de venezolanos.

Dicho todo ello, resulta importante destacar la opinión de algunos medios de comunicación extranjeros, como el diario El País de España, y otros venezolanos, cuando afirman que más allá del recelo que pueda generar en todo demócrata la figura de Hugo Chávez, eso no puede llevar a la clase política, a los medios de comunicación, y sobre todo, a la oposición venezolana, a desear la muerte del dictador. Nosotros compartimos esa idea, creemos que la defensa de la dignidad de la persona, el respeto por su integridad, por su vida, la solidaridad con aquél que sufre una enfermedad o un mal mayor está muy por encima de las rencillas o enfrentamientos propios del quehacer político. A Hugo Chávez lo deben vencer los demócratas de su país en las urnas, debe ser el voto ciudadano el que le diga ¡NO al dictador! La oposición no puede cometer el error de pretender que el cáncer y su virulento avance hagan lo que ellos no han sido capaces de lograr en todos estos años, la oposición debe ser capaz de desnudar la inconsistencia del programa político de Chávez y la magnitud de la crisis que su proceder ha creado, haciendo de público conocimiento los problemas y las terribles cifras que en esta oportunidad hemos tratado de resumir. Es cierto que las condiciones políticas en Venezuela no son las más auspiciosas para los partidos o movimientos contrarios al chavismo, pero cierto es también que la superioridad ética de la democracia y de los que creemos en ella está en reconocer el valor de la vida y de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, por encima de cualquier conflicto de intereses, personal o partidario.

El cáncer de Hugo Chávez, no nos puede arrebatar la oportunidad de verlo derrotado voto a voto, lo otro sería convertir a Chávez en un mártir, en una especie de dictador popular que de manera periódica, y a pesar de la crítica punzante a su manera de hacer política y de entender la economía, logró en vida vencer a cuanto opositor se atrevió a competir con él en una elección. Solo aquellos que hemos tenido la triste experiencia de ver morir y sufrir a un familiar o amigo a causa de esta terrible enfermedad podemos entender el profundo dolor que este mal trae consigo para quien lo padece y para los familiares del paciente. En lo personal, no le deseo la muerte, ni enfermedad a nadie, ni siquiera a un dictador tan insoportable y malvado como Hugo Chávez.

A Carlos Iván Degregori, un peruano ilustre

2011-07-05T11:25:00.000-07:00

No puedo decir que lo conocía, mucho menos que era mi amigo, a lo sumo puedo decir con total honestidad que fue mi maestro, un maestro al cual perseguí por cuanta charla, conversatorio, coloquio o evento de este tipo se organizaba en Lima. La amistad es un sentimiento que se desarrolla a partir del contacto directo entre las personas, es por ello que en mi caso, al no poder contar a Carlos Iván entre mis amigos, lo adopté unilateralmente como maestro, lo hice sin consultárselo, desarrollando por este peruano ilustre sentimientos de profunda admiración y agradecimiento. Ahora que lo recuerdo, en más de una vez me pregunté cómo se hace para llegar a ser como Carlos Iván.

Carlos Iván fue un estudiante sanmarquino y profesor de esa casa de estudios. Carlos Iván fue también estudiante y profesor en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, fue profesor en este recinto educativo durante los años más duros de la violencia política vivida en el Perú. Quizá haya sido el contacto directo con la población de la sierra central y de otras regiones de nuestro país el elemento que le permitió tener una visión integral y panorámica de lo que era el Perú de aquel entonces. Todo el conocimiento acumulado durante esos años, fueron volcados en uno de sus trabajos más importantes para la comunidad intelectual de nuestra patria y para el lector latinoamericano: “El surgimiento de Sendero Luminoso. Ayacucho 1969-1979”, libro publicado en 1990. En este texto de necesaria consulta para todo aquél que se acerque al estudio del fenómeno de Sendero Luminoso, Carlos Iván, nos brinda reflexiones profundas en torno a las razones que originaron el surgimiento de este movimiento terrorista y los factores estructurales que debían de ser evaluados con el objetivo de dar respuesta a la problemática que en ese entonces estaba a punto de llevar al Perú al mismísimo abismo.

Los que hemos leído y seguido la obra de Carlos Iván podemos decir que la gran ventaja de este científico social frente a los demás fue su capacidad parar explicar con sencillez y con un lenguaje asequible para el gran público las cuestiones más complejas sobre la realidad social, política y cultural de nuestro país. Leer a Carlos Iván era como escuchar a un talentoso contador de historias, que logrando conjugar reflexión, análisis y cuidado en el uso de las palabras podía lograr que sus libros fuesen devorados por sus lectores en algunas cuantas horas. Carlos Iván también fue un poeta, según cuentan algunos amigos suyos tenía algunos poemitas escritos que compartía en veladas y charlas entre sus más cercanos. Quizá esa afición suya por las letras, la poesía, la literatura y otros géneros, le permitieron desarrollar una prosa ligera, sencilla y la vez encantadora capaz de asombrar al crítico literario más agudo.

Esa facilidad para colocar en blanco y negro sus ideas, sus reflexiones, siempre las más agudas entre los suyos, entre sus propios profesores, que luego serían sus alumnos y sus más adictos lectores, lo convirtieron en el principal redactor del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Como se sabe, Carlos Iván fue nombrado comisionado en el año 2003, nadie como él para explicar las razones del conflicto y tratar de legarle a la sociedad peruana un trabajo que le permitiese reconstruir su memoria histórica, exorcizando los demonios de un pasado que, tal y como señaló él tantas veces, debíamos dejar atrás no sin antes hacer justicia, pues solo la justicia y la verdad son los caminos que nos conducirían a una auténtica reconciliación.

Pero la producción intelectual de Carlos Iván fue mucho más allá de los linderos de la violencia política, de Sendero Luminoso o del fenómeno terrorista de los ochenta. Carlos Iván se ocupó también de las identidades nacionales. Para el científico, la diversidad y variedad del Perú no debían ser vistas como un lastre, como un fracaso de un país homogéneo, como un proyecto trunco abandonado, el Perú, decía Carlos Iván, debe reivindicar su heterogeneidad como su verdadero activo, como aquel rasgo distintivo de su propia identidad, rica, diversa, plural, multicolor. Prueba de todo ello es su libro: “No hay país más diverso. Compendio de antropología peruana”, publicado en el año 2000. La antropología es la ciencia social que se ocupa del estudio de los otros, de los pueblos más alejados, de las culturas más complejas, de las sociedades más primitivas y de las más modernas. Eso lo supo desde siempre Carlos Iván, y su talento mayor fue siempre la capacidad que este desarrollara para reconocerse en el otro, en los demás, para ver a todos los peruanos como sus iguales, en deberes, en obligaciones, pero sobre todo, en derechos y libertades.

Luego de una década en donde la dictadura fujimorista se encargara de destruir la institucionalidad democrática de nuestro país, en donde la corrupción se instaló, como nunca antes en nuestra historia en todos los niveles de gobierno, en donde el desfalco, el robo, el atropello y el asesinato fueron prácticas sistemáticas digitadas desde Palacio de Gobierno, a Carlos Iván no se le ocurrió mejor idea que explicar este fenómeno, la compresión de los factores que hicieron posible la instalación de una cleptocracia mafiosa y asesina en nuestro país, con el silencio y concurso cómplice de importantes sectores de nuestra sociedad, esa era una tarea intelectual y cívica que nadie sólo un tipo como Carlos Iván podía abordar con éxito y objetividad. A este periodo aciago lo retrató en dos importantes obras “La década de la antipolítica. Auge y caída de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos” y “El nacimiento de los otorongos: El Congreso de la República durante los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-2000). El primero de estos libros es una pieza importantísima de las ciencias sociales, el rigor y lucidez académica puestas de manifiesto a lo largo de sus páginas la convierten en un obra consumada, una obra redonda, en términos literarios podríamos decir que se trata de una novela total.

Carlos Iván fue un gran intelectual, un gran lector, entre sus amigos se dice que incluso en los últimos días de su vida, aquellas semanas en las cuales el maestro perdía posiciones frente a ese francotirador certero que suele ser el cáncer no perdía el interés por los libros, por aprender, por estar siempre a la vanguardia de la intelectualidad peruana y latinoamericana. Siempre se ha dicho que quien lee cosas buenas, escribe cosas buenas también, que el hombre actúa por imitación, si esa frase es cierta o no, yo no lo sé, pero en el caso de Carlos Iván, su producción y el manejo de las fuentes que el tenía en cada obra, ensayo, artículo o libro, la tornan verosímil.

Pero además de todo ello Carlos Iván fue un hombre comprometido con la solución de los problemas de nuestro país, él entendía que el intelectual debía de asumir siempre un rol activo con su sociedad, con el medio del cual forma parte, el creía en la figura del intelectual comprometido. Debido a ello su participación como figura pública, de hombre que formó parte de los grandes debates de su tiempo, de allí su vocación docente puesta al servicio al servicio de varias generaciones. Siempre levantó una voz de alerta contra todo afán autoritario o dictatorial que pretendiese convertir al Perú en una república sin derechos, sin libertades, sin democracia. Carlos Iván sabía que un país diverso como el nuestro necesita de libertades y derechos para poder expresar toda su riqueza, pero que también requiere de mecanismos institucionales que permitan solucionar las profundas contradicciones presentes en una sociedad tan injusta como la peruana. Carlos Iván fue siempre un hombre de izquierda, pero un hombre de una izquierda democrática, moderna, que se ganó detractores y hasta enemigos dentro de este grupo por su constante crítica a los proyectos totalitarios o fanáticos que muchos de estos traían bajo el brazo.

Carlos Iván nos invita en su obra a reconocer al Perú como un país verdaderamente maravilloso, el Perú es algo más que una postal turística afirmó en alguna oportunidad, el Perú es mucho más que Machu Pichu y sus ruinas, el Perú es también su gastronomía, su música, su folclore, su literatura, pero sobre todo, el Perú es su gente y la generosidad de la misma. El Perú, ese país que tanto amo, pues solo quien ama algo se esfuerza por comprenderlo como él lo hizo, lo llora, lo extraña desde esa mañana del 18 de mayo de 2011 fecha en la cual Carlos Iván perdió la batalla contra ese cáncer de páncreas que nos lo arrebató, que se nos lo llevó de la tierra de los vivos, para escribir al mismo tiempo su nombre en la inmortalidad de la peruanidad, ya que leer a Carlos Iván nos hace sentirnos un poquito más peruanos. Se los aseguro. ¡Gracias maestro!

¿Qué está haciendo Alan García en el sur del país?

2011-06-27T10:03:00.000-07:00

El gobierno ya está de salida. A pesar de ejercer funciones hasta el 28 de julio de este año, el presidente Alan García ha abandonado el rol de jefe de Estado que constitucionalmente le corresponde. Preocupado por elevar sus índices de popularidad, ocupa su tiempo en la inauguración de obras monumentales que puedan quedar grabadas en la memoria de los peruanos, en especial de los electores, de cara a la elección del año 2016. El presidente busca la popularidad y el aplauso a través del cemento. Inaugurar calles, pistas, plazas, monumentos, estadios, es la fórmula mágica que cree haber encontrado García para conquistar el corazón de los peruanos y su lugar en la historia. A Alan poco o nada le importa el Cristo del Pacífico, mucho menos la remodelación del Estadio Nacional o la reconstrucción del Hospital del Niño, a nuestro presidente de ego colosal y figura elefantiásica solo le importa fortalecer su figura frente a los adversarios del futuro próximo.

Mientras el Cristo de García recibía la bendición del amiguísimo de los presidentes, Cardenal Juan Luis Cipriani, mientras en el partido oficialista se esfuerzan por promocionar las grandes obras de concreto que este gobierno le deja como legado al Perú, la macroregión Sur se enciende como un polvorín, se convierte en un campo de batalla, en tierra de nadie en la cual el Estado no existe, las autoridades son de papel, la policía trata infructuosamente de controlar el orden público, la propiedad pública y privada es violentada por una masa enardecida que siente que durante todos estos últimos años el sillón de Pizarro fue ocupado por un señor que gobierna dándole la espalda al país y que defiende los intereses solo de un muy pequeño grupo. Por la razón o por la fuerza parece ser el lema de García cuando se trata de restaurar el orden o imponer una política. El gobierno, su clase política, pero en especial García y el Apra, otrora el partido del pueblo, parecen haberse convertido en los afanosos gestores de intereses de algunos pocos, y si para ello hay que tildar de “hortelano” a todo el Perú, eso se hace, sin el menor pudor y con el mayor voluntarismo, al fin y al cabo la plata llega sola y uno no puede darse el lujo de perder a los amigos poderosos, menos en el Perú, en donde al parecer todo se compra, se alquila o se vende.

Más de una decena de muertos y varios heridos es el saldo que la protesta social generada en Puno, Huancavelica y Huancayo dejó en esta última semana. Las razones de cada conflicto son diversas, varios son los motivos por los cuales la población decide salir a las calles para mostrar su indignación frente a lo que consideran un abuso, un atropello. Olvidados durante gran parte de nuestra historia por los gobiernos de turno, violentados en sus derechos, despojados de su condición de ciudadanos, recurren a la violencia para hacer sentir su voz, para hacerse escuchar, con el aval claro está, de los agitadores de siempre, que mas allá de sentir como suya la indignación de la población se esmeran por desestabilizar a quien este al frente de la conducción del Estado pues viven de eso, porque capitalizan el caos, lo convierten en bandera de lucha y adquieren un protagonismo social que en las urnas no se traduce jamás, pues el ciudadano promedio no cree en proyectos violentistas, pero tampoco en gobiernos de posición genuflexa frente a determinados intereses, grupos o personas.

En Huancayo, la Universidad Nacional del Centro era tomada por los estudiantes, este hecho ocurrió el 15 de mayo de este año, en demanda de mayor presupuesto para el comedor y la renuncia del rector de dicha casa de estudios al cual se lo acusa de malos manejos, de irregularidades en el ejercicio de sus funciones, de corrupción, entre otros muchos cuestionamientos. A eso se sumó la toma de la carretera durante la huelga, hecho que como todos sabemos ocasiona un enorme perjuicio económico y comercial para esta provincia. El gobierno sabía de la presencia de este conflicto, conocía las razones del descontento, sin embargo fue incapaz de tomar las acciones preventivas y correctivas necesarias para evitar que la sangre llegase al rió y el enfrentamiento en las calles. El resultado ya es conocido, una policía desbordada por los centenares de alumnos en pie de lucha, heridos, daños a la propiedad, y la profundización de las contradicciones entre el Estado y su sociedad. Al final de todo ello, y tras casi un mes de confrontación, la Asamblea Nacional de Rectores decidió intervenir dicha universidad, debido al desgobierno que allí se vive, nombró una comisión que se encargará de dirigir la institución por 180 días hasta que la calma vuelva a instalarse y se solucionen los problemas que detonaron el problema.

Y como para demostrar que la incapacidad no solo está en el ejecutivo sino también en otros poderes del Estado, nuestro Parlamento promulga una norma mediante la cual eleva el número de universidades a 104 con la creación de la Universidad de Tayacaja la cual no contaba con un estudio técnico que la avale, con presupuesto propio que haga posible el financiamiento de sus actividades y sobre todo, con el respaldo social de la población estudiantil. El Congreso decidió destinar parte del presupuesto de la Universidad Nacional de Huancavelica para hacer viable esta torpe idea. Este hecho fue el que generó la encendida protesta y manifestación de más de 5000 mil estudiantes que sienten que se estaba atentando contra los intereses de su universidad. Al final de la protesta el saldo fue de tres muertos y decenas de heridos, la población además de exigir la derogatoria de esta medida solicitaba la renuncia inmediata del presidente de la región Maciste Díaz Abad a quien se lo acusa de haber impulsado la creación de la universidad de Tayacaja y haber movido influencias en el Congreso para evitar que la ley se discuta de manera adecuada. Al parecer las denuncias parecen tener cierto grado de verosimilitud teniendo en cuenta que el proyecto de ley de creación de la mencionada universidad no fue discutido en la Comisión de Educación del Parlamento, se lo dispensó de dicho trámite y pasó de frente al pleno. Para coronar la tristemente célebre respuesta del gobierno, el Ejecutivo promulgó el Decreto de Urgencia 030-20011, que le asigna un presupuesto propio a la Universidad de Tayacaja, es decir, el gobierno no es capaz de fortalecer a las universidades públicas existentes, no es capaz de elevar su presupuesto, no es capaz de mejorar el funcionamiento de los comedores universitarios, la inversión en ciencia y tecnología, infraestructura, pero está presto a solventar medidas tan disparatadas como esta con el dinero de todos los peruanos. Y luego de esta actuación, el gobierno pretende que la población lo aplauda y guarde quietud y silencio frente a la arbitrariedad e indiferencia.

Superados, aunque quizá la palabra utilizada peca de optimista, el último sábado los diarios daban cuenta de la tragedia vivida en Juliaca. Mientras en Lima las autoridades confirmaban la cancelación del proyecto Santa Ana y se elaboraban los dispositivos legales que paralizaban las concesiones mineras en Puno, obligando al Estado a que en un futuro todo proyecto de extracción sea consultado a la población tal y como lo dispone el Convenio 169 de la OIT, miles de pobladores tomaban el aeropuerto de Juliaca entre el fuego desatado por las fuerzas del orden en resguardo de dichas instalaciones. Luego de las primeras horas de enfrentamiento se conocía de 6 muertos, algunos desaparecidos y una gran cantidad de heridos. Esta vez la protesta exigía que el Estado ponga en marcha un plan de recuperación del río Ramis, cuyas aguas están siendo afectadas por la contaminación provocada por la minería informal, la misma que pone en peligro el ecosistema del lago Titicaca pues el Ramis es uno de sus principales afluentes. Asimismo, de acuerdo a la propia información dada a conocer por el general Herbert Rosas Bejarano, se supo que la comisaría de Azángaro también fue atacada sufriendo la quemadura de sus instalaciones, y además señaló que un efectivo policial está en condición de desaparecido desde la mañana del viernes cuando se produjo la toma del aeropuerto.

Lo indignante de todo esto es saber que el gobierno tenía o debía tener conocimiento de todos estos conflictos sociales en actividad o latentes, tal y como lo demuestran los informes de la Defensoría del Pueblo. Al parecer, al gobierno hace ya algunas semanas dejó de interesarle la solución de los verdaderos problemas del país. El presidente Alan García en una clara muestra de egoísmo y deslealtad hacia el nuevo gobierno y hacia todos los peruanos pretende legarle a Ollanta Humala un país en el cual el conflicto social y la protesta en el sur son capaces de llegar a niveles insospechados desatando la furia de una población enardecida que se lanza contra todo aquello que represente a la autoridad estatal. No me cabe la menor duda sobre la presencia de personas infiltradas, violentistas que se camuflan entre la multitud civil para hacer fechorías y cometer delitos con la impunidad que te da la turba llamando protesta y reivindicación social a aquello que es vandalismo y crimen puro. Sin embargo, el Estado debe tener la suficiente capacidad para dar respuesta a esta problemática, identificar a estos subversivos, a estos delincuentes que pretenden ganar a río revuelto. El Estado debe tener la inteligencia y sensatez de anticipar las acciones de estos criminales, ya que de no ser así las localidades, calles y plazas, caerán presas del pánico, la violencia y el miedo. El presidente debe saber, o recordar que su principal misión es asegurar el orden, la tranquilidad, la paz y el progreso. Alan García debe entender que ese Cristo que acaba de inaugurar no le devolverá la vida a los peruanos que mueren en este tipo de confrontaciones sociales, por más que él y Cipriani le recen con todas sus fuerzas.

Las promesas electorales que Ollanta Humala no deberá olvidar

2011-06-21T10:24:00.000-07:00

Crecimiento económico con inclusión social, la honestidad marcará la diferencia. Esas han sido las dos grandes líneas maestras que sintetizan la propuesta de gobierno que el electo presidente Ollanta Humala le presentó al país como oferta electoral durante la última campaña presidencial en el Perú. Ollanta Humala cree que la gran transformación social en nuestro país es posible, sí si lo es pensamos también algunos, pero no en un periodo de gestión tan corto como 5 años. Es necesario mirar al país con optimismo pero a su vez con objetividad e inteligencia, para que luego la realidad y sus frías cifras no terminen por despertarnos de nuestro sueño de un brutal cachetazo. Para ello, es perentorio que el presidente comprometa a todos sus colaboradores en este propósito, es necesario que todos los actores de gobierno y de la sociedad civil miren con esperanza el futuro y contribuyan con el desarrollo del país, mejorando de ese modo la calidad de vida de las grandes mayorías, solo de ese modo el Perú podrá cambiar, dejará de ser un país tan hostil, injusto y marginal, y podrá convertirse en una sociedad mucho más justa, libre y democrática. Es esa la gran tarea del próximo gobierno, implementar en la medida de lo posible todas y cada una de las propuestas ofrecidas durante los últimos meses, elevando los niveles de vida de los peruanos, sobre todo de los más pobres, pero siempre con responsabilidad y con un manejo equilibrado y responsable de los temas económicos, basado en políticas fiscales, cambiarias y monetarias inteligentes capaces de generar estabilidad y confianza en el inversionista nacional y extranjero cuyos recursos son fundamentales para el progreso de toda la nación.

Hemos dado una mirada bastante atenta al Plan de Gobierno de Gana Perú, ese plan que ha sido materia de tantos ajustes y afinamientos, ese plan que ha sido modificado tantas veces, y que hoy en día presenta una serie de propuestas que lo tornan mucho más viable y mucho más atractivo para el país. Ollanta Humala sabía que de continuar con la lógica del plan original las posibilidades de sumar esfuerzos a su proyecto serían bastante escasas, por ello ha sido crucial hacerle todos los ajustes posibles con el ánimo de lograr la confluencia y adhesión de una mayor cantidad de sectores sociales y políticos que en estas últimas semanas han venido sumándose al proyecto del nacionalismo. Es necesario cambiar, claro que sí, es positivo corregir errores, desde luego, dicen que solo Dios y los idiotas no cambian, esperemos en todo caso que el nuevo rostro e imagen que Ollanta Humala presentan sean producto de una reflexión honesta y crítica en torno a la irresponsabilidad e insensatez puestas de manifiesto en la elaboración del documento original que su partido presentara al Jurado Nacional Elecciones, sin olvidar, claro está, que su propuesta de cambio e inclusión social deben marcar el camino y la dirección de su gestión gubernamental, evitando de ese modo que la propuesta electoral sea borrada de un plumazo desde el primer día en el gobierno, tal y como ocurrió con el presidente Alan García Pérez, quien ganó las elecciones del 2006 enarbolando las banderas de la centro izquierda, para una vez instalado en Palacio de Gobierno, gobernar desde la diestra, a pesar del reclamo y la crítica que el electorado que lo premió con su confianza le hace llegar día a día a través de todos los medios posibles.

Son diversas las propuestas de gobierno que Gana Perú le ha expuesto al país. Por razones de espacio y tiempo, me limitaré a mencionar solo algunas. He querido recoger y dejar constancia de este grupo de iniciativas para una vez llegado el momento poder evaluar la gestión del electo presidente con mayores elementos de juicio. Recordar este conjunto de promesas servirán para que en un futuro podamos verificar si en el caso de Ollanta Humala la regla generalizada en la política nacional se quebró, si este fue un presidente que con honestidad y mesura sacó adelante la mayor cantidad de propuestas de campaña, o fue uno más en la lista de políticos electos que terminaron por convertir a su discurso de campaña en una gran y vil mentira.

En materia social podemos decir que Ollanta Humala basa su propuesta en las siguientes iniciativas. Primero, el programa Pensión 65, con el cual se señala se dará una pensión de 250 nuevos soles mensuales a casi un millón y medio de ancianos mayores de 65 años que no aportaron para su jubilación. Segundo, el aumento del salario mínimo de 600 a 750 nuevos soles, iniciativa que impulsará la economía y elevará el nivel de gasto de un gran número de peruanos colocando más dinero en el bolsillo que quienes menos tienen. Tercero, la puesta en marcha del programa Cuna Más, que consiste en una red de guarderías para cuidar a niños entre 0 y 3 años de madres trabajadoras en las cuales se les brindará cuidado, alimentos y pañales gratuitos.

En materia de salud y lucha contra la pobreza, la propuesta de Ollanta Humala presenta cuatro grandes objetivos. El primero, la construcción de un hospital general en cada provincia. El segundo, la implementación del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), mediante el cual médicos capacitados, gracias a la puesta a disposición de vehículos modernos, acudirán a atender a los pacientes en todo el país, acercando la salud a todos los peruanos, y ampliando la cobertura que el Estado hoy en día ofrece. El tercero, la implementación del Programa de Nutrición Infantil, a través del cual se darán desayunos, almuerzos y material didáctico a los alumnos de los colegio estatales. Finalmente, se fortalecerá y ampliará el presupuesto del programa Juntos, creado durante la gestión del presidente Alejandro Toledo, catalogado por el Banco Interamericano de Desarrollo como el programa social estrella de nuestro país. Juntos pretende elevar su cobertura a 900 mil familias. A todo ello debemos sumar la propuesta de mejorar el presupuesto de los comedores populares, el vaso de leche, el abastecimiento de las postas médicas y la cobertura universal de salud para todos los peruanos, empezando por aquellos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

En materia educativa, los planteamientos fundamentales de Gana Perú son los siguientes. Primero, la creación del Ministerio de la Ciencia y Tecnología, pues la revolución educativa del siglo XXI debe ir acompañada de una apuesta seria que el Estado decida hacer en proyectos de investigación en estas áreas. Segundo, la contratación y capacitación de una mayor cantidad de maestros, sobre todo la de aquellos que desempeñan labores en las 9 mil escuelas unidocentes de la república. Tercero, mejorar la infraestructura y los servicios básicos de los centros educativos, pues tal y como lo señalan numerosos informes, en el Perú existe un gran números de escuelas y colegios que no cuentan con agua, desagüe, luz y otros servicios. Cuarto, la puesta en marcha del programa Beca 18, a través del cual el Estado peruano premiará a los mejores estudiantes de los colegios públicos financiando sus estudios en universidades nacionales y extranjeras, a ello se sumará el programa de otorgamiento de créditos para los estudiantes universitarios que les abra la posibilidad de cursar estudios en el extranjero mediante las becas de posgrado que el Estado entregará a los estudiantes de universidades públicas o privadas que acrediten un muy destacado rendimiento académico. Finalmente, la promesa de poner a la cultura más cerca de los estudiantes, todo ello, logrando que el carné universitario le permita el ingreso al estudiantado al cine, teatro, opera u otro espectáculo análogo a precios y tarifas preferenciales.

En materia de lucha contra la criminalidad y seguridad ciudadana. Lo primero ha señalado Ollanta Humala será mejorar el salario de la Policía Nacional del Perú y respetar la cédula viva. Segundo, y así lo ha reiterado en numerosas oportunidades, la creación de una red de comisarías interconectadas, mejorando la coordinación entre la policía y el serenazgo. Tercero, la creación del servicio policial voluntario, para quienes aspiren a ingresar a una escuela policial, y asimismo, el mejoramiento del servicio militar, manteniendo su carácter voluntario, pero haciéndolo más atractivo, otorgando una formación de carrera técnica que le brinde al personal mayores posibilidades en el campo laboral. Cuarto, la creación del alto comisionado presidencial, organismo que se encargará del diseño, elaboración, coordinación y conducción de la lucha contra el narcotráfico, controlando la comercialización de productos químicos utilizados en la elaboración de la cocaína así como de la lucha frontal contra el lavado de activos.

En materia laboral, el líder de Gana Perú, plantea 4 granes iniciativas. Primero, la eliminación de los services y la regularización de la situación laboral de miles de jóvenes subempleados. Segundo, el paulatino nombramiento de cientos de trabajadores que prestan servicios al estado mediante la modalidad CAS, a través de la cual se pretendió solucionar la dramática situación de quienes prestaban servicios no personales en el sector, pero que aun resulta ser tremendamente injusta. Tercero, la defensa y tutela de los derechos laborales en el Perú, supervisando el cumplimiento de la jornada laboral de 8 horas, el pago de horas extras, el respeto por el derecho a contar con un día de descanso, el pago de las gratificaciones y el reparto de utilidades. Por último, la restitución de la hora de la lactancia materna y la promoción e incentivo a aquellas empresas que abran sus puertas a los jóvenes del Perú, todo ello a través de beneficios e incentivos tributarios.

Finalmente, el último eje temático que he querido abordar en esta oportunidad es el vinculado a las reformas del sistema político. Primero, se impulsará una reforma parlamentaria que sancione a quien incurra en actos de trasfuguismo traicionando la confianza del electorado. Segundo, se ampliará el mecanismo de revocatoria de autoridades haciéndolo extensivo también para el Presidente de la República y los congresistas. Tercero, la inhabilitación para el ejercicio de cargo público alguno para quien sea sentenciado por actos de corrupción. Cuarto, la promulgación de una ley que torne imprescriptibles los actos de corrupción en el Estado.

Como hemos podido apreciar, se trata de un conjunto de propuestas que configuran el grueso del programa de gobierno del presidente electo. Muchas de ellas deberán ser aplicadas de manera gradual con el objetivo de no generar un desequilibrio fiscal que a su vez repercuta en la salud económica de todo el país. Para muchas de ellas es necesario contar con el respaldo de las fuerzas políticas representadas en el parlamento, sobre todo en lo concerniente a aquellas que exigen reformas legislativas a nivel del sistema educativo, salud o el propio sistema político. Desde luego, tenemos propuestas mucho más viables que otras, seriamos bastante ilusos al pensar que todas ellas pueden ser concretizadas en los primeros años de gobierno. Estoy seguro que algunas quedarán inconclusas, siendo el gobierno que lo suceda quien asuma la responsabilidad de apuntalarlas, sin embargo, y esperemos gracias al concurso de la gran mayoría de los peruanos, el partido de gobierno, el presidente Ollanta Humala sea capaz de cumplir con su promesa electoral en el mayor grado posible, ello generará estabilidad, reducirá el nivel de violencia y confrontación presentes en nuestro país, le devolverá la fe al elector en el sistema político y en el sistema democrático, tantas veces puesto en peligro en nuestra patria. En suma, le deseo suerte y éxito a Ollanta Humala, deseo que pueda cumplir con el sueño, que no es solo suyo, de transformar al Perú en un país menos hostil. Debemos recordar que el éxito del presidente electo, será el éxito de todos los peruanos, sobre todo el de los que menos tienen, de aquellos que con su voto decidieron respaldar su candidatura, frente a lo que sin lugar a dudas hubiese sido significado para el Perú un profundo retroceso y la reinvindiación de una dictadura asesina, corrupta y mafiosa.

¿Por qué perdió Keiko Fujimori la presidencia del Perú?

2011-06-14T11:03:00.000-07:00

Dicen los especialistas que la llegada de la segunda vuelta en el Perú marca el inicio de una campaña absolutamente diferente a la que se sostuvo durante las semanas y meses anteriores a la primera elección. La dinámica, el vértigo, la polarización que se vive en este segundo tramo electoral exigen por parte de los candidatos y de sus respectivos equipos de campaña una redefinición un nuevo diseño en torno a la estrategia que deberán utilizar con el objetivo de capturar el voto de aquellos que en un primer momento optaron por otra candidatura.

En la segunda vuelta el candidato debe centrar su mirada en aquellos sectores de la población a los cuales su discurso en primera vuelta no logró seducir, el electorado que le brindó su apoyo en el pasado seguramente le renovará su respaldo en el tramo final camino a la presidencia, es por ello que el giro en torno a las propuestas, la moderación del discurso político y las alianzas que puedan formarse en el camino resultan ser fundamentales en este tiempo, la finalidad de todo esto es posicionar al candidato lo más al centro del escenario político, el objetivo es convertir al candidato de derecha o izquierda, en un candidato de centro diestro o zurdo, pues esa será la única manera de llegar a ese elector indeciso que en situaciones como estas suele optar por aquel hombre o mujer que le genere menos temor, el elector de segunda vuelta no gusta de los candidatos radicales o extremos, que se comprometan con un solo sector de la sociedad, el elector de segunda vuelta, y así lo muestran las estadísticas en las últimas elecciones en el Perú elige siempre a un candidato de centro.

Fueron precisamente estas consideraciones las que en mi opinión no fueron calibradas adecuadamente por Keiko Fujimori y por su equipo de campaña. Sabido es que el porcentaje alcanzado por esta candidata en primera vuelta corresponde a ese voto duro fujimorista que la figura del dictador Alberto Fujimori logró consolidar a lo largo de los años, el mismo que en esta oportunidad volvió a ponerse de manifiesto, más aun cuando la candidata del fujimorismo resultó ser la hija de su “querido presidente”. El equipo cercano a Keiko no logró hacerle entender que si en primera vuelta había sido Alberto el verdadero artífice de ese más de 20% de votos obtenido, en este segundo tramo era ella quien debía salir a conquistar la emoción de los electores. El triunfo o derrota en este tramo serian responsabilidad exclusiva de la candidata y de los actores que la acompañasen en esta nueva aventura.

Creo que un primer error en la campaña de Fuerza 2011 es no haber logrado posicionar en el imaginario de la gente dos o tres propuestas atractivas con las cuales el elector indeciso y otros sectores del país además de Lima y ciertas capitales de provincias costeras lograran verse identificados. En ese sentido, era muy poco lo que el equipo de marketing publicitario podía hacer cuando en el plan de gobierno de Keiko no se encontraba más que un conjunto de buenas intenciones y metas con las cuales nadie podía estar en desacuerdo, pero ninguna propuesta concreta que le hiciera pensar al elector que era esta candidatura y no la otra la que podía mejorar su situación personal. Ahora bien, y para ser justos con los que rodearon a la candidata, es cierto también que los publicistas del fujimorismo no tuvieron el tino para diseñar o crear un spot publicitario en el cual se mostrara a la candidata como una figura cercana a la mayoría de peruanos y no solamente a aquellos que se habían visto favorecidos por el gobierno de su padre. En palabras de Fernando Rospigliosi podríamos decir que mientras la campaña de Ollanta Humala fue diseñada por profesionales, la campaña de Keiko Fujimori fue planeada y ejecutada por aficionados, por gente que no sabe de elecciones.

Un segundo error que creo termina por costarle la elección a Keiko Fujimori fue la poca capacidad que demostró su partido en la dura tarea de remozar y modernizar su organización. Keiko Fujimori volvió a reclutar a viejos personajes del fujimorismo de los noventa, cada uno más cuestionado que otro, se rodeó de las mismas caras que tan negativo recuerdo le traían a la mayoría de peruanos, figuras que defendieron el golpe de estado del 5 de abril, que bloquearon toda investigación posible sobre los crímenes del Grupo Colina, ejerciendo presión política en el Congreso y en el Poder Judicial de aquella época, que se valieron de su influencia en el círculo de poder más inmediato de Alberto Fujimori para cumular, casi siempre de manera deshonesta, grandes cantidades de dinero a costa de todos los peruanos, que defendieron la reelección fraudulenta del dictador en el año 2000, entre otras atrocidades más que son de público conocimiento. Dicho de otro modo, a Keiko Fujimori la terminó venciendo el peso de la historia pasada, de una historia plagada de corruptelas, asesinatos, atropellos, que al final del día terminaron por eclipsar la sonrisita simpática de la candidata.

Un tercer error, ligado a la poca capacidad de Keiko Fujimori y su grupo, para desmarcarse de la figura del dictador, fue no tender puentes de diálogo y entendimiento con otros grupos, movimientos políticos o sectores de la sociedad civil que ayudaran a colocar a Keiko en una posición de centro, alejándola de esa derecha autoritaria que tan poco rédito le terminó brindando el día de la elección. El fujimorismo, necesitaba urgentemente de este tipo de alianzas que le propinase ese aire de frescura y renovación que el elector reclamaba, más si se tiene en cuenta, como ya se dijo en líneas anteriores, que eran las mismas caras, la misma comparsa que acompañó al dictador la que en esta oportunidad oficiaba de “desinteresado grupo de asesores” de Keiko Fujimori. El fujimorismo, de manera incomprensible creo yo, se creyó autosuficiente, pensó que el temor y el miedo que la otra candidatura generaba era condición suficiente para llevarse por delante a su rival y alcanzar la presidencia, nada más alejado de la realidad, basta con leer las cifras obtenidas por Ollanta Humala en 2006 para que cualquier asesor de campaña, medianamente informado, se diera cuenta que la campaña era mucho más dura de lo que Keiko pensaba, que Ollanta Humala había consolidado un bastión electoral muy sólido en la sierra sur y central, y que por tanto ese miedo que desde los medios de comunicación capitalinos se pretendía infundir tenia poco o casi nulo efecto en un amplio sector del electorado. Si queremos ser más gráficos podríamos decir que mientras Ollanta Humala recibía el respaldo de gremios, de movimientos de la sociedad civil, de partidos y personalidades de distinto tinte político, de intelectuales y líderes políticos, como Mario Vargas Llosa o Alejandro Toledo, respectivamente, la señora Keiko Fujimori se quedaba huérfana de amigos, y al voltear la mirada no veía sino a los mismos amigotes de su padre de siempre, que tanto conocía y a los cuales, en gran medida, les debe su derrota.

Un cuarto error de la candidata y de su equipo fue la estrategia con la cual Fuerza 2011 llegó al último debate. En una elección tan cerrada y tan polarizada como la que hemos vivido, un debate televisado de alcance nacional puede inclinar la balanza o consolidar las tendencias a favor de uno u otro candidato. En mi opinión creo que Keiko Fujimori equivoca la posición y la actitud con la cual enfrentó a Ollanta Humala ante miles de televidentes. Para ser más explícitos podríamos recurrir a una frase deportiva que se suele emplear en el fútbol, Keiko Fujimori cometió el error que cometen aquellos equipos que por querer salir a empatar un encuentro, pues es solo un punto el que necesitan para alcanzar el campeonato, terminan por perder el encuentro, pues entregándole todo el terreno al rival terminan por ser devorados por el ímpetu de quien tienen enfrente. De eso fuimos testigos todos los peruanos, mientras el candidato de Gana Perú fue ganado terreno a medida que transcurrían los minutos, mostrando un discurso mucho más articulado, con una actitud mucho más agresiva, punzante, con un inteligente ataque, la candidata de Fuerza 2011 se iba desinflando poco a poco, mostrando una imagen de niña asustadiza que no puede dar respuesta a los cuestionamientos y preguntas que le hace su maestra de historia. La estocada final vino sin lugar a dudas con el tema de las esterilizaciones forzadas, Keiko Fujimori no tuvo el aplomo ni la inteligencia para sortear ese obstáculo, Ollanta había dado en el clavo, el golpe había sido certero, días más tarde muchas mujeres indignadas por el recuerdo de tamaño crimen migrarían hacia las filas de Gana Perú haciendo estériles los esfuerzos de Keiko por recobrar su confianza.

Un quinto error de Fuerza 2011, llegó en los días posteriores al debate, en el último tramo, los voceros del fujimorismo se esforzaron por dinamitar su propia candidatura desde adentro, escuchar las declaraciones e intervenciones de Martha Chávez, Rafael Rey o Jorge Trelles, era como imaginar a Keiko Fujimori con una Magnun armada disparándose a la sien, y si de un disparo, por fortuna u obra divina puedes librar tu intento suicida, tres disparos de esa envergadura no los resiste ni Superman. El señor Trelles en pleno debate sobre la política antiterrorista y sobre la pacificación del país durante los noventa suelta una frase épica ¡Nosotros matamos menos!, la señora Chávez, como para no olvidar lo que hizo el fujimorismo con las instituciones del Estado, nos refresca la memoria y sentencia ¡El señor César San Martín tendrá que responder a partir de 28 de julio por sus actos!, finalmente, el señor Rafael Rey, con la frase más celebrada por el humalismo, refiriéndose a las esterilizaciones forzadas lanza una reflexión de antología: ¡Una cosa es esterilizar sin la voluntad de la mujer y otra es contra su voluntad! Luego de ello a Keiko no le quedó más que darle de baja a Trelles como vocero oficial, encerrar bajo siete llaves a Chávez para evitar sus exabruptos y tragarse el sapo de ver como Rafael Rey, reclutado para dar una imagen de honestidad y seriedad, se convertía en el mejor guionista de los programas humorísticos.

Finalmente, la cereza al pastel de nombre fracaso la pondría la propia Keiko Fujimori el día en el cual en pleno mitin de cierre de campaña recibió el abrazo de PPK, lo peor que le podía pasar a Keiko Fujimori era recibir el saludo y el respaldo de un personaje tan vinculado a la derecha más conservadora y mercantilista de este país. Todos los esfuerzos, porque algunos hizo, por centrar su candidatura alejándose de las antípodas de la derecha e izquierda se iban al agua. Keiko Fujimori se convertía en la candidata de los grupos de poder, de los grandes intereses económicos, de los poderes fácticos, representados por su mensajero y lobista preferido, Pedro Pablo Kuzcynski. Ello sumado al respaldo desvergonzado e indigno que durante esta campaña la candidata que representaba al gobierno más corrupto de la historia republicana de nuestro país recibía por parte de los medios de comunicación generó un efecto de rechazo inverso del electorado a favor de Ollanta Humala. ¿Por qué solo atacan a Humala? ¿Por qué los diarios que tildaron de corrupto, ladrón y asesino a Alberto Fujimori hoy en día se olvidan de ese pasado y defienden a Keiko? ¿Algo oscuro debe estarse maquinado en esa candidatura? Estas preguntas taladraron la mente de los electores, de muchos indecisos que en la misma cola de la votación le dijeron no a Keiko Fujimori, pues su memoria puedo más que la campaña de miedo desatada por la gran prensa nacional, con su decano en la primera línea de fuego. La suerte estaba echada, Keiko Fujimori perdía las elecciones, para tristeza de los grandes amigos del fujimorismo que durante una década contribuyeron de manera directa o con su silencio cómplice al envilecimiento de la política nacional, saqueando las arcas del Estado y violando el derecho de cuanto peruano tuvo el coraje de decirles basta.

Señor Ollanta Humala y señora Keiko Fujimori: la tarea ahora es la reconciliación

2011-06-06T08:52:00.000-07:00

Felicitaciones señor Ollanta Humala Tasso, ha sido elegido nuevo presidente del Perú, en el marco de un proceso electoral transparente, sin objeciones ni hechos lamentables de ningún tipo que empañen su victoria. Felicitaciones compatriotas, el día de ayer hemos ido multitudinariamente a las urnas a cumplir con nuestro derecho y deber cívico con tranquilidad, calma y creo yo mucho respeto. Seguramente en algún lugar del país, de manera aislada y esporádica se habrá registrado algún hecho que lamentar, esperemos que los mismos con el correr del tiempo se conviertan en parte de una historia, una historia que los peruanos queremos dejar atrás para construir una nueva, una historia mejor.

Se cierra un capítulo y se abre otro en la historia política de nuestra república, el anuncio de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) al 84,4% no hace sino confirmar lo que todas las empresas encuestadoras no tardaron en afirmar hacia las 8 de la noche del domingo que pasó, el candidato de Gana Perú y nuevo Presidente de la República, Ollanta Humala vencía, en una de las elecciones más ajustadas de nuestra historia a la candidata del fujimorismo e hija del ex dictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, por un margen que fluctuará entre 1,5 y 2,5 puntos porcentuales en la medida que los resultados vayan acercándose al 100% de las actas procesadas. Este capítulo, el de las elecciones presidenciales 2011 se cerró, nos guste o no nos guste, el líder del nacionalismo ha vencido en las urnas y esa es una verdad incontestable.

Para aquellos que se sienten perdedores, para aquellos que ven o siguen viendo en el señor Humala al mismísimos demonio, los días siguientes a esta elección deben servirles como una etapa de reflexión crítica y aguda en torno al porqué de este resultado. No debe caber en la cabeza de muchos peruanos, al menos por ahora, el hecho que la candidata mejor posicionada y favorita de los medios de comunicación, protegida de los grandes grupos de poder económico y mejor vista en la capital haya perdido esta partida. Quizá sea interesante que este mismo sector revise el comportamiento electoral en esta jornada, observe con detenimiento que la representante de la derecha solo ganó ampliamente en Lima, y en otros 5 departamentos aproximadamente pero por muy estrecho margen, porqué el resto del país le dio la espalda de manera contundente con cifras en las cuales Gana Perú superaba el 70% de la votación. Keiko Fujimori, el fujimorismo, y el sector al cual ella representó en esta jornada deben repensar el Perú y darse cuenta que la mirada del país no puede ser tan centralista, que el Perú es un país cuya complejidad y contradicciones son muy agudas y que por tanto requiere de una mirada mucho más integral.

Por su parte, Ollanta Humala, vuelve a capitalizar, vuelve a fortalecer a los departamentos del sur y la sierra central como verdaderos bastiones electorales. Ya en el año 2006, cuando compitiera con Alan García, había obtenido un importantísimo respaldo en estas zonas, el mismo que ha vuelto a ponerse de manifiesto en 2011, el mismo que hoy en día lo coloca en el sillón de Pizarro, para tranquilidad de algunos y para conmoción de otros tantos. Pero el señor Humala deberá formularse preguntas similares, deberá repensar su relación con la capital, deberá usar toda la inteligencia posible y la de sus asesores y equipo técnico para establecer una relación mucho más directa y cordial con el votante capitalino y el votante de las grandes capitales de departamentos, los mismos que en esta oportunidad decidieron girar su voto hacia su derecha. Lima, sigue siendo, y entiendo por mucho tiempo, el centro del país, es muy difícil que un presidente realice una gestión exitosa sino cuenta con un apoyo, con redes y alianzas que le permitan mantener el orden y la tranquilidad social en esta gran urbe de más de 8 millones de peruanos.

En síntesis, tanto Ollanta Humala como Keiko Fujimori deben hacer su tarea, deben tomarse un respiro para analizar el resultado de estas elecciones, con frialdad y mucha madurez política, hacer el control de daños correspondiente, y sentar las bases de lo que se tendrá que hacer en los próximo 5 años, Ollanta Humala, como presidente del Perú, y Keiko Fujimori, como líder de la oposición, nos duela a quien nos duela. Pero el deber sobrepasa a las personalidades de ambas figuras. La clase política en general, si es que la tenemos y eso lo dudo hace ya algunos años, deberá sumar esfuerzos para reconciliar el país. Esta elección deja abierta muchísimas heridas, muchísimos frentes de batallas en los cuales los sobrevivientes siguen dispuestos a blandir las espadas. La clase política debe ser coherente y madura, hacer saber a la población que en una democracia la participación se somete a determinadas reglas de juego, que el que pierde debe reconocer la victoria del vencedor, y que el que se alza con el triunfo debe ser grande y reconocer al otro como un rival político pasajero que desde el minuto uno del gobierno se convierte en su aliado hacia la construcción de un país mejor.

El Perú, y esa ha sido la voluntad ciudadana expresada en las urnas, tanto en primera como en segunda vuelta, requiere de un gobierno de ancha base. El Perú requiere del nuevo presidente la capacidad para dialogar y generar consensos con las diversas fuerzas políticas y sociales a fin de establecer un acuerdo programático en el cual se fijen los objetivos del Estado para los próximos años, metas en el sector educativo, salud, lucha contra la pobreza, seguridad ciudadana, fortalecimiento de la institucionalidad democrática y crecimiento económico con un manejo fiscal y monetario coherente, deberán ser los temas en torno a los cuales gire la discusión en los próximos meses. La campaña electoral ya terminó, los adversarios del ayer están cada uno en sus respectivos lugares, de lo que se trata en adelante es de sumar esfuerzos con el nuevo gobierno, lo que no supone complicidad con actos innobles en los cuales pueda incurrir, pues lo peor que nos puede pasar en esta hora es creer que quien es elegido goza de total libertad para hacer y deshacer en el Estado como mejor le plazca, esa historia es la que el Perú dejó de lado en esta elección, esa historia es la que no debemos volver a repetir nunca más.

Pero esta elección nos deja tres importantes ideas que a mí me gustaría sólo mencionar, seguramente habrá tiempo para un análisis muchísimo mayor, con el correr de los días podremos estudiar y leer con mayor frialdad el panorama político y social que esta elección nos deja, y seguramente volver a discutir y confrontar opiniones, espero ya no con el ánimo de polarizar el país sino con el firme deseo de establecer entre todos nosotros vasos comunicantes que nos acerquen y nos conviertan en ciudadanos de una misma nación, pero por el momento permítanme marcar tres reflexiones.

Ollanta Humala es el tercer Presidente de la República elegido democráticamente de manera consecutiva. Esto que podría parecer algo usual en cualquier país medianamente civilizado en el mundo es digno de resaltar en el nuestro, hasta diría es motivo de aplauso, orgullo y satisfacción. Un país acostumbrado a ver interrumpidos sus ciclos democráticos de manera abrupta, ya sea por la intervención violenta y arbitraria de los militares, llevados de la mano de un caudillo uniformado o civil, sea de derecha o izquierda, de derecha en más oportunidades para ser más fieles con nuestra historia, debe sentirse, por lo menos satisfecho al ver que el señor Ollanta Humala coronará el periodo más extenso de continuidad democrática y respeto por el orden constitucional de nuestra historia, al menos eso esperamos todos, todos los que en esta oportunidad le dimos nuestro respaldado, a pesar de los temores, fundados creo yo, que esto implicaba.

En el Perú, es la primera vez que la izquierda, o una confluencia de movimientos de izquierda o centro izquierda en la base de la plataforma política de segunda vuelta, llega al poder por la vía de las elecciones libres. Por vez primera, la izquierda, o los movimientos progresistas dan el salto a Palacio de Gobierno, es un dato no menor, que como tal corresponde destacar, sobre todo si se tiene en cuenta que hace 6 meses nadie le apostaba dos centavos a ese caballito de paso un tanto torpe y a veces desatinado llamado Ollanta Humala. Siendo ello así, espero, de todo corazón y con profunda honestidad, sobre todo por el bien de todos los peruanos, que la izquierda peruana, no desperdicie, no desaproveche la gran oportunidad que la generosidad del pueblo peruano le ha conferido en la hora actual. Quiero pensar que los líderes y personalidades que se han sumado, directa o indirectamente, al proyecto de Gana Perú serán lo suficientemente inteligentes para seguir la línea de una izquierda democrática, liberal, moderna, capaz de generar confianza en los inversionistas, generando nuevos puestos de trabajo, recaudando mayores ingresos, para ponerlos al servicio de todos los peruanos, en especial en manos de los que menos tienen, de los pobres del Perú, que para horrores de todos nosotros, aun siguen siendo una inmensa mayoría. Que Humala se parezca más a Lula y no a Chávez dicen algunos, yo creo, o en todo caso, a mi me gustaría que se parezca mucho más a la izquierda uruguaya de Tabaré Vasquez o la chilena del presidente Lagos.

Por último, esta elección nos deja una lección mucho más importante, una lección que debe hacer suya no solo la élite política sino todos los peruanos, debemos preguntarnos no por el resultado, sino por las razones que están detrás del mismo. Algo debe andar mal en el país para que el candidato al cual todos calificaron como el antisistema en primera vuelta (me incluyo, aunque Keiko también lo era y mucho más creo yo) le haya ganado la partida a la defensora de ese modelo económico al cual tantos endiosan y al cual nadie se atreve a criticar porque lo cree perfecto. Algo debe andar mal en el Perú para que a pesar de generar cifras de crecimiento mayores al 7% durante más de 5 años, casi un 50% de peruanos haya optado por el cambio (hablo de los porcentajes obtenidos por Ollanta y Keiko en primera). Algo debe andar mal en el Perú para que a pesar de las cifras de pobreza y pobreza extrema que tenemos exista un importante sector de ciudadanos, especialmente del sector empresarial y financiero que se oponen frontalmente al cambio con el único deseo de mantener el orden establecido, un orden que les permite vivir cómodamente de espaldas a un país y a una realidad que parece serles ajena, o en el peor de los casos y en el colmo del egoísmo parece simplemente no importarles. Algo debe andar mal en el Perú, para que la candidata que para muchos representaba el retroceso moral, la reivindicación de la dictadura, la representante de la corrupción, esa que amamantó con beneplácito y hasta con deleite a esos grupos de poder que pusieron a su servicio periódicos, radio y televisión, ayer y ahora, hace algunas horas nada más, haya estado a punto de alzarse con la victoria. Algo debe andar mal en Perú para que a quienes hablamos y defendemos principios éticos o creemos que la política no debe estar desligada de la moral, se nos tilde de cojudos, y a quienes cuestionamos el modelo imperante, y apostamos por un crecimiento y una economía con rostro humano o sostenemos la necesidad de empoderar al ciudadano fortaleciendo sus derechos y libertades, se nos tilde de izquierdistas, subversivos, marxistas, o en el lenguaje fujimorista, “caviares”. Suerte al próximo presidente, y que sus promesas se conviertan en realidades, algunos, no puedo decir todos, trataremos de ser su más férrea oposición si las circunstancias así lo exigen. Pues el ciudadano no debe perder ni renunciar jamás a su sagrado derecho a la crítica.

¿Y del plan de gobierno de Keiko Fujimori quién se ocupa?

2011-05-26T19:29:00.000-07:00

Qué difícil les resulta a algunos políticos asumir compromisos serios. Qué difícil les resulta cumplir lo poco ofrecido. Qué difícil es recordar lo prometido. Qué difícil es hacer el esfuerzo por elaborar un plan de gobierno que consagre una propuesta técnica y viable para el país. Cómo todo ello es muy difícil, y no existiendo el más mínimo deseo por hacer entender al ciudadano que las ideas del plan de gobierno de uno son mejores que las del otro, porque vamos, al final nadie lee los planes de gobierno, lo más aconsejable es cumplir con la ley y presentar cualquier hechura al órgano electoral. Esa lección la ha aprendido muy bien Keiko Fujimori. Keiko conoce un poco de historia, no quiere repetir el triste episodio protagonizado por su padre. El dictador, llegó con un plan de gobierno de corte populista, mal llamado de izquierda por algunos, para luego, más temprano que tarde, arrojarlo por el inodoro y tomar como suyo el plan económico de Mario Vargas Llosa, ese que dijo él nunca aplicaría.

Keiko sabe que siempre es mejor pretender decirlo todo cuando en realidad se dice nada. Su plan, ese documento con el cual promete llevarnos por la senda del desarrollo consta de 58 páginas, pocas, si se tiene en cuenta que en ninguna de ellas se expone alguna idea concreta en torno al cómo resolver los problemas más importantes del país. Keiko expone algunos objetivos con los cuales ni el más bellaco entre los suyos podría estar en desacuerdo. ¿Algún peruano podría no estar de acuerdo en luchar contra la corrupción, contra la pobreza, contra el narcotráfico, crear nuevos puestos de trabajo, mejorar la educación o mejorar la seguridad ciudadana? Yo creo que ninguno. Creo que incluso todos los ministros de su padre, y otros tantos que hoy en día purgan condena por una serie de delitos, sienten emoción al ver cómo la hija del jefe, la Ramfis de Trujillo versión Fujimori, aprendió muy bien la lección, pues pretendiendo decirnos mucho, cómo hacía su padre, no hace sino tomarnos magistralmente el pelo.

Pero cómo la idea de esta reflexión es plantear algunos apuntes en torno al plan de gobierno de Keiko, es necesario hacer una advertencia. Si existe algún tonto como yo que pretenda leer el plan, le advierto que sentirá como este documento se le cae de las manos en los primeros cinco minutos de lectura. Si desisten de la misma, los entiendo, yo me esforcé por darle término, lo que ocurre es que me parece poco serio criticar las propuestas de los candidatos sin antes haberle dado una mirada integral a su propuesta. Lo que sí puedo advertirles es que el nombre que aparece con mayor frecuencia es el del dictador Alberto Fujimori, su padre, al parecer el gobierno del dictador será su modelo a seguir. No importa si el hombre está preso por asesino, por ladrón o corrupto, pues, tomando las palabras de la propia Keiko, el gobierno de los 90 ha sido el mejor de la historia. Roba pero hace obra, recuérdenlo.

Sobre seguridad ciudadana, Keiko dice que derrotarán nuevamente la delincuencia y el narcoterrorismo. Lo que olvida, intencionalmente Keiko es decirnos cómo logrará ese objetivo. Entonces, dado que el modelo a seguir es el de su padre es bueno recordar qué se hizo durante esos años en este campo. Tengo familiares y amigos policías, ellos me hacen tres apuntes bastante interesantes. Fue durante el gobierno fujimorista que se ordenó cerrar las escuelas de suboficiales de la Policía Nacional del Perú, ello ocasionó un desequilibrio en la labor policial. Sin personal joven que se vaya integrando a la institución es muy difícil hacerle frente a la delincuencia. Fue también durante el gobierno fujimorista (recuerden es el modelo) que se promulgó la norma conocida como 24 x 24. Es decir, como el fujimorismo no tenía ni la menor idea, y ahora mucho menos, en torno a cómo hacer para reorganizar el sistema pensionario y la escala remunerativa del personal policial, ideó la “dignísima” manera de balancear la precaria economía de la familia policial. Los policías, vestirían sus uniformes en sus días de franco, pero lo harían para prestar servicios en el sector privado. Dicho de otro modo, bancos, tragamonedas, casinos, restaurantes, y demás locales contarían con personal policial en sus puertas. Es evidente, que el fujimorismo de ese entonces, encarpetó, desechó, aniquiló toda propuesta de reforma al interior de la institución con la finalidad de fortalecerla convirtiéndola en la verdadera garante del orden público y la seguridad ciudadana. Me olvidaba, ¿Cuántos millones de dólares se birlaron de los fondos de la Caja Militar Policial? Ahora uno se explica porqué la tasa de criminalidad creció de manera atroz entre los años 95 a 2000.

Sobre seguridad ciudadana, el plan no dice absolutamente nada, los invito a revisar. Lo mismo ocurre en cuanto a la lucha contra el narcotráfico o la política penitenciaria. Dice Keiko que en su gobierno endurecerá las normas penitenciarias, controlará de mejor manera lo que se hace o se deja de hacer en las cárceles. Si eso es verdad el único afectado será su padre, qué pena por él, seguro perderá todas las gollerías y privilegios que el gobierno de su “enemigo” Alan García le ha prodigado. Los que deben estar a la espera de los resultados deben ser los ampones vinculados al tráfico de drogas. Digo ello porque si se recuerda, durante el fujimorismo el Perú entero tomó conocimiento de los escandalosos casos del narco buque y el narco avión. Lo verdaderamente indignante es que la coca fue encontrada en el avión presidencial. Si a ello le sumamos que Vladimiro Montesinos, ese tipo sobre cual Keiko no está segura que haya cometido delito alguno, negociaba directamente con los narcotraficantes en la selva peruana, cobrándoles un cupo para que puedan transportar libremente su coca, basta recordar a Demetrio Chávez Peñaherrerara, alias Vaticano, afirmando que Montesinos era su socio, para luego de ser sometido a torturas cambiar su versión inicial, nos queda claro cuál será la posición del fujimorismo en torno a este tema. O es que los peruanos somos una bola de cándidos y también asumiremos que el dictador no sabía nada.

En relación al problema laboral y la generación de empleo, el plan de Keiko nos ofrece una frase que más suena a burla o chacota que a planteamiento bien intencionado. Keiko nos dice que son tres las ideas fuerza que inspiran esta temática: Flexibilización del empleo, creación de la Superintendencia de Inspección Laboral y la implementación del programa empezando a trabajar. Sobre el particular es bueno hacer memoria y recordar algunos datos que me parecen importantes. La flexibilización de la legislación laboral no es per se negativa, yo diría que incluso es positiva cuando a través de ella se logran mayores niveles de formalización del empleo. Se reducen los costos laborales y más peruanos pueden acceder a un empleo formal. Hoy en día solo 1 de cada 4 trabajadores en el Perú es formal. ¿Pero qué ocurrió en el gobierno fujimorista aplicando esta misma receta? Nada, mejor dicho mucho pero en detrimento de los derechos de los trabajadores. La flexibilización puso en manos de los empresarios un poder omnímodo que carecía de todo tipo de límite ante la inacción del Estado y la falta de decisión del gobierno de acompañar la reforma vigilando que la misma no deje espacios libres para la arbitrariedad. Los derechos laborales fueron avasallados, muchos trabajadores fueron injustamente despedidos, durante los últimos años hemos sido testigos de las numerosas listas de trabajadores que han sido repuestos por haber sido víctimas de despidos arbitrarios. En palabras de la Organización Internacional del Trabajo, lo ocurrido en el Perú de los noventa fue feroz, no solo porque se desconocieron uno a uno los derechos constitucionales de naturaleza laboral sino porque la esperada formalización jamás llegó.

Si a todo ello le sumamos la constante persecución que sufrieron los líderes sindicales, todos ellos acusados de terroristas, lo cual hizo casi imposible el ejercicio del derecho a la negociación colectiva, y los atropellos que sufría todo trabajador que se atrevía a formar parte de una huelga, resulta poco verosímil que en este rubro la palabra de Keiko pueda generar alguna dosis de credibilidad. Es penoso, pero preciso recordar el caso del dirigente sindical Pedro Yauri, tillado injustamente de senderista, quien fuera asesinado cobardemente por el Grupo Colina. Por último, sobre la implementación del programa Empezando a trabajar, Keiko no nos dice absolutamente nada, cómo será implementado, cuánto costará, en qué tiempo veremos los primeros resultados, nada. No me sorprende, no le pidamos a Keiko que haga en pocos meses algo que no hizo durante 5 años. Que yo recuerde sobre el tema laboral la señora no presentó jamás iniciativa o proyecto alguno durante su plácida estancia en el parlamento.

Ahora, sobre el tema educativo. La gran propuesta de Keiko, no encontrarán nada más, se los aseguro, es la siguiente: desayuno, almuerzo, zapatillas, buzos y útiles gratis para los niños. Lo mismo que hizo su padre, utilizó el presupuesto educativo para generar una nutrida clientela apunte de dádivas y de programas asistencialistas que valiéndose de la miseria y la necesidad de los más pobres le aseguraban un importante bastión de votantes para cada elección. O es que acaso el fujimorismo implementó alguna reforma en el sector, o es que acaso elevó el nivel de la calidad educativa de nuestro país, o es que acaso el analfabetismo funcional se redujo, o es que acaso la comprensión lectora de nuestros niños superó el promedio de América Latina. Al contrario, el fujimorismo olvidó que la educación además de ser un derecho fundamental es un servicio público, y que como tal el Estado debe velar por su calidad, cobertura y acceso. El fujimorismo convirtió a la educación en un servicio más, un producto más, dio nacimiento a la universidad empresa, el colegio empresa, el instituto superior empresa, no importa si una vez culminados los estudios el título obtenido no sirva ni para limpiar las miserias humanas, total, mientras se haga empresa todo está bien. Durante el fujimorismo cualquier casa se convirtió en colegio, cualquier casona empezó a ser llamada universidad, y cualquier garaje fabricado en tripley servía para enseñar computación, ginecología, enfermería o pedagogía. Durante el fujimorismo crear un colegio era tan fácil como abrir un nigth club, y yo diría un poquito más. Ese es el modelo que Keiko pretende traer de vuelta, si no es así, eso no lo podemos saber, porque como adelanté su plan no dice nada.

Como tema final, pero no menos importante, el de la inclusión social y lucha contra la pobreza. Su propuesta mayor es recuperar la “exitosa” experiencia de Foncodes (Fondo de Cooperación y Desarrollo). Si esa es la medida “estrella” de Keiko en este tema pues que dios nos agarre confesados. Revisen los periódicos de la época, como puede decirse que Foncodes fue una experiencia exitosa, digna de ser replicada y recuperada en la actualidad, y olvidar, maliciosamente, cómo los funcionarios nombrados por su gobierno, coludidos con organismos no gubernamentales desviaron importantes sumas de dinero, lucrando con la pobreza de los que nada tienen. Si no me creen, los invito a utilizar el buscador de Google, colocar “Foncodes Fujimori”, para que ustedes mismos puedan corroborar lo que hoy sostengo, seguramente nombres como KEN-AKEN, APENKAI, Mario Bacigalupo o Augusto Miyagusuku, aparecerán repetidas veces vinculados temas de corrupción. No puedo terminar el texto, lo asumo como una obligación moral, sin hacer mención a esas más de 280 mil mujeres pobres, en su mayoría campesinas, muchas de ellas quechua hablantes, a las cuales se las esterilizó en contra de su voluntad, valiéndose de su ignorancia y buena fe. Las recuerdo, porque sobre el tema nada dice, ni dirá el fujimorismo, mucho menos Keiko Fujimori, quien al parecer aprendió de su padre, que en política todo vale, y que el fin siempre justifica los medios, total, la ética es para los cándidos. A pesar de ello, quiero creer que los cándidos aún somos bastantes en el Perú. Así lo espero. Lo otro me aterra.